La subcontratación es una de las instituciones más controvertidas de la contratación pública, y no sin motivo: obliga a equilibrar la libertad de organización empresarial con las garantías que el contrato debe seguir prestando. Régimen del artículo 215, límites que la jurisprudencia ha ido perfilando y el pago directo al subcontratista que introdujo la reforma de 2022
La Directiva (UE) 2026/1021 sobre la lucha contra la corrupción obliga a repensar el tráfico de influencias en el Derecho español: qué se castiga, qué influencia es legítima y qué queda fuera.
Los arbitrajes de inversiones sustraen a los jueces nacionales decisiones que afectan al interés general. Origen del modelo, funcionamiento del CIADI y sus paradojas, con el caso de las renovables como telón de fondo.
El Derecho no siempre ofrece una única respuesta correcta, pero el informe se redacta como si la ofreciera. Solicitado tarde, cuando ya no quedan alternativas abiertas, deja de acompañar la decisión para sustituirla. Y una Administración organizada para no equivocarse termina, sencillamente, por no decidir.
La prohibición de contratar llega tarde. El artículo 57.4 g) de la Directiva 2014/24/UE ofrece a los poderes adjudicadores una vía más rápida para apartar al contratista que ya falló, aunque la LCSP no la recoja expresamente.
Las joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros halladas en una caja fuerte vinculada a Zapatero plantean preguntas tributarias concretas: cuándo se adquirieron, si los hechos han prescrito y si cabe hablar de delito fiscal.
La sentencia de apelación de la Audiencia Nacional en el caso Nummaria vuelve a plantear quién responde cuando el asesoramiento fiscal falla, y qué parte de culpa tiene un sistema tributario que nadie entiende del todo.
La iniciativa de un comité de la Cámara de Representantes estadounidense para mediar entre España y Marruecos sobre Ceuta y Melilla es un aviso: en esta relación no caben la improvisación ni la ingenuidad.
El Real Decreto-ley 8/2026 permite al inquilino prorrogar el contrato hasta dos años más, incluso una vez cumplidos los cinco o siete del mínimo legal. Plazos, requisitos y efectos de una eventual no convalidación.