El Derecho no siempre ofrece una única respuesta correcta, pero el informe se redacta como si la ofreciera. Solicitado tarde, cuando ya no quedan alternativas abiertas, deja de acompañar la decisión para sustituirla. Y una Administración organizada para no equivocarse termina, sencillamente, por no decidir.
La prohibición de contratar llega tarde. El artículo 57.4 g) de la Directiva 2014/24/UE ofrece a los poderes adjudicadores una vía más rápida para apartar al contratista que ya falló, aunque la LCSP no la recoja expresamente.
Las joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros halladas en una caja fuerte vinculada a Zapatero plantean preguntas tributarias concretas: cuándo se adquirieron, si los hechos han prescrito y si cabe hablar de delito fiscal.
La sentencia de apelación de la Audiencia Nacional en el caso Nummaria vuelve a plantear quién responde cuando el asesoramiento fiscal falla, y qué parte de culpa tiene un sistema tributario que nadie entiende del todo.
La iniciativa de un comité de la Cámara de Representantes estadounidense para mediar entre España y Marruecos sobre Ceuta y Melilla es un aviso: en esta relación no caben la improvisación ni la ingenuidad.
El Real Decreto-ley 8/2026 permite al inquilino prorrogar el contrato hasta dos años más, incluso una vez cumplidos los cinco o siete del mínimo legal. Plazos, requisitos y efectos de una eventual no convalidación.
Contratos de emergencia. El artículo 120 de la LCSP se invoca con frecuencia y se explica con poca precisión. Repaso aquí qué situaciones habilitan realmente la tramitación de emergencia, hasta dónde llega la libertad de contratar que concede el precepto y qué obligaciones —solvencia, prohibiciones de contratar, publicidad, plazo de ejecución— siguen intactas cuando todo lo demás se suprime.
El recurso extraordinario de revisión es la última puerta frente a sentencias firmes. Cuándo procede, quién lo resuelve, qué resoluciones admite y cómo se tramita, con atención a la ejecución de las sentencias del TEDH.
El contrato menor se define por su valor estimado —40.000 euros en obras, 15.000 en servicios y suministros— y no por su objeto. No hay procedimiento de adjudicación, sino un expediente que debe justificar la necesidad y descartar el fraccionamiento. Repaso del régimen del artículo 118 LCSP, de sus riesgos y de las alternativas disponibles.