El desencuentro de la Comunidad de Madrid con la Universidad pública

por Julio González García | Jun 14, 2004

Al parecer, un comité de la Cámara de Representantes de EEUU se ha pronunciado a favor de apoyar los esfuerzos del secretario de Estado para alcanzar un compromiso diplomático entre Marruecos y España sobre el futuro de Ceuta y Melilla. Lo de menos es saber qué es exactamente lo que está haciendo ese sujeto. Lo realmente preocupante es que estamos en la antesala de un grave problema, aumentado por la prometida venganza de EEUU por la actitud de España con ocasión de la actual guerra del golfo Pérsico.
Forzoso es comenzar por aceptar que la relación con el reino alauita es aparentemente correcta, pero está plagada de tumores, históricos y presentes, por más que el observador quiera y deba apartar todos los apriorismos negativos que entran en el análisis, pero la realidad es la que es y no ofrece motivos para el optimismo. Hay un primer punto que es obligado destacar: aun aceptando que Trump es un tipejo indeseable, es un grave error buscar el enfrentamiento con él, y, de paso, con USA, con el objetivo prioritario de presentarse ante la izquierda española – y Europea, según delira Sánchez - como máximo adalid del pensamiento progresista y de la gallardía ante el imperialismo belicista.
Las consecuencias son fácilmente previsibles, y ahí tenemos la amenaza de supresión de las bases norteamericanas en España, cosa que la progresía de salón, y algunos más de los socios de Sánchez, consideran una gran noticia, sin reparar en que el gran beneficiado puede ser Marruecos, a cuyo territorio pueden ir a parar las bases con todo lo que eso comporta, lo cual no se limita a la pérdida de unos “inquilinos”, sino que va mucho más allá, alterando gravemente la defensa de los intereses españoles.
Pero Sánchez, agobiado por las encuestas desfavorables, tenía que buscar en el baúl recursos propagandísticos y uno era el del “no a la guerra”, que irá acompañado, de aquí a las elecciones generales, del grito “OTAN no, bases fuera”, que estuvo en boga a comienzos de los 80. La probada frivolidad del actual PSOE y su jefe no detendrá el dislate, pues ningún precio para España es demasiado alto si se trata de los intereses electorales inmediatos.
Me he referido a uno más de los disparates sanchistas, pero el tema de estas notas es la relación con Marruecos. Para la mayoría de los españoles (datos del Real Instituto Elcano) Marruecos es la más grave amenaza exterior de España, muy por encima de Rusia que, en su caso, es un problema que España comparte con toda Europa en tanto que el marroquí es estrictamente español, y si la detección de la opinión se centra en Ceuta o Melilla o, incluso, en Canarias, el nivel de preocupación es mucho mayor.
A la gravedad estratégica de buscar el enfrentamiento con USA ( y con Israel) se suma la baja reacción ante hechos ya acaecidos, como han sido las invasiones incontroladas de inmigrantes ayudados por la Administración marroquí, los apresamientos injustificados de pesqueros españoles, la falta de respeto a las aguas territoriales españolas (determinadas por las Islas Canarias), y la frecuencia con la que diferentes voceros marroquíes se jactan de que el crecimiento demográfico de sus nacionales en España es un arma cargada de futuro, crecimiento que, además, sufraga en buena parte el sistema de seguridad social español.
Mientras que eso sucede, Marruecos anuncia sus proyectos de hacerse con las riquezas que atesora el suelo marino en las aguas cercanas a las Canarias y al Sahara Occidental, al que España ha abandonado a su suerte, indiferente a los intereses de sus habitantes, muchos de los cuales son, además, españoles. La tesis marroquí de que las grandes riquezas minerales que se encuentran en esas aguas le “pertenecen”, pretensión que carece de base tanto geográfica como histórica, es vista con mucha comprensión por USA, que, por supuesto, confía en beneficiarse antes o después de las políticas marroquíes de hechos consumados.
Entre tanto, España se limita a protestar, pero sin dar paso alguno en defensa de sus derechos, ya sea por temor al enfrentamiento abierto con Marruecos, ya por no contrariar al Gran Hermano yanqui, al que, paralelamente, Sánchez se permite chulear de cara a la galería, a la vez que su Gobierno, por boca del impresentable Ministro de Asuntos Exteriores, aumenta la marca de sandeces históricas asegurando que no hay ninguna razón para temer consecuencias negativas derivadas de las prohibiciones de uso de las bases de Rota y Morón. Para troncharse de risa.
Da vértigo la facilidad con la que España parece olvidar cómo las gasta Marruecos, y no por su gallardía bélica, sino por su habilidad para aprovechar los malos momentos hispanos. Hay que recordar la marcha verde sobre el Sahara Occidental durante la agonía de Franco, y el idilio de la administración Trump con Rabat es otro escenario malo para España, si, además, se combina con nuestro actual panorama político. Decir que Marruecos podría intentar apoderarse de un zarpazo de Ceuta o Melilla (por supuesto, con la abierta ayuda de USA) suena a idea fantasiosa carente de base, pero es grave imprudencia no querer contemplar esa posibilidad.
La tolerancia con las exigencias marroquíes alcanzó uno de sus puntos culminantes con la escandalosa decisión de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, con lo que España traicionaba definitivamente a los que en su momento fueron españoles. Sin que antes hubiera un debate en las Cortes, como sería lo adecuado en tema de esa importancia, Sánchez decidió en abril de 2022 dar la razón a Marruecos en el conflicto del Sahara Occidental, aceptando expresamente que la mejor solución sería la de dotar a aquel territorio de un estatuto de autonomía dentro del reino alauita, zanjando definitivamente la obligación de respetar las resoluciones de Naciones Unidas, que en modo alguno comportaban la integración directa en Marruecos.
Las consecuencias no se harían esperar, comenzando por poner al borde de la ruptura las relaciones con Argelia, dislate mayúsculo por muchos motivos, y entre ellos no es el menor el de la dependencia energética de España, necesitada del gas argelino. La torpeza estratégica y diplomática ha dado lugar a que España dependa ahora del gas que le vende EEUU, que además es peor y más caro que el argelino, según dicen los que saben de estas cosas, además de que, conociendo los cambios de humor de Trump, es altamente peligroso confiar en un suministrador que en cualquier momento puede decidir cerrar el grifo.

