Recortes en la Universidad Pública madrileña: un problema jurídico, económico e institucional

por Julio González García | Ene 10, 2025

Al parecer, un comité de la Cámara de Representantes de EEUU se ha pronunciado a favor de apoyar los esfuerzos del secretario de Estado para alcanzar un compromiso diplomático entre Marruecos y España sobre el futuro de Ceuta y Melilla. Lo de menos es saber qué es exactamente lo que está haciendo ese sujeto. Lo realmente preocupante es que estamos en la antesala de un grave problema, aumentado por la prometida venganza de EEUU por la actitud de España con ocasión de la actual guerra del golfo Pérsico.
Forzoso es comenzar por aceptar que la relación con el reino alauita es aparentemente correcta, pero está plagada de tumores, históricos y presentes, por más que el observador quiera y deba apartar todos los apriorismos negativos que entran en el análisis, pero la realidad es la que es y no ofrece motivos para el optimismo. Hay un primer punto que es obligado destacar: aun aceptando que Trump es un tipejo indeseable, es un grave error buscar el enfrentamiento con él, y, de paso, con USA, con el objetivo prioritario de presentarse ante la izquierda española – y Europea, según delira Sánchez - como máximo adalid del pensamiento progresista y de la gallardía ante el imperialismo belicista.
Las consecuencias son fácilmente previsibles, y ahí tenemos la amenaza de supresión de las bases norteamericanas en España, cosa que la progresía de salón, y algunos más de los socios de Sánchez, consideran una gran noticia, sin reparar en que el gran beneficiado puede ser Marruecos, a cuyo territorio pueden ir a parar las bases con todo lo que eso comporta, lo cual no se limita a la pérdida de unos “inquilinos”, sino que va mucho más allá, alterando gravemente la defensa de los intereses españoles.
Pero Sánchez, agobiado por las encuestas desfavorables, tenía que buscar en el baúl recursos propagandísticos y uno era el del “no a la guerra”, que irá acompañado, de aquí a las elecciones generales, del grito “OTAN no, bases fuera”, que estuvo en boga a comienzos de los 80. La probada frivolidad del actual PSOE y su jefe no detendrá el dislate, pues ningún precio para España es demasiado alto si se trata de los intereses electorales inmediatos.
Me he referido a uno más de los disparates sanchistas, pero el tema de estas notas es la relación con Marruecos. Para la mayoría de los españoles (datos del Real Instituto Elcano) Marruecos es la más grave amenaza exterior de España, muy por encima de Rusia que, en su caso, es un problema que España comparte con toda Europa en tanto que el marroquí es estrictamente español, y si la detección de la opinión se centra en Ceuta o Melilla o, incluso, en Canarias, el nivel de preocupación es mucho mayor.
A la gravedad estratégica de buscar el enfrentamiento con USA ( y con Israel) se suma la baja reacción ante hechos ya acaecidos, como han sido las invasiones incontroladas de inmigrantes ayudados por la Administración marroquí, los apresamientos injustificados de pesqueros españoles, la falta de respeto a las aguas territoriales españolas (determinadas por las Islas Canarias), y la frecuencia con la que diferentes voceros marroquíes se jactan de que el crecimiento demográfico de sus nacionales en España es un arma cargada de futuro, crecimiento que, además, sufraga en buena parte el sistema de seguridad social español.
Mientras que eso sucede, Marruecos anuncia sus proyectos de hacerse con las riquezas que atesora el suelo marino en las aguas cercanas a las Canarias y al Sahara Occidental, al que España ha abandonado a su suerte, indiferente a los intereses de sus habitantes, muchos de los cuales son, además, españoles. La tesis marroquí de que las grandes riquezas minerales que se encuentran en esas aguas le “pertenecen”, pretensión que carece de base tanto geográfica como histórica, es vista con mucha comprensión por USA, que, por supuesto, confía en beneficiarse antes o después de las políticas marroquíes de hechos consumados.
Entre tanto, España se limita a protestar, pero sin dar paso alguno en defensa de sus derechos, ya sea por temor al enfrentamiento abierto con Marruecos, ya por no contrariar al Gran Hermano yanqui, al que, paralelamente, Sánchez se permite chulear de cara a la galería, a la vez que su Gobierno, por boca del impresentable Ministro de Asuntos Exteriores, aumenta la marca de sandeces históricas asegurando que no hay ninguna razón para temer consecuencias negativas derivadas de las prohibiciones de uso de las bases de Rota y Morón. Para troncharse de risa.
Da vértigo la facilidad con la que España parece olvidar cómo las gasta Marruecos, y no por su gallardía bélica, sino por su habilidad para aprovechar los malos momentos hispanos. Hay que recordar la marcha verde sobre el Sahara Occidental durante la agonía de Franco, y el idilio de la administración Trump con Rabat es otro escenario malo para España, si, además, se combina con nuestro actual panorama político. Decir que Marruecos podría intentar apoderarse de un zarpazo de Ceuta o Melilla (por supuesto, con la abierta ayuda de USA) suena a idea fantasiosa carente de base, pero es grave imprudencia no querer contemplar esa posibilidad.
La tolerancia con las exigencias marroquíes alcanzó uno de sus puntos culminantes con la escandalosa decisión de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, con lo que España traicionaba definitivamente a los que en su momento fueron españoles. Sin que antes hubiera un debate en las Cortes, como sería lo adecuado en tema de esa importancia, Sánchez decidió en abril de 2022 dar la razón a Marruecos en el conflicto del Sahara Occidental, aceptando expresamente que la mejor solución sería la de dotar a aquel territorio de un estatuto de autonomía dentro del reino alauita, zanjando definitivamente la obligación de respetar las resoluciones de Naciones Unidas, que en modo alguno comportaban la integración directa en Marruecos.
Las consecuencias no se harían esperar, comenzando por poner al borde de la ruptura las relaciones con Argelia, dislate mayúsculo por muchos motivos, y entre ellos no es el menor el de la dependencia energética de España, necesitada del gas argelino. La torpeza estratégica y diplomática ha dado lugar a que España dependa ahora del gas que le vende EEUU, que además es peor y más caro que el argelino, según dicen los que saben de estas cosas, además de que, conociendo los cambios de humor de Trump, es altamente peligroso confiar en un suministrador que en cualquier momento puede decidir cerrar el grifo.

