El 29 de junio de 2026 el Tribunal Supremo revocó Humphrey’s Executor, la sentencia de 1935 sobre la que se levantó el edificio entero de las agencias reguladoras independientes, y dejó al presidente en condiciones de cesar a voluntad a los miembros de casi cualquier organismo federal.
Los puertorriqueños son nacionales estadounidenses, tienen Constitución propia y no pueden votar al presidente que decide sobre ellos. La explicación no está en la política del momento, sino en una doctrina que el Tribunal Supremo construyó en 1901 para administrar lo conquistado en 1898 y que sigue viva: la del territorio no incorporado. De ahí arrancan la ciudadanía de segundo grado, la Ley de Cabotaje y la Junta de Control Fiscal de PROMESA
El Tribunal Supremo ha decidido que interpretar las leyes ambiguas le corresponde al juez y no a la Administración que las aplica, y ha liquidado de paso cuarenta años de doctrina.