En otro plano se sitúan las relaciones humanas. Si comenzamos por los datos peores es obligado recordar que entre la población extranjera de las prisiones españolas el porcentaje mayor corresponde a marroquíes, es un mero hecho estadístico, pero puede ser valorado cuando se trata de la integración, pero el tema es, según creo, más grave:
Antes me he referido a la cuestión demográfica, y la abierta invocación que desde Marruecos se hace a la fuerza que suponen los vientres de las mujeres marroquíes inmigrantes, que traen sin cesar nuevos habitantes a España, país al que muchos de ellos nunca tendrán como propio, aunque haya crecientes excepciones que es obligado reconocer. En paralelo, las tasas de natalidad propias no paran de descender. Se trata de una “invasión lenta pero inexorable”, que se conjuga con la nula voluntad de integración de una gran mayoría de los marroquíes, que propenden a relacionarse exclusivamente entre ellos. Se dice, y algo de cierto hay en ello, que España no podría prescindir de la mano de obra extranjera en general y, en particular, marroquí, pero eso no es razón suficiente para no exigir comportamientos más respetuosos con España en tanto que país de acogida.
El tema de la integración ha tenido recientemente un importante momento crítico, provocado por la decisión del alcalde de Lérida de prohibir el velo integral (el burka y el niqab) en los espacios públicos. Su argumento es sencillo y, en mi opinión, contundente: es necesaria esa prohibición para la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres. Las reacciones no se han hecho esperar, comenzando por el propio PSOE, Partido al que, vía PSC, pertenece el alcalde, y, por supuesto, una legión de progres de diferentes pelajes que se han lanzado a la defensa de la libertad de cultos y costumbres. No ha faltado tampoco quien ha acusado a la medida de “discriminatoria y racista”. ¡Cuánta necedad!
Esas reacciones ponen de manifiesto algo mucho más grave, como es la subestimación de lo que es el islamismo radical y lo que puede suponer, error imperdonable, especialmente si se tienen presentes episodios trágicos como los atentados de Atocha o los de las Ramblas de Barcelona. Pero según los defensores de la posición “respetuosa” con la singularidad islámica, una prohibición de esa clase interfiere la libertad de las mujeres musulmanas que decidan ocultar su rostro.
Ese problema se vivió hace años en Francia, donde la población musulmana es mucho más numerosa que en España, dando lugar a grades controversias, que no impidieron que en 2004 se prohibieran los signos religiosos ostensibles en la escuela pública. Unos años después, en 2010, se prohibió el burka con un argumento también simple y tajante: no se puede permitir que nadie circule por las calles enmascarado. La reacción de rechazo del islamismo fue la esperable, poniendo de manifiesto algo que a fuer de evidente no es valorado: las democracias occidentales son laicas, mientras que los Estados islámicos no lo son, y esa diferencia de partida explica la incapacidad islámica para comprender (y respetar) el modo de vida de los países libres.
Ese razonamiento, perfectamente trasportable a España, y va más allá de la cuestión de la supuesta “libertad de elección” de las mujeres (sin entrar en que esa libertad es indemostrable, siendo, en cambio, seguro el ambiente de control y presión en el que viven las musulmanas). Es absurdo invocar las libertades individuales, sin antes pararse a contemplar la cantidad de violencia contra las mujeres que entraña la imposición de vestimentas.
Haríamos bien los españoles en no olvidar que el islamismo (del que participan muchos marroquíes) pretende que sus propias leyes sean respetadas en Estados de Derecho en los que rigen otras, y para lograr ese objetivo no ha dudado en hacer correr la sangre, en España y en otros Estados europeos.
He comenzado hablando de la difícil relación con Marruecos y termino extendiendo el tema a la presencia del islamismo en nuestro país y en nuestra vida cotidiana. El riesgo de violencia existe y ojalá nunca pase de ser solo un riesgo, igual que sucede con el peligro de un indeseable conflicto bélico con Marruecos, que debe evitarse a toda costa, pero sin arrodillar a España.

La Universidad pública madrileña está desarrollando unas jornadas de huelga. El desencadenante ha sido la alteración unilateral de las condiciones del complemento retributivo, pactadas entre la Comunidad de Madrid, las universidades madrileñas y los sindicatos en el año 2000. No es un hecho aislado, sino que ha sido la última manifestación del desencuentro que se está produciendo desde la llegada de Esperanza Aguirre al Gobierno regional.

Éste no es, como se ha querido plantear por el Gobierno madrileño, un conflicto de universidades gobernadas por equipos progresistas contra un Gobierno autónomo conservador. Desde la Conferencia de Rectores de las Universidades de la Comunidad de Madrid se están recordando diariamente todos los problemas que tenemos y que suelen ser comunes en todas ellas, con diferencias sólo de grado. Y todas no están gobernadas por rectores del mismo color político, pero todos están sufriendo el mismo maltrato por el Ejecutivo madrileño.

Desde la Comunidad no se aborda una inversión suficiente en infraestructuras para atender a todas las necesidades que tenemos, que afectan tanto a la construcción y acondicionamiento de los nuevos edificios como a la rehabilitación de edificios antiguos. No basta con decir, como hace la directora general de Universidades de la Comunidad de Madrid, Clara Eugenia Núñez, que se ha ampliado la cuantía, porque las dificultades distan mucho de estar cubiertas. Cuando se plantean las necesidades de financiación de las obras iniciadas y para afrontar lo imprescindible en reparación, mantenimiento y seguridad, nos hemos encontrado con la callada por respuesta. Es el resultado de una mala política en los últimos años del anterior Gobierno del Partido Popular, pero la solución es la continuación de la misma.

La solución que se ha oído y que se ha publicado en los medios ha sido que alguna se dedique al urbanismo. Frente a eso, que resulta intolerable si se quiere defender a la Universidad pública, sólo se reclama una respuesta pública que cambie las exiguas cuantías actuales por las necesarias. Por supuesto, nada de nuevas obras imprescindibles ni de rehabilitación de edificios que estén en malas condiciones o que requieran adaptación. Se supone que para la excelencia que se dice que se busca no hacen falta instalaciones.

