Elecciones presidenciales en EE.UU.: Los que no podrán votar

por Julio González García | Nov 2, 2020

Al parecer, un comité de la Cámara de Representantes de EEUU se ha pronunciado a favor de apoyar los esfuerzos del secretario de Estado para alcanzar un compromiso diplomático entre Marruecos y España sobre el futuro de Ceuta y Melilla. Lo de menos es saber qué es exactamente lo que está haciendo ese sujeto. Lo realmente preocupante es que estamos en la antesala de un grave problema, aumentado por la prometida venganza de EEUU por la actitud de España con ocasión de la actual guerra del golfo Pérsico.
Forzoso es comenzar por aceptar que la relación con el reino alauita es aparentemente correcta, pero está plagada de tumores, históricos y presentes, por más que el observador quiera y deba apartar todos los apriorismos negativos que entran en el análisis, pero la realidad es la que es y no ofrece motivos para el optimismo. Hay un primer punto que es obligado destacar: aun aceptando que Trump es un tipejo indeseable, es un grave error buscar el enfrentamiento con él, y, de paso, con USA, con el objetivo prioritario de presentarse ante la izquierda española – y Europea, según delira Sánchez - como máximo adalid del pensamiento progresista y de la gallardía ante el imperialismo belicista.
Las consecuencias son fácilmente previsibles, y ahí tenemos la amenaza de supresión de las bases norteamericanas en España, cosa que la progresía de salón, y algunos más de los socios de Sánchez, consideran una gran noticia, sin reparar en que el gran beneficiado puede ser Marruecos, a cuyo territorio pueden ir a parar las bases con todo lo que eso comporta, lo cual no se limita a la pérdida de unos “inquilinos”, sino que va mucho más allá, alterando gravemente la defensa de los intereses españoles.
Pero Sánchez, agobiado por las encuestas desfavorables, tenía que buscar en el baúl recursos propagandísticos y uno era el del “no a la guerra”, que irá acompañado, de aquí a las elecciones generales, del grito “OTAN no, bases fuera”, que estuvo en boga a comienzos de los 80. La probada frivolidad del actual PSOE y su jefe no detendrá el dislate, pues ningún precio para España es demasiado alto si se trata de los intereses electorales inmediatos.
Me he referido a uno más de los disparates sanchistas, pero el tema de estas notas es la relación con Marruecos. Para la mayoría de los españoles (datos del Real Instituto Elcano) Marruecos es la más grave amenaza exterior de España, muy por encima de Rusia que, en su caso, es un problema que España comparte con toda Europa en tanto que el marroquí es estrictamente español, y si la detección de la opinión se centra en Ceuta o Melilla o, incluso, en Canarias, el nivel de preocupación es mucho mayor.
A la gravedad estratégica de buscar el enfrentamiento con USA ( y con Israel) se suma la baja reacción ante hechos ya acaecidos, como han sido las invasiones incontroladas de inmigrantes ayudados por la Administración marroquí, los apresamientos injustificados de pesqueros españoles, la falta de respeto a las aguas territoriales españolas (determinadas por las Islas Canarias), y la frecuencia con la que diferentes voceros marroquíes se jactan de que el crecimiento demográfico de sus nacionales en España es un arma cargada de futuro, crecimiento que, además, sufraga en buena parte el sistema de seguridad social español.
Mientras que eso sucede, Marruecos anuncia sus proyectos de hacerse con las riquezas que atesora el suelo marino en las aguas cercanas a las Canarias y al Sahara Occidental, al que España ha abandonado a su suerte, indiferente a los intereses de sus habitantes, muchos de los cuales son, además, españoles. La tesis marroquí de que las grandes riquezas minerales que se encuentran en esas aguas le “pertenecen”, pretensión que carece de base tanto geográfica como histórica, es vista con mucha comprensión por USA, que, por supuesto, confía en beneficiarse antes o después de las políticas marroquíes de hechos consumados.
Entre tanto, España se limita a protestar, pero sin dar paso alguno en defensa de sus derechos, ya sea por temor al enfrentamiento abierto con Marruecos, ya por no contrariar al Gran Hermano yanqui, al que, paralelamente, Sánchez se permite chulear de cara a la galería, a la vez que su Gobierno, por boca del impresentable Ministro de Asuntos Exteriores, aumenta la marca de sandeces históricas asegurando que no hay ninguna razón para temer consecuencias negativas derivadas de las prohibiciones de uso de las bases de Rota y Morón. Para troncharse de risa.
Da vértigo la facilidad con la que España parece olvidar cómo las gasta Marruecos, y no por su gallardía bélica, sino por su habilidad para aprovechar los malos momentos hispanos. Hay que recordar la marcha verde sobre el Sahara Occidental durante la agonía de Franco, y el idilio de la administración Trump con Rabat es otro escenario malo para España, si, además, se combina con nuestro actual panorama político. Decir que Marruecos podría intentar apoderarse de un zarpazo de Ceuta o Melilla (por supuesto, con la abierta ayuda de USA) suena a idea fantasiosa carente de base, pero es grave imprudencia no querer contemplar esa posibilidad.
La tolerancia con las exigencias marroquíes alcanzó uno de sus puntos culminantes con la escandalosa decisión de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, con lo que España traicionaba definitivamente a los que en su momento fueron españoles. Sin que antes hubiera un debate en las Cortes, como sería lo adecuado en tema de esa importancia, Sánchez decidió en abril de 2022 dar la razón a Marruecos en el conflicto del Sahara Occidental, aceptando expresamente que la mejor solución sería la de dotar a aquel territorio de un estatuto de autonomía dentro del reino alauita, zanjando definitivamente la obligación de respetar las resoluciones de Naciones Unidas, que en modo alguno comportaban la integración directa en Marruecos.
Las consecuencias no se harían esperar, comenzando por poner al borde de la ruptura las relaciones con Argelia, dislate mayúsculo por muchos motivos, y entre ellos no es el menor el de la dependencia energética de España, necesitada del gas argelino. La torpeza estratégica y diplomática ha dado lugar a que España dependa ahora del gas que le vende EEUU, que además es peor y más caro que el argelino, según dicen los que saben de estas cosas, además de que, conociendo los cambios de humor de Trump, es altamente peligroso confiar en un suministrador que en cualquier momento puede decidir cerrar el grifo.

