La Banca privada siempre gana

por Julio González García | Feb 4, 2014

Al parecer, un comité de la Cámara de Representantes de EEUU se ha pronunciado a favor de apoyar los esfuerzos del secretario de Estado para alcanzar un compromiso diplomático entre Marruecos y España sobre el futuro de Ceuta y Melilla. Lo de menos es saber qué es exactamente lo que está haciendo ese sujeto. Lo realmente preocupante es que estamos en la antesala de un grave problema, aumentado por la prometida venganza de EEUU por la actitud de España con ocasión de la actual guerra del golfo Pérsico.
Forzoso es comenzar por aceptar que la relación con el reino alauita es aparentemente correcta, pero está plagada de tumores, históricos y presentes, por más que el observador quiera y deba apartar todos los apriorismos negativos que entran en el análisis, pero la realidad es la que es y no ofrece motivos para el optimismo. Hay un primer punto que es obligado destacar: aun aceptando que Trump es un tipejo indeseable, es un grave error buscar el enfrentamiento con él, y, de paso, con USA, con el objetivo prioritario de presentarse ante la izquierda española – y Europea, según delira Sánchez - como máximo adalid del pensamiento progresista y de la gallardía ante el imperialismo belicista.
Las consecuencias son fácilmente previsibles, y ahí tenemos la amenaza de supresión de las bases norteamericanas en España, cosa que la progresía de salón, y algunos más de los socios de Sánchez, consideran una gran noticia, sin reparar en que el gran beneficiado puede ser Marruecos, a cuyo territorio pueden ir a parar las bases con todo lo que eso comporta, lo cual no se limita a la pérdida de unos “inquilinos”, sino que va mucho más allá, alterando gravemente la defensa de los intereses españoles.
Pero Sánchez, agobiado por las encuestas desfavorables, tenía que buscar en el baúl recursos propagandísticos y uno era el del “no a la guerra”, que irá acompañado, de aquí a las elecciones generales, del grito “OTAN no, bases fuera”, que estuvo en boga a comienzos de los 80. La probada frivolidad del actual PSOE y su jefe no detendrá el dislate, pues ningún precio para España es demasiado alto si se trata de los intereses electorales inmediatos.
Me he referido a uno más de los disparates sanchistas, pero el tema de estas notas es la relación con Marruecos. Para la mayoría de los españoles (datos del Real Instituto Elcano) Marruecos es la más grave amenaza exterior de España, muy por encima de Rusia que, en su caso, es un problema que España comparte con toda Europa en tanto que el marroquí es estrictamente español, y si la detección de la opinión se centra en Ceuta o Melilla o, incluso, en Canarias, el nivel de preocupación es mucho mayor.
A la gravedad estratégica de buscar el enfrentamiento con USA ( y con Israel) se suma la baja reacción ante hechos ya acaecidos, como han sido las invasiones incontroladas de inmigrantes ayudados por la Administración marroquí, los apresamientos injustificados de pesqueros españoles, la falta de respeto a las aguas territoriales españolas (determinadas por las Islas Canarias), y la frecuencia con la que diferentes voceros marroquíes se jactan de que el crecimiento demográfico de sus nacionales en España es un arma cargada de futuro, crecimiento que, además, sufraga en buena parte el sistema de seguridad social español.
Mientras que eso sucede, Marruecos anuncia sus proyectos de hacerse con las riquezas que atesora el suelo marino en las aguas cercanas a las Canarias y al Sahara Occidental, al que España ha abandonado a su suerte, indiferente a los intereses de sus habitantes, muchos de los cuales son, además, españoles. La tesis marroquí de que las grandes riquezas minerales que se encuentran en esas aguas le “pertenecen”, pretensión que carece de base tanto geográfica como histórica, es vista con mucha comprensión por USA, que, por supuesto, confía en beneficiarse antes o después de las políticas marroquíes de hechos consumados.
Entre tanto, España se limita a protestar, pero sin dar paso alguno en defensa de sus derechos, ya sea por temor al enfrentamiento abierto con Marruecos, ya por no contrariar al Gran Hermano yanqui, al que, paralelamente, Sánchez se permite chulear de cara a la galería, a la vez que su Gobierno, por boca del impresentable Ministro de Asuntos Exteriores, aumenta la marca de sandeces históricas asegurando que no hay ninguna razón para temer consecuencias negativas derivadas de las prohibiciones de uso de las bases de Rota y Morón. Para troncharse de risa.
Da vértigo la facilidad con la que España parece olvidar cómo las gasta Marruecos, y no por su gallardía bélica, sino por su habilidad para aprovechar los malos momentos hispanos. Hay que recordar la marcha verde sobre el Sahara Occidental durante la agonía de Franco, y el idilio de la administración Trump con Rabat es otro escenario malo para España, si, además, se combina con nuestro actual panorama político. Decir que Marruecos podría intentar apoderarse de un zarpazo de Ceuta o Melilla (por supuesto, con la abierta ayuda de USA) suena a idea fantasiosa carente de base, pero es grave imprudencia no querer contemplar esa posibilidad.
La tolerancia con las exigencias marroquíes alcanzó uno de sus puntos culminantes con la escandalosa decisión de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, con lo que España traicionaba definitivamente a los que en su momento fueron españoles. Sin que antes hubiera un debate en las Cortes, como sería lo adecuado en tema de esa importancia, Sánchez decidió en abril de 2022 dar la razón a Marruecos en el conflicto del Sahara Occidental, aceptando expresamente que la mejor solución sería la de dotar a aquel territorio de un estatuto de autonomía dentro del reino alauita, zanjando definitivamente la obligación de respetar las resoluciones de Naciones Unidas, que en modo alguno comportaban la integración directa en Marruecos.
Las consecuencias no se harían esperar, comenzando por poner al borde de la ruptura las relaciones con Argelia, dislate mayúsculo por muchos motivos, y entre ellos no es el menor el de la dependencia energética de España, necesitada del gas argelino. La torpeza estratégica y diplomática ha dado lugar a que España dependa ahora del gas que le vende EEUU, que además es peor y más caro que el argelino, según dicen los que saben de estas cosas, además de que, conociendo los cambios de humor de Trump, es altamente peligroso confiar en un suministrador que en cualquier momento puede decidir cerrar el grifo.

