La Unión Europea y la competencia de ordenamientos

por Julio González García | Mar 11, 2025

Al parecer, un comité de la Cámara de Representantes de EEUU se ha pronunciado a favor de apoyar los esfuerzos del secretario de Estado para alcanzar un compromiso diplomático entre Marruecos y España sobre el futuro de Ceuta y Melilla. Lo de menos es saber qué es exactamente lo que está haciendo ese sujeto. Lo realmente preocupante es que estamos en la antesala de un grave problema, aumentado por la prometida venganza de EEUU por la actitud de España con ocasión de la actual guerra del golfo Pérsico.
Forzoso es comenzar por aceptar que la relación con el reino alauita es aparentemente correcta, pero está plagada de tumores, históricos y presentes, por más que el observador quiera y deba apartar todos los apriorismos negativos que entran en el análisis, pero la realidad es la que es y no ofrece motivos para el optimismo. Hay un primer punto que es obligado destacar: aun aceptando que Trump es un tipejo indeseable, es un grave error buscar el enfrentamiento con él, y, de paso, con USA, con el objetivo prioritario de presentarse ante la izquierda española – y Europea, según delira Sánchez - como máximo adalid del pensamiento progresista y de la gallardía ante el imperialismo belicista.
Las consecuencias son fácilmente previsibles, y ahí tenemos la amenaza de supresión de las bases norteamericanas en España, cosa que la progresía de salón, y algunos más de los socios de Sánchez, consideran una gran noticia, sin reparar en que el gran beneficiado puede ser Marruecos, a cuyo territorio pueden ir a parar las bases con todo lo que eso comporta, lo cual no se limita a la pérdida de unos “inquilinos”, sino que va mucho más allá, alterando gravemente la defensa de los intereses españoles.
Pero Sánchez, agobiado por las encuestas desfavorables, tenía que buscar en el baúl recursos propagandísticos y uno era el del “no a la guerra”, que irá acompañado, de aquí a las elecciones generales, del grito “OTAN no, bases fuera”, que estuvo en boga a comienzos de los 80. La probada frivolidad del actual PSOE y su jefe no detendrá el dislate, pues ningún precio para España es demasiado alto si se trata de los intereses electorales inmediatos.
Me he referido a uno más de los disparates sanchistas, pero el tema de estas notas es la relación con Marruecos. Para la mayoría de los españoles (datos del Real Instituto Elcano) Marruecos es la más grave amenaza exterior de España, muy por encima de Rusia que, en su caso, es un problema que España comparte con toda Europa en tanto que el marroquí es estrictamente español, y si la detección de la opinión se centra en Ceuta o Melilla o, incluso, en Canarias, el nivel de preocupación es mucho mayor.
A la gravedad estratégica de buscar el enfrentamiento con USA ( y con Israel) se suma la baja reacción ante hechos ya acaecidos, como han sido las invasiones incontroladas de inmigrantes ayudados por la Administración marroquí, los apresamientos injustificados de pesqueros españoles, la falta de respeto a las aguas territoriales españolas (determinadas por las Islas Canarias), y la frecuencia con la que diferentes voceros marroquíes se jactan de que el crecimiento demográfico de sus nacionales en España es un arma cargada de futuro, crecimiento que, además, sufraga en buena parte el sistema de seguridad social español.
Mientras que eso sucede, Marruecos anuncia sus proyectos de hacerse con las riquezas que atesora el suelo marino en las aguas cercanas a las Canarias y al Sahara Occidental, al que España ha abandonado a su suerte, indiferente a los intereses de sus habitantes, muchos de los cuales son, además, españoles. La tesis marroquí de que las grandes riquezas minerales que se encuentran en esas aguas le “pertenecen”, pretensión que carece de base tanto geográfica como histórica, es vista con mucha comprensión por USA, que, por supuesto, confía en beneficiarse antes o después de las políticas marroquíes de hechos consumados.
Entre tanto, España se limita a protestar, pero sin dar paso alguno en defensa de sus derechos, ya sea por temor al enfrentamiento abierto con Marruecos, ya por no contrariar al Gran Hermano yanqui, al que, paralelamente, Sánchez se permite chulear de cara a la galería, a la vez que su Gobierno, por boca del impresentable Ministro de Asuntos Exteriores, aumenta la marca de sandeces históricas asegurando que no hay ninguna razón para temer consecuencias negativas derivadas de las prohibiciones de uso de las bases de Rota y Morón. Para troncharse de risa.
Da vértigo la facilidad con la que España parece olvidar cómo las gasta Marruecos, y no por su gallardía bélica, sino por su habilidad para aprovechar los malos momentos hispanos. Hay que recordar la marcha verde sobre el Sahara Occidental durante la agonía de Franco, y el idilio de la administración Trump con Rabat es otro escenario malo para España, si, además, se combina con nuestro actual panorama político. Decir que Marruecos podría intentar apoderarse de un zarpazo de Ceuta o Melilla (por supuesto, con la abierta ayuda de USA) suena a idea fantasiosa carente de base, pero es grave imprudencia no querer contemplar esa posibilidad.
La tolerancia con las exigencias marroquíes alcanzó uno de sus puntos culminantes con la escandalosa decisión de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, con lo que España traicionaba definitivamente a los que en su momento fueron españoles. Sin que antes hubiera un debate en las Cortes, como sería lo adecuado en tema de esa importancia, Sánchez decidió en abril de 2022 dar la razón a Marruecos en el conflicto del Sahara Occidental, aceptando expresamente que la mejor solución sería la de dotar a aquel territorio de un estatuto de autonomía dentro del reino alauita, zanjando definitivamente la obligación de respetar las resoluciones de Naciones Unidas, que en modo alguno comportaban la integración directa en Marruecos.
Las consecuencias no se harían esperar, comenzando por poner al borde de la ruptura las relaciones con Argelia, dislate mayúsculo por muchos motivos, y entre ellos no es el menor el de la dependencia energética de España, necesitada del gas argelino. La torpeza estratégica y diplomática ha dado lugar a que España dependa ahora del gas que le vende EEUU, que además es peor y más caro que el argelino, según dicen los que saben de estas cosas, además de que, conociendo los cambios de humor de Trump, es altamente peligroso confiar en un suministrador que en cualquier momento puede decidir cerrar el grifo.

