Cloud soberano: realidad y márketing

por Julio González García | May 23, 2024

Al parecer, un comité de la Cámara de Representantes de EEUU se ha pronunciado a favor de apoyar los esfuerzos del secretario de Estado para alcanzar un compromiso diplomático entre Marruecos y España sobre el futuro de Ceuta y Melilla. Lo de menos es saber qué es exactamente lo que está haciendo ese sujeto. Lo realmente preocupante es que estamos en la antesala de un grave problema, aumentado por la prometida venganza de EEUU por la actitud de España con ocasión de la actual guerra del golfo Pérsico.
Forzoso es comenzar por aceptar que la relación con el reino alauita es aparentemente correcta, pero está plagada de tumores, históricos y presentes, por más que el observador quiera y deba apartar todos los apriorismos negativos que entran en el análisis, pero la realidad es la que es y no ofrece motivos para el optimismo. Hay un primer punto que es obligado destacar: aun aceptando que Trump es un tipejo indeseable, es un grave error buscar el enfrentamiento con él, y, de paso, con USA, con el objetivo prioritario de presentarse ante la izquierda española – y Europea, según delira Sánchez - como máximo adalid del pensamiento progresista y de la gallardía ante el imperialismo belicista.
Las consecuencias son fácilmente previsibles, y ahí tenemos la amenaza de supresión de las bases norteamericanas en España, cosa que la progresía de salón, y algunos más de los socios de Sánchez, consideran una gran noticia, sin reparar en que el gran beneficiado puede ser Marruecos, a cuyo territorio pueden ir a parar las bases con todo lo que eso comporta, lo cual no se limita a la pérdida de unos “inquilinos”, sino que va mucho más allá, alterando gravemente la defensa de los intereses españoles.
Pero Sánchez, agobiado por las encuestas desfavorables, tenía que buscar en el baúl recursos propagandísticos y uno era el del “no a la guerra”, que irá acompañado, de aquí a las elecciones generales, del grito “OTAN no, bases fuera”, que estuvo en boga a comienzos de los 80. La probada frivolidad del actual PSOE y su jefe no detendrá el dislate, pues ningún precio para España es demasiado alto si se trata de los intereses electorales inmediatos.
Me he referido a uno más de los disparates sanchistas, pero el tema de estas notas es la relación con Marruecos. Para la mayoría de los españoles (datos del Real Instituto Elcano) Marruecos es la más grave amenaza exterior de España, muy por encima de Rusia que, en su caso, es un problema que España comparte con toda Europa en tanto que el marroquí es estrictamente español, y si la detección de la opinión se centra en Ceuta o Melilla o, incluso, en Canarias, el nivel de preocupación es mucho mayor.
A la gravedad estratégica de buscar el enfrentamiento con USA ( y con Israel) se suma la baja reacción ante hechos ya acaecidos, como han sido las invasiones incontroladas de inmigrantes ayudados por la Administración marroquí, los apresamientos injustificados de pesqueros españoles, la falta de respeto a las aguas territoriales españolas (determinadas por las Islas Canarias), y la frecuencia con la que diferentes voceros marroquíes se jactan de que el crecimiento demográfico de sus nacionales en España es un arma cargada de futuro, crecimiento que, además, sufraga en buena parte el sistema de seguridad social español.
Mientras que eso sucede, Marruecos anuncia sus proyectos de hacerse con las riquezas que atesora el suelo marino en las aguas cercanas a las Canarias y al Sahara Occidental, al que España ha abandonado a su suerte, indiferente a los intereses de sus habitantes, muchos de los cuales son, además, españoles. La tesis marroquí de que las grandes riquezas minerales que se encuentran en esas aguas le “pertenecen”, pretensión que carece de base tanto geográfica como histórica, es vista con mucha comprensión por USA, que, por supuesto, confía en beneficiarse antes o después de las políticas marroquíes de hechos consumados.
Entre tanto, España se limita a protestar, pero sin dar paso alguno en defensa de sus derechos, ya sea por temor al enfrentamiento abierto con Marruecos, ya por no contrariar al Gran Hermano yanqui, al que, paralelamente, Sánchez se permite chulear de cara a la galería, a la vez que su Gobierno, por boca del impresentable Ministro de Asuntos Exteriores, aumenta la marca de sandeces históricas asegurando que no hay ninguna razón para temer consecuencias negativas derivadas de las prohibiciones de uso de las bases de Rota y Morón. Para troncharse de risa.
Da vértigo la facilidad con la que España parece olvidar cómo las gasta Marruecos, y no por su gallardía bélica, sino por su habilidad para aprovechar los malos momentos hispanos. Hay que recordar la marcha verde sobre el Sahara Occidental durante la agonía de Franco, y el idilio de la administración Trump con Rabat es otro escenario malo para España, si, además, se combina con nuestro actual panorama político. Decir que Marruecos podría intentar apoderarse de un zarpazo de Ceuta o Melilla (por supuesto, con la abierta ayuda de USA) suena a idea fantasiosa carente de base, pero es grave imprudencia no querer contemplar esa posibilidad.
La tolerancia con las exigencias marroquíes alcanzó uno de sus puntos culminantes con la escandalosa decisión de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, con lo que España traicionaba definitivamente a los que en su momento fueron españoles. Sin que antes hubiera un debate en las Cortes, como sería lo adecuado en tema de esa importancia, Sánchez decidió en abril de 2022 dar la razón a Marruecos en el conflicto del Sahara Occidental, aceptando expresamente que la mejor solución sería la de dotar a aquel territorio de un estatuto de autonomía dentro del reino alauita, zanjando definitivamente la obligación de respetar las resoluciones de Naciones Unidas, que en modo alguno comportaban la integración directa en Marruecos.
Las consecuencias no se harían esperar, comenzando por poner al borde de la ruptura las relaciones con Argelia, dislate mayúsculo por muchos motivos, y entre ellos no es el menor el de la dependencia energética de España, necesitada del gas argelino. La torpeza estratégica y diplomática ha dado lugar a que España dependa ahora del gas que le vende EEUU, que además es peor y más caro que el argelino, según dicen los que saben de estas cosas, además de que, conociendo los cambios de humor de Trump, es altamente peligroso confiar en un suministrador que en cualquier momento puede decidir cerrar el grifo.

En otro plano se sitúan las relaciones humanas. Si comenzamos por los datos peores es obligado recordar que entre la población extranjera de las prisiones españolas el porcentaje mayor corresponde a marroquíes, es un mero hecho estadístico, pero puede ser valorado cuando se trata de la integración, pero el tema es, según creo, más grave:
Antes me he referido a la cuestión demográfica, y la abierta invocación que desde Marruecos se hace a la fuerza que suponen los vientres de las mujeres marroquíes inmigrantes, que traen sin cesar nuevos habitantes a España, país al que muchos de ellos nunca tendrán como propio, aunque haya crecientes excepciones que es obligado reconocer. En paralelo, las tasas de natalidad propias no paran de descender. Se trata de una “invasión lenta pero inexorable”, que se conjuga con la nula voluntad de integración de una gran mayoría de los marroquíes, que propenden a relacionarse exclusivamente entre ellos. Se dice, y algo de cierto hay en ello, que España no podría prescindir de la mano de obra extranjera en general y, en particular, marroquí, pero eso no es razón suficiente para no exigir comportamientos más respetuosos con España en tanto que país de acogida.
El tema de la integración ha tenido recientemente un importante momento crítico, provocado por la decisión del alcalde de Lérida de prohibir el velo integral (el burka y el niqab) en los espacios públicos. Su argumento es sencillo y, en mi opinión, contundente: es necesaria esa prohibición para la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres. Las reacciones no se han hecho esperar, comenzando por el propio PSOE, Partido al que, vía PSC, pertenece el alcalde, y, por supuesto, una legión de progres de diferentes pelajes que se han lanzado a la defensa de la libertad de cultos y costumbres. No ha faltado tampoco quien ha acusado a la medida de “discriminatoria y racista”. ¡Cuánta necedad!
Esas reacciones ponen de manifiesto algo mucho más grave, como es la subestimación de lo que es el islamismo radical y lo que puede suponer, error imperdonable, especialmente si se tienen presentes episodios trágicos como los atentados de Atocha o los de las Ramblas de Barcelona. Pero según los defensores de la posición “respetuosa” con la singularidad islámica, una prohibición de esa clase interfiere la libertad de las mujeres musulmanas que decidan ocultar su rostro.
Ese problema se vivió hace años en Francia, donde la población musulmana es mucho más numerosa que en España, dando lugar a grades controversias, que no impidieron que en 2004 se prohibieran los signos religiosos ostensibles en la escuela pública. Unos años después, en 2010, se prohibió el burka con un argumento también simple y tajante: no se puede permitir que nadie circule por las calles enmascarado. La reacción de rechazo del islamismo fue la esperable, poniendo de manifiesto algo que a fuer de evidente no es valorado: las democracias occidentales son laicas, mientras que los Estados islámicos no lo son, y esa diferencia de partida explica la incapacidad islámica para comprender (y respetar) el modo de vida de los países libres.
Ese razonamiento, perfectamente trasportable a España, y va más allá de la cuestión de la supuesta “libertad de elección” de las mujeres (sin entrar en que esa libertad es indemostrable, siendo, en cambio, seguro el ambiente de control y presión en el que viven las musulmanas). Es absurdo invocar las libertades individuales, sin antes pararse a contemplar la cantidad de violencia contra las mujeres que entraña la imposición de vestimentas.
Haríamos bien los españoles en no olvidar que el islamismo (del que participan muchos marroquíes) pretende que sus propias leyes sean respetadas en Estados de Derecho en los que rigen otras, y para lograr ese objetivo no ha dudado en hacer correr la sangre, en España y en otros Estados europeos.
He comenzado hablando de la difícil relación con Marruecos y termino extendiendo el tema a la presencia del islamismo en nuestro país y en nuestra vida cotidiana. El riesgo de violencia existe y ojalá nunca pase de ser solo un riesgo, igual que sucede con el peligro de un indeseable conflicto bélico con Marruecos, que debe evitarse a toda costa, pero sin arrodillar a España.

Realidad y marketing en el cloud soberano 

 

La construcción de un cloud soberano constituye uno de los retos más relevantes en el sector público actual. La evolución de la política internacional, el constante riesgo de espionaje por parte de potencias extranjeras (aliadas, o no), las dificultades derivadas del ransomware en sus múltiples modalidades y, en fin, la extensión extraterritorial de la normativa extranjera de los actuales dominantes del mercado de la “nube” hace que el cloud sólo pueda ser una cuestión interna.

De hecho, en los últimos tiempos, se ha reavivado la cuestión del cloud soberano. Tanto que una de las grandes empresas estadounidenses de cloud ha desarrollado una campaña de marketing en la que lanza la idea de que en Europa se puede crear un cloud soberano con su apoyo. El olvido de la CLOUD Act de los Estados Unidos ha sido un error patente (deliberado o no) de su campaña. Como se verá a lo largo de este artículo, no se trata sólo de un problema físico, de donde están las máquinas, sino tecnológico y legal. Si no se adopta este planteamiento transversal tendremos fallas de soberanía en el sistema que nos harán vulnerables (aunque sea ante aparentes aliados). 

Y ello porque países como los Estados Unidos, Israel o China extienden su territorio en esta materia a todos los lugares donde se encuentren servidores, ya sea Finlandia, el Caribe o Arkansas. El criterio es la nacionalidad de la empresa o su matriz.

¿Qué es un cloud soberano?

¿De qué hablamos cuando hacemos referencia al cloud soberano? Pues esencialmente al hecho de garantizar la seguridad de los datos y los procesos de computación que se desarrollan a través del cloud; mediante un instrumento en el que se garantice la integridad jurídica. Es, desde este punto de vista un enfoque jurídico que afecta a los dos elementos del cloud: almacenamiento y computación. Sin cualquiera de ellos no tenemos más que un armario de datos; pero del que no se extrae la ropa necesaria.

En efecto, es necesario el almacenamiento, en el sentido de custodia de los datos de personas, empresas y sector público, en donde el cloud no es más que un disco duro con un valor limitado ya que el dato está meramente custodiado. Hay siempre un proceso de computación, pero aquí es pequeño. Sería el equivalente a los sistemas que tenemos en nuestros equipos personales.

Lo relevante del cloud está constituido por la computación; esto es la aplicación de programas que permitan extraer las consecuencias de los datos y adoptar, en consecuencia, procesos. Por tomar un ejemplo sencillo, nos encontraríamos ante la reparación de equipos a distancia a través de que la información sobre el equipo averiado tiene su traslación en la nube. 

El impacto que puede tener esto en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que tienen misiones a distancia es muy considerable. Pero también sirve para el desarrollo de políticas de prevención de delitos o, sencillamente, para crear simulaciones sobre los impactos de políticas públicas y privadas en un determinado territorio. Por coger algo de lo que se habla mucho, las llamadas smart cities están estructuradas a través del cloud, y una aplicación relevante a través de la computación sería la comparativa de contaminación del propio cloud por comparación con la ciudad no inteligente. Análisis que, por cierto, no está muy desarrollado.

Ni que decir tiene que la batalla de la inteligencia artificial entre China y los Estados Unidos se desarrolla a través del cloud. Y, de hecho, están apareciendo nuevos polos emergentes, como Israel, India Rusia o Abu Dabi. Realmente tenemos delante un gran reto para el Estado, sobre todo para los Estados de la Unión Europea.

Para el sector público y más

Un último elemento ha de ser contemplado en relación con la soberanía del cloud. Esencialmente, es una cuestión que afecta a las Administraciones públicas y, en general, a todas las entidades del sector público. No sólo del Estado, sino de Comunidades autónomas, Ciudades autónomas, Diputaciones Provinciales y Municipios. Pero no nos podemos quedar aquí. La soberanía se ha de predicar en un sentido económico también, lo que nos abre dos campos diferenciados: el primero el de las empresas estratégicas, en donde el cloud no sólo afecta a la empresa sino a la totalidad de la economía. Este tipo de entidades tienen que superar su visión únicamente economicista de sus resultados y han de tener la voluntad de hacer país, también en la gestión de los datos. Y, en segundo lugar, para la propia empresa, para sus desarrollos de productos y su evolución económica, la confianza en quién es el gestor de los datos debiera dar un paso más y situar sus servidores en cloud soberano. 

¿Qué requisitos debe cumplir un cloud soberano?

En estas condiciones, qué hemos de exigir a un cloud para que pueda ser soberano.

En primer lugar, que el proveedor de servicios de cloud sea del país que quiera la soberanía. La importancia de este dato deriva de que Estados Unidos o China o la India, o Israel, han estructurado legislaciones e las que recogen la potestad del Estado en cuestión de recabar la información contenida en los servidores de estas empresas, o sus filiales, con independencia de dónde se encuentren físicamente los servidores. Por otra parte, los espejos que existen entre servidores, hace que resulte realmente complejo poder aislar los datos en un único servidor.

El dato anterior elimina la posibilidad de externalizar los servidores en las grandes empresas norteamericanas que copan el mercado occidental. De hecho, cuando el Estado francés prohibió la utilización de las aplicaciones de Microsoft -dentro de lo que se encuentra su servidor de datos- era precisamente por los problemas de seguridad de la información y el acceso que tengan potencias extranjeras a estos datos. Potencias aliadas o no, que en este punto poco importa.

Por ello, el primer paso consistiría en que más allá de quién haya construido las máquinas, todo el proceso de gestión sea llevado a cabo por entidades fiables, esto es, domiciliadas en el país de origen. Ya señalé en su momento que lo ideal sería disponer de una empresa pública que se dedicara a estas actividades de cloud. Una empresa pública de cloud. 

Si se buscara un socio privado, tecnológico, habría que hacerle un examen exhaustivo de que cumple con todos los requisitos de nacionalidad primaria y de segundo nivel.

En segundo lugar, que los procesos de atención al cliente y en general todos los procesos de solución de dificultades no se externalicen, y, en particular que no se externalicