Otra Universidad pública es posible

por Julio González García | Jun 26, 2024

Al parecer, un comité de la Cámara de Representantes de EEUU se ha pronunciado a favor de apoyar los esfuerzos del secretario de Estado para alcanzar un compromiso diplomático entre Marruecos y España sobre el futuro de Ceuta y Melilla. Lo de menos es saber qué es exactamente lo que está haciendo ese sujeto. Lo realmente preocupante es que estamos en la antesala de un grave problema, aumentado por la prometida venganza de EEUU por la actitud de España con ocasión de la actual guerra del golfo Pérsico.
Forzoso es comenzar por aceptar que la relación con el reino alauita es aparentemente correcta, pero está plagada de tumores, históricos y presentes, por más que el observador quiera y deba apartar todos los apriorismos negativos que entran en el análisis, pero la realidad es la que es y no ofrece motivos para el optimismo. Hay un primer punto que es obligado destacar: aun aceptando que Trump es un tipejo indeseable, es un grave error buscar el enfrentamiento con él, y, de paso, con USA, con el objetivo prioritario de presentarse ante la izquierda española – y Europea, según delira Sánchez - como máximo adalid del pensamiento progresista y de la gallardía ante el imperialismo belicista.
Las consecuencias son fácilmente previsibles, y ahí tenemos la amenaza de supresión de las bases norteamericanas en España, cosa que la progresía de salón, y algunos más de los socios de Sánchez, consideran una gran noticia, sin reparar en que el gran beneficiado puede ser Marruecos, a cuyo territorio pueden ir a parar las bases con todo lo que eso comporta, lo cual no se limita a la pérdida de unos “inquilinos”, sino que va mucho más allá, alterando gravemente la defensa de los intereses españoles.
Pero Sánchez, agobiado por las encuestas desfavorables, tenía que buscar en el baúl recursos propagandísticos y uno era el del “no a la guerra”, que irá acompañado, de aquí a las elecciones generales, del grito “OTAN no, bases fuera”, que estuvo en boga a comienzos de los 80. La probada frivolidad del actual PSOE y su jefe no detendrá el dislate, pues ningún precio para España es demasiado alto si se trata de los intereses electorales inmediatos.
Me he referido a uno más de los disparates sanchistas, pero el tema de estas notas es la relación con Marruecos. Para la mayoría de los españoles (datos del Real Instituto Elcano) Marruecos es la más grave amenaza exterior de España, muy por encima de Rusia que, en su caso, es un problema que España comparte con toda Europa en tanto que el marroquí es estrictamente español, y si la detección de la opinión se centra en Ceuta o Melilla o, incluso, en Canarias, el nivel de preocupación es mucho mayor.
A la gravedad estratégica de buscar el enfrentamiento con USA ( y con Israel) se suma la baja reacción ante hechos ya acaecidos, como han sido las invasiones incontroladas de inmigrantes ayudados por la Administración marroquí, los apresamientos injustificados de pesqueros españoles, la falta de respeto a las aguas territoriales españolas (determinadas por las Islas Canarias), y la frecuencia con la que diferentes voceros marroquíes se jactan de que el crecimiento demográfico de sus nacionales en España es un arma cargada de futuro, crecimiento que, además, sufraga en buena parte el sistema de seguridad social español.
Mientras que eso sucede, Marruecos anuncia sus proyectos de hacerse con las riquezas que atesora el suelo marino en las aguas cercanas a las Canarias y al Sahara Occidental, al que España ha abandonado a su suerte, indiferente a los intereses de sus habitantes, muchos de los cuales son, además, españoles. La tesis marroquí de que las grandes riquezas minerales que se encuentran en esas aguas le “pertenecen”, pretensión que carece de base tanto geográfica como histórica, es vista con mucha comprensión por USA, que, por supuesto, confía en beneficiarse antes o después de las políticas marroquíes de hechos consumados.
Entre tanto, España se limita a protestar, pero sin dar paso alguno en defensa de sus derechos, ya sea por temor al enfrentamiento abierto con Marruecos, ya por no contrariar al Gran Hermano yanqui, al que, paralelamente, Sánchez se permite chulear de cara a la galería, a la vez que su Gobierno, por boca del impresentable Ministro de Asuntos Exteriores, aumenta la marca de sandeces históricas asegurando que no hay ninguna razón para temer consecuencias negativas derivadas de las prohibiciones de uso de las bases de Rota y Morón. Para troncharse de risa.
Da vértigo la facilidad con la que España parece olvidar cómo las gasta Marruecos, y no por su gallardía bélica, sino por su habilidad para aprovechar los malos momentos hispanos. Hay que recordar la marcha verde sobre el Sahara Occidental durante la agonía de Franco, y el idilio de la administración Trump con Rabat es otro escenario malo para España, si, además, se combina con nuestro actual panorama político. Decir que Marruecos podría intentar apoderarse de un zarpazo de Ceuta o Melilla (por supuesto, con la abierta ayuda de USA) suena a idea fantasiosa carente de base, pero es grave imprudencia no querer contemplar esa posibilidad.
La tolerancia con las exigencias marroquíes alcanzó uno de sus puntos culminantes con la escandalosa decisión de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, con lo que España traicionaba definitivamente a los que en su momento fueron españoles. Sin que antes hubiera un debate en las Cortes, como sería lo adecuado en tema de esa importancia, Sánchez decidió en abril de 2022 dar la razón a Marruecos en el conflicto del Sahara Occidental, aceptando expresamente que la mejor solución sería la de dotar a aquel territorio de un estatuto de autonomía dentro del reino alauita, zanjando definitivamente la obligación de respetar las resoluciones de Naciones Unidas, que en modo alguno comportaban la integración directa en Marruecos.
Las consecuencias no se harían esperar, comenzando por poner al borde de la ruptura las relaciones con Argelia, dislate mayúsculo por muchos motivos, y entre ellos no es el menor el de la dependencia energética de España, necesitada del gas argelino. La torpeza estratégica y diplomática ha dado lugar a que España dependa ahora del gas que le vende EEUU, que además es peor y más caro que el argelino, según dicen los que saben de estas cosas, además de que, conociendo los cambios de humor de Trump, es altamente peligroso confiar en un suministrador que en cualquier momento puede decidir cerrar el grifo.

