La Sección 936: la decisión que todavía pesa sobre Puerto Rico

En Puerto Rico hay debates que no se cierran nunca. Uno de ellos es el de la Sección 936 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos. Han pasado casi treinta años desde su derogación, pero sigue apareciendo en cualquier conversación seria sobre la crisis económica de la Isla, la emigración masiva o la pérdida de industria. No es un tema del pasado: es una herida que todavía condiciona el presente.

La 936 no era un simple incentivo fiscal más. Durante décadas fue el pilar sobre el que se construyó buena parte del tejido productivo puertorriqueño. Gracias a ese régimen, miles de empresas —sobre todo farmacéuticas, electrónicas y de dispositivos médicos— se instalaron en la Isla. Se generaron empleos cualificados, se desarrollaron proveedores locales y Puerto Rico se convirtió en un polo industrial dentro del Caribe.

Todo eso empezó a desmontarse con la Ley federal 104-188, de 20 de agosto de 1996. La norma estableció la eliminación gradual del régimen hasta 2005. Lo que se presentó como una “simplificación fiscal” terminó siendo un cambio de modelo sin plan de sustitución. Las fábricas comenzaron a irse, la inversión se frenó y la economía entró en una pendiente de la que todavía no ha salido.

Una decisión tomada en el peor momento

El contexto histórico importa. A mediados de los noventa, la firma y entrada en vigor del NAFTA (North America Free Trade Agreement, Trataado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México) estaba dando sus primeros pasos y México se convertía en una alternativa muy atractiva para la industria estadounidense: salarios más bajos, cercanía geográfica y menores costes de transporte. Puerto Rico perdió de golpe dos ventajas clave: el incentivo fiscal y la protección relativa frente a esa competencia.

A ello se sumaron otros factores que siguen ahí: la Ley de Cabotaje, los altos costes energéticos, la dependencia de decisiones federales y una estructura económica frágil. La eliminación de la 936 no explica por sí sola todos los males de la Isla, pero fue el detonante que aceleró muchos de ellos.

La carta que incomoda

Uno de los aspectos más delicados es el papel que jugaron las propias autoridades puertorriqueñas. En la carta enviada el 15 de diciembre de 1995 al presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, el gobernador Pedro Rosselló expresó su apoyo a la desaparición del régimen.

El documento —cuya imagen acompaña este artículo— es claro. El gobernador no defendía mantener la Sección 936 “tal cual”, sino sustituirla por un nuevo crédito salarial en una hipotética sección 45(c):

“We do not advocate the retention of Section 936 as such… we strongly urge that the wage-credit incentive be preserved through the creation of a new Section 45(c).”

La propuesta era una transición ordenada. Pero el Congreso no la aceptó y optó por un desmantelamiento sin alternativa real. Aquella decisión, compartida por actores federales y locales, marcó el rumbo de las décadas siguientes.

Lo que vino después

Los números cuentan una historia conocida por cualquier familia puertorriqueña: cierre de plantas, caída del empleo manufacturero, reducción de la base contributiva, aumento de la deuda pública y, finalmente, la intervención federal mediante PROMESA. Entre medias, cientos de miles de personas hicieron las maletas rumbo a Florida, Texas o Nueva York.

Nunca sabremos qué habría ocurrido si la transición se hubiera diseñado de otra manera. Pero sí sabemos lo que pasó cuando se eliminó el principal motor industrial sin construir uno nuevo.

Un debate para hoy, no para ayer

Hablar de la 936 no es un ejercicio de nostalgia. En un mundo marcado por el nearshoring, por las tensiones geopolíticas y por la nueva política industrial de Estados Unidos, Puerto Rico vuelve a tener una oportunidad. Pero cualquier estrategia de futuro exige aprender de aquella experiencia: los incentivos fiscales importan, la estabilidad regulatoria importa y las decisiones tomadas en Washington —con o sin el aval de San Juan— tienen consecuencias de largo plazo.

La carta de 1995 es un recordatorio incómodo. Nos obliga a mirar de frente cómo se tomaron aquellas decisiones y a preguntarnos qué modelo económico queremos para los próximos treinta años. Porque el problema no es solo lo que se perdió con la Sección 936, sino lo que todavía no hemos sabido construir después.