por Julio González García | 16 de noviembre de 2026 | Contratación pública
El artículo realiza un análisis del procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad del artículo 168 a) 2.º LCSP. Se examinan los tres supuestos legales de operador único, la carga de la prueba, el contenido mínimo del expediente y el valor del certificado de exclusividad. También se trata la exclusividad imputable a la propia Administración, a la luz de la sentencia del TJUE de 9 de enero de 2025 (C-578/23), y la contratación de artistas en las fiestas locales según el Informe 8/2023 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado
por Julio González García | 9 de noviembre de 2026 | Globalización, Regulación económica
España encabeza la lista de Estados que no cumplen los laudos de inversión, la mayoría derivados del recorte a las renovables de 2013. Bruselas impide pagarlos, y los acreedores han salido a cobrar fuera: han intentado embargar la sede del Instituto Cervantes en Utrecht y los ingresos de la selección en el Mundial.
Las embajadas tienen a su favor la inmunidad. Las entidades públicas que operan en el mercado exterior están bastante más expuestas, y su defensa depende de que puedan acreditar que el Estado no las gobierna como a un apéndice.
por Julio González García | 26 de octubre de 2026 | Contratación pública
Árbol de decisión, panorámica y esquemas de los ocho procedimientos de adjudicación de la Ley 9/2017, con descarga en PDF de los cuadros de plazos, la publicidad y el ámbito de aplicación.
por Julio González García | 5 de octubre de 2026 | Derecho constitucional, Organización administrativa
Convocar elecciones no deja al Gobierno en funciones. Hasta el 29 de noviembre conserva intactas sus potestades, incluida la de dictar decretos-leyes, y solo después de la votación quedará reducido al despacho ordinario de los asuntos públicos. Las Cortes, disueltas, siguen funcionando a través de sus Diputaciones Permanentes.
por Julio González García | 27 de septiembre de 2026 | Digitalización
Una Administración puede guardar la IP de quien visita su web para defender sus sistemas, aunque con una base legal más frágil de lo que debería. Lo que no puede es entregar los datos de sus visitantes a Google para contar visitas sin el consentimiento de nadie. El caso de València, y el de tantos otros portales públicos.