Contratación pública, controles y corrupción

por Julio González García | Nov 20, 2025

Al parecer, un comité de la Cámara de Representantes de EEUU se ha pronunciado a favor de apoyar los esfuerzos del secretario de Estado para alcanzar un compromiso diplomático entre Marruecos y España sobre el futuro de Ceuta y Melilla. Lo de menos es saber qué es exactamente lo que está haciendo ese sujeto. Lo realmente preocupante es que estamos en la antesala de un grave problema, aumentado por la prometida venganza de EEUU por la actitud de España con ocasión de la actual guerra del golfo Pérsico.
Forzoso es comenzar por aceptar que la relación con el reino alauita es aparentemente correcta, pero está plagada de tumores, históricos y presentes, por más que el observador quiera y deba apartar todos los apriorismos negativos que entran en el análisis, pero la realidad es la que es y no ofrece motivos para el optimismo. Hay un primer punto que es obligado destacar: aun aceptando que Trump es un tipejo indeseable, es un grave error buscar el enfrentamiento con él, y, de paso, con USA, con el objetivo prioritario de presentarse ante la izquierda española – y Europea, según delira Sánchez - como máximo adalid del pensamiento progresista y de la gallardía ante el imperialismo belicista.
Las consecuencias son fácilmente previsibles, y ahí tenemos la amenaza de supresión de las bases norteamericanas en España, cosa que la progresía de salón, y algunos más de los socios de Sánchez, consideran una gran noticia, sin reparar en que el gran beneficiado puede ser Marruecos, a cuyo territorio pueden ir a parar las bases con todo lo que eso comporta, lo cual no se limita a la pérdida de unos “inquilinos”, sino que va mucho más allá, alterando gravemente la defensa de los intereses españoles.
Pero Sánchez, agobiado por las encuestas desfavorables, tenía que buscar en el baúl recursos propagandísticos y uno era el del “no a la guerra”, que irá acompañado, de aquí a las elecciones generales, del grito “OTAN no, bases fuera”, que estuvo en boga a comienzos de los 80. La probada frivolidad del actual PSOE y su jefe no detendrá el dislate, pues ningún precio para España es demasiado alto si se trata de los intereses electorales inmediatos.
Me he referido a uno más de los disparates sanchistas, pero el tema de estas notas es la relación con Marruecos. Para la mayoría de los españoles (datos del Real Instituto Elcano) Marruecos es la más grave amenaza exterior de España, muy por encima de Rusia que, en su caso, es un problema que España comparte con toda Europa en tanto que el marroquí es estrictamente español, y si la detección de la opinión se centra en Ceuta o Melilla o, incluso, en Canarias, el nivel de preocupación es mucho mayor.
A la gravedad estratégica de buscar el enfrentamiento con USA ( y con Israel) se suma la baja reacción ante hechos ya acaecidos, como han sido las invasiones incontroladas de inmigrantes ayudados por la Administración marroquí, los apresamientos injustificados de pesqueros españoles, la falta de respeto a las aguas territoriales españolas (determinadas por las Islas Canarias), y la frecuencia con la que diferentes voceros marroquíes se jactan de que el crecimiento demográfico de sus nacionales en España es un arma cargada de futuro, crecimiento que, además, sufraga en buena parte el sistema de seguridad social español.
Mientras que eso sucede, Marruecos anuncia sus proyectos de hacerse con las riquezas que atesora el suelo marino en las aguas cercanas a las Canarias y al Sahara Occidental, al que España ha abandonado a su suerte, indiferente a los intereses de sus habitantes, muchos de los cuales son, además, españoles. La tesis marroquí de que las grandes riquezas minerales que se encuentran en esas aguas le “pertenecen”, pretensión que carece de base tanto geográfica como histórica, es vista con mucha comprensión por USA, que, por supuesto, confía en beneficiarse antes o después de las políticas marroquíes de hechos consumados.
Entre tanto, España se limita a protestar, pero sin dar paso alguno en defensa de sus derechos, ya sea por temor al enfrentamiento abierto con Marruecos, ya por no contrariar al Gran Hermano yanqui, al que, paralelamente, Sánchez se permite chulear de cara a la galería, a la vez que su Gobierno, por boca del impresentable Ministro de Asuntos Exteriores, aumenta la marca de sandeces históricas asegurando que no hay ninguna razón para temer consecuencias negativas derivadas de las prohibiciones de uso de las bases de Rota y Morón. Para troncharse de risa.
Da vértigo la facilidad con la que España parece olvidar cómo las gasta Marruecos, y no por su gallardía bélica, sino por su habilidad para aprovechar los malos momentos hispanos. Hay que recordar la marcha verde sobre el Sahara Occidental durante la agonía de Franco, y el idilio de la administración Trump con Rabat es otro escenario malo para España, si, además, se combina con nuestro actual panorama político. Decir que Marruecos podría intentar apoderarse de un zarpazo de Ceuta o Melilla (por supuesto, con la abierta ayuda de USA) suena a idea fantasiosa carente de base, pero es grave imprudencia no querer contemplar esa posibilidad.
La tolerancia con las exigencias marroquíes alcanzó uno de sus puntos culminantes con la escandalosa decisión de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, con lo que España traicionaba definitivamente a los que en su momento fueron españoles. Sin que antes hubiera un debate en las Cortes, como sería lo adecuado en tema de esa importancia, Sánchez decidió en abril de 2022 dar la razón a Marruecos en el conflicto del Sahara Occidental, aceptando expresamente que la mejor solución sería la de dotar a aquel territorio de un estatuto de autonomía dentro del reino alauita, zanjando definitivamente la obligación de respetar las resoluciones de Naciones Unidas, que en modo alguno comportaban la integración directa en Marruecos.
Las consecuencias no se harían esperar, comenzando por poner al borde de la ruptura las relaciones con Argelia, dislate mayúsculo por muchos motivos, y entre ellos no es el menor el de la dependencia energética de España, necesitada del gas argelino. La torpeza estratégica y diplomática ha dado lugar a que España dependa ahora del gas que le vende EEUU, que además es peor y más caro que el argelino, según dicen los que saben de estas cosas, además de que, conociendo los cambios de humor de Trump, es altamente peligroso confiar en un suministrador que en cualquier momento puede decidir cerrar el grifo.