En el planteamiento de la actividad universitaria, el Gobierno de la Comunidad está de espaldas a lo que se avecina con la implantación del espacio europeo de educación superior. Cuando se cambie el modo educativo y la clase magistral se haya de complementar con enseñanza personalizada, a través de tutorías, será exigible profesorado preparado a las nuevas condiciones y en un número mayor al que tenemos en la actualidad. Frente a comunidades como Cataluña, que han aprobado incluso un plan piloto, en Madrid no se ha hecho nada.

En este sentido, la ausencia de política para adaptar la Universidad madrileña al espacio europeo de educación superior sólo se podrá paliar con una sobrecarga de trabajo sobre el profesorado, que, además, le impedirá cumplir las obligaciones legales. Se supone que lo que se pretende es que el profesorado abandone su función investigadora y que se dedique en exclusiva a la actividad docente. Idea que, por cierto, estaba ya en el borrador de real decreto del anterior equipo del PP.

De hecho, en esta materia no hay, por parte de la Comunidad de Madrid una política global que determine necesidades y ofrezca soluciones. Su único rumbo es la reducción de costes, tanto mediante la minoración del profesorado como de las cuantías que se perciben. Debe ser considerado algo parecido a una misión histórica.

La situación del profesorado depende, eso es cierto, en buena medida del Estado, y se supone que en un futuro próximo se iniciará un proceso para modificar sus condiciones económicas. Pero frente al acuerdo al que he hecho referencia con anterioridad -que incluye, dicho sea entre paréntesis, cuantías inferiores a las de otras comunidades autónomas-, este Gobierno autónomo limita la cuantía por universidad, con lo que deja de ser individualizado; no valora los méritos del último año, sino que remite en un tercio a obtenidos en años anteriores. A ello se añade que todo el profesorado contratado, el que se encuentra en peores condiciones, pierde, de entrada, un tercio de las cuantías que percibía durante los años anteriores. Y todo ello realizado de forma unilateral, sin abrir la mesa de negociación, sin recurrir a los procedimientos de alteración de los acuerdos de las condiciones del profesorado.

En materia retributiva, el profesorado universitario, en el marco que le proporciona la LOU, sólo quiere su equiparación a las del resto del funcionariado de la Comunidad de Madrid. Los estudios comparativos que se han hecho demuestran que hay un notable agravio frente al resto de personal funcionario, a pesar de la alta cualificación que posee y que la Comunidad no reconoce.

Las condiciones del alumnado tampoco son las mejores. No hay una política para la mejora de sus condiciones presentes o futuras. Así, entre otras, se han reducido sustancialmente las cantidades para los programas de becas en el extranjero y se han alterado las condiciones de las becas generales de estudio. Son dos ejemplos entre otros. El “derecho a la ignorancia”, del que la presidenta Aguirre también ha hecho bandera de su política educativa, no es ni éticamente tolerable ni constitucionalmente admisible.

Todas estas cuestiones y otras complementarias no son sino ejemplos del desencuentro. Desencuentro que se manifiesta en un hostigamiento hacia la actividad de los rectores, acusados de malos gestores. Es un prejuicio afirmar que todos lo sean, y, además, no poner ningún argumento encima de la mesa más allá del déficit, provocado por una exigua financiación para hacer una Universidad a la altura de lo exigible en el siglo XXI. Además, demuestra el desconocimiento por parte del Gobierno de Aguirre de lo mucho que se ha avanzado con el exiguo presupuesto del que se dispone, muy inferior al de las universidades europeas.

Con todo ello, no se está sino atentando contra la autonomía universitaria, constitucionalmente reconocida. La autonomía requiere presupuestos suficientes para el cumplimiento de las funciones, lo que la Comunidad está lejos de satisfacer. Requiere, además, que exista diálogo y negociación en los asuntos que sean de interés universitario, no practicar el monólogo como mecanismo de actuación. Requiere respeto hacia unos rectores elegidos democráticamente por la comunidad universitaria. Además, con la política que está siguiendo la Comunidad se está poniendo de espaldas a la sociedad, que, como demuestran los estudios, pone a la Universidad como la institución mejor valorada.

Este artículo fue publicado en EL PAIS el 14 de junio de 2004

Autor

¿Necesita asesoramiento especializado en Derecho administrativo?