En otro plano se sitúan las relaciones humanas. Si comenzamos por los datos peores es obligado recordar que entre la población extranjera de las prisiones españolas el porcentaje mayor corresponde a marroquíes, es un mero hecho estadístico, pero puede ser valorado cuando se trata de la integración, pero el tema es, según creo, más grave:
Antes me he referido a la cuestión demográfica, y la abierta invocación que desde Marruecos se hace a la fuerza que suponen los vientres de las mujeres marroquíes inmigrantes, que traen sin cesar nuevos habitantes a España, país al que muchos de ellos nunca tendrán como propio, aunque haya crecientes excepciones que es obligado reconocer. En paralelo, las tasas de natalidad propias no paran de descender. Se trata de una “invasión lenta pero inexorable”, que se conjuga con la nula voluntad de integración de una gran mayoría de los marroquíes, que propenden a relacionarse exclusivamente entre ellos. Se dice, y algo de cierto hay en ello, que España no podría prescindir de la mano de obra extranjera en general y, en particular, marroquí, pero eso no es razón suficiente para no exigir comportamientos más respetuosos con España en tanto que país de acogida.
El tema de la integración ha tenido recientemente un importante momento crítico, provocado por la decisión del alcalde de Lérida de prohibir el velo integral (el burka y el niqab) en los espacios públicos. Su argumento es sencillo y, en mi opinión, contundente: es necesaria esa prohibición para la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres. Las reacciones no se han hecho esperar, comenzando por el propio PSOE, Partido al que, vía PSC, pertenece el alcalde, y, por supuesto, una legión de progres de diferentes pelajes que se han lanzado a la defensa de la libertad de cultos y costumbres. No ha faltado tampoco quien ha acusado a la medida de “discriminatoria y racista”. ¡Cuánta necedad!
Esas reacciones ponen de manifiesto algo mucho más grave, como es la subestimación de lo que es el islamismo radical y lo que puede suponer, error imperdonable, especialmente si se tienen presentes episodios trágicos como los atentados de Atocha o los de las Ramblas de Barcelona. Pero según los defensores de la posición “respetuosa” con la singularidad islámica, una prohibición de esa clase interfiere la libertad de las mujeres musulmanas que decidan ocultar su rostro.
Ese problema se vivió hace años en Francia, donde la población musulmana es mucho más numerosa que en España, dando lugar a grades controversias, que no impidieron que en 2004 se prohibieran los signos religiosos ostensibles en la escuela pública. Unos años después, en 2010, se prohibió el burka con un argumento también simple y tajante: no se puede permitir que nadie circule por las calles enmascarado. La reacción de rechazo del islamismo fue la esperable, poniendo de manifiesto algo que a fuer de evidente no es valorado: las democracias occidentales son laicas, mientras que los Estados islámicos no lo son, y esa diferencia de partida explica la incapacidad islámica para comprender (y respetar) el modo de vida de los países libres.
Ese razonamiento, perfectamente trasportable a España, y va más allá de la cuestión de la supuesta “libertad de elección” de las mujeres (sin entrar en que esa libertad es indemostrable, siendo, en cambio, seguro el ambiente de control y presión en el que viven las musulmanas). Es absurdo invocar las libertades individuales, sin antes pararse a contemplar la cantidad de violencia contra las mujeres que entraña la imposición de vestimentas.
Haríamos bien los españoles en no olvidar que el islamismo (del que participan muchos marroquíes) pretende que sus propias leyes sean respetadas en Estados de Derecho en los que rigen otras, y para lograr ese objetivo no ha dudado en hacer correr la sangre, en España y en otros Estados europeos.
He comenzado hablando de la difícil relación con Marruecos y termino extendiendo el tema a la presencia del islamismo en nuestro país y en nuestra vida cotidiana. El riesgo de violencia existe y ojalá nunca pase de ser solo un riesgo, igual que sucede con el peligro de un indeseable conflicto bélico con Marruecos, que debe evitarse a toda costa, pero sin arrodillar a España.

