Imágenes dispares: Administración de Justicia y Poder judicial 

por Gonzalo Quintero Olivares | Dic 3, 2024

Al parecer, un comité de la Cámara de Representantes de EEUU se ha pronunciado a favor de apoyar los esfuerzos del secretario de Estado para alcanzar un compromiso diplomático entre Marruecos y España sobre el futuro de Ceuta y Melilla. Lo de menos es saber qué es exactamente lo que está haciendo ese sujeto. Lo realmente preocupante es que estamos en la antesala de un grave problema, aumentado por la prometida venganza de EEUU por la actitud de España con ocasión de la actual guerra del golfo Pérsico.
Forzoso es comenzar por aceptar que la relación con el reino alauita es aparentemente correcta, pero está plagada de tumores, históricos y presentes, por más que el observador quiera y deba apartar todos los apriorismos negativos que entran en el análisis, pero la realidad es la que es y no ofrece motivos para el optimismo. Hay un primer punto que es obligado destacar: aun aceptando que Trump es un tipejo indeseable, es un grave error buscar el enfrentamiento con él, y, de paso, con USA, con el objetivo prioritario de presentarse ante la izquierda española – y Europea, según delira Sánchez - como máximo adalid del pensamiento progresista y de la gallardía ante el imperialismo belicista.
Las consecuencias son fácilmente previsibles, y ahí tenemos la amenaza de supresión de las bases norteamericanas en España, cosa que la progresía de salón, y algunos más de los socios de Sánchez, consideran una gran noticia, sin reparar en que el gran beneficiado puede ser Marruecos, a cuyo territorio pueden ir a parar las bases con todo lo que eso comporta, lo cual no se limita a la pérdida de unos “inquilinos”, sino que va mucho más allá, alterando gravemente la defensa de los intereses españoles.
Pero Sánchez, agobiado por las encuestas desfavorables, tenía que buscar en el baúl recursos propagandísticos y uno era el del “no a la guerra”, que irá acompañado, de aquí a las elecciones generales, del grito “OTAN no, bases fuera”, que estuvo en boga a comienzos de los 80. La probada frivolidad del actual PSOE y su jefe no detendrá el dislate, pues ningún precio para España es demasiado alto si se trata de los intereses electorales inmediatos.
Me he referido a uno más de los disparates sanchistas, pero el tema de estas notas es la relación con Marruecos. Para la mayoría de los españoles (datos del Real Instituto Elcano) Marruecos es la más grave amenaza exterior de España, muy por encima de Rusia que, en su caso, es un problema que España comparte con toda Europa en tanto que el marroquí es estrictamente español, y si la detección de la opinión se centra en Ceuta o Melilla o, incluso, en Canarias, el nivel de preocupación es mucho mayor.
A la gravedad estratégica de buscar el enfrentamiento con USA ( y con Israel) se suma la baja reacción ante hechos ya acaecidos, como han sido las invasiones incontroladas de inmigrantes ayudados por la Administración marroquí, los apresamientos injustificados de pesqueros españoles, la falta de respeto a las aguas territoriales españolas (determinadas por las Islas Canarias), y la frecuencia con la que diferentes voceros marroquíes se jactan de que el crecimiento demográfico de sus nacionales en España es un arma cargada de futuro, crecimiento que, además, sufraga en buena parte el sistema de seguridad social español.
Mientras que eso sucede, Marruecos anuncia sus proyectos de hacerse con las riquezas que atesora el suelo marino en las aguas cercanas a las Canarias y al Sahara Occidental, al que España ha abandonado a su suerte, indiferente a los intereses de sus habitantes, muchos de los cuales son, además, españoles. La tesis marroquí de que las grandes riquezas minerales que se encuentran en esas aguas le “pertenecen”, pretensión que carece de base tanto geográfica como histórica, es vista con mucha comprensión por USA, que, por supuesto, confía en beneficiarse antes o después de las políticas marroquíes de hechos consumados.
Entre tanto, España se limita a protestar, pero sin dar paso alguno en defensa de sus derechos, ya sea por temor al enfrentamiento abierto con Marruecos, ya por no contrariar al Gran Hermano yanqui, al que, paralelamente, Sánchez se permite chulear de cara a la galería, a la vez que su Gobierno, por boca del impresentable Ministro de Asuntos Exteriores, aumenta la marca de sandeces históricas asegurando que no hay ninguna razón para temer consecuencias negativas derivadas de las prohibiciones de uso de las bases de Rota y Morón. Para troncharse de risa.
Da vértigo la facilidad con la que España parece olvidar cómo las gasta Marruecos, y no por su gallardía bélica, sino por su habilidad para aprovechar los malos momentos hispanos. Hay que recordar la marcha verde sobre el Sahara Occidental durante la agonía de Franco, y el idilio de la administración Trump con Rabat es otro escenario malo para España, si, además, se combina con nuestro actual panorama político. Decir que Marruecos podría intentar apoderarse de un zarpazo de Ceuta o Melilla (por supuesto, con la abierta ayuda de USA) suena a idea fantasiosa carente de base, pero es grave imprudencia no querer contemplar esa posibilidad.
La tolerancia con las exigencias marroquíes alcanzó uno de sus puntos culminantes con la escandalosa decisión de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, con lo que España traicionaba definitivamente a los que en su momento fueron españoles. Sin que antes hubiera un debate en las Cortes, como sería lo adecuado en tema de esa importancia, Sánchez decidió en abril de 2022 dar la razón a Marruecos en el conflicto del Sahara Occidental, aceptando expresamente que la mejor solución sería la de dotar a aquel territorio de un estatuto de autonomía dentro del reino alauita, zanjando definitivamente la obligación de respetar las resoluciones de Naciones Unidas, que en modo alguno comportaban la integración directa en Marruecos.
Las consecuencias no se harían esperar, comenzando por poner al borde de la ruptura las relaciones con Argelia, dislate mayúsculo por muchos motivos, y entre ellos no es el menor el de la dependencia energética de España, necesitada del gas argelino. La torpeza estratégica y diplomática ha dado lugar a que España dependa ahora del gas que le vende EEUU, que además es peor y más caro que el argelino, según dicen los que saben de estas cosas, además de que, conociendo los cambios de humor de Trump, es altamente peligroso confiar en un suministrador que en cualquier momento puede decidir cerrar el grifo.