En otro plano se sitúan las relaciones humanas. Si comenzamos por los datos peores es obligado recordar que entre la población extranjera de las prisiones españolas el porcentaje mayor corresponde a marroquíes, es un mero hecho estadístico, pero puede ser valorado cuando se trata de la integración, pero el tema es, según creo, más grave:
Antes me he referido a la cuestión demográfica, y la abierta invocación que desde Marruecos se hace a la fuerza que suponen los vientres de las mujeres marroquíes inmigrantes, que traen sin cesar nuevos habitantes a España, país al que muchos de ellos nunca tendrán como propio, aunque haya crecientes excepciones que es obligado reconocer. En paralelo, las tasas de natalidad propias no paran de descender. Se trata de una “invasión lenta pero inexorable”, que se conjuga con la nula voluntad de integración de una gran mayoría de los marroquíes, que propenden a relacionarse exclusivamente entre ellos. Se dice, y algo de cierto hay en ello, que España no podría prescindir de la mano de obra extranjera en general y, en particular, marroquí, pero eso no es razón suficiente para no exigir comportamientos más respetuosos con España en tanto que país de acogida.
El tema de la integración ha tenido recientemente un importante momento crítico, provocado por la decisión del alcalde de Lérida de prohibir el velo integral (el burka y el niqab) en los espacios públicos. Su argumento es sencillo y, en mi opinión, contundente: es necesaria esa prohibición para la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres. Las reacciones no se han hecho esperar, comenzando por el propio PSOE, Partido al que, vía PSC, pertenece el alcalde, y, por supuesto, una legión de progres de diferentes pelajes que se han lanzado a la defensa de la libertad de cultos y costumbres. No ha faltado tampoco quien ha acusado a la medida de “discriminatoria y racista”. ¡Cuánta necedad!
Esas reacciones ponen de manifiesto algo mucho más grave, como es la subestimación de lo que es el islamismo radical y lo que puede suponer, error imperdonable, especialmente si se tienen presentes episodios trágicos como los atentados de Atocha o los de las Ramblas de Barcelona. Pero según los defensores de la posición “respetuosa” con la singularidad islámica, una prohibición de esa clase interfiere la libertad de las mujeres musulmanas que decidan ocultar su rostro.
Ese problema se vivió hace años en Francia, donde la población musulmana es mucho más numerosa que en España, dando lugar a grades controversias, que no impidieron que en 2004 se prohibieran los signos religiosos ostensibles en la escuela pública. Unos años después, en 2010, se prohibió el burka con un argumento también simple y tajante: no se puede permitir que nadie circule por las calles enmascarado. La reacción de rechazo del islamismo fue la esperable, poniendo de manifiesto algo que a fuer de evidente no es valorado: las democracias occidentales son laicas, mientras que los Estados islámicos no lo son, y esa diferencia de partida explica la incapacidad islámica para comprender (y respetar) el modo de vida de los países libres.
Ese razonamiento, perfectamente trasportable a España, y va más allá de la cuestión de la supuesta “libertad de elección” de las mujeres (sin entrar en que esa libertad es indemostrable, siendo, en cambio, seguro el ambiente de control y presión en el que viven las musulmanas). Es absurdo invocar las libertades individuales, sin antes pararse a contemplar la cantidad de violencia contra las mujeres que entraña la imposición de vestimentas.
Haríamos bien los españoles en no olvidar que el islamismo (del que participan muchos marroquíes) pretende que sus propias leyes sean respetadas en Estados de Derecho en los que rigen otras, y para lograr ese objetivo no ha dudado en hacer correr la sangre, en España y en otros Estados europeos.
He comenzado hablando de la difícil relación con Marruecos y termino extendiendo el tema a la presencia del islamismo en nuestro país y en nuestra vida cotidiana. El riesgo de violencia existe y ojalá nunca pase de ser solo un riesgo, igual que sucede con el peligro de un indeseable conflicto bélico con Marruecos, que debe evitarse a toda costa, pero sin arrodillar a España.

