El anuncio de un régimen singular financiero-tributario para Cataluña ha disparado bastantes alarmas. Una de sus consecuencias posibles es que incida en la interpretación y aplicación de los delitos fiscales, que se nutren de normas tributarias que pueden ser diferentes en cada Comunidad Autónoma, con la indeseable consecuencia de que un mismo hecho sea delictivo en algunas CCAA y no en otras. Pero eso ya está sucediendo con el Impuesto sobre el Patrimonio. Parece ignorarse la reserva competencial del Estado en materia penal.