En otro plano se sitúan las relaciones humanas. Si comenzamos por los datos peores es obligado recordar que entre la población extranjera de las prisiones españolas el porcentaje mayor corresponde a marroquíes, es un mero hecho estadístico, pero puede ser valorado cuando se trata de la integración, pero el tema es, según creo, más grave:
Antes me he referido a la cuestión demográfica, y la abierta invocación que desde Marruecos se hace a la fuerza que suponen los vientres de las mujeres marroquíes inmigrantes, que traen sin cesar nuevos habitantes a España, país al que muchos de ellos nunca tendrán como propio, aunque haya crecientes excepciones que es obligado reconocer. En paralelo, las tasas de natalidad propias no paran de descender. Se trata de una “invasión lenta pero inexorable”, que se conjuga con la nula voluntad de integración de una gran mayoría de los marroquíes, que propenden a relacionarse exclusivamente entre ellos. Se dice, y algo de cierto hay en ello, que España no podría prescindir de la mano de obra extranjera en general y, en particular, marroquí, pero eso no es razón suficiente para no exigir comportamientos más respetuosos con España en tanto que país de acogida.
El tema de la integración ha tenido recientemente un importante momento crítico, provocado por la decisión del alcalde de Lérida de prohibir el velo integral (el burka y el niqab) en los espacios públicos. Su argumento es sencillo y, en mi opinión, contundente: es necesaria esa prohibición para la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres. Las reacciones no se han hecho esperar, comenzando por el propio PSOE, Partido al que, vía PSC, pertenece el alcalde, y, por supuesto, una legión de progres de diferentes pelajes que se han lanzado a la defensa de la libertad de cultos y costumbres. No ha faltado tampoco quien ha acusado a la medida de “discriminatoria y racista”. ¡Cuánta necedad!
Esas reacciones ponen de manifiesto algo mucho más grave, como es la subestimación de lo que es el islamismo radical y lo que puede suponer, error imperdonable, especialmente si se tienen presentes episodios trágicos como los atentados de Atocha o los de las Ramblas de Barcelona. Pero según los defensores de la posición “respetuosa” con la singularidad islámica, una prohibición de esa clase interfiere la libertad de las mujeres musulmanas que decidan ocultar su rostro.
Ese problema se vivió hace años en Francia, donde la población musulmana es mucho más numerosa que en España, dando lugar a grades controversias, que no impidieron que en 2004 se prohibieran los signos religiosos ostensibles en la escuela pública. Unos años después, en 2010, se prohibió el burka con un argumento también simple y tajante: no se puede permitir que nadie circule por las calles enmascarado. La reacción de rechazo del islamismo fue la esperable, poniendo de manifiesto algo que a fuer de evidente no es valorado: las democracias occidentales son laicas, mientras que los Estados islámicos no lo son, y esa diferencia de partida explica la incapacidad islámica para comprender (y respetar) el modo de vida de los países libres.
Ese razonamiento, perfectamente trasportable a España, y va más allá de la cuestión de la supuesta “libertad de elección” de las mujeres (sin entrar en que esa libertad es indemostrable, siendo, en cambio, seguro el ambiente de control y presión en el que viven las musulmanas). Es absurdo invocar las libertades individuales, sin antes pararse a contemplar la cantidad de violencia contra las mujeres que entraña la imposición de vestimentas.
Haríamos bien los españoles en no olvidar que el islamismo (del que participan muchos marroquíes) pretende que sus propias leyes sean respetadas en Estados de Derecho en los que rigen otras, y para lograr ese objetivo no ha dudado en hacer correr la sangre, en España y en otros Estados europeos.
He comenzado hablando de la difícil relación con Marruecos y termino extendiendo el tema a la presencia del islamismo en nuestro país y en nuestra vida cotidiana. El riesgo de violencia existe y ojalá nunca pase de ser solo un riesgo, igual que sucede con el peligro de un indeseable conflicto bélico con Marruecos, que debe evitarse a toda costa, pero sin arrodillar a España.

 

La valoración de la justicia. Imágenes dispares: Administración de Justicia y Poder judicial  

La confluencia de dos datos en apariencia contradictorios ha vuelto a poner sobre la mesa un viejo problema, como es el de la imagen y valoración de la justicia como servicio y como Poder del Estado. Por una parte, según una encuesta del CIS (dato a retener) la Administración de Justicia es el servicio público peor valorado por los españoles. Paralelamente, el Poder Judicial, según otros sondeos, es el mejor valorado de los tres Poderes del Estado.

Algunos han visto en esa diferencia una contradicción, que, según creo, no existe: el servicio público de justicia tiene carencias o defectos, con causas sociológicas – derivados de la capacidad personal, cultural y económica para acceder a él - y estructurales, provocados muchas veces por la insuficiencia de órganos jurisdiccionales o la sobrecarga de trabajo en los que hay, lo que conduce a la lentitud que puede ser incomprensible, exasperante y desalentadora. Pero eso no se confunde con lo que significa el Poder Judicial.

 En el fondo sucede algo parecido con el sistema público de salud: de una parte, se amontonan las quejas por la espera para las operaciones o las aglomeraciones en las consultas médicas y otras que son sobradamente conocidas, pero, a la vez, es fácil constatar que para una mayoría de españoles nuestra sanidad pública es una de las mejores del mundo, por su calidad profesional y asistencial. Y no es una contradicción. Tal vez con la Administración de Justicia y la valoración del Poder Judicial suceda algo parecido, pero creo que también hay datos diferenciales.

    En el problema de la valoración de la Administración de Justicia la realidad deja poco espacio al optimismo, y para muestra un botón: con motivo de la discusión sobre cuál era el mejor modo de abordar el problema de la ocupación ilegal de viviendas – y no entraré en los muchos y graves subproblemas que la cuestión encierra – se ha dicho que en la inminente reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal se establecerá el criterio de que esa clase de infracciones (allanamientos de morada o usurpaciones) se juzgarán a través del sistema de “juicios rápidos”, que, teóricamente, garantizan una pronta solución a esos conflictos. Pero ante esa noticia se ha advertido que, en la ciudad de Barcelona, en la que se produce el mayor número de ocupaciones, en estos momentos, se están señalando juicios “rápidos” para…enero de 2026. No hay que esforzarse mucho para aceptar que es una noticia decepcionante, por más que se quiera reducir su impacto diciendo que en muchos casos la conformidad permitirá ganar tiempo, pues eso no supondrá en ningún caso que la teórica y pretendida rapidez se vaya a producir.

  Las consecuencias son también imaginables, y, en el caso de las ocupaciones, llevan desde la forzada búsqueda de otras vías para resolver el problema (vías que según Unidas Podemos y Sumar habría que criminalizar) hasta, para el resto de los cientos de casos de pequeña delincuencia contra el patrimonio, la producción de la prescripción del hecho y la evaporación de cualquier atisbo de prevención general que pueda ejercer el sistema penal hacia un nutrido colectivo de delincuentes.

  Llueve sobre mojado, pues la ciudadanía, que es la que califica tan a la baja al servicio público de justicia, ya arrastra – siempre según las encuestas – un gran escepticismo sobre las virtudes del sistema judicial cuando alguien se ve en la necesidad de acudir a él o está sometido a un procedimiento penal. La relación de las críticas es amplia y, en lo que alcanzo a observar, el único defecto del que no se habla porque ha desaparecido, afortunadamente, es la antigua frecuencia de las “astillas”, que eran propinas imprescindibles para circular por el mundo de los Juzgados.

   La crítica antes indicada tiene, pues, motivos conocidos. Y lo peor no es la censura basada en el funcionamiento del sistema de justicia, sino que existe un alto porcentaje de ciudadanos que con facilidad claman que “no hay justicia”, sin que sea dable saber lo que lleva a esa idea a cada uno que lo dice, especialmente cuando no han tenido nunca una relación directa con los tribunales. Indudablemente cada cual tendrá sus motivos, y el observador solo puede trazar un marco ideal para una valoración positiva del sistema de justicia que, tal vez, no se cumple debidamente. Ese deseable marco se caracteriza por las notas de estabilidad, predictibilidad, y flexibilidad.

Es lógico que el ciudadano espere que la respuesta judicial no sea aleatoria, sino estable en sus criterios, esto es predecible, pues la predictibilidad es una manifestación de la seguridad jurídica, y también que sea comprensible en sus decisiones, lo cual no afecta solo a las sentencias, sino a decisiones de toda clase que muchas veces causan estupor en la ciudadanía, que no tiene por qué ser perita en cuestiones como la prescripción, el transcurso del tiempo máximo de prisión provisional, la ejecución de la condena con arreglo al sistema de grados, y tantas otras materias en las que, precisamente por ser a veces incomprensibles las actuaciones judiciales, dan pie a críticas descabelladas, cuando no interesadas.

La lentitud de la justicia es una censura que no parece posible superar, cual si se tratara de un problema consubstancial. Se acepta que la justicia demasiado rápida puede no ser justicia, pero eso, que es cierto, no justifica procesos penales que se eternizan por muchas causas, de las cuales bastantes pueden seguramente atribuirse a los propios ciudadanos o a sus abogados y , la mayor parte , al sistema judicial y procesal, pero el hecho final es que la imagen lesionada es la de la justicia.

A una sociedad moderna debe preocuparle seriamente que los ciudadanos opinen que ante la perspectiva de una solución demasiado lejana en el tiempo es mejor soportar el daño que entrar en un litigio, o que se escandalicen cuando leen la información sobre un juicio que comienza y es sobre hechos acaecidos diez o doce años antes, lo que no es infrecuente. Esa es una de las mayores fuentes de decepción ante el Estado de Derecho, y el fracaso de las soluciones judiciales es, en el fondo, el fiasco del derecho como forma de resolución de los enfrentamientos entre ciudadanos o de los conflictos de éstos con el Estado.