La Comunidad de Madrid ha acrecentado este año su política de recortes al sistema universitario público de la Comunidad. Hay un dato que posiblemente lo resuma todo: el Presupuesto de la UCM es, en términos generales, igual en número de euros al que había en 2010. A partir de aquí sólo toca ver qué aristas tiene el conflicto para saber por dónde debería actuar la Universidad pública madrileña.

 

Un recordatorio histórico

En el año 2010 la Comunidad de Madrid incumplió el Plan de Inversiones en las Universidades Públicas madrileñas. Ante tal incumplimiento, la Universidad Complutense de Madrid recurrió (inicialmente, en solitario) y abrió la puerta a un conjunto de sentencias favorables que llegaron a todas las demás.

Cuando tomó la decisión de recurrir, el Rector Berzosa era consciente de que no iba a llegar un euro de ese dinero en su mandato, que terminaba en 2011. Institucionalmente no había, sin embargo, otra solución en defensa de la Universidad madrileña, por más que el litigio fuera complejo y a pesar de que enfrente estaba Esperanza Aguirre como Presidenta de la Comunidad de Madrid.

 

Un problema institucional

Aunque dependan económicamente de la Comunidad de Madrid, las seis Universidades públicas no tienen la misma relación con la Comunidad que la de cualquier organismo dependiente de ella. Hay una diferencia importante: tienen autonomía, garantizada, además, como derecho fundamental en el artículo 27.10 de la Constitución.

Autonomía que significa a los efectos de hoy, disponer de fondos suficientes para funcionar. Y que, si se carece de ellos, se podría obtener un respaldo jurísdiccional. Que la autonomía y las instituciones deban ser respetadas por la Comunidad es claro. Pero que, al mismo tiempo, desde la Universidad se debe hacer lo imposible para ese respeto, también resulta claro.

Cuando ponemos en cuestión a las Universidades, no es sólo su función en el Estado, se pone en tela de juicio el papel que tiene el país en el mundo, como un lugar de investigación e innovación.

Cuando la Comunidad de Madrid podría presumir de que sus Universidades públicas encabezan el ranking de Universidades españolas, los recortes hacen que sólo tengan capacidad de supervivencia. Los recortes (en tiempos de bonanza económica, ademas), están poniendo en discusión es el propio papel que quiere asumir la Comunidad de Madrid en el futuro. Y se ve que ni formación de calidad, ni investigación, ni ciencia, ni innovación. ¿Qué es cara? Pues como decía Bork, el exRector de Harvard, “pruebe con la ignorancia”.

 

Un problema económico

Hoy la Universidad pública madrileña carece de recursos económicos suficientes para hacer frente a las necesidades de una entidad que cumpla con las dos finalidades que justifican su existencia: docencia e investigación.

Retomo el dato que he recogido antes: en valores constantes el presupuesto de la UCM de 2010 es similar al de 2025. Pero no es sólo que la inflación no se haya incorporado a las transferencias de la Comunidad, sino que durante el periodo intermedio entre esos dos años, la situación ha sido aun peor: un dato: Entre 2010 y 2014, el presupuesto de la Universidad Complutense se redujo un 15,1% el de la Universidad de California en Berkeley (pública) subió un 8,5% desde 2009. ¿De que vivieron todo este periodo?

Teniendo en cuenta la estructura de ingresos universitarios, la dependencia de las Comunidades autónomas es brutal. Pero, paradójicamente, el artículo 55 de la LEY Orgánica del Sistema Universitario Español prevé que el 1% del PIB global es lo que se ha de destinar a nuestras Universidades. ¿Cual es el PIB de la Comunidad de Madrid? Pues unos 300.000 millones de euros. ¿Cuál es la aportación a las seis Universidades públicas en los presupuestos de 2025? Unos 1.100 millones. O dicho de otro modo, faltan 1.900 millones de euros anuales aproximadamente. Porque la financiación que corresponde a la Universidad pública madrileña es de 3000 millones de euros anuales.

Un recordatorio: la discusión prenavideña fue por una cantidad que no llegaba ni al 5% de esos 1900 millones anuales que faltan.

Ah, por si alguien piensa que esos 3000 millones de euros se pueden compartir con las Universidades privadas, la LOSU lo configura sólo para las Universidades públicas.

 

Un problema jurídico

 

La Comunidad de Madrid tendría un problema jurídico si las Universidades iniciaran el camino de la impugnación.

Por mucho que algunos (normalmente, no juristas) digan que la LOSU no es nítida; sí resulta claro que el principio que reconoce la Ley de la autonomía financiera de las Universidades no se cumple si faltan 2/3 aproximadamente de la transferencia autonómica.

No se cumple si estos preceptos de la LOSU no se han empezado a aplicar, ni se ha abierto ningún procedimiento que prevea, por ejemplo, anticipos a cuenta de esos 1900 millones que faltan.

Hay una responsabilidad administrativa de la Comunidad de Madrid, por no prever partidas suficientes para garantizar esa autonomía. Y aquí corresponde que se discurra juridicamente qué camino se ha de seguir para exigirlo jurisdiccionalmente. No nos podemos quedar en la dificultad: habría un procedimiento, aunque sea muy complicado y muy largo. Pero, como se decía en la Sorbona parisina en 1968, soyez realistes demandez l'impossible … que aquí, además, está recogido en una Ley.

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