En otro plano se sitúan las relaciones humanas. Si comenzamos por los datos peores es obligado recordar que entre la población extranjera de las prisiones españolas el porcentaje mayor corresponde a marroquíes, es un mero hecho estadístico, pero puede ser valorado cuando se trata de la integración, pero el tema es, según creo, más grave:
Antes me he referido a la cuestión demográfica, y la abierta invocación que desde Marruecos se hace a la fuerza que suponen los vientres de las mujeres marroquíes inmigrantes, que traen sin cesar nuevos habitantes a España, país al que muchos de ellos nunca tendrán como propio, aunque haya crecientes excepciones que es obligado reconocer. En paralelo, las tasas de natalidad propias no paran de descender. Se trata de una “invasión lenta pero inexorable”, que se conjuga con la nula voluntad de integración de una gran mayoría de los marroquíes, que propenden a relacionarse exclusivamente entre ellos. Se dice, y algo de cierto hay en ello, que España no podría prescindir de la mano de obra extranjera en general y, en particular, marroquí, pero eso no es razón suficiente para no exigir comportamientos más respetuosos con España en tanto que país de acogida.
El tema de la integración ha tenido recientemente un importante momento crítico, provocado por la decisión del alcalde de Lérida de prohibir el velo integral (el burka y el niqab) en los espacios públicos. Su argumento es sencillo y, en mi opinión, contundente: es necesaria esa prohibición para la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres. Las reacciones no se han hecho esperar, comenzando por el propio PSOE, Partido al que, vía PSC, pertenece el alcalde, y, por supuesto, una legión de progres de diferentes pelajes que se han lanzado a la defensa de la libertad de cultos y costumbres. No ha faltado tampoco quien ha acusado a la medida de “discriminatoria y racista”. ¡Cuánta necedad!
Esas reacciones ponen de manifiesto algo mucho más grave, como es la subestimación de lo que es el islamismo radical y lo que puede suponer, error imperdonable, especialmente si se tienen presentes episodios trágicos como los atentados de Atocha o los de las Ramblas de Barcelona. Pero según los defensores de la posición “respetuosa” con la singularidad islámica, una prohibición de esa clase interfiere la libertad de las mujeres musulmanas que decidan ocultar su rostro.
Ese problema se vivió hace años en Francia, donde la población musulmana es mucho más numerosa que en España, dando lugar a grades controversias, que no impidieron que en 2004 se prohibieran los signos religiosos ostensibles en la escuela pública. Unos años después, en 2010, se prohibió el burka con un argumento también simple y tajante: no se puede permitir que nadie circule por las calles enmascarado. La reacción de rechazo del islamismo fue la esperable, poniendo de manifiesto algo que a fuer de evidente no es valorado: las democracias occidentales son laicas, mientras que los Estados islámicos no lo son, y esa diferencia de partida explica la incapacidad islámica para comprender (y respetar) el modo de vida de los países libres.
Ese razonamiento, perfectamente trasportable a España, y va más allá de la cuestión de la supuesta “libertad de elección” de las mujeres (sin entrar en que esa libertad es indemostrable, siendo, en cambio, seguro el ambiente de control y presión en el que viven las musulmanas). Es absurdo invocar las libertades individuales, sin antes pararse a contemplar la cantidad de violencia contra las mujeres que entraña la imposición de vestimentas.
Haríamos bien los españoles en no olvidar que el islamismo (del que participan muchos marroquíes) pretende que sus propias leyes sean respetadas en Estados de Derecho en los que rigen otras, y para lograr ese objetivo no ha dudado en hacer correr la sangre, en España y en otros Estados europeos.
He comenzado hablando de la difícil relación con Marruecos y termino extendiendo el tema a la presencia del islamismo en nuestro país y en nuestra vida cotidiana. El riesgo de violencia existe y ojalá nunca pase de ser solo un riesgo, igual que sucede con el peligro de un indeseable conflicto bélico con Marruecos, que debe evitarse a toda costa, pero sin arrodillar a España.