Desgraciadamente, ya sea en los programas de los Partidos políticos o en los de las asociaciones judiciales, se incluyen los “males” de la justicia como problema a resolver sin demora, pero es perceptible el pesimismo de los que atienden a esas cuestiones, que caen en la convicción de que se trata de problemas insolubles porque los responsables del sistema de justicia penal son incapaces de hacerlo mejor, conclusión injusta por lo que tiene de imputación de la responsabilidad a los jueces, fiscales y funcionarios judiciales, que mayoritariamente se entregan a su trabajo sin regatear esfuerzos resolviendo cada año  cientos de miles de asuntos. Cuestión diferente es que la carga de trabajo desborde la capacidad de los recursos personales.

Ante ese panorama sería normal que se considerase sorprendente el enorme número de procesos penales (el número mayor de todas las jurisdicciones) que se incoan, de oficio o a instancia de parte, a lo que se une el crecimiento continuo e imparable del número de infracciones penales, que pone de manifiesto cómo en la clase política y en muchos sectores sociales se considera imprescindible acudir a la justicia penal como mejor modo de abordar un problema. Y esa tendencia convive con el escepticismo profundo sobre la posibilidad de que los que realmente delinquen sean castigados y, menos aún, que se alcance el deseable efecto de prevención general a través de las conminaciones penales, pues eso solo es posible a partir de la certeza de que el proceso y las leyes penales se cumplirán adecuadamente.

No es así, y, en los últimos tiempos se ha usado y abusado de las leyes penales y procesales, con modificaciones sectarias y constantes. Y pese a ello, tal como decía al principio, el Poder judicial es el mejor valorado de los tres Poderes del Estado.

Pero también eso ha de tener una explicación. En primer lugar, las modificaciones de las leyes penales y procesales han sido impulsadas, como es lógico, por quienes detentan el poder de hacerlo, y solo ellos son responsables de sus contenidos y sus éxitos y, especialmente, fracasos. El prestigio que, a su vez, tiene el cuerpo legislativo (Diputados y Senadores) se sitúa entre lo bajo y lo nulo, pues para el gran público, que es la ciudadanía, se trata de personajes adiestrados para aplaudir cuando se les indique y que rara vez han expuesto y desarrollado ideas precisas sobre problemas jurídicos. Es también sabido que deben su escaño al sistema de lista cerrada controlado por los Partidos, y el camino para hacerse un lugar en esas listas no transcurre por los criterios de mérito y capacidad (con todas las excepciones que se quiera). Así las cosas, la posibilidad de reconocer un prestigio al Poder Legislativo, especialmente en los últimos años, carece de viabilidad.

En cuanto al Poder Ejecutivo, encabezado por el Gobierno y los Gobiernos de las CCAA, se debe señalar la confusión entre la valoración de la acción del Gobierno con su Presidente a la cabeza, y la tarea de los funcionarios públicos, cuya actividad cotidiana es desconocida por la mayoría de los ciudadanos. La consecuencia es que la valoración del Poder Ejecutivo acaba siendo resumida y reemplazada por la que se hace del Gobierno, y es normal que así sea, pues el ciudadano medio no puede ni sabe ni tiene porqué saber cuál es la realidad del trabajo y de la eficiencia de los funcionarios.

La conclusión no puede ser única, salvo en un aspecto común: la inevitable superficialidad de encuestas que no se realizan entre personas concernidas por las cuestiones propias de cada uno de los Poderes del Estado, (lo que no significa que no puedan opinar lo que consideren adecuado) a lo que se debe añadir, en favor del Poder Judicial, su garantía de que, pese a todo lo que se dice y se pretende, se integra por un colectivo de profesionales independientes y técnicos, más allá de los posibles fallos y errores, mientras que el descrédito de la política y los políticos determina la opinión sobre el Legislativo y el Ejecutivo, y eso no se puede neutralizar desacreditando al Poder Judicial.

En conjunto, pocos motivos de satisfacción.

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