El BOE ha publicado esta mañana el Real Decreto 1026/2026, de 18 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento relativo al servicio universal de telecomunicaciones y otras obligaciones de servicio público en el suministro de redes y en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas; cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 1 de enero.
Supone un cambio parcial en la regulación de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones en la medida en que sigue vigente una parte del Real Decreto 424/2005, al que se le cambia el nombre, para pasar a ser Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas y la protección de los usuarios; derogados la parte referida al servicio universal.
Se podría decir que este Real Decreto se ha estructurado sobre la velocidad: la conexión fija garantizada pasa de 10 a 100 Mbps de bajada (con 5 de subida). No obstante, hay cambios de más calado, aunque este dato sea relevante.
¿Qué es el servicio universal?
Como es conocido, el servicio universal es la transformación (a la baja) del servicio público en tiempos de liberalización para los antiguos servicios monopolísticos. Cuando se liberalizan las telecomunicaciones la técnica para garantizar un servicio básico de calidad determinada y a precio asequible, con independencia del lugar de residencia, consistió en imponer su prestación al antiguo operador monopolístico, Telefonica, que se compensaba con un fondo que pagaban los demás operadores.
El reglamento que hoy se publica cambia el esquema. Su artículo 20 permite al Ministerio, previo informe de la CNMC, declarar que los servicios se prestan ya en competencia y acordar el cese de su prestación como obligación de servicio público. A partir de ahí, todos los operadores que ofrezcan acceso fijo a 100 Mbps o telefonía fija están obligados a atender las solicitudes en los inmuebles donde ya prestan servicio, en treinta días como máximo y con compensación automática en cuotas si se retrasan. La designación de un operador queda para los fallos de mercado. La disposición transitoria segunda da al Ministerio tres meses desde la entrada en vigor para declarar la prestación en competencia o abrir el procedimiento de designación.
Donde se presta el servicio
El punto débil está en la fórmula “donde ya prestan el servicio”. Si en una vivienda concreta ningún operador tiene oferta comercial, solo queda la reclamación del artículo 13.5 ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que tiene un mes para resolver, y el silencio es desestimatorio. La CNMC ya advirtió en su informe sobre el problema de la disponibilidad cuando no hay operador designado. El reglamento confía en la neutralidad tecnológica: la conexión puede ser terrestre o no terrestre (artículo 10.1), y donde no llegan ni la fibra ni el 5G se cuenta con el satélite.
Según el informe que publicó la CNMC a finales de 2025 había en España unos 100.000 accesos a internet por satélite. Casi todo ese crecimiento se debe en particular a Starlink, la red de SpaceX, la empresa de Elon Musk. Son el 0,5 por ciento de las conexiones fijas, en lugares sin otras modalidades de acceso, que constituyen el ámbito del servicio universal. Starlink es una empresa estadounidense y está sometida al Derecho de su país, incluida la Cloud Act de 2018, que permite a las autoridades de Estados Unidos exigirle los datos que tenga bajo su control, estén donde estén los servidores. Decide sus precios y sus condiciones comerciales desde fuera de la Unión. La constelación satelital europea, IRIS, no lanzará sus primeros satélites hasta 2029 y está pensada ante todo para usuarios gubernamentales. El reglamento deja abierta otra posibilidad: la latencia máxima que admite, 690 milisegundos (artículo 11.5), cabe en el satélite geoestacionario tradicional, que es el de Hispasat, segundo operador por número de accesos según la CNMC.
El abono social
La parte de más contenido social es el abono social. Hasta ahora lo ofrecía solo Telefónica, solo para la telefonía fija y solo a jubilados y pensionistas cuya unidad familiar no supere el 120 por ciento del IPREM. Como el IPREM está congelado desde 2023 en 600 euros mensuales (8.400 euros anuales en catorce pagas), el límite son 10.080 euros al año de ingresos de toda la familia, según el último certificado del IRPF. El abono supone una rebaja del 70 por ciento en el alta de la línea y del 95 por ciento en la cuota mensual, y se pide a Movistar.
