Acuerdo Unión Europea-Turquía sobre Refugiados sirios: nuevos expulsados en caliente

por Julio González García | Mar 9, 2016

Al parecer, un comité de la Cámara de Representantes de EEUU se ha pronunciado a favor de apoyar los esfuerzos del secretario de Estado para alcanzar un compromiso diplomático entre Marruecos y España sobre el futuro de Ceuta y Melilla. Lo de menos es saber qué es exactamente lo que está haciendo ese sujeto. Lo realmente preocupante es que estamos en la antesala de un grave problema, aumentado por la prometida venganza de EEUU por la actitud de España con ocasión de la actual guerra del golfo Pérsico.
Forzoso es comenzar por aceptar que la relación con el reino alauita es aparentemente correcta, pero está plagada de tumores, históricos y presentes, por más que el observador quiera y deba apartar todos los apriorismos negativos que entran en el análisis, pero la realidad es la que es y no ofrece motivos para el optimismo. Hay un primer punto que es obligado destacar: aun aceptando que Trump es un tipejo indeseable, es un grave error buscar el enfrentamiento con él, y, de paso, con USA, con el objetivo prioritario de presentarse ante la izquierda española – y Europea, según delira Sánchez - como máximo adalid del pensamiento progresista y de la gallardía ante el imperialismo belicista.
Las consecuencias son fácilmente previsibles, y ahí tenemos la amenaza de supresión de las bases norteamericanas en España, cosa que la progresía de salón, y algunos más de los socios de Sánchez, consideran una gran noticia, sin reparar en que el gran beneficiado puede ser Marruecos, a cuyo territorio pueden ir a parar las bases con todo lo que eso comporta, lo cual no se limita a la pérdida de unos “inquilinos”, sino que va mucho más allá, alterando gravemente la defensa de los intereses españoles.
Pero Sánchez, agobiado por las encuestas desfavorables, tenía que buscar en el baúl recursos propagandísticos y uno era el del “no a la guerra”, que irá acompañado, de aquí a las elecciones generales, del grito “OTAN no, bases fuera”, que estuvo en boga a comienzos de los 80. La probada frivolidad del actual PSOE y su jefe no detendrá el dislate, pues ningún precio para España es demasiado alto si se trata de los intereses electorales inmediatos.
Me he referido a uno más de los disparates sanchistas, pero el tema de estas notas es la relación con Marruecos. Para la mayoría de los españoles (datos del Real Instituto Elcano) Marruecos es la más grave amenaza exterior de España, muy por encima de Rusia que, en su caso, es un problema que España comparte con toda Europa en tanto que el marroquí es estrictamente español, y si la detección de la opinión se centra en Ceuta o Melilla o, incluso, en Canarias, el nivel de preocupación es mucho mayor.
A la gravedad estratégica de buscar el enfrentamiento con USA ( y con Israel) se suma la baja reacción ante hechos ya acaecidos, como han sido las invasiones incontroladas de inmigrantes ayudados por la Administración marroquí, los apresamientos injustificados de pesqueros españoles, la falta de respeto a las aguas territoriales españolas (determinadas por las Islas Canarias), y la frecuencia con la que diferentes voceros marroquíes se jactan de que el crecimiento demográfico de sus nacionales en España es un arma cargada de futuro, crecimiento que, además, sufraga en buena parte el sistema de seguridad social español.
Mientras que eso sucede, Marruecos anuncia sus proyectos de hacerse con las riquezas que atesora el suelo marino en las aguas cercanas a las Canarias y al Sahara Occidental, al que España ha abandonado a su suerte, indiferente a los intereses de sus habitantes, muchos de los cuales son, además, españoles. La tesis marroquí de que las grandes riquezas minerales que se encuentran en esas aguas le “pertenecen”, pretensión que carece de base tanto geográfica como histórica, es vista con mucha comprensión por USA, que, por supuesto, confía en beneficiarse antes o después de las políticas marroquíes de hechos consumados.
Entre tanto, España se limita a protestar, pero sin dar paso alguno en defensa de sus derechos, ya sea por temor al enfrentamiento abierto con Marruecos, ya por no contrariar al Gran Hermano yanqui, al que, paralelamente, Sánchez se permite chulear de cara a la galería, a la vez que su Gobierno, por boca del impresentable Ministro de Asuntos Exteriores, aumenta la marca de sandeces históricas asegurando que no hay ninguna razón para temer consecuencias negativas derivadas de las prohibiciones de uso de las bases de Rota y Morón. Para troncharse de risa.
Da vértigo la facilidad con la que España parece olvidar cómo las gasta Marruecos, y no por su gallardía bélica, sino por su habilidad para aprovechar los malos momentos hispanos. Hay que recordar la marcha verde sobre el Sahara Occidental durante la agonía de Franco, y el idilio de la administración Trump con Rabat es otro escenario malo para España, si, además, se combina con nuestro actual panorama político. Decir que Marruecos podría intentar apoderarse de un zarpazo de Ceuta o Melilla (por supuesto, con la abierta ayuda de USA) suena a idea fantasiosa carente de base, pero es grave imprudencia no querer contemplar esa posibilidad.
La tolerancia con las exigencias marroquíes alcanzó uno de sus puntos culminantes con la escandalosa decisión de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, con lo que España traicionaba definitivamente a los que en su momento fueron españoles. Sin que antes hubiera un debate en las Cortes, como sería lo adecuado en tema de esa importancia, Sánchez decidió en abril de 2022 dar la razón a Marruecos en el conflicto del Sahara Occidental, aceptando expresamente que la mejor solución sería la de dotar a aquel territorio de un estatuto de autonomía dentro del reino alauita, zanjando definitivamente la obligación de respetar las resoluciones de Naciones Unidas, que en modo alguno comportaban la integración directa en Marruecos.
Las consecuencias no se harían esperar, comenzando por poner al borde de la ruptura las relaciones con Argelia, dislate mayúsculo por muchos motivos, y entre ellos no es el menor el de la dependencia energética de España, necesitada del gas argelino. La torpeza estratégica y diplomática ha dado lugar a que España dependa ahora del gas que le vende EEUU, que además es peor y más caro que el argelino, según dicen los que saben de estas cosas, además de que, conociendo los cambios de humor de Trump, es altamente peligroso confiar en un suministrador que en cualquier momento puede decidir cerrar el grifo.