En otro plano se sitúan las relaciones humanas. Si comenzamos por los datos peores es obligado recordar que entre la población extranjera de las prisiones españolas el porcentaje mayor corresponde a marroquíes, es un mero hecho estadístico, pero puede ser valorado cuando se trata de la integración, pero el tema es, según creo, más grave:
Antes me he referido a la cuestión demográfica, y la abierta invocación que desde Marruecos se hace a la fuerza que suponen los vientres de las mujeres marroquíes inmigrantes, que traen sin cesar nuevos habitantes a España, país al que muchos de ellos nunca tendrán como propio, aunque haya crecientes excepciones que es obligado reconocer. En paralelo, las tasas de natalidad propias no paran de descender. Se trata de una “invasión lenta pero inexorable”, que se conjuga con la nula voluntad de integración de una gran mayoría de los marroquíes, que propenden a relacionarse exclusivamente entre ellos. Se dice, y algo de cierto hay en ello, que España no podría prescindir de la mano de obra extranjera en general y, en particular, marroquí, pero eso no es razón suficiente para no exigir comportamientos más respetuosos con España en tanto que país de acogida.
El tema de la integración ha tenido recientemente un importante momento crítico, provocado por la decisión del alcalde de Lérida de prohibir el velo integral (el burka y el niqab) en los espacios públicos. Su argumento es sencillo y, en mi opinión, contundente: es necesaria esa prohibición para la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres. Las reacciones no se han hecho esperar, comenzando por el propio PSOE, Partido al que, vía PSC, pertenece el alcalde, y, por supuesto, una legión de progres de diferentes pelajes que se han lanzado a la defensa de la libertad de cultos y costumbres. No ha faltado tampoco quien ha acusado a la medida de “discriminatoria y racista”. ¡Cuánta necedad!
Esas reacciones ponen de manifiesto algo mucho más grave, como es la subestimación de lo que es el islamismo radical y lo que puede suponer, error imperdonable, especialmente si se tienen presentes episodios trágicos como los atentados de Atocha o los de las Ramblas de Barcelona. Pero según los defensores de la posición “respetuosa” con la singularidad islámica, una prohibición de esa clase interfiere la libertad de las mujeres musulmanas que decidan ocultar su rostro.
Ese problema se vivió hace años en Francia, donde la población musulmana es mucho más numerosa que en España, dando lugar a grades controversias, que no impidieron que en 2004 se prohibieran los signos religiosos ostensibles en la escuela pública. Unos años después, en 2010, se prohibió el burka con un argumento también simple y tajante: no se puede permitir que nadie circule por las calles enmascarado. La reacción de rechazo del islamismo fue la esperable, poniendo de manifiesto algo que a fuer de evidente no es valorado: las democracias occidentales son laicas, mientras que los Estados islámicos no lo son, y esa diferencia de partida explica la incapacidad islámica para comprender (y respetar) el modo de vida de los países libres.
Ese razonamiento, perfectamente trasportable a España, y va más allá de la cuestión de la supuesta “libertad de elección” de las mujeres (sin entrar en que esa libertad es indemostrable, siendo, en cambio, seguro el ambiente de control y presión en el que viven las musulmanas). Es absurdo invocar las libertades individuales, sin antes pararse a contemplar la cantidad de violencia contra las mujeres que entraña la imposición de vestimentas.
Haríamos bien los españoles en no olvidar que el islamismo (del que participan muchos marroquíes) pretende que sus propias leyes sean respetadas en Estados de Derecho en los que rigen otras, y para lograr ese objetivo no ha dudado en hacer correr la sangre, en España y en otros Estados europeos.
He comenzado hablando de la difícil relación con Marruecos y termino extendiendo el tema a la presencia del islamismo en nuestro país y en nuestra vida cotidiana. El riesgo de violencia existe y ojalá nunca pase de ser solo un riesgo, igual que sucede con el peligro de un indeseable conflicto bélico con Marruecos, que debe evitarse a toda costa, pero sin arrodillar a España.

La crisis económica de 2008 es una crisis de riesgo bancario. El modelo regulatorio de los EEUU eliminó la diferenciación entre las actividades bancarias, lo que ha conducido a que todos los bancos realicen todo tipo de actividades con todo tipo de clientes. La ciudadanía se ha visto afectada en un doble sentido: por un lado, por los aportes que han tenido que hacer los poderes públicos y, por el otro, por los productos financieros que han ofrecido a los clientes, clientes que no estaban en condiciones de ser valorados de forma rigurosa para conocer todas las implicaciones que ello tenía.

La crisis bancaria ha derivado de sus prácticas de alto riesgo. Estas se han articulado sobre un erróneo funcionamiento del mercado hipotecario, con mala ponderación de riesgos y con porcentajes de financiación iguales o superiores al valor de tasación del bien (que, en ocasiones, también era superior a un valor razonable). Hoy la rebaja del valor de los pisos y la morosidad bancaria han incluido en los balances bancarios un alto porcentaje de toxicidad, con el efecto negativo que tiene para toda la economía. Pero no me quiero extender sobre ello hoy.

Me resulta más relevante hacer referencia a los productos financieros y su efecto socioeconómico. Como es conocido, los productos financieros de alto riesgo se han extendido como consecuencia de la desregulación de los mercados financieros y el limitado ejercicio de la potestad de supervisión por parte del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Dos de ellos van a centrar mi atención: las participaciones preferentes y los bonos contingentes convertibles.

Las participaciones preferentes han sido el ejemplo más conocido, dentro de otros muchos, tal como nos mostró en Agenda Pública hace algunos meses el interesante artículo de Isabel Fernández. Su reducción de valor de cotización, consecuencia de la pérdida de valor de los bancos como consecuencia de la crisis, se ha traducido en un perjuicio patrimonial importante por parte de muchos pequeños ahorradores, algunos de ellos en condiciones poco admisibles.

El problema radica en que la solución que se está empleando –la recompra de participaciones– proporciona un beneficio considerable para los propios bancos, manifestado en la reducción de su pasivo a un precio menor al de la propia deuda. Lo cual se hace, claro, a cargo de la pérdida del preferentista.

En efecto, en un momento dado la banca procedió a recomprar las participaciones preferentes. Aparentemente, las condiciones eran mejores que las de mercado y ello ofrecía un incentivo. La pérdida para el preferentista era menor en un momento en el que su angustia personal era considerable porque podían haber perdido todos sus ahorros fruto de la pérdida de valor del banco.

Por esta razón, asumían una pérdida con respecto a lo invertido, pérdida que se incentiva con una prima que daba el banco sobre el valor de mercado. Se trata de operaciones en las que existe una gran presión sobre los preferentistas, como lo muestra lo que está ocurriendo en relación con la adquisición por Unicaja de CEISS, donde el volumen de preferentes es precisamente un problema para la adquirente.

Pero ¿y para el banco? ¿Lo hacían por un sentido de justicia o por mejorar su balance?

Los bancos no hicieron esto por amor al arte ni por un sentido de justicia. Las participaciones preferentes son deuda que está en el balance de los bancos por el importe adquirido por el ahorrador. En la actualidad están reduciendo ese pasivo a un precio menor al de la deuda.

Dicho de otro modo, la diferencia que hay entre el valor por el que lo compran y por el que emitieron la deuda es un beneficio que está obteniendo la banca. Con ello está mejorando los ratios de capital regulatorio que se exige en Basilea III. Eso explica la presión que está realizando Unicaja a que antes se hacía referencia. Y esto repercutirá, además, en la cuantía de las ayudas que dé el FROB a Unicaja para la operación.

En esencia, la operación fue de este modo (los valores son totalmente ficticios):

  • Precio de emisión: 100.
  • Valor de cotización en un momento dado: 40 (por efecto crisis).
  • Prima sobre el valor de cotización: 10.
  • 100 - (40+10) = 50 beneficios para el banco que van a reservas, lo cual incrementa el capital social principal.

Si examinamos alguna comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, veremos que no contentos con ello se procedió a la entrega de nuevas participaciones preferentes y nuevos instrumentos de deuda subordinada. Recordemos que estas ofertas no supusieron incremento de coste financiero de las entidades que recurrieron a este canje.

El siguiente paso de las operaciones de riesgo que está realizando la banca son los bonos contingentes convertibles, que se suelen denominar CoCos. Es cierto que hasta ahora sólo puntualmente han aparecido como un gran problema, pero su naturaleza hace que sean el siguiente eslabón de un problema social de gran envergadura.

Los CoCos son también un activo complejo, no apto para todo tipo de inversores y que tiene una naturaleza mixta entre deuda y capital. Son muy importantes por cuanto que en la actualidad, en el marco de la nueva política de capitalización bancaria que se estructuró en noviembre pasado, los CoCos aparecieron como uno de los instrumentos, especialmente de los bancos con una gran cartera de activos inmobiliarios. Esto es, se trata de una figura muy extendida en la actualidad, que lo va a seguir en el futuro, compleja y de alto riesgo, lo que ha llevado a la aparición de problemas, como los que ayer reflejaba eldiario.es.

¿Por qué constituyen un elemento de riesgo para el inversor? Por su propia configuración. En el momento en que se den las condiciones que se han pactado previamente, pierden la consideración de deuda de la entidad bancaria –referidos a la solvencia de la entidad– y se transforman automáticamente en capital social. Sin que el titular del bono pueda exponer su oposición. Esta conversión automática es el riesgo que asume el inversor a cambio de una retribución más alta de las normales de mercado.

Expuesto con crudeza, a cambio de esa retribución suplementaria respecto de un CoCo, el riesgo económico por la mala situación de la entidad se traslada al titular del bono que se ha transformado en accionista. Y para la banca –y demás empresas que recurran a los CoCos– la situación es muy beneficiosa: en el caso de que ocurran los eventos, hay un efecto importante sobre el capital social de la entidad. Al tener lugar la conversión se rebaja el nivel de deuda, mejorando su consideración desde la perspectiva de los niveles de capital social que se exige en las normas bancarias.

La regulación de la Ley 9/2012, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, ha extendido esta posibilidad a que sean adquiridos por el FROB, algo que vienen reclamando las entidades de crédito en los últimos tiempos. Aunque sea con un régimen diferente, el riesgo para el erario público reaparece después de los más de 37.000 millones de euros de ayuda a la banca privada que el propio FROB ha dado ya por perdidos.

Como se puede apreciar, la crisis nacida en el 2008 no sólo no ha modificado los hábitos de la banca sino todo lo contrario, amparado en la protección de los intereses de las entidades bancarias que constituye la idea que late en la legislación. Pero el problema esencial deriva de la propia desregulación de los mercados financieros, tanto por las autoridades nacionales como por las europeas, que parecen ciegas pese a las consecuencias que han tenido las prácticas de las entidades de crédito en los últimos quince años.

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