Definición legal
El artículo 1,1 de la Ley de Expropiación Forzosa delimita el concepto de expropiación forzosa como "cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera que fueren las personas o Entidades a que pertenezcan, acordada imperativamente, ya implique venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio".
De esta definición se pueden extraer las siguientes notas que caracterizan la expropiación y que la diferencian de otras figuras.
Se trata de una privación de un derecho de naturaleza patrimonial o de alguna de sus facultades. La expropiación priva a un particular de un derecho sobre un bien o de algunas de las facultades que componen el derecho. Puede ser una privación total o parcial de los derechos y puede ser temporal o definitiva, en función de cuál sea la necesidad de la Administración en función de la causa de expropiación.
Esta privación se sustituye por su equivalente económico, que es el precio de la expropiación a que hace referencia el articulo 33 de la Constitución.
Se trata de una privación singular. Recae sobre titularidades de derechos singulares, de personas determinadas o determinables, a las que se impone un sacrificio que no se impone a otras personas que se encuentran en situación similar. La prohibición de construir en la servidumbre de protección es una delimitación del derecho de propiedad. Una privación de una finca para ampliar la zona de servicios de un puerto sería expropiación. Sobre ello se volverá con posterioridad.
La tercera característica afecta al objeto. Son expropiables la propiedad privada o cualesquiera otros derechos patrimoniales legítimos. Esto es, se pueden expropiar derechos reales, derechos de crédito, acciones de una sociedad, derechos de propiedad intelectual. Sólo quedan fuera los derechos de la personalidad, dado que no tienen carácter patrimonial. Como se verá con posterioridad, no hay diferencia de sujetos titulares de los derechos.
La cuarta característica es su carácter imperativo. La expropiación se acuerda unilateralmente por la Administración expropian sin necesidad de consentimiento de su titular. El hecho de que haya acuerdos sobre el precio no elimina el hecho de que la privación se imperativa y que afecte a todos los derechos sobre los bienes que están incluidos en el acta de necesidad de ocupación para garantizar la actuación pública que se quiere desarrollar.
La quinta característica es la existencia de "causa de utilidad pública o interés social", que constituye el presupuesto para que se pueda proceder a una expropiación forzosa. Tiene que estar recogida en una ley y concretada con posterioridad en el procedimiento de expropiación, en los términos que se verá más adelante.
Y, por último, la expropiación forzosa supone siempre el el abono de "la correspondiente indemnización" (artículo 33.3 de la Constitución) por la privación singular del derecho. El procedimiento de expropiación que se verá más adelante precisamente tiene como uno de sus objetos centrales la fijación del precio.
Expropiación y delimitación del contenido del derecho de propiedad
De los elementos anteriores, el elemento más complejo jurídicamente es la diferenciación entre expropiación y delimitación del contenido del derecho de propiedad. Son dos aspectos a los que hace referencia el articulo 33 de la Constitución: el apartado segundo dispone que "la función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes" y el apartado tercero, tal como hemos visto, configura el régimen básico de la expropiación forzosa.
En la delimitación de ambos conceptos se debe recurrir a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La STC 31/1987 sostuvo que la propiedad privada es hoy un haz de facultades cuyo contenido incluye, desde dentro, los deberes y límites que impone su función social, y que esa función social varía según la clase de bienes. Al legislador le corresponde definir ese contenido, con el límite de su contenido esencial (artículo 53.1 CE), que se vulnera cuando el conjunto de facultades que mantiene lo hace irreconocible.
Este planteamiento fue seguido en la STC 227/1988 y en la STC 149/1991, relativas a la Ley de aguas y la Ley de costas, respectivamente, en donde se analizó, entre otros aspectos, la transformación en dominio público de ciertos bienes que con arreglo a la legislación anterior eran de propiedad privada y se establecieron limitaciones a las facultades de los propietarios de los bienes colindantes con el dominio público.
En ambos casos se señaló que las limitaciones eran delimitación del contenido del derecho, aunque admitió que la conversión en demanio de bienes antes privados era una verdadera privación y exigía compensación, que ambas leyes articularon mediante concesiones o derechos de aprovechamiento temporal, configurando el concepto de las concesiones compensatorias.
Como criterio orientativo, puede decirse que hay expropiación cuando la medida sacrifica a sujetos concretos en beneficio de la colectividad, o cuando, aun siendo general, vacía de utilidad económica el derecho de una categoría de titulares. Hay delimitación cuando la medida configura con carácter general y abstracto el estatuto de una clase de bienes, aunque reduzca sus facultades. Un ejemplo perfecto de esta distinción lo encontramos en los artículos 11 y siguientes de la Ley del suelo donde se concreta que el contenido urbanístico de la propiedad lo define el planeamiento.