En otro plano se sitúan las relaciones humanas. Si comenzamos por los datos peores es obligado recordar que entre la población extranjera de las prisiones españolas el porcentaje mayor corresponde a marroquíes, es un mero hecho estadístico, pero puede ser valorado cuando se trata de la integración, pero el tema es, según creo, más grave:
Antes me he referido a la cuestión demográfica, y la abierta invocación que desde Marruecos se hace a la fuerza que suponen los vientres de las mujeres marroquíes inmigrantes, que traen sin cesar nuevos habitantes a España, país al que muchos de ellos nunca tendrán como propio, aunque haya crecientes excepciones que es obligado reconocer. En paralelo, las tasas de natalidad propias no paran de descender. Se trata de una “invasión lenta pero inexorable”, que se conjuga con la nula voluntad de integración de una gran mayoría de los marroquíes, que propenden a relacionarse exclusivamente entre ellos. Se dice, y algo de cierto hay en ello, que España no podría prescindir de la mano de obra extranjera en general y, en particular, marroquí, pero eso no es razón suficiente para no exigir comportamientos más respetuosos con España en tanto que país de acogida.
El tema de la integración ha tenido recientemente un importante momento crítico, provocado por la decisión del alcalde de Lérida de prohibir el velo integral (el burka y el niqab) en los espacios públicos. Su argumento es sencillo y, en mi opinión, contundente: es necesaria esa prohibición para la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres. Las reacciones no se han hecho esperar, comenzando por el propio PSOE, Partido al que, vía PSC, pertenece el alcalde, y, por supuesto, una legión de progres de diferentes pelajes que se han lanzado a la defensa de la libertad de cultos y costumbres. No ha faltado tampoco quien ha acusado a la medida de “discriminatoria y racista”. ¡Cuánta necedad!
Esas reacciones ponen de manifiesto algo mucho más grave, como es la subestimación de lo que es el islamismo radical y lo que puede suponer, error imperdonable, especialmente si se tienen presentes episodios trágicos como los atentados de Atocha o los de las Ramblas de Barcelona. Pero según los defensores de la posición “respetuosa” con la singularidad islámica, una prohibición de esa clase interfiere la libertad de las mujeres musulmanas que decidan ocultar su rostro.
Ese problema se vivió hace años en Francia, donde la población musulmana es mucho más numerosa que en España, dando lugar a grades controversias, que no impidieron que en 2004 se prohibieran los signos religiosos ostensibles en la escuela pública. Unos años después, en 2010, se prohibió el burka con un argumento también simple y tajante: no se puede permitir que nadie circule por las calles enmascarado. La reacción de rechazo del islamismo fue la esperable, poniendo de manifiesto algo que a fuer de evidente no es valorado: las democracias occidentales son laicas, mientras que los Estados islámicos no lo son, y esa diferencia de partida explica la incapacidad islámica para comprender (y respetar) el modo de vida de los países libres.
Ese razonamiento, perfectamente trasportable a España, y va más allá de la cuestión de la supuesta “libertad de elección” de las mujeres (sin entrar en que esa libertad es indemostrable, siendo, en cambio, seguro el ambiente de control y presión en el que viven las musulmanas). Es absurdo invocar las libertades individuales, sin antes pararse a contemplar la cantidad de violencia contra las mujeres que entraña la imposición de vestimentas.
Haríamos bien los españoles en no olvidar que el islamismo (del que participan muchos marroquíes) pretende que sus propias leyes sean respetadas en Estados de Derecho en los que rigen otras, y para lograr ese objetivo no ha dudado en hacer correr la sangre, en España y en otros Estados europeos.
He comenzado hablando de la difícil relación con Marruecos y termino extendiendo el tema a la presencia del islamismo en nuestro país y en nuestra vida cotidiana. El riesgo de violencia existe y ojalá nunca pase de ser solo un riesgo, igual que sucede con el peligro de un indeseable conflicto bélico con Marruecos, que debe evitarse a toda costa, pero sin arrodillar a España.