En otro plano se sitúan las relaciones humanas. Si comenzamos por los datos peores es obligado recordar que entre la población extranjera de las prisiones españolas el porcentaje mayor corresponde a marroquíes, es un mero hecho estadístico, pero puede ser valorado cuando se trata de la integración, pero el tema es, según creo, más grave:
Antes me he referido a la cuestión demográfica, y la abierta invocación que desde Marruecos se hace a la fuerza que suponen los vientres de las mujeres marroquíes inmigrantes, que traen sin cesar nuevos habitantes a España, país al que muchos de ellos nunca tendrán como propio, aunque haya crecientes excepciones que es obligado reconocer. En paralelo, las tasas de natalidad propias no paran de descender. Se trata de una “invasión lenta pero inexorable”, que se conjuga con la nula voluntad de integración de una gran mayoría de los marroquíes, que propenden a relacionarse exclusivamente entre ellos. Se dice, y algo de cierto hay en ello, que España no podría prescindir de la mano de obra extranjera en general y, en particular, marroquí, pero eso no es razón suficiente para no exigir comportamientos más respetuosos con España en tanto que país de acogida.
El tema de la integración ha tenido recientemente un importante momento crítico, provocado por la decisión del alcalde de Lérida de prohibir el velo integral (el burka y el niqab) en los espacios públicos. Su argumento es sencillo y, en mi opinión, contundente: es necesaria esa prohibición para la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres. Las reacciones no se han hecho esperar, comenzando por el propio PSOE, Partido al que, vía PSC, pertenece el alcalde, y, por supuesto, una legión de progres de diferentes pelajes que se han lanzado a la defensa de la libertad de cultos y costumbres. No ha faltado tampoco quien ha acusado a la medida de “discriminatoria y racista”. ¡Cuánta necedad!
Esas reacciones ponen de manifiesto algo mucho más grave, como es la subestimación de lo que es el islamismo radical y lo que puede suponer, error imperdonable, especialmente si se tienen presentes episodios trágicos como los atentados de Atocha o los de las Ramblas de Barcelona. Pero según los defensores de la posición “respetuosa” con la singularidad islámica, una prohibición de esa clase interfiere la libertad de las mujeres musulmanas que decidan ocultar su rostro.
Ese problema se vivió hace años en Francia, donde la población musulmana es mucho más numerosa que en España, dando lugar a grades controversias, que no impidieron que en 2004 se prohibieran los signos religiosos ostensibles en la escuela pública. Unos años después, en 2010, se prohibió el burka con un argumento también simple y tajante: no se puede permitir que nadie circule por las calles enmascarado. La reacción de rechazo del islamismo fue la esperable, poniendo de manifiesto algo que a fuer de evidente no es valorado: las democracias occidentales son laicas, mientras que los Estados islámicos no lo son, y esa diferencia de partida explica la incapacidad islámica para comprender (y respetar) el modo de vida de los países libres.
Ese razonamiento, perfectamente trasportable a España, y va más allá de la cuestión de la supuesta “libertad de elección” de las mujeres (sin entrar en que esa libertad es indemostrable, siendo, en cambio, seguro el ambiente de control y presión en el que viven las musulmanas). Es absurdo invocar las libertades individuales, sin antes pararse a contemplar la cantidad de violencia contra las mujeres que entraña la imposición de vestimentas.
Haríamos bien los españoles en no olvidar que el islamismo (del que participan muchos marroquíes) pretende que sus propias leyes sean respetadas en Estados de Derecho en los que rigen otras, y para lograr ese objetivo no ha dudado en hacer correr la sangre, en España y en otros Estados europeos.
He comenzado hablando de la difícil relación con Marruecos y termino extendiendo el tema a la presencia del islamismo en nuestro país y en nuestra vida cotidiana. El riesgo de violencia existe y ojalá nunca pase de ser solo un riesgo, igual que sucede con el peligro de un indeseable conflicto bélico con Marruecos, que debe evitarse a toda costa, pero sin arrodillar a España.

Globalización y competencia de ordenamientos

La globalización ha desarrollado y extendido las practicas competitivas de las empresas al ámbito de su actuación y al instrumento más relevante de que disponen los Estados, la regulación. Manifestaciones de este planteamiento estatal lo podemos encontrar en muchos momentos de la historia, aunque en la actualidad está mucho más extendido debido a la facilidad de cambio de lugares de producción y a la extensión de las fórmulas de ingeniería jurídica que han permitido alterar los puntos de conexión tradicionales de las normas.

La configuración de estos marcos normativos por razón de las actividades económicas de los sujetos nos retrotrae al Derecho personal previo a la revolución francesa, aunque en este caso el elemento diferenciador no es el del estamento al que se pertenezca sino el de los intereses.

Establecer este modelo de regular, lo que hace es vaciar de contenido reglamentaciones generales, en la medida en que, a través de un fenómeno de lex shopping, el operador económico se ubicará allá donde encuentre ventajas comparativas. Una lex shopping que en el caso de la normativa maltesa del juego afecta también a su vertiente procesal, en la medida en que las normas procesales de este país impiden la aplicación de una regla establecida en el ámbito europeo, como es el principio de reconocimiento mutuo de legislaciones y resoluciones judiciales.

La competencia de ordenamientos en la Unión Europea

El problema más virulento surge en los casos en los que hay una unión económica, como ocurre en la Unión Europea. La competencia que existe en el ámbito fiscal de sociedades resulta difícilmente sostenible desde una perspectiva de armonización como la que ha pretendido la Unión desde su fundación. Recordemos que, a pesar de que a las empresas se les prohíbe comportamientos de dumping y en general cualquier comportamiento contrario a la libre competencia; a los Estados no se les obliga a tener una presión fiscal mínima en relación con las empresas. Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda, Chipre o Malta se encuentran en esta situación. No son paraísos fiscales, aunque la reducida presión fiscal hace que dispongan alguno de los requisitos que se exigen para su declaración.

Tampoco existen requisitos mínimos para el establecimiento en un determinado país, lo que da lugar a la acumulaciones de buzones en determinados países. Un problema que hace que, por ejemplo, durante mucho tiempo filiales de empresas nacionales pleitearan con sus Estados a través de arbitrajes de inversiones. En España padecimos esta realidad con filiales de empresas españolas domiciliadas en Luxemburgo especialmente, que nos fueron demandando por las modificaciones en la tributación de las renovables que impulsó el Gobierno de Rajoy.

Malta ha dado un paso aún más audaz en los últimos tiempos, prohibiendo la ejecución en dicho país las sanciones que se produzcan en otros países como consecuencia de las actividades de juego por violación de los derechos de los consumidores. Es la famosa Bill 55, dictada como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo de Austria en protección de unos jugadores y que no ha podido ejecutarse en la isla mediterránea como consecuencia de la referida norma. Norma que se produce en el contexto agravado de que ser operador de juego en Malta prácticamente no tiene requisitos.

La inacción de la Comisión europea

Este es un planteamiento estable en la Unión Europea desde siempre. No ha habido una pretensión real de armonización en materia fiscal en materia de sociedades (del tipo de lo que ocurre con el IVA) a pesar de que las bajadas de impuestos están ocasionando una competencia desleal en el marco de la Unión en un doble sentido: rebaja global de ingresos y falta de armonización de una política en materia tributaria. También, como he señalado antes, en relación con los requisitos de establecimiento. Este dumping normativo sigue una senda desreguladora y de peor protección del interés general, no sólo desde la perspectiva tributaria sino desde la de las exigencias normativas ante la misma actividad en los diversos países de la Unión. En lugar de lugar de competir hacia el exterior, se compite en el interior, amparados además en la libre circulación de bienes y capitales y en las facilidades que proporcionó la Directiva Bolkestein en el marco del comercio de servicios.

El caso de la norma maltesa es especialmente llamativo. A pesar de que el problema está planteado desde hace años, la Comisión sigue “evaluando”; lo que contradice el principio de reconocimiento mutuo en materia de resoluciones judiciales del Derecho comunitario. Es cierto que el Tribunal Supremo austriaco ha presentado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia, sobre la compatibilidad del Derecho maltés con el comunitario.

Debilitamiento europeo

Cuando hoy vemos a Europa en fuera de juego de la crisis de Trump en Ucrania, cuando vemos la ruptura de Orban con principios comunes de los demás países; tenemos que plantearnos si el grado de integración comunitaria es suficiente para la protección de la ciudadanía y para la configuración de un mínimo común denominador en el ámbito comunitario. Mientras sigan existiendo “paraísos fiscales o normativos” en Europa estaremos más lejos de conseguir un planteamiento unitario en otros ámbitos, dado que se es consciente de que con incentivos, se puede hacer crear un marco competitivo.

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