En otro plano se sitúan las relaciones humanas. Si comenzamos por los datos peores es obligado recordar que entre la población extranjera de las prisiones españolas el porcentaje mayor corresponde a marroquíes, es un mero hecho estadístico, pero puede ser valorado cuando se trata de la integración, pero el tema es, según creo, más grave:
Antes me he referido a la cuestión demográfica, y la abierta invocación que desde Marruecos se hace a la fuerza que suponen los vientres de las mujeres marroquíes inmigrantes, que traen sin cesar nuevos habitantes a España, país al que muchos de ellos nunca tendrán como propio, aunque haya crecientes excepciones que es obligado reconocer. En paralelo, las tasas de natalidad propias no paran de descender. Se trata de una “invasión lenta pero inexorable”, que se conjuga con la nula voluntad de integración de una gran mayoría de los marroquíes, que propenden a relacionarse exclusivamente entre ellos. Se dice, y algo de cierto hay en ello, que España no podría prescindir de la mano de obra extranjera en general y, en particular, marroquí, pero eso no es razón suficiente para no exigir comportamientos más respetuosos con España en tanto que país de acogida.
El tema de la integración ha tenido recientemente un importante momento crítico, provocado por la decisión del alcalde de Lérida de prohibir el velo integral (el burka y el niqab) en los espacios públicos. Su argumento es sencillo y, en mi opinión, contundente: es necesaria esa prohibición para la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres. Las reacciones no se han hecho esperar, comenzando por el propio PSOE, Partido al que, vía PSC, pertenece el alcalde, y, por supuesto, una legión de progres de diferentes pelajes que se han lanzado a la defensa de la libertad de cultos y costumbres. No ha faltado tampoco quien ha acusado a la medida de “discriminatoria y racista”. ¡Cuánta necedad!
Esas reacciones ponen de manifiesto algo mucho más grave, como es la subestimación de lo que es el islamismo radical y lo que puede suponer, error imperdonable, especialmente si se tienen presentes episodios trágicos como los atentados de Atocha o los de las Ramblas de Barcelona. Pero según los defensores de la posición “respetuosa” con la singularidad islámica, una prohibición de esa clase interfiere la libertad de las mujeres musulmanas que decidan ocultar su rostro.
Ese problema se vivió hace años en Francia, donde la población musulmana es mucho más numerosa que en España, dando lugar a grades controversias, que no impidieron que en 2004 se prohibieran los signos religiosos ostensibles en la escuela pública. Unos años después, en 2010, se prohibió el burka con un argumento también simple y tajante: no se puede permitir que nadie circule por las calles enmascarado. La reacción de rechazo del islamismo fue la esperable, poniendo de manifiesto algo que a fuer de evidente no es valorado: las democracias occidentales son laicas, mientras que los Estados islámicos no lo son, y esa diferencia de partida explica la incapacidad islámica para comprender (y respetar) el modo de vida de los países libres.
Ese razonamiento, perfectamente trasportable a España, y va más allá de la cuestión de la supuesta “libertad de elección” de las mujeres (sin entrar en que esa libertad es indemostrable, siendo, en cambio, seguro el ambiente de control y presión en el que viven las musulmanas). Es absurdo invocar las libertades individuales, sin antes pararse a contemplar la cantidad de violencia contra las mujeres que entraña la imposición de vestimentas.
Haríamos bien los españoles en no olvidar que el islamismo (del que participan muchos marroquíes) pretende que sus propias leyes sean respetadas en Estados de Derecho en los que rigen otras, y para lograr ese objetivo no ha dudado en hacer correr la sangre, en España y en otros Estados europeos.
He comenzado hablando de la difícil relación con Marruecos y termino extendiendo el tema a la presencia del islamismo en nuestro país y en nuestra vida cotidiana. El riesgo de violencia existe y ojalá nunca pase de ser solo un riesgo, igual que sucede con el peligro de un indeseable conflicto bélico con Marruecos, que debe evitarse a toda costa, pero sin arrodillar a España.

El diario Cinco Días publicó en 2022 la noticia de que las Universidades privadas han incrementado el número de estudiantes en los estudios de Máster frente a la Universidad pública, de tal manera que hoy disponen de un 44% frente al 30% que tenían en el curso 2013/14. Un aumento de estudiantes que es especialmente significativa en ciencias sociales y jurídicas, lo que no deja de resultar esclarecedor.

El 27 de junio de 2024, el diario El Confidencial publicó un artículo sobre las enseñanzas jurídicas y la formación de los abogados, que iban en la misma dirección, de caída de las Universidades públicas frente a las privadas en titulaciones de grado de los abogados de los grandes despachos, y, especialmente de titulaciones de Máster. El prestigio histórico de algunas de las públicas no se compadece con la situación actual en el mercado de trabajo.

Más allá de felicitar a la Universidad privada por el ascenso, como profesor de Universidad pública cabe preguntarse ¿qué se está haciendo mal? Porque resulta llamativo que, frente a la supremacía en el grado y, sobre todo, en el doctorado en donde la Universidad privada empieza a mostrar mucho empeño en ciertas titulaciones, es en el Máster es donde encuentra su problema la Universidad pública. En el título que con más fuerza incide en la empleabilidad del egresado. El primero, el grado, suele ser un presupuesto de empleabilidad, el segundo no tiene tanta virtualidad en el mercado de trabajo.

¿Es este problema una preocupación en la Universidad pública? Tengo la triste sensación de que no es una cuestión que preocupe en exceso. De hecho, dudo mucho que sea tema de las tertulias del café de estos días en las Facultades de derecho. No sé si la causa será el mismo ensimismamiento que ha hecho que hayamos ido perdiendo protagonismo social, tanto que llegué a afirmar que el profesorado universitario no tiene quien le lea.

Los debates que llegan en los últimos años del ámbito universitario afectan a la aplicación de la reforma laboral, el impacto de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario y, en particular, los puntos que han sido más discutidos son los de la estructura de gobierno de la Universidad y la forma y criterios para acceder al Rectorado.

Que el gobierno universitario sea abigarrado no hay más que examinar Departamentos -con su Consejo y su Dirección-, Institutos de investigación -con su Consejo y su Dirección- Facultades -con su junta y su decanato-, Consejo de gobierno, Consejo social, Claustro, Comité de dirección y Rectorado.

Sin duda, se trata de una estructura compleja y robusta de resistencia al cambio, incluso cuando el cambio es sólo para reducir el número de departamentos, institutos o facultades porque no son necesarios tantos por un mero problema funcional y de número de cargos académicos. Un ejemplo suele venir bien: en la UCM hay 27 Facultades, en Harvard 14. La resistencia al cambio funciona tan bien que, de hecho, el Ministro Subirats tuvo que ceder en algunos elementos. Sin duda es un factor para que no cambien las cosas en el ámbito universitario.

Pero, en relación con lo que plantean las dos noticias del comienzo de esta entrada, el problema no está solo ahí. ¿Disponemos de suficientes instalaciones? ¿Prestamos los servicios que se requieren en el siglo XXI? Y pongo un ejemplo  ¿es normal que la biblioteca de la Universidad Complutense esté cerrada porque sea fiesta en Madrid? ¿O que haya un amplio periodo de cierre en el mes de agosto? En Harvard eso no pasa. ¿Sabemos cómo enseñar y cómo dirigirnos al estudiante para que tenga los conocimientos necesarios? ¿Cuántos cursos de reciclaje docente hay? ¿Nos siguen gustando las clases teóricas en las que exponemos con detalle diversas concepciones que los estudiantes ni valoran ni tienen porque valorar, ya que son conocimientos de otros tipos de estudio, sobre todo de doctorado? ¿Qué porcentaje de conocimientos prácticos proporcionamos en ciencias sociales y jurídicas? ¿Hemos adaptado los programas y contenidos a Bolonia o seguimos con la estructura docente de planes de estudio anteriores y que tenemos que explicar en menos tiempo? Y ¿tenemos suficiente dedicación a la docencia o revive lo de la jodidita hora de clase que tanto furor hizo hace años? Y si el lector forma parte del profesorado, que no se haga trampas al solitario.

Es cierto que la reducción del presupuesto que ha habido desde la crisis de 2008 ha hecho mella en el ámbito universitario y ha favorecido, de forma indirecta, la eclosión de las Universidades privadas, amén de que el número también haya crecido de forma considerable, en algunos casos de manera poco razonable, por el apoyo indirecto de la administración autonómica, como ha ocurrido especialmente en la Comunidad de Madrid.

Tomemos un dato: de los 1900 millones de dólares de la Universidad de California en Berkeley en el curso 2006/07, han pasado a 3100 millones en el curso 2021/22. Cito esta Universidad como Universidad pública, ya que, si hablara de Harvard, hablaríamos de más de 5000 millones de presupuesto. El Presupuesto de la UCM para 2024 es de 634 millones de euros; inferior al que hubo en 2009 de más de 660 millones de euros. Este es el interés que hay en España por la Universidad pública.

Pero el dinero también hay que buscarlo y encontrarlo, y eso es posible con una forma diferente de gobernar. Porque si no hacemos esta búsqueda de recursos, sólo nos quedará lamentarnos con la frase del antiguo Rector de Harvard Dereck Bock de que “si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia”, que es una gran realidad. Y así no se puede gobernar una Universidad pública.

Pero no sólo es una cuestión de dinero, sino también de que las autoridades académicas y el profesorado seamos conscientes de cuál es el papel de los estudios universitarios en la sociedad; de cómo tenemos que hacer la docencia atractiva y los estudios adecuados a lo que pide el mercado de trabajo. ¿Se ha hecho algún estudio sobre cómo nos ven fuera del ámbito universitario público? ¿Se es consciente de que nos perciben como un grupo de teóricos, con mucho ego, desconectados de la realidad? ¿Qué hacemos para incrementar el prestigio de nuestras Universidades y para que proporcionemos la formación que requiere la sociedad?

Estoy seguro de que otra Universidad Pública es posible. Pero es una tarea colectiva en la que tenemos que poner el empeño la comunidad universitaria en su conjunto. Mientras no demos un impulso nuevo a cómo gobernamos la Universidad, cómo generamos conciencia de lo que espera la sociedad de nosotros, de cómo estimulamos conciencias, seguiremos como el tango, cuesta abajo en la rodada. Y esto es más temprano que tarde.

Los toques de tradición que proporcionan el Gaudeamus Igitur, los maceros, las mucetas, birretes, puñetas y togas, están bien (o no) para actos académicos de apertura de curso o de santo Tomás de Aquino. Si seguimos pensando, acríticamente, en que todo está bien, que con la etiqueta de Universidad clásica, con historia, es suficiente; iremos a un suicidio colectivo, ya que el aggiornamiento es una necesidad para adaptarnos a los requerimientos de la sociedad.

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