El reciente principio de Acuerdo entre el Consejo europeo y Turquía sobre los refugiados nos vuelve a traer a la primera plana el deficiente devenir político de la Unión Europea, cuyo funcionamiento se degrada a diario. Este acuerdo con Turquía se une a lo acordado en la última reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno para evitar la salida del Reino Unido que, asimismo, incorpora medidas de restricción de libertades comunitarias. Estos dos datos no son sino la consecuencia de la evolución de la Unión de los últimos años, aunque esto será objeto de otro post en los próximos días.

En esencia, el Acuerdo tiene tres puntos: 1) la expulsión automática de emigrantes que han entrado de forma irregular en Europa, dicho de otro modo, expulsiones en caliente en la frontera este de la Unión Europea. Esta expulsión es condición necesaria para que se pueda producir una hiopotética entrada de emigrantes que hayan entrado de forma legal en Europa, ya que se prevé que podrá entrar uno de forma regular por cada uno que se expulse a Turquía de los que han entrado irregularmente; 2) el pago de 6.000 millones de euros a este país; y 3) dos medidas satisfactorias para una mayor integración de Turquía en la Unión Europea: eximir a sus ciudadanos de la necesidad de visado para viajar a la UE ya en junio y avanzar en el proceso de adhesión a la Unión Europea.

Políticamente, el acuerdo es inadmisible. Es un acuerdo de locos el tener que expulsar a emigrantes irregulares como condición para admitir en la Unión Europea a otros que hayan entrado en Turquía de forma regular.  ¿Han tenido en cuenta cuáles son las razones por las que la gente está huyendo de Siria o Iraq? ¿Tienen presente que en Siria llevan cinco años de una guerra civil devastadora? ¿Qué valor han dado al hecho de que Turquía esté utilizando aquel conflicto para solucionar sus problemas con los kurdos? ¿Y cuáles son las condiciones que tienen los refugiados políticos venidos de Afganistán, Siria o Iraq en Turquía? ¿Aparece por algún lado en el Acuerdo de que Turquía cree centros con todas las condiciones adecuadas para que se pueda pedir asilo político de acuerdo con las exigencias del Derecho internacional humanitario? ¿Cuál va a ser la situación de los emigrantes en el territorio turco mientras se está estudiando su petición de entrada en territorio europeo? ¿Qué mecanismos de control va a existir sobre el destino de los 6000 millones de euros que va a pagar la Unión Europea?

