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Ordenación del territorio, zonas inundables, costas, protección ambiental y políticas de vivienda: el Derecho público ante el suelo, el litoral y el derecho a la vivienda.
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Se repite que no hay recursos para vivienda pública, pero España recauda y sobre todo invierte menos que Europa: es un problema de prioridades. La colaboración público-privada no es una solución en sí misma, sino un modelo para armar. Funciona si traslada el riesgo, mantiene público el suelo, garantiza la reversión y pone al habitante en el centro.
6.165 hectáreas de dominio público hidráulico en La Janda. Una sentencia firme del Tribunal Supremo desde 1967. Sesenta años sin ejecutar. El demanio es imprescriptible por mandato constitucional, pero si la Administración no actúa el principio cae en saco roto. La Janda como ejemplo del estado de protección de las zonas húmedas en España.
La vivienda es el problema más cercano que sienten los españoles, y también el que más divide políticamente. Esta semana han llegado dos novedades normativas que conviene leer juntas: una reforma de la LCSP que apuesta por la colaboración público-privada en construcción, y una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler aprobada por el RDL 8/2026. Una mira al largo plazo; la otra responde a una urgencia inmediata.
El Real Decreto-ley 8/2026 permite al inquilino prorrogar el contrato hasta dos años más, incluso una vez cumplidos los cinco o siete del mínimo legal. Plazos, requisitos y efectos de una eventual no convalidación.
La vivienda encabeza las preocupaciones de los españoles. La colaboración público-privada aparece como remedio; aquí se analiza qué puede aportar, qué permite la Ley de vivienda y por qué el habitante debe estar en el centro.