Quienes ya lo tengan lo conservan, pero la disposición transitoria primera lo limita a quienes sean beneficiarios a la entrada en vigor del reglamento. El jubilado que cumpla los requisitos y todavía no lo haya pedido tiene hasta el 31 de diciembre para hacerlo.
En adelante, la condición para acceder es cobrar el ingreso mínimo vital y la obligación alcanza a todos los operadores de banda ancha y voz fijas.
La vinculación de “los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales” de la Ley General de Telecomunicaciones con el Ingreso Mínimo Vital no parece demasiado razonable. Posiblemente hubiera sido más adecuado utilizar la magnitud del 75% de la renta media nacional, que es la que usa la OCDE para denominar “renta baja”.
Cada operador debe ofrecer tres abonos: voz, internet y un paquete con ambos. El precio se considera asequible cuando queda un 25 por ciento por debajo del precio medio de mercado que fija cada año la CNMC. A petición de la propia Comisión, el texto final añade que quien contrate un paquete con móvil no pierde el descuento de la parte fija (artículo 15.3).
Dependencia de la CNMC
El descuento no se aplica de forma automática, sino que hay una dependencia de la actividad regulatoria de la CNMC. Todos los operadores deben ofrecer abonos sociales, pero el precio solo se vuelve obligatorio cuando la Comisión, después de fijar el precio medio de mercado, constata que las tarifas de un operador no son asequibles (artículo 17.3). La Comisión puede además eximir a operadores por sus ingresos, su número de clientes o “otras circunstancias competitivas” (artículo 17.5), y puede modificar o suprimir los abonos ya ofrecidos.
La referencia de asequibilidad tampoco ayuda mucho: un 25 por ciento por debajo de la media de los precios que fijan los propios operadores, sin relación directa con la renta de los hogares. Si los precios suben, el abono social sube con ellos. Los plazos de la disposición adicional segunda posiblemente sean demasiado generosos antes de iniciar el control: 6 meses para fijar el primer precio medio, 1 para que los operadores informen, 4 para que la CNMC identifique a los que no cumplen y 1 más para comercializar, y mientras tanto el control queda suspendido. Si se agotan todos los plazos, el hogar que cobra el ingreso mínimo vital no tendrá su abono hasta finales de 2027, y eso en las zonas donde la Comisión no haya eximido al único operador que hay.
El reglamento modifica también el ámbito subjetivo. El servicio universal ya no protege solo a los consumidores: alcanza a las microempresas, a las pymes y a las entidades sin ánimo de lucro (artículo 9). Las obligaciones de accesibilidad se extienden a todos los operadores, con oferta de terminales adaptados y servicio de texto en tiempo real para las personas con discapacidad auditiva.
Concesión de servicios
Si finalmente hay que designar operador, se hará por licitación, para lo que se aplica de forma supletoria el régimen de la concesión de servicios de la Ley de Contratos del Sector Público. Treinta años después de la liberalización, la concesión reaparece en las telecomunicaciones como Derecho supletorio. El artículo 22 añade una regla que no es usual: el operador que manifiesta interés en la audiencia previa queda obligado a presentarse al concurso si no cambian sus condiciones principales. Si ninguno se interesa, el Ministerio puede designar directamente al que tenga poder significativo de mercado, al que tenga mayor cuota o al que ya esté designado. La financiación del coste neto, cuando proceda, corresponderá a los operadores con más de 100 millones de euros de ingresos brutos anuales. La primera decisión llegará antes de abril, cuando el Ministerio tenga que pronunciarse sobre si Telefónica deja de ser, después de casi tres décadas, el operador del servicio universal.
¿Y ahora qué?
Antes del 1 de abril el Ministerio tiene que decidir si declara que el mercado presta ya el servicio universal o si abre el procedimiento para designar operador, y con ello si Telefónica deja de ser, después de casi tres décadas, la empresa obligada a conectar a quien no tiene otra opción. A finales de junio la CNMC debe haber fijado el primer precio medio de mercado, sin el cual el abono social no se puede exigir. Mientras tanto, Telefónica seguirá prestando el servicio en las condiciones de su designación de 2025 y los hogares que cobran el ingreso mínimo vital esperarán su descuento. Si esas decisiones se retrasan, durante una temporada el cambio más visible será el del título de un reglamento de 2005