No podemos, además, olvidar que Turquía no es un país seguro para los refugiados y que tiene numerosos déficits de protección de derechos humanos. De hecho, hay casos documentados  de utilización de la violencia ante los emigrantes irregulares y de devoluciones en caliente a Siria.No son juicios gratuitos sino que  como ha señalado el Director para Europa del Alto Comisionado de Naciones Unidas  para los Refugiados (ACNUR), Vincent Cochetel, el sistema de protección de refugiados turcos tiene numerosas deficiencias, tantas que, pese a los conflictos que hay solamente acepta a un 3% aproximadamente  de los solicitantes de asilo de Irak, Irán  y Afganistán

A estos elementos se añade otro dato que también resulta preocupante: del acuerdo no se deduce, en modo alguno, una previsión de acogida de nuevos refugiados, ni siquiera legales. Al contrario, como se señala en el propio texto, «el presente documento no establece ningún nuevo compromiso para los Estados miembros por lo que a reubicación y reasentamiento se refiere».

Pero es que no sólo políticamente es insostenible sino jurídicamente es contrario a derecho.

  1. ¿Cómo se puede armonizar un acuerdo de esta naturaleza con el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea que señala que ésta se fundamenta en los «valores de respeto de la dignidad humana, (…) y respeto de los derechos humanos». Estos valores comunes incorporan la solidaridad, como se señala más adelante.
  2. Un acuerdo que incorpora la posibilidad de devolución como el que se ha alcanzado con Turquía configurar un procedimiento especial para los grupos de personas que pretenden entrar en nuestro territorio, a los que reducen las garantías con respecto al régimen general que veremos en el epígrafe siguiente. En este punto, configurar un régimen especial para grupos contraviene la obligación que tiene el Estado de realizar un trato individualizado de cada caso en concordancia con la prohibición de expulsiones colectivas, las cuales están expresamente prohibidas en los casos de devolución, expulsión y extradición por el artículo 19.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En este sentido, conviene recordar la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la que se resuelve el caso Hirsi Jamaa y otros v. Italia, que, recogiendo sentencias anteriores, obliga a que se proceda la identificación y al análisis individualizado de la situación de cada persona que pretende entrar irregularmente. Y esto no permite las expulsiones masivas. Dicho de otra forma, el Tribunal recuerda la plena aplicabilidad del Convenio Europeo de Derechos Humanos a todas las actuaciones de control migratorio y de fronteras efectuados por las autoridades de un Estado parte de la Convención.
  3. El dato anterior es relevante, ya que el reciente pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -diferente por tanto- no se refiere a la compatibilidad con la Convención Europea de Derechos Humanos, que obliga a todos los Estados participantes en esta crisis. No hay ninguna razón que justifique cambiar la posición sobre la ilegalidad de la resolución.
  4. El Acuerdo supone el incumplimiento de la normativa internacional sobre asilo, que obliga a que cuando se lleve a la práctica una devolución hemos de tener en cuenta que las actuaciones que realicen los poderes públicos han de permitir la armonización de dos legislaciones: la de extranjería y la de protección internacional. Dos normas que han de encontrar la forma de ser aplicadas, entre otras razones porque la normativa de protección internacional forma parte de las obligaciones que ha asumido el Estado español, tanto en el ámbito europeo como en el contexto internacional, en particular la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Derecho de los Refugiados.

Como se puede apreciar ni políticamente es admisible ni jurídicamente es conforme a las normas básicas de Derecho europeo y de Derecho internacional público. A partir de este punto, sólo cabe que las Instituciones comunitarias den los pasos necesarios para evitar que este desastroso texto entre en vigor. Y sería momento ya que el problema del que trae causa este flujo de refugiados, que no es otro que la guerra civil siria, pase a ser un punto central de la agenda política de la Unión Europea. Aunque sea por puro egoísmo. Si la puerta grecoturca se cierra, habrá otras que se abran, como las italianas o la de Ceuta y Melilla.

 

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