l primer martes después del primer lunes ha llegado y el 3 de noviembre se celebrarán las elecciones a la Presidencia de los Estados Unidos.

Unas elecciones marcadas, de nuevo, por Donald Trump… y por todos los que no podrán votar.

Cuatro años después de la elección de Donald Trump algunas cuestiones se han agravado y otras permanecen invariables: la propia debilidad de las elecciones estadounidenses que marcan, en el fondo, la debilidad democrática de este país. No, no estoy pensando en la denuncia de Trump de pucherazo para favorecer a Joe Biden sino de otros elementos que hace ver que no es oro todo lo que reduce. De hecho, podríamos decir que hay aspectos en los que se han visto potenciadas las consecuencias negativas de algunas sentencias del Tribunal Supremo, comoaquella que liberaliza las donaciones que pueden recibir los candidatos y que fomenta el impacto de los grupos de presión en la vida política estadounidense. La carrera por la donación es hoy mayor que nunca.

Podríamos hablar, también, del boicot que ha sufrido USPOST para evitar que la gente utilice el voto por correo. Pero creo que es conveniente hacer referencia a varios problemas estructurales que hay en todas las elecciones de los Estados Unidos.

LAS ELECCIONES SON PARA ELEGIR EL COLEGIO ELECTORAL QUE VOTARÁ AL PRESIDENTE

Unas elecciones que realmente sirven para determinar el Colegio electoral que, con posterioridad elegirá al Presidente de los Estados Unidos.

