El Real Decreto-ley 8/2026, en vigor desde el 22 de marzo de 2026, reconoce a los inquilinos el derecho a solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años adicionales en sus contratos de alquiler. El derecho nace con la publicación en el BOE, aunque la convalidación parlamentaria sea incierta. Analizamos los dos supuestos de aplicación, las condiciones de la prórroga y qué ocurre si el Congreso la deroga.
Contratos de emergencia del artículo 120 LCSP: cuándo procede, cómo se adjudica y qué límites subsisten
El recurso extraordinario de revision del artículo 102 LJCA plantea especialidades por su motivación, por el tipo de sentencias que se puede recurrir y por su excepcionalidad.
Los contratos menores constituyen uno de los institutos más controvertidos de la contratación pública española. El artículo 118 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público regula una figura que, pese a su aparente sencillez, encierra riesgos jurídicos relevantes —fraccionamiento del objeto, contratación encubierta de personal, identidad entre licitadores— y ha generado una copiosa doctrina de los órganos consultivos. Este análisis examina el concepto, el expediente de adjudicación, las exigencias de publicidad, la fiscalización por el Tribunal de Cuentas y las modalidades especiales, con particular atención al procedimiento abierto supersimplificado como alternativa más garantista.
El Supremo de EE.UU. anula los aranceles recíprocos de Trump por falta de competencia. Analizamos la sentencia y sus consecuencias jurídicas y económicas.
Inteligencia artificial y justicia. Comentario a la Instrucción del Consejo del Poder Judicial sobre el uso de la IA.
El asesoramiento jurídico y los informes de intervención han pasado, en muchos casos, de apoyar la decisión a sustituirla. Analizo cómo reformular su uso para gestionar el riesgo sin paralizar la acción administrativa.
Cuando el Derecho interviene al final del proceso, las alternativas ya han desaparecido.
Este análisis plantea un cambio de enfoque: pasar de una asesoría jurídica defensiva a una función de gobierno que participe desde el diseño de la decisión en la empresa pública.
Las llamadas comerciales no solicitadas están, por regla general, prohibidas en España. Este artículo explica el marco legal aplicable, el papel de la Lista Robinson y las vías efectivas de denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos.