Contratación pública y paraísos fiscales

por Julio González García | Mar 1, 2023

Al parecer, un comité de la Cámara de Representantes de EEUU se ha pronunciado a favor de apoyar los esfuerzos del secretario de Estado para alcanzar un compromiso diplomático entre Marruecos y España sobre el futuro de Ceuta y Melilla. Lo de menos es saber qué es exactamente lo que está haciendo ese sujeto. Lo realmente preocupante es que estamos en la antesala de un grave problema, aumentado por la prometida venganza de EEUU por la actitud de España con ocasión de la actual guerra del golfo Pérsico.
Forzoso es comenzar por aceptar que la relación con el reino alauita es aparentemente correcta, pero está plagada de tumores, históricos y presentes, por más que el observador quiera y deba apartar todos los apriorismos negativos que entran en el análisis, pero la realidad es la que es y no ofrece motivos para el optimismo. Hay un primer punto que es obligado destacar: aun aceptando que Trump es un tipejo indeseable, es un grave error buscar el enfrentamiento con él, y, de paso, con USA, con el objetivo prioritario de presentarse ante la izquierda española – y Europea, según delira Sánchez - como máximo adalid del pensamiento progresista y de la gallardía ante el imperialismo belicista.
Las consecuencias son fácilmente previsibles, y ahí tenemos la amenaza de supresión de las bases norteamericanas en España, cosa que la progresía de salón, y algunos más de los socios de Sánchez, consideran una gran noticia, sin reparar en que el gran beneficiado puede ser Marruecos, a cuyo territorio pueden ir a parar las bases con todo lo que eso comporta, lo cual no se limita a la pérdida de unos “inquilinos”, sino que va mucho más allá, alterando gravemente la defensa de los intereses españoles.
Pero Sánchez, agobiado por las encuestas desfavorables, tenía que buscar en el baúl recursos propagandísticos y uno era el del “no a la guerra”, que irá acompañado, de aquí a las elecciones generales, del grito “OTAN no, bases fuera”, que estuvo en boga a comienzos de los 80. La probada frivolidad del actual PSOE y su jefe no detendrá el dislate, pues ningún precio para España es demasiado alto si se trata de los intereses electorales inmediatos.
Me he referido a uno más de los disparates sanchistas, pero el tema de estas notas es la relación con Marruecos. Para la mayoría de los españoles (datos del Real Instituto Elcano) Marruecos es la más grave amenaza exterior de España, muy por encima de Rusia que, en su caso, es un problema que España comparte con toda Europa en tanto que el marroquí es estrictamente español, y si la detección de la opinión se centra en Ceuta o Melilla o, incluso, en Canarias, el nivel de preocupación es mucho mayor.
A la gravedad estratégica de buscar el enfrentamiento con USA ( y con Israel) se suma la baja reacción ante hechos ya acaecidos, como han sido las invasiones incontroladas de inmigrantes ayudados por la Administración marroquí, los apresamientos injustificados de pesqueros españoles, la falta de respeto a las aguas territoriales españolas (determinadas por las Islas Canarias), y la frecuencia con la que diferentes voceros marroquíes se jactan de que el crecimiento demográfico de sus nacionales en España es un arma cargada de futuro, crecimiento que, además, sufraga en buena parte el sistema de seguridad social español.
Mientras que eso sucede, Marruecos anuncia sus proyectos de hacerse con las riquezas que atesora el suelo marino en las aguas cercanas a las Canarias y al Sahara Occidental, al que España ha abandonado a su suerte, indiferente a los intereses de sus habitantes, muchos de los cuales son, además, españoles. La tesis marroquí de que las grandes riquezas minerales que se encuentran en esas aguas le “pertenecen”, pretensión que carece de base tanto geográfica como histórica, es vista con mucha comprensión por USA, que, por supuesto, confía en beneficiarse antes o después de las políticas marroquíes de hechos consumados.
Entre tanto, España se limita a protestar, pero sin dar paso alguno en defensa de sus derechos, ya sea por temor al enfrentamiento abierto con Marruecos, ya por no contrariar al Gran Hermano yanqui, al que, paralelamente, Sánchez se permite chulear de cara a la galería, a la vez que su Gobierno, por boca del impresentable Ministro de Asuntos Exteriores, aumenta la marca de sandeces históricas asegurando que no hay ninguna razón para temer consecuencias negativas derivadas de las prohibiciones de uso de las bases de Rota y Morón. Para troncharse de risa.
Da vértigo la facilidad con la que España parece olvidar cómo las gasta Marruecos, y no por su gallardía bélica, sino por su habilidad para aprovechar los malos momentos hispanos. Hay que recordar la marcha verde sobre el Sahara Occidental durante la agonía de Franco, y el idilio de la administración Trump con Rabat es otro escenario malo para España, si, además, se combina con nuestro actual panorama político. Decir que Marruecos podría intentar apoderarse de un zarpazo de Ceuta o Melilla (por supuesto, con la abierta ayuda de USA) suena a idea fantasiosa carente de base, pero es grave imprudencia no querer contemplar esa posibilidad.
La tolerancia con las exigencias marroquíes alcanzó uno de sus puntos culminantes con la escandalosa decisión de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, con lo que España traicionaba definitivamente a los que en su momento fueron españoles. Sin que antes hubiera un debate en las Cortes, como sería lo adecuado en tema de esa importancia, Sánchez decidió en abril de 2022 dar la razón a Marruecos en el conflicto del Sahara Occidental, aceptando expresamente que la mejor solución sería la de dotar a aquel territorio de un estatuto de autonomía dentro del reino alauita, zanjando definitivamente la obligación de respetar las resoluciones de Naciones Unidas, que en modo alguno comportaban la integración directa en Marruecos.
Las consecuencias no se harían esperar, comenzando por poner al borde de la ruptura las relaciones con Argelia, dislate mayúsculo por muchos motivos, y entre ellos no es el menor el de la dependencia energética de España, necesitada del gas argelino. La torpeza estratégica y diplomática ha dado lugar a que España dependa ahora del gas que le vende EEUU, que además es peor y más caro que el argelino, según dicen los que saben de estas cosas, además de que, conociendo los cambios de humor de Trump, es altamente peligroso confiar en un suministrador que en cualquier momento puede decidir cerrar el grifo.

En otro plano se sitúan las relaciones humanas. Si comenzamos por los datos peores es obligado recordar que entre la población extranjera de las prisiones españolas el porcentaje mayor corresponde a marroquíes, es un mero hecho estadístico, pero puede ser valorado cuando se trata de la integración, pero el tema es, según creo, más grave:
Antes me he referido a la cuestión demográfica, y la abierta invocación que desde Marruecos se hace a la fuerza que suponen los vientres de las mujeres marroquíes inmigrantes, que traen sin cesar nuevos habitantes a España, país al que muchos de ellos nunca tendrán como propio, aunque haya crecientes excepciones que es obligado reconocer. En paralelo, las tasas de natalidad propias no paran de descender. Se trata de una “invasión lenta pero inexorable”, que se conjuga con la nula voluntad de integración de una gran mayoría de los marroquíes, que propenden a relacionarse exclusivamente entre ellos. Se dice, y algo de cierto hay en ello, que España no podría prescindir de la mano de obra extranjera en general y, en particular, marroquí, pero eso no es razón suficiente para no exigir comportamientos más respetuosos con España en tanto que país de acogida.
El tema de la integración ha tenido recientemente un importante momento crítico, provocado por la decisión del alcalde de Lérida de prohibir el velo integral (el burka y el niqab) en los espacios públicos. Su argumento es sencillo y, en mi opinión, contundente: es necesaria esa prohibición para la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres. Las reacciones no se han hecho esperar, comenzando por el propio PSOE, Partido al que, vía PSC, pertenece el alcalde, y, por supuesto, una legión de progres de diferentes pelajes que se han lanzado a la defensa de la libertad de cultos y costumbres. No ha faltado tampoco quien ha acusado a la medida de “discriminatoria y racista”. ¡Cuánta necedad!
Esas reacciones ponen de manifiesto algo mucho más grave, como es la subestimación de lo que es el islamismo radical y lo que puede suponer, error imperdonable, especialmente si se tienen presentes episodios trágicos como los atentados de Atocha o los de las Ramblas de Barcelona. Pero según los defensores de la posición “respetuosa” con la singularidad islámica, una prohibición de esa clase interfiere la libertad de las mujeres musulmanas que decidan ocultar su rostro.
Ese problema se vivió hace años en Francia, donde la población musulmana es mucho más numerosa que en España, dando lugar a grades controversias, que no impidieron que en 2004 se prohibieran los signos religiosos ostensibles en la escuela pública. Unos años después, en 2010, se prohibió el burka con un argumento también simple y tajante: no se puede permitir que nadie circule por las calles enmascarado. La reacción de rechazo del islamismo fue la esperable, poniendo de manifiesto algo que a fuer de evidente no es valorado: las democracias occidentales son laicas, mientras que los Estados islámicos no lo son, y esa diferencia de partida explica la incapacidad islámica para comprender (y respetar) el modo de vida de los países libres.
Ese razonamiento, perfectamente trasportable a España, y va más allá de la cuestión de la supuesta “libertad de elección” de las mujeres (sin entrar en que esa libertad es indemostrable, siendo, en cambio, seguro el ambiente de control y presión en el que viven las musulmanas). Es absurdo invocar las libertades individuales, sin antes pararse a contemplar la cantidad de violencia contra las mujeres que entraña la imposición de vestimentas.
Haríamos bien los españoles en no olvidar que el islamismo (del que participan muchos marroquíes) pretende que sus propias leyes sean respetadas en Estados de Derecho en los que rigen otras, y para lograr ese objetivo no ha dudado en hacer correr la sangre, en España y en otros Estados europeos.
He comenzado hablando de la difícil relación con Marruecos y termino extendiendo el tema a la presencia del islamismo en nuestro país y en nuestra vida cotidiana. El riesgo de violencia existe y ojalá nunca pase de ser solo un riesgo, igual que sucede con el peligro de un indeseable conflicto bélico con Marruecos, que debe evitarse a toda costa, pero sin arrodillar a España.

Contratación pública y paraísos fiscales. 

La lucha contra los paraísos fiscales debiera ser una prioridad para cualquier gobierno decente. Sus dos elementos básicos (presión fiscal anormalmente baja y opacidad) atacan a las bases mismas de la sociedad. La presión fiscal muy baja porque impide una correcta prestación de servicios y ataca a la equidad del sistema tributario. La opacidad por cuanto que acaban siendo refugio del crimen organizado.

En la lucha contra ellos, las Administraciones públicas debieran utilizar de forma directa e indirecta los instrumentos legales de los que disponen, incluida la contratación pública. 

Durante la tramitación de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público de 2017, PSOE, Podemos y ERC  presentaron enmiendas al Proyecto de Ley, que coincidían en considerar una prohibición para contratar el tener localizadas filiales en paraísos fiscales. Una realidad que tienen todas las empresas del IBEX35. La mayoría conservadora que estaba en la Comisión que tramitó la ley impidió que saliera adelante. Tanto es así que la Disposición adicional quincuagésima, que lleva por título “Paraísos Fiscales” no incorpora medidas vinculadas a la contratación pública. Por ello, tenemos que buscar los instrumentos en otro sitio.

De entrada, y dentro de las múltiples carencias de la ley, de las obligaciones generales que están recogidas en el artículo 71 de la Ley y que habilitan para que un operador tenga prohibido el contratar resultan manifiestamente insuficientes para conseguir este objetivo:

  1. Primero, por la propia dificultad de descubrir cuando ha habido una rebaja ilegítima de impuestos, ya que el certificado de Hacienda de estar al corriente de las obligaciones fiscales no presupone que se haya realizado una inspección.
  2. En segundo lugar, porque los propios agujeros de la normativa fiscal permiten que alguna de estas operaciones pueda ser considerada legal.
  3. Y, lo que resulta más relevante, porque no resulta imprescindible, de acuerdo con el artículo 186 de la Ley General Tributaria, que en todos los casos de sanciones por incumplimiento fiscal se incorpore la sanción complementaria de la prohibición de contratar.

Ello no significa, sin embargo, que hayamos de olvidarnos de incluir a la contratación pública como instrumento contra los paraísos fiscales. La LCSP, de hecho, abre nuevas posibilidades que dejan sin sentido pronunciamientos contrarios previos a ella, como el informe 15/2016, de 20 de julio, emitido por Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón. No podemos olvidar que la contratación pública no es un mero instrumento de compra sino un mecanismo indirecto para la ejecución de políticas públicas.

De hecho Oxfam presentó una  Guia para compra pública sin Paraisos Fiscales cuyo objeto es precisamente éste:  evitar que puedan ser contratistas aquellas empresas que tienen localizados sus beneficios en los paraísos fiscales.  De hecho, casi se debería considerar como obligatorio, si tenemos en cuenta que la Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2015, incorpora recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el aumento de la transparencia, la coordinación y la convergencia en las políticas de tributación de las sociedades en la Unión; dentro de las cuales se incluye La prohibición de acceder a las ayudas estatales o las oportunidades de contratación pública a nivel de la Unión o a nivel nacional; para todas aquellas empresas que realicen comportamientos que afecten a la igualdad competitiva dentro de la Unión.

El planteamiento parte de tres elementos: 

  1. La aprobación de una moción en cada Administración pública como “libre de paraísos fiscales, comprometiéndose a dar los pasos necesarios para asegurar que los concursos públicos favorezcan a las empresas que tienen conductas fiscales responsables, en detrimento de las empresas que utilizan los paraísos fiscales para evadir o eludir impuestos”.  Es fácil de configurar en el ámbito municipal, a través de una moción que apruebe el Pliego del Ayuntamiento; fácil también que lo configuren de este modo las empresas públicas a través de un acuerdo de su Consejo de Administración, como manifestación de su responsabilidad social corporativa. Incluso en el ámbito autonómico se podría realizar con norma con rango de ley para garantizar la efectividad y estabilidad de la medida. Las Universidades públicas podían también ejecutar esta práctica a través de acuerdos de sus Consejos de Gobierno.
  2. Incorporación a los Pliegos de contratos de una cláusula en virtud de la cual aquellos operadores económicos han de comprometerse a no realizar actividades en estos territorios ni a localizar en ellos los beneficios del contrato, autorizando (como requisito para participar en la licitación) que las Administraciones Públicas verifiquen en Hacienda la veracidad de la información. Esta cláusula se debe configurar como una cláusula especial de ejecución del contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector Público; cláusulas que, hemos de recordar que son obligatorias en la nueva LCSP. Cláusula que será un elemento esencial del contrato a la hora de determinar la ejecución.
  3. Una fase necesaria de verificación de la actividad del contratista que, caso de qu se detecte el incumplimiento podría conducir o bien a imponer sanciones de acuerdo con el artículo 191 de la LCSP o incluso a la resolución del contrato. Con ello, calificará el incumplimiento como como infracción grave, implicando al efecto una prohibición para contratar con las administraciones públicas, conforme a lo establecido en la letra c) del apartado 2 del artículo 71 la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Obviamente, esto supone que el órgano encargado de verificar la ejecución lo incluya dentro de sus protocolos de actuación y que, para ello, se disponga de personal suficiente para la verificación.

Como se puede apreciar, la contratación pública constituye una técnica para la ejecución de políticas públicas, entre ellas la de la integridad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contratistas. Es una medida que entronca directamente con los objetivos que están recogidos en el artículo 1.1 de la Ley, esto es, garantizar la no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad una eficiente utilización de los fondos destinados a la compra pública.

Como en todos los aspectos recogidos en la LCSP, hace falta voluntad política para llevar a la práctica estas previsiones. En este caso, es especialmente relevante si tenemos en cuenta la presión que pueden imponer los operadores que actúen en los paraísos fiscales. En todo caso, una ejecución de estas medidas puede suponer un cambio sustancial en nuestro sistema económico, que le permita ganar equidad y ética. Y, desde luego, si se quiere ser firme en la lucha contra los paraísos fiscales el primer paso debiera ser incluir en la legislación la prohibición de contratar con el sector público. 

 

Las consideraciones anteriores vienen muy a cuento en el día de hoy, en relación con el caso de Ferrovial, una de nuestras grandes constructoras, presidida por Rafael del Pino, que ha decidido establecer su sede en los Países Bajos, precisamente por la bajísima presión fiscal que hay. Una empresa que se ha hecho gracias a nuestro país cuya verdadera patria es la maximización de beneficios.  

Pero el caso de Ferrovial nos muestra bien a las claras las carencias de la Unión Europea en esta materia. Oficialmente, no hay paraísos fiscales, a pesar de que sea claro que, entre otros, Países Bajos, Malta, Luxemburgo,  Chipre o Irlanda debieran tener dicha calificación tanto por la presión fiscal en sociedades anormalmente baja como por los mecanismos que hay para garantizar su opacidad. 

 

No hay armonización fiscal en materia de tributación sociedades, se fomenta la competencia entre Estados desde la Unión Europea y, con ello, se protege la movilidad de sociedades debido a que la libre circulación les sirve, de entrada, de cobertura. Ninguno de los países citados están dispuestos a recorrer el camino de la armonización de un mínimo común denominador de presión fiscal.

Que la huida de Ferrovial sea legal no quiere decir que no sea ética. Esperemos, desde la perspectiva de la contratación pública, que se extreme el rigor en la ejecución de los contratos públicos. Y, vayamos pensando en cómo resolver fiscalmente y desde la perspectiva de la contratación, el problema. No es suficiente con las declaraciones públicas del Gobierno en el día de hoy. El Boletín Oficial del Estado suele ser un instrumento mucho más eficaz en la lucha contra la inequidad y los paraísos fiscales. 

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