De hecho, los miembros del Colegio electoral son libres para votar, incluso a aquellos que no se han presentado. En 2016, por ejemplo, sobre los electores elegidos en noviembre 7 han cambiado el sentido del voto: 5 de los supuestos votantes de Clinton han votado, respectivamente, 3 a Collin Powell –Secretario de Estado con Bush-, 1 a Bernie Sanders y un quinto a un líder de los herederos de la población nativa, Faith Spotted EaglePor su parte, de los 2 que supuestamente iban a votar a Trump uno dio su voto al Gobernador de Ohio, John Kasich, y el otro al conocido congresista Paul Ryan. De hecho, recientemente la sentencia del Tribunal Supremo Chiafalo v. Washington ha permitido que se sancione por los Estados a aquellos que se separan del voto de su Estado.

Conviene recordar que la existencia del Colegio electoral ha permitido dos elecciones presidenciales a los candidatos que han quedado segundos en la elección popular, en ambos casos republicanos: George Bush en 2000 y Donald Trump en 2016. Ni uno ni otro pasarán a la historia como buenos Presidentes.

En una reciente encuesta de Gallup, un 61% de los encuestados querían eliminar el colegio electoral. No obstante, las dificultades de una reforma constitucional en esta materia (mayoría de 2/3 de las cámaras y aprobación por 38 Estados) hacen que el debate real no esté abierto. Evidentemente, supone una pérdida importante de poder para los Estados que más cambian (Florida, por ejemplo) y favorece a los grandes en donde hay pocas posibilidades de cambio (California). 

LAS ELECCIONES NO TIENEN REGLAS COMUNES DE VOTO

El primer dato que sorprende es que las elecciones a la Presidencia de los Estados Unidos no las organice el Gobierno federal. Al contrario, son los Estados los que asumen la organización y regulación de las elecciones en sus respectivos territorios. Posiblemente esto sea lo que esté permitiendo a Trump afirmar que va a haber un puchero generalizado para evitar que él vuelva a ganar.

La ausencia de reglas comunes de voto para todo el país afecta a elementos esenciales como pueden ser las papeletas de voto o los sistemas de recuento. En este último caso hay que recordar lo ocurrido en las elecciones de 2000, que dieron triunfador a Bush frente a Gore, en donde los centros de votación disponían de máquinas de recuento de los años 50 y procedimientos de marcación de los candidatos que favorecieron, aquí sí, un resultado que no se correspondía con la realidad.

Este hecho provoca que el registro para el voto y las demás modalidades de voto no presencial (en algunos Estados se admite el voto anticipado y el voto por correo como modalidades distintas) varíen en cada uno de los Estados.

 

EXIGENCIA DE INSCRIPCIÓN

El segundo dato que hay que destacar es la exigencia de inscripción. Sí, para poder votar hay que inscribirse de forma previa para estar en el censo. Se trata de una medida que tenía su sentido en el origen -cuando votaban sólo los que tenían un determinado nivel de renta- pero que hoy carece de fundamento pero que no se discute. Se calcula que aproximadamente el 25% no se inscribe para votar, especialmente en Estados como Texas con una legislación muy restrictiva. Lo que contrasta con las facilidades que proporciona Oregón.

El problema es especialmente importante en ciertos grupos de población, que no acuden regularmente a votar porque no se han inscrito previamente. Viendo la distribución de los puestos de registro, supone una desventaja para el candidato de las clases más populares.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN ADECUADA PARA VOTAR

El tercer elemento problemático del sistema electoral es la imposibilidad de voto por la carencia de documentación suficiente para poder votar. 

Aproximadamente, el 11% de los ciudadanos estadounidenses que podrían estar en condiciones de votar, carecen de una identificación que reunan los requisitos suficientes para poder ejercer el derecho de voto. Esto supone, aproximadamente 21 millones de estadounidenses. En estas elecciones 33 Estados -recordemos que cada Estado tiene normas propias- exigen disponer de un documento de identificación, algunos con fotografía, otros sin ella.

