Operador único y procedimiento negociado sin publicidad en la Ley de Contratos del Sector Público

operador único

El operador único está recogido de forma indirecta en el artículo 168 a) 2.º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) permite la utilización del procedimiento negociado sin publicidad “cuando las obras, los suministros o los servicios solo puedan ser encomendados a un empresario determinado”. Transpone el artículo 32.2 b) de la Directiva 2014/24/UE y sucede al artículo 170 d) del texto refundido de 2011, del que se separa en dos puntos: enumera de forma cerrada las razones que pueden fundar la exclusividad y somete dos de ellas a una condición negativa que el texto anterior no formulaba.

La causa que motiva la utilización del procedimiento negociado sin publicidad está totalmente justificada. Ahora bien, hay que analizar exactamente cuál es la situación que permite hablar de un “operador único” en el sentido del artículo 168 a) 2º LCSP.

Los tres supuestos legales para el operador único

El artículo 168 a) 2º LCSP recoge tres supuestos de “operador único”: “que el contrato tenga por objeto la creación o adquisición de una obra de arte única no integrante del Patrimonio Histórico español o actuación artística única; que no exista competencia por razones técnicas; o que proceda la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial”.

El primero es la creación o adquisición de una obra de arte única no integrante del Patrimonio Histórico español o actuación artística única. La exclusión de bienes integrantes del patrimonio histórico deriva de que tienen un régimen propio en el artículo 38 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español, que incluye derecho de tanteo y retracto. 

Creación hace referencia a encargar una obra que es inexistente, como el cuadro de las personas titulares de los ministerios. La representación artística es la interpretación en vivo de un artista o de un grupo determinados, en cualquiera de las manifestaciones artísticas, música, teatro, circo... La unicidad procede de la autoría o de la personalidad del intérprete. La adquisición, por el contrario, supone que la obra ya está creada, y no resulta lógico que se contemple aquí en la medida en que se trata de la adquisición de un bien, regulado en la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

El segundo es la inexistencia de competencia por razones técnicas. De acuerdo con el considerando 50 de la Directiva 2014/24/UE, “entre estas razones cabe citar la práctica imposibilidad técnica de que otro operador económico alcance los resultados necesarios, o la necesidad de utilizar conocimientos técnicos, herramientas o medios específicos que solo estén a disposición de un único operador económico. También pueden derivarse razones técnicas de los requisitos específicos en materia de interoperabilidad o de seguridad que deban cumplirse a fin de garantizar la idoneidad de las obras, suministros o servicios que vayan a contratarse”.

Este es posiblemente el supuesto más utilizado en la actualidad, vinculado a la contratación de tecnología. La Directiva señala, en el mismo considerando, una idea que desarrollaré con posterioridad: “la situación de exclusividad se deba a razones técnicas, estas deben definirse y justificarse rigurosamente para cada caso particular”. Sí se puede avanzar que el mayor coste, la comodidad de mantener al proveedor o la dificultad no bastan para poder utilizar esta causa. Y que, precisamente por ello, hay que ser especialmente riguroso a la hora de configurar los pliegos para no generar una dependencia que incitaría a pensar que la mejor solución es el mantenimiento del operador actual. Entre otras razones, porque no es legal.

El tercer supuesto es “la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial”. No es suficiente con la titularidad del derecho, hace falta que impida a cualquier otro operador ejecutar la prestación de que se trata. De este modo, la licencia de un programa de ordenador sólo puede concederla su titular, pero su mantenimiento o su evolución pueden estar abiertos a terceros si existen integradores autorizados o si el código es accesible. Tampoco es suficiente, por regla general, un contrato de distribución exclusiva para el territorio nacional: el considerando 50 obliga a ponderar canales de distribución alternativos, incluso fuera del Estado miembro del poder adjudicador, y prestaciones funcionalmente comparables.

Excepcionalidad y carga de la prueba del procedimiento negociado sin publicidad

El Tribunal de Justicia sostiene desde antiguo que los supuestos de negociado sin publicidad son excepciones de interpretación estricta y que la carga de probar las circunstancias que los justifican corresponde a quien los invoca (sentencias de 14 de septiembre de 2004, Comisión/Italia, C-385/02, y de 2 de junio de 2005, Comisión/Grecia, C-394/02). Nuestra ley obliga a que forme parte del expediente de contratación, de acuerdo con su artículo 116.4 a), que se aprobará dentro del procedimiento cuyo esquema se puede consultar y descargar aquí.

Exclusividad provocada por la Administración

El considerando 50 de la Directiva prevé de forma expresa que la exclusividad no puede ser provocada por la Administración: “La exclusividad puede también surgir por otros motivos, pero solo las situaciones de exclusividad objetiva pueden justificar el recurso al procedimiento negociado sin publicación, siempre que la situación de exclusividad no haya sido creada por el propio poder adjudicador con vistas al futuro procedimiento de contratación”.

La Directiva alude en su articulado a la restricción artificial de los parámetros de la contratación, que es una causa objetiva de la falta de competencia y no exige indagar la intención del órgano de contratación; el caso típico son unas prescripciones técnicas que solo un producto puede cumplir. Existe, sin embargo, una forma mediata, más frecuente y más difícil de detectar, en la que la exclusividad resulta de decisiones contractuales anteriores, que han ido cerrando el mercado al contrato siguiente. Es un supuesto típico de los contratos de tecnología. A ella se refiere la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de enero de 2025 (asunto C-578/23, Česká republika, Generální finanční ředitelství).

La sentencia tiene especial alcance en la contratación tecnológica, donde la dependencia se construye por acumulación. Un desarrollo a medida contratado sin cesión de los derechos de explotación ni entrega del código y de la documentación; datos almacenados en formatos propietarios sin cláusulas de portabilidad; prescripciones técnicas que mencionan una marca sin la justificación y la mención “o equivalente” que exige el artículo 126.6 LCSP; ampliaciones sucesivas sobre la misma plataforma. Cada decisión aislada podría ser defendible. Su suma produce, a los pocos años, una situación en la que objetivamente solo el proveedor inicial puede mantener o evolucionar el sistema. Invocar esa situación como exclusividad técnica o como derecho de propiedad intelectual no se sostiene si la Administración pudo evitar la dependencia y no lo hizo. 

Más aún cuando el artículo 308.1 LCSP proporciona medios para evitarlo: “salvo que se disponga otra cosa en los pliegos de cláusulas administrativas o en el documento contractual, los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión de este a la Administración contratante”.

La motivación de la exclusividad

El órgano de contratación tiene que poder responder cómo sabe que se encuentra ante un operador único. La respuesta más sencilla es el recurso al mercado, a través del procedimiento del artículo 115 de la LCSP, con una descripción en términos funcionales, sin referencia a marcas o modelos. Si sólo un operador se declara en condiciones de realizar la prestación, la respuesta parece clara. Si hay más de uno, hay que descartar la exclusividad.

Podría señalarse que la consulta preliminar del mercado prueba que la exclusividad no es evidente. Lo que la ley exige es que se acredite la exclusividad. Por el contrario, no introduce ninguna referencia a la exigencia de notoriedad de la exclusividad. 

El expediente debe contener la descripción funcional de la necesidad, las alternativas examinadas y las razones por las que se descartan, el resultado de la consulta del mercado, el título jurídico de la exclusividad cuando se invoquen derechos y la explicación de por qué la situación no deriva de decisiones anteriores de la propia Administración. Este último inciso permite aplicar la ley de conformidad con el Derecho europeo.

El certificado de exclusividad

El certificado de exclusividad no está contemplado en ninguna norma. Sin embargo, forma parte del Derecho practicado, cuyo valor depende de su contenido y de la labor de verificación que haya efectuado la Administración. 

Ha de identificar con precisión la prestación objeto del contrato, porque es frecuente que el certificado se refiera al producto y no al mantenimiento, los repuestos o las actualizaciones que efectivamente se adjudican. O incluso que no afecte a la necesidad funcional de la Administración y que no se prevean adaptaciones para poder dar una respuesta competitiva.

Debe expresar el título de la exclusiva (patente o registro con su número, contrato de licencia o de distribución) e ir acompañado de copia del documento en que consta, con indicación de su vigencia y de su ámbito territorial, referido al conjunto de la Unión y no solo al territorio nacional. Debe declarar, por último, si existen terceros autorizados para ejecutar la prestación, como integradores, servicios técnicos oficiales o subdistribuidores.

Incluso en el caso de que contemple todos los elementos, el certificado es una declaración de parte interesada y no acredita por sí solo la exclusividad. La Administración debe contrastarlo, ya que si no lo hace deja en manos del operador una apreciación que la ley atribuye al órgano de contratación. 

La contratación de artistas en las fiestas populares

La contratación de artistas para las fiestas locales requiere un tratamiento separado, y aquí basta recoger las reglas que fijó la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado en el Informe 8/2023.

Las razones artísticas no bastan por sí solas: debe existir un único empresario posible y la exclusividad ha de constar acreditada. Cabe el negociado con el operador al que se haya cedido la exclusividad del artista para el momento de celebración del evento. El objeto se limita a las prestaciones que dan carácter único a la actuación. Esto hace que sonido, escenario hay que licitarlo por separado en el caso de que no sean imprescindible.

Consideración final

La exclusividad del artículo 168 a) 2º rara vez se decide en el expediente, sino que se decide con anterioridad, en el contrato que no reservó a la Administración los derechos sobre el código o en el pliego que describió un producto en lugar de una necesidad y cuando el órgano de contratación utiliza el procedimiento negociado suele ser casi inevitable por razones de tiempo y de fondo. 

Casi el único elemento que se puede discutir es si esta situación le resulta imputable. Lo paradójico es que casi dos años después de que el TJUE recordara que no puede estar provocada por la Administración, el legislador no ha reformado el artículo 168 para recoger la condición. Conviene recordar, no obstante, que, aplicando el Derecho europeo, la Administración sigue obligada a probar la exclusividad y que no la ha creado ella, aunque el artículo 168 a) 2º no lo diga. 

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