Convocar elecciones no deja al Gobierno en funciones. Hasta el 29 de noviembre conserva intactas sus potestades, incluida la de dictar decretos-leyes, y solo después de la votación quedará reducido al despacho ordinario de los asuntos públicos. Las Cortes, disueltas, siguen funcionando a través de sus Diputaciones Permanentes.
Una Administración puede guardar la IP de quien visita su web para defender sus sistemas, aunque con una base legal más frágil de lo que debería. Lo que no puede es entregar los datos de sus visitantes a Google para contar visitas sin el consentimiento de nadie. El caso de València, y el de tantos otros portales públicos.
En Andersen, quien dice que el rey va desnudo es un niño. Cinco siglos antes, en el Cuento XXXII del Conde Lucanor, lo decía un palafrenero que no tenía honra que perder. Ese cambio de personaje explica por qué callan las organizaciones y por qué el legislador europeo ha acabado protegiendo a quien habla.
La Ley de Contratos ofrece a las administraciones una alternativa rápida y transparente al contrato menor. Se adjudica sin acreditar solvencia, sin garantía definitiva y con una valoración automática. Aun así, casi nadie lo usa. Explico cómo funciona el procedimiento del artículo 159.6 y por qué la licitación electrónica y los pliegos siguen siendo su cuello de botella.
El 29 de junio de 2026 el Tribunal Supremo revocó Humphrey’s Executor, la sentencia de 1935 sobre la que se levantó el edificio entero de las agencias reguladoras independientes, y dejó al presidente en condiciones de cesar a voluntad a los miembros de casi cualquier organismo federal.
La Sentencia 617/2025 del TSJ de Madrid, firme desde junio, pone el foco en la contribución especial de bomberos: a qué se destina lo recaudado y qué naturaleza tiene realmente el tributo.