De nuevo surgen las diferencias raciales. El 25% de los ciudadanos de raza negra, el 20% de los asiáticos, el 19% de los hispanos el 18% de los ciudadanos entre 18 y 24 años y el 15% de los que ganan menos de 30.000$ se encuentran en esta circunstancia de carecer de documento de identidad mientras que sólo ocurre en el 8% de los blancos. Como se puede ver de los datos, es muy posible que esta carencia de documentación perjudique a Biden, si entendemos que en estos elementos poblacionales puede encontrarse voto más progresista.

PROHIBICIÓN DE VOTO A LOS QUE SE ENCUENTRAN EN PRISIÓN

El cuarto gran problema es el relativo a la pena de privación del derecho de voto como pena complementaria de la de privación de libertad. En la práctica totalidad de los Estados se mantiene la privación del derecho de voto a los condenados por delitos graves. En la actualidad, sólo dos Estados permiten el voto en prisión (Maine y Vermont) y, partiendo de este dato, se dan muchas peculiaridades en función de los Estados, como muestra este gráfico de The Sentencing Project. Lo que resulta más llamativo es que 12 Estados mantienen la pérdida del derecho de voto después de cumplida la sentencia principal.

En la actualidad alcanzan los 6 millones de personas, de las cuales la mitad ya cumplió su pena de prisión. Al igual que hemos visto en las consecuencias raciales que se derivan de la necesidad de inscribirse para votar, también aquí hay un fuerte impacto racial: 1 de cada 13 negros ha perdido el derecho de voto mientras que la proporción es de 1 de cada 56 de otras razas quienes lo han perdido.

CIUDADANOS DE PUERTO RICO

Por último, los puertorriqueños tampoco pueden votar.

El estatus jurídico de Puerto Rico resulta muy especial de acuerdo con el derecho de los Estados Unidos. Su condición es la de territorio no incorporado. Detrás de dicha expresión se abre un régimen jurídico especial cuyos elementos básicos son los siguientes: desde el punto de vista de la ciudadanía, los nacidos en la isla son ciudadanos estadounidenses (desde 1917, con la aprobacioón de la Jones Act), sirven en el ejército, votan en las primarias pero no pueden elegir al Presidente de los EE.UU. ni tiene representantes con voz y voto en el Congreso estadounidense.  La ausencia de representantes en el Congreso se palía institucionalmente mediante la figura del Comisionado Residente que tiene voz (pero no voto) ante la comisión correspondiente del Congreso.

 Final

Pese a todo lo anterior, hay que resaltar que  no ha habido gran litigiosidad electoral. Sólo en una ocasión, ha existido una controversia judicial que haya llegado al Tribunal Supremo de los EEUU. Fue el caso Bush v. Gore de 2000. Todo lo ocurrido entonces, ya sea por el modo de realizar el recuento, por el material utilizado, por las facultades de los tribunales que revisaron la legalidad del proceso, por las garantías del proceso electoral o por el propio fallo del Tribunal Supremo no fueron especialmente adecuados. Se puede hablar, sin temor a equivocarnos, de que hubo un pucherazo. El voto particular de Gringsburg a la sentencia del Tribunal Supremo es esclarecedor al respecto.

De hecho, el único caso cercano ocurrió durante las elecciones de 1876, que enfrentaban al demócrata Tilden y al republicano Hayes. Hubo algunos Estados (Carolina del Sur, Florida, Oregon y Louisiana) con un voto muy reñido, y al final la disputa la solventó en favor de Hayes una Comisión de quince personas (cinco Senadores, cinco miembros de la Cámara de Representantes y cinco jueces del Tribunal Supremo).

Como se puede ver, la fiesta de la democracia estadounidense tiene numerosos puntos oscuros que cuestiona aspectos importantes de su legitimidad.

No obstante, es cierto que son problemas derivados de la percepción estadounidense de la política y que, hasta ahora, convivir con reglas del siglo XVIII y XIX no les ha ocasionado mayor dificultad. Analizado desde una perspectiva distinta, como es la europea, vemos que allí ocurren cosas que para nosotros resultan poco razonables. 

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