Los casos de corrupción, en particular el de Abalos, Garcia y Cerdán, nos ponen de nuevo en la pista del problema central. ¿Cómo no se ha podido prevenir y parar durante el procedimiento de contratación?

Porque resulta que en un procedimiento de contratación de un Ministerio hay informes de funcionarios de valoración y de admisión de candidaturas, mesa de contratación (con la presencia de la abogacía del estado y la intervención), hay intervención previa del gasto, control a posteriori del Tribunal de Cuentas; al mismo tiempo otros licitadores pueden recurrir al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales competente y, sin embargo, como ha ocurrido en otras ocasiones, el problema de la corrupción en la contratación permanece; apareciendo casos cada poco tiempo que reflejan que sigue siendo un problema. Parece que, cuando hablamos de contratación y corrupción, cuatro ojos no ven más que dos. 

Y todos los que observamos la contratación pública vemos que es un problema desde la perspectiva de la gestión, en buena medida porque el procedimiento retrasa mucho la determinación de quién es el licitador ganador.

Por cierto, aunque los problemas se suelen ver en la fase de adjudicación del contrato, no podemos olvidar que en la fase de ejecución también es posible la corrupción a través de las modificaciones de los contratos y por un incorrecto ejercicio de las potestades administrativas, o mediante la realización de prestaciones no incluidas en el contrato. El poco interés que muestra la Ley de Contratos en la ejecución no resulta, en este punto razonable, por más que se haya creado la figura del responsable del contrato, cuyos contornos y eficacia siguen siendo mejorables.

Se suele mirar hacia arriba, a los responsables políticos que organizaron el fenómeno de corrupción. Es razonable. En el caso referido al comienzo, pero también al de Almería de esta semana o, en general en cualquier otro, hay aparentemente un impulso de los responsables políticos, en la mayor parte de los casos para enriquecimiento personal, aunque puedan existir otros destinos. Pero en cada contrato público el órgano de contratación (que no suele ser el Ministro) firma la adjudicación después de muchos informes motivadísimos que acreditan que la solución propuesta es la mejor. Y, casualidades de la vida, la solución propuesta parece que es coincidente con la del 2% de Cerdán, el 3% de CiU o de Gurtel o Kitchen o Lezo del PP. 

Algo falla en el análisis de las personas implicadas en el problema y sobre todo en cómo arbitrar procedimientos que permitan evitar la corrupción. En este punto, durante la tramitación de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público estuvo sobrevolando la corrupción del PP de aquellos días. Pero, a la vista de lo ocurrido desde entonces, parece claro que faltan medidas (legislativas, pero también administrativas y de gestión) y falta cultura.  

Posiblemente, el problema estribe en que aquí también hay lucha de clases y los pagos a los eslabones más bajos de la cadena son de tan escasa magnitud que no queda rastro. En alguna ponencia que he escuchado a miembros de la Guardia Civil se señalan las vías para que esto pueda ocurrir. Y claro, no quedan pruebas de un puro de muchos euros o de una comida opípara pagada en efectivo.

En todo caso, en uno de los supuestos del caso Cerdán, la Cámara de Cuentas de Navarra ya señaló un elemento en el que se debería mejorar: el procedimiento de las mesas de contratación. “Si bien la normativa no detalla el procedimiento que deben seguir las Mesas de Contratación, para efectuar la valoración de las ofertas técnicas, esta Cámara considera que debe establecerse un procedimiento en el que todos los intervinientes dispongan de la misma información que garantice la imparcialidad de las puntuaciones, y por lo tanto los principios de igualdad de trato y transparencia”.

Pero también habría que arbitrar procedimientos que eviten cosas extrañas: ¿Por qué una empresa de miles de trabajadores va en UTE con una empresa local que no tiene apenas personal? ¿Se revisan si todos los supuestos son de competencia real o si por el contrario hay competencia ficticia, manifestado en que hay diversos participantes en el procedimiento con el mismo domicilio? O ¿resulta lógico que la composición de la mesa de contratación varíe a lo largo del procedimiento, impidiendo seguir el rastro de lo actuado por cada uno de sus integrantes? ¿Cómo se integran en el expediente de contratación los informes de los empleados públicos para saber dónde se introduce el sesgo derivado de la corrupción? 

Hay evidentemente un conjunto más amplio de problemas que pueden aparecer, como ha mostrado la ponencia de Teresa Medina en el seminario de contratación pública, partiendo de sentencias penales. O los múltiples artículos que ha publicado el Observatorio de Contratación Pública sobre medidas para evitar la corrupción. 

Pero el instrumento más claro es el de la denuncia, una vía que está impulsada por la Ley de protección del informante. Porque es claro, que en corrupción hay muchas cosas que quedan fuera del procedimiento administrativo de contratación. Los planes de compliance constituyen un elemento complementario relevante para evitar la corrupción. En todo caso, no hay que descubrir técnicas partiendo de la nada. Transperencia Internacional, por ejemplo, tiene publicada una guía con pautas sobre esta materia.

Pero, como en todo, hay que aterrizar las cosas, adaptando las reglas a los ámbitos de los problemas y nos tenemos que creer el problema con medidas reales para evitarlas. Y no olvidando que para que haya corruptos tiene que haber corruptores.

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