Los laudos de las renovables suele ser un tópico en los últimos tiempos en los medios de comunicación. Con esta expresión coloquial se hace referencia a los laudos arbitrales que se han dictado contra España y que no han sido pagados. Ultimamente se añade a las noticias el riesgo de embargo de bienes fuera de nuestro país.
Para valorarla posición y el riesgo de nuestro país, hay que empezar por las peculiaridades de estos procedimientos.
Origen del conflicto de los laudos de las renovables
La sucesión de procedimientos arbitrales sobre las energías renovables proviene de la reducción por parte del Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 de los incentivos a las energías renovables que se habían establecido por el Gobierno de Rodríguez Zapatero.
La modificación de la regulación española pasó a ser enjuiciada a través de arbitrajes porque las inversiones estaban protegidas en el Tratado de la Carta Europea de la Energia, firmado en Lisboa el 17 de diciembre de 1994.
La peculiaridad del procedimiento arbitral es doble:
a) Por un lado, el Derecho interno pasa a ser un hecho del procedimiento y cambia el régimen jurídico aplicable: el parámetro de análisis de la norma deja de ser la Constitución o los Tratados europeos y pasa a ser la compatibilidad con el estándar del trato justo y equitativo.
La potestad del Estado de modificar su legislación queda fuera de discusión.
Aquí no se trataba de devolver ayudas ya concedidas sino de modificar el régimen con posterioridad al cambio normativo. Se puede dar la situación paradójica de que una medida conforme con el ordenamiento jurídico genere responsabilidad del Estado y, con ello, derecho a la indemnización, que en España ya se ha producido. El Tribunal Constitucional declaró conforme a la Constitución el Real Decreto-ley 9/2013 en la STC 270/2015, de 17 de diciembre, y el Tribunal Supremo desestimó los recursos contra el Real Decreto 413/2014 y la Orden IET/1045/2014. Sin embargo, la mayoría de los tribunales arbitrales ha considerado esa misma reforma contraria al trato justo y equitativo.
b) Por el otro lado, los árbitros que conocen de las reclamaciones son árbitros privados. Suelen existir tres árbitros en cada asunto. Cada una de las partes designan uno de ellos y o bien por consenso de las dos partes o, usualmente, de los dos árbitros designados, se determina el tercero que ejerce el papel de Presidente. Téngase en cuenta que, dado que no son tribunales permanentes, en cada caso, se ha de repetir el proceso de elección de los miembros del colegio arbitral.
Pese a que la figura de los arbitrajes de inversiones haya adquirido cierta notoriedad en los últimos años, la realidad es que es una figura antigua y muy extendida en la práctica de las inversiones extranjeras desde los años cincuenta del siglo pasado y forman un contenido usual de los Tratados de Protección de Inversiones desde que Alemania lo incluyó en el que suscribió con Pakistán. Lo que pretenden es evitar el denominado “riesgo de nacionalidad” que podía existir en aquellas inversiones de los países desarrollados en los que no lo estaban, y que, a la postre, se ha transformado en un standard general.
El problema de los arbitrajes desde la óptica europea
Los arbitrajes de inversiones que están afectando a España suelen tener un doble problema desde la óptica jurídica comunitaria.
Por un lado, porque los demandantes suelen ser empresas que directa o indirectamente proceden de la Unión Europea. Blasket, que es una de las sociedades más activas últimamente, pese a su nacionalidad estadounidense, está formada por dos socios irlandeses. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desde la sentencia Achmea, ha declarado incompatible con el Derecho de la Unión los arbitrajes intracomunitarios, en la medida en que con el esquema que hemos visto antes cuestionan la primacía del Derecho europeo y el papel del Tribunal de Justicia como intérprete supremo.
A ello se añade que el pago de las indemnizaciones constituiría una ayuda, que es ilegal desde la óptica del Derecho de la competencia.
El resultado es que la Comisión Europea no permite el pago. Tanto es así que ha abierto un procedimiento contra España por el pago de uno de estos laudos.
La ejecución sobre bienes del España en terceros países
El Convenio de Washington distingue entre reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales. Su artículo 54 obliga a los Estados parte a reconocer el laudo del CIADI como si fuera una sentencia firme de sus propios tribunales. El artículo 55 deja a salvo las normas sobre inmunidad de ejecución de cada Estado. Esto explica que España pierda uno tras otro los procedimientos de reconocimiento en Washington, Australia o Singapur, mientras los acreedores apenas logran embargarle nada.
Ante esta situación, las entidades y fondos que han obtenido laudos arbitrales positivos han iniciado un camino complejo de ejecución de los laudos en diversos países. Australia, Bélgica, Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido y Singapur son algunos de los Estados en donde, según los medios de comunicación, se ha instado la ejecución de estos laudos.
El mutuo respeto de la soberanía, independencia e igualdad de los Estados como principios básicos del Derecho internacional ha dado lugar a la existencia de una práctica común, uniforme y constante, que creó un conjunto de normas consuetudinarias encaminadas a la protección tanto de aquellas personas que realizan funciones en nombre de un Estado extranjero en el territorio de otro Estado como del propio Estado y de sus bienes.
En el Derecho internacional, la protección de los bienes del Estado extranjero que se encuentran en el territorio de otro Estado se ha articulado básicamente mediante la atribución a aquel de “inmunidades jurisdiccionales”, en sus dos vertientes de “inmunidad de jurisdicción” y de “inmunidad de ejecución”. Esto impide, por ejemplo, la ejecución del embargo del edificio donde se encuentra una embajada.
Precisamente por ello, se ha intentado la ejecución indirecta, sobre bienes de entidades con algún grado de dependencia del Estado. Así ocurrió en Países Bajos con el Instituto Cervantes (cuyo embargo levantó el Tribunal de Distrito de Rotterdam en sentencia de 21 de julio de 2026) o en Estados Unidos con los bienes de la Federación Española de Fútbol durante la pasada Copa Mundial de Fútbol (rechazada también en el Memorandum Opinion and Order del Tribunal de Distrito de Columbia de 22 de junio de 2026). De hecho, en la actualidad se han emitido por Tribunales de Estados Unidos requerimientos de información de bienes contra un conjunto amplio de entidades.
Todos estos casos, y los que vendrán en el futuro, tienen como punto central la vinculación que tiene cada una de estas entidades con el Estado, sobre todo de las que desarrollan actividades comerciales o mercantiles.
Los regímenes son diferentes en cada supuesto.
En primer lugar, la exigencia de responsabilidad suele articularse sobre el concepto de “alter ego”, aunque tiene peculiaridades en cada uno de los países. Con la doctrina del alter ego lo que se pretende afirmar es que la personalidad jurídica separada es ficticia y que el Estado ejerza un control absoluto de su funcionamiento).
En segundo lugar, tampoco son similares los regímenes jurídicos de cada una de las entidades que puedan estar afectados por los encargos. Pero pueden tener cobertura para no verse afectados por los embargos por la independencia que se deriva de la normativa administrativa. La mera titularidad del Estado no acostumbra a ser suficiente para decretar el embargo.
En tercer lugar, el último caso, del Reino Unido, muestra que también varía la situación de los demandantes y esto provoca cambios relevantes en las consecuencias cuando se trata, por ejemplo, del adquirente de los derechos derivados de los laudos, como ha ocurrido en relación con la sociedad Blasket, antes citada.
Una tormenta perfecta
La decisión del Gobierno Rajoy de recortar las ayudas a las energías renovables nos ha conducido a una tormenta perfecta: laudos arbitrales contrarias a España, con cuantías elevadas y crecientes, como consecuencia de los intereses; laudos que no se pueden pagar porque la Unión Europea lo impide.
El problema más grave es de naturaleza reputacional, aunque se concentre en un problema juridico concreto y delimitado temporalmente. España encabeza la lista de Estados que no pagan los laudos del CIADI con 25 casos que suman más de 2.000 millones de dólares, según la última edición del Índice sobre Cumplimiento de Laudos de Arbitraje de Inversiones elaborado por el International Law Compliance Institute (ILCI).
Al mismo tiempo, pone en riesgo las inversiones que puedan tener las empresas españolas en territorios en los que los acreedores persigan los bienes de estas entidades de titularidad pública.
España notifico la denuncia del Tratado de la Carta de la Energía el pasado 16 de abril de 2024. La Unión Europea también se ha retirado de este tratado, pues considera que es un obstáculo para lograr las ambiciones de la Unión en materia de clima y seguridad energética del Pacto Verde Europeo y del Acuerdo de París.
Ahora bien, la salida del Tratado se aplicará inmediatamente solo a las nuevas inversiones. Con respecto a las antiguas, las cláusulas del Tratado, y el sometimiento a procedimientos arbitrales, continuarán siendo de aplicación “durante un período de veinte años a partir de la fecha en que surta efecto la denuncia por dicha Parte del Tratado”, esto es hasta el 17 de abril de 2045.
Por ello, la salida del Tratado no cierra el problema. Para las inversiones anteriores a 2025 lo aplaza veinte años, un plazo en el que cabe esperar nuevos laudos y nuevos intentos de cobro. Entretanto, la Comisión impide el pago y los tribunales de terceros Estados siguen reconociendo los laudos, así que el conflicto se libra en la fase de ejecución. Las embajadas y los bienes afectos a funciones soberanas tienen a su favor la inmunidad. El flanco expuesto son las entidades públicas con actividad mercantil en el exterior, cuya defensa depende de que puedan acreditar documentalmente que se gestionan con autonomía respecto del Estado.
