La Ley de Contratos ofrece a las administraciones una alternativa rápida y transparente al contrato menor. Se adjudica sin acreditar solvencia, sin garantía definitiva y con una valoración automática. Aun así, casi nadie lo usa. Explico cómo funciona el procedimiento del artículo 159.6 y por qué la licitación electrónica y los pliegos siguen siendo su cuello de botella.
La subcontratación es una de las instituciones más controvertidas de la contratación pública, y no sin motivo: obliga a equilibrar la libertad de organización empresarial con las garantías que el contrato debe seguir prestando. Régimen del artículo 215, límites que la jurisprudencia ha ido perfilando y el pago directo al subcontratista que introdujo la reforma de 2022
Contratos de emergencia. El artículo 120 de la LCSP se invoca con frecuencia y se explica con poca precisión. Repaso aquí qué situaciones habilitan realmente la tramitación de emergencia, hasta dónde llega la libertad de contratar que concede el precepto y qué obligaciones —solvencia, prohibiciones de contratar, publicidad, plazo de ejecución— siguen intactas cuando todo lo demás se suprime.
El contrato menor se define por su valor estimado —40.000 euros en obras, 15.000 en servicios y suministros— y no por su objeto. No hay procedimiento de adjudicación, sino un expediente que debe justificar la necesidad y descartar el fraccionamiento. Repaso del régimen del artículo 118 LCSP, de sus riesgos y de las alternativas disponibles.
Antes de comprar una solución conviene probarla, y la Ley 9/2017 no es ajena a ello aunque no le dé nombre. El contrato piloto permite al sector público testar un producto, un servicio o un proceso con la finalidad ulterior de evaluarlo: sus rasgos, su encaje entre los artículos 8 y 168, y el informe con el que debe cerrarse