Los acuerdos nulos de Madrid sobre el Sáhara Occidental

por Julio D. González Campos | Feb 2, 2020

Al parecer, un comité de la Cámara de Representantes de EEUU se ha pronunciado a favor de apoyar los esfuerzos del secretario de Estado para alcanzar un compromiso diplomático entre Marruecos y España sobre el futuro de Ceuta y Melilla. Lo de menos es saber qué es exactamente lo que está haciendo ese sujeto. Lo realmente preocupante es que estamos en la antesala de un grave problema, aumentado por la prometida venganza de EEUU por la actitud de España con ocasión de la actual guerra del golfo Pérsico.
Forzoso es comenzar por aceptar que la relación con el reino alauita es aparentemente correcta, pero está plagada de tumores, históricos y presentes, por más que el observador quiera y deba apartar todos los apriorismos negativos que entran en el análisis, pero la realidad es la que es y no ofrece motivos para el optimismo. Hay un primer punto que es obligado destacar: aun aceptando que Trump es un tipejo indeseable, es un grave error buscar el enfrentamiento con él, y, de paso, con USA, con el objetivo prioritario de presentarse ante la izquierda española – y Europea, según delira Sánchez - como máximo adalid del pensamiento progresista y de la gallardía ante el imperialismo belicista.
Las consecuencias son fácilmente previsibles, y ahí tenemos la amenaza de supresión de las bases norteamericanas en España, cosa que la progresía de salón, y algunos más de los socios de Sánchez, consideran una gran noticia, sin reparar en que el gran beneficiado puede ser Marruecos, a cuyo territorio pueden ir a parar las bases con todo lo que eso comporta, lo cual no se limita a la pérdida de unos “inquilinos”, sino que va mucho más allá, alterando gravemente la defensa de los intereses españoles.
Pero Sánchez, agobiado por las encuestas desfavorables, tenía que buscar en el baúl recursos propagandísticos y uno era el del “no a la guerra”, que irá acompañado, de aquí a las elecciones generales, del grito “OTAN no, bases fuera”, que estuvo en boga a comienzos de los 80. La probada frivolidad del actual PSOE y su jefe no detendrá el dislate, pues ningún precio para España es demasiado alto si se trata de los intereses electorales inmediatos.
Me he referido a uno más de los disparates sanchistas, pero el tema de estas notas es la relación con Marruecos. Para la mayoría de los españoles (datos del Real Instituto Elcano) Marruecos es la más grave amenaza exterior de España, muy por encima de Rusia que, en su caso, es un problema que España comparte con toda Europa en tanto que el marroquí es estrictamente español, y si la detección de la opinión se centra en Ceuta o Melilla o, incluso, en Canarias, el nivel de preocupación es mucho mayor.
A la gravedad estratégica de buscar el enfrentamiento con USA ( y con Israel) se suma la baja reacción ante hechos ya acaecidos, como han sido las invasiones incontroladas de inmigrantes ayudados por la Administración marroquí, los apresamientos injustificados de pesqueros españoles, la falta de respeto a las aguas territoriales españolas (determinadas por las Islas Canarias), y la frecuencia con la que diferentes voceros marroquíes se jactan de que el crecimiento demográfico de sus nacionales en España es un arma cargada de futuro, crecimiento que, además, sufraga en buena parte el sistema de seguridad social español.
Mientras que eso sucede, Marruecos anuncia sus proyectos de hacerse con las riquezas que atesora el suelo marino en las aguas cercanas a las Canarias y al Sahara Occidental, al que España ha abandonado a su suerte, indiferente a los intereses de sus habitantes, muchos de los cuales son, además, españoles. La tesis marroquí de que las grandes riquezas minerales que se encuentran en esas aguas le “pertenecen”, pretensión que carece de base tanto geográfica como histórica, es vista con mucha comprensión por USA, que, por supuesto, confía en beneficiarse antes o después de las políticas marroquíes de hechos consumados.
Entre tanto, España se limita a protestar, pero sin dar paso alguno en defensa de sus derechos, ya sea por temor al enfrentamiento abierto con Marruecos, ya por no contrariar al Gran Hermano yanqui, al que, paralelamente, Sánchez se permite chulear de cara a la galería, a la vez que su Gobierno, por boca del impresentable Ministro de Asuntos Exteriores, aumenta la marca de sandeces históricas asegurando que no hay ninguna razón para temer consecuencias negativas derivadas de las prohibiciones de uso de las bases de Rota y Morón. Para troncharse de risa.
Da vértigo la facilidad con la que España parece olvidar cómo las gasta Marruecos, y no por su gallardía bélica, sino por su habilidad para aprovechar los malos momentos hispanos. Hay que recordar la marcha verde sobre el Sahara Occidental durante la agonía de Franco, y el idilio de la administración Trump con Rabat es otro escenario malo para España, si, además, se combina con nuestro actual panorama político. Decir que Marruecos podría intentar apoderarse de un zarpazo de Ceuta o Melilla (por supuesto, con la abierta ayuda de USA) suena a idea fantasiosa carente de base, pero es grave imprudencia no querer contemplar esa posibilidad.
La tolerancia con las exigencias marroquíes alcanzó uno de sus puntos culminantes con la escandalosa decisión de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, con lo que España traicionaba definitivamente a los que en su momento fueron españoles. Sin que antes hubiera un debate en las Cortes, como sería lo adecuado en tema de esa importancia, Sánchez decidió en abril de 2022 dar la razón a Marruecos en el conflicto del Sahara Occidental, aceptando expresamente que la mejor solución sería la de dotar a aquel territorio de un estatuto de autonomía dentro del reino alauita, zanjando definitivamente la obligación de respetar las resoluciones de Naciones Unidas, que en modo alguno comportaban la integración directa en Marruecos.
Las consecuencias no se harían esperar, comenzando por poner al borde de la ruptura las relaciones con Argelia, dislate mayúsculo por muchos motivos, y entre ellos no es el menor el de la dependencia energética de España, necesitada del gas argelino. La torpeza estratégica y diplomática ha dado lugar a que España dependa ahora del gas que le vende EEUU, que además es peor y más caro que el argelino, según dicen los que saben de estas cosas, además de que, conociendo los cambios de humor de Trump, es altamente peligroso confiar en un suministrador que en cualquier momento puede decidir cerrar el grifo.

En otro plano se sitúan las relaciones humanas. Si comenzamos por los datos peores es obligado recordar que entre la población extranjera de las prisiones españolas el porcentaje mayor corresponde a marroquíes, es un mero hecho estadístico, pero puede ser valorado cuando se trata de la integración, pero el tema es, según creo, más grave:
Antes me he referido a la cuestión demográfica, y la abierta invocación que desde Marruecos se hace a la fuerza que suponen los vientres de las mujeres marroquíes inmigrantes, que traen sin cesar nuevos habitantes a España, país al que muchos de ellos nunca tendrán como propio, aunque haya crecientes excepciones que es obligado reconocer. En paralelo, las tasas de natalidad propias no paran de descender. Se trata de una “invasión lenta pero inexorable”, que se conjuga con la nula voluntad de integración de una gran mayoría de los marroquíes, que propenden a relacionarse exclusivamente entre ellos. Se dice, y algo de cierto hay en ello, que España no podría prescindir de la mano de obra extranjera en general y, en particular, marroquí, pero eso no es razón suficiente para no exigir comportamientos más respetuosos con España en tanto que país de acogida.
El tema de la integración ha tenido recientemente un importante momento crítico, provocado por la decisión del alcalde de Lérida de prohibir el velo integral (el burka y el niqab) en los espacios públicos. Su argumento es sencillo y, en mi opinión, contundente: es necesaria esa prohibición para la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres. Las reacciones no se han hecho esperar, comenzando por el propio PSOE, Partido al que, vía PSC, pertenece el alcalde, y, por supuesto, una legión de progres de diferentes pelajes que se han lanzado a la defensa de la libertad de cultos y costumbres. No ha faltado tampoco quien ha acusado a la medida de “discriminatoria y racista”. ¡Cuánta necedad!
Esas reacciones ponen de manifiesto algo mucho más grave, como es la subestimación de lo que es el islamismo radical y lo que puede suponer, error imperdonable, especialmente si se tienen presentes episodios trágicos como los atentados de Atocha o los de las Ramblas de Barcelona. Pero según los defensores de la posición “respetuosa” con la singularidad islámica, una prohibición de esa clase interfiere la libertad de las mujeres musulmanas que decidan ocultar su rostro.
Ese problema se vivió hace años en Francia, donde la población musulmana es mucho más numerosa que en España, dando lugar a grades controversias, que no impidieron que en 2004 se prohibieran los signos religiosos ostensibles en la escuela pública. Unos años después, en 2010, se prohibió el burka con un argumento también simple y tajante: no se puede permitir que nadie circule por las calles enmascarado. La reacción de rechazo del islamismo fue la esperable, poniendo de manifiesto algo que a fuer de evidente no es valorado: las democracias occidentales son laicas, mientras que los Estados islámicos no lo son, y esa diferencia de partida explica la incapacidad islámica para comprender (y respetar) el modo de vida de los países libres.
Ese razonamiento, perfectamente trasportable a España, y va más allá de la cuestión de la supuesta “libertad de elección” de las mujeres (sin entrar en que esa libertad es indemostrable, siendo, en cambio, seguro el ambiente de control y presión en el que viven las musulmanas). Es absurdo invocar las libertades individuales, sin antes pararse a contemplar la cantidad de violencia contra las mujeres que entraña la imposición de vestimentas.
Haríamos bien los españoles en no olvidar que el islamismo (del que participan muchos marroquíes) pretende que sus propias leyes sean respetadas en Estados de Derecho en los que rigen otras, y para lograr ese objetivo no ha dudado en hacer correr la sangre, en España y en otros Estados europeos.
He comenzado hablando de la difícil relación con Marruecos y termino extendiendo el tema a la presencia del islamismo en nuestro país y en nuestra vida cotidiana. El riesgo de violencia existe y ojalá nunca pase de ser solo un riesgo, igual que sucede con el peligro de un indeseable conflicto bélico con Marruecos, que debe evitarse a toda costa, pero sin arrodillar a España.

Como tantos otros episodios de la política exterior de la dictadura, el asunto del Sahara Occidental aún conserva muchos de sus aspectos en la sombra. Entre ellos, el singular desenlace que le diera El Gobierno presidido por el señor Arias Navarro, el 14 de noviembre de 1975, fecha en que éste firma en Madrid con los representantes de los Gobiernos de Marruecos y Mauritania una «declaración de principios» sobre el territorio bajo administración española. Este acuerdo internacional, al igual que las posteriores medidas encaminadas a su ejecución, creo que nunca ha sido aceptado por una gran parte de la opinión pública española, que aún sigue preguntándose cómo pudo llegarse a tal solución. De otra parte, las consecuencias de aquel acuerdo todavía siguen pesando dolorosamente no sólo sobre el destino del pueblo saharaui, sino sobre nuestras propias relaciones exteriores en la actualidad. Parece obligado, por tanto, tratar de esclarecer el alcance de aquel acto, no tanto para juzgar un pasado político ya muerto, sino porque este pasado, en el caso del Sahara Occidental, aún sigue afectando el futuro de nuestras relaciones internacionales.

Por el acuerdo de Madrid, el Gobierno aceptó dar por terminada la presencia española en el territorio antes del 28 de febrero de 1976, creándose una «administración temporal» del Sahara Occidental, en la que se incluían, junto a las autoridades españolas encargadas de liquidar la anterior administración colonial, dos Gobiernos adjuntos nombrados por Marruecos y Mauritania. Con ello, se abrió el camino para la inmediata ocupación militar del territorio por parte de los dos Estados -no sin encontrar una fuerte resistencia armada de su población- y para su posterior reparto entre ambos, realizado en el acuerdo de 14 de abril de 1976. Este resultado es tanto más sorprendente ya que el Gobierno español había defendido reiteradamente -ante, los órganos políticos de las Naciones Unidas (NU) y, con abundantes pruebas documentales, ante el Tribunal Internacional de Justicia-, que ninguno de los dos Estados a los que ahora se entregaba el territorio poseía título jurídico alguno sobre el mismo. Extremo que fue reconocido por el principal órgano judicial de las NU en su dictamen consultivo del 16 de octubre de 1975.

Correlativamente, el Gobierno español admitió en dicho acuerdo que la voluntad del pueblo saharaui, que debía expresarse libremente en un referéndum celebrado bajo los auspicios y la garantía de las NU, podía ser reemplazada por la apariencia de una consulta a la «Yemaa», que se realizó sin contar con un gran número de sus miembros y ante la presencia de las fuerzas de ocupación marroquíes. Resultado no menos sorprendente, porque se halla en abierta contradicción con anteriores declaraciones españolas, entre ellas, la hecha por el entonces jefe del Estado, el 21 de septiembre de 1973, que afirmaba que el pueblo saharaui era «el único dueño de su destino» y que el Estado defendería «la libertad y la voluntad de libre decisión» de los habitantes del territorio. Y contradecía también la comunicación hecha por el Gobierno español a las NU en el verano de 1974 aceptando la celebración de un referéndum en el territorio para 1975, como le había solicitado reiteradamente la Asamblea General de la Organización.

LOS HECHOS, EN LA SOMBRA

Es esta comunicación la que abre la crisis final en el asunto del Sahara, por obra de la iniciativa diplomática de Marruecos. Pero el hecho es que en octubre de 1975, como se afirma en el informe de la Misión de Visita de las NU. la población saharaui residente en el territorio, deseaba, en su inmensa mayoría, acceder a la independencia. Y el Tribunal Internacional de Justicia, en el citado dictamen consultivo de 16 de octubre de 1975, afirmaría, dada la inexistencia de anteriores vínculos de soberanía entre el Sahara Occidental y Marruecos o el conjunto mauritano en el pasado que, nada se oponía «a la aplicación del principio de la libre determinación, a través de la expresión libre y auténtica de la voluntad de las poblaciones del territorio».
Cabe preguntarse, legítimamente, qué hechos determinaron -entre el 14 de octubre y el 14 de noviembre de 1975- este doble resultado final. Pero los hechos, como dije antes, aún permanecen en su mayor parte en la sombra.
Quedan, ciertamente, las imágenes de aquel período -en el que las noticias sobre el Sahara Occidental compartían con los partes médicos un lugar destacado en los medios de comunicación-, como indicios que tratan de explicar un acto del Gobierno español por el que se condenó al pueblo saharaui a una nueva dominación colonial.
Entre ellas, sin duda, un lugar de primer orden corresponde a la «marcha verde»; pero los documentos de las NU han revelado un hecho entonces ocultado a la opinión pública española: que la marcha se inició y realizó en el entendimiento del Gobierno español de que si la marcha se realizaba en un área limitada y por tiempo también limitado, no se produciría una respuesta armada por parte de las fuerzas españolas ante la penetración en el territorio.
Quedan también las imágenes de las reuniones del Consejo de Seguridad, convocado a instancias del Gobierno español, la enérgica actitud de los representantes españoles y la condena por este órgano de la «marcha verde»; sin que Marruecos -tal vez por gozar de un decidido apoyo diplomático de Estados más poderosos- se dignase a aceptar sus resoluciones. Y también conservamos, en la confusión de aquel momento, las imágenes de los viajes y de las negociaciones sucesivas, entre el Gobierno español y los de Marruecos y Mauritania, entre el 21 de octubre y el 3 de noviembre. Si hemos de creer la declaración hecha por SM el Rey de Marruecos al representante especial del secretario general de las NU, señor Lewin, el 4 de noviembre de 1975, en esta fecha ya se habían convenido las principales disposiciones de la que sería la Declaración de Madrid y en ella se estipulaba, según el soberano alauita. «la transferencia de soberanía por parte de la potencia administradora a Marruecos y Mauritania».
El gran «show» marroquí
De este modo, el inicio de la «marcha verde», el siguiente día 5 de noviembre, adquiere un sentido más real. Fue, ciertamente, un gran «show» marroquí, al que no faltaron- las imágenes de TVE para mayor impacto en la confusa opinión pública; pero también era, de otra parte, el gesto simbólico que preludiaba la posterior anexión del territorio. En esta perspectiva, hoy resuenan como huecas las censuras dingidas por el ministro señor Carro Martínez a la conducta de las Naciones Unidas, en el pleno de las Cortes del 18 de noviembre de 1975, así como-tantas apelaciones improcedentes al honor del Ejército español, que nunca estuvo en juego en aquella crisis.
Pero los hechos de aquel período -aún siendo insuficientemente conocidos en todos sus aspectos- permiten, no obstante, establecer ciertas conclusiones muy precisas, conforme al derecho internacional en vigor.

En primer término, que si un territorio no autónomo, como el Sahara Occidental, «tiene en virtud de la Carta una condición jurídica distinta y separada de la del territorio del Estado que lo administra» y esta condición subsiste hasta que el pueblo de dicho territorio «haya ejercido libremente su derecho de libre determinación de conformidad con la Carta», el acuerdo de Madrid, de 14 de noviembre de 1975, es nulo, pues el Gobierno español no podía hacer entrega del territorio, como se pactó, a los Gobiernos de Marruecos y Mauritania. Su retirada del Sahara Occidental hubiera requerido el establecimiento de una administración del territorio, a cargo de las Naciones Unidas, pero nunca la concertada con estos dos Estados y seguida de la ocupación militar por parte de los mismos.

En segundo lugar, dado que el derecho de libre determinación de los pueblos es hoy una norma imperativa de Derecho internacíonal, que no admite pacto alguno en contrario, la «Declaración de Principios» hecha en Madrid, el 14 de noviembre de 1975, es nula, por ser contraria a estas normas de jus cogens. En efecto, el objeto y fin de dicho acuerdo fue privar al pueblo saharaui, mediante una ocupación militar de su territorio, del derecho a expresar libremente su voluntad, mediante un referéndum. La consulta a la «Yemaa» que figura en el citado acuerdo, al constituir una simple farsa, no fue otra cosa que una flagrante burla del Derecho de las Naciones Unidas y que éstas se negaron a admitir, rechazando el envío de un representante del secretario general.
«Crimen, internacional»
Finalmente, la violación grave de una obligación internacional de importancia esencial para la salvaguardia del derecho a la libre determinación de los pueblos «como la que prohibe el establecimiento o el mantenimiento por la fuerza de una dominación colonial», constituye un hecho internacionalmente ilícito, que da lugar a la responsabilidad internacional del Estado ante la comunidad internacional y que a juicio de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, debe ser calificada como un «crimen internacional».
Los actos realizados por los Gobiernos de Marruecos y Mauritania con posterioridad al 14 de noviembre de 1975, al ocupar militarmente el territorio del Sahara Occidental y proceder a su reparto, puede estimarse que quedan comprendidos en el supuesto del precepto anteriormente citado, pues, de hecho, equivalen a establecer una nueva -y más cruel- dominación colonial del territorio.
A mi juicio, corresponde a las Cortes surgidas de las elecciones del 15 de junio, solicitar, mediante la creación de una comisión especial, una completa y detallada información sobre los hechos que condujeron a la firma del acuerdo de Madrid.
Y una vez determinados éstos, si las anteriores conclusiones son correctas, adoptar un acuerdo por el que se declare que, a juicio del Estado español, la Declaración de Principios hecha en Madrid, el 14 de noviembre de 1975, es un acuerdo nulo, conforme al Derecho Internacional en vigor, y, consiguientemente, que el Gobierno debe orientar su política internacional, en relación con la cuestión del Sahara Occidental, en toda ocasión y circunstancia, de conformidad con este acuerdo. La posición actual del Gobierno español, por su inherente ambigüedad, resulta difícilmente admisible, pues equivale a admitir el acuerdo de Madrid, pese a su nulidad y negarse a reconocer los efectos del mismo.  

Publicado en el diario EL PAIS el 18 de septiembre de 1977 

Autor

  • Julio D. Gonzalez Campos

    Alcalá de Guadaíra (1932) - Madrid (2007). Catedrático de Derecho Internacional desde 1972. Magistrado del Tribunal Constitucional (1992/2001). Rector de la Universidad Autónoma de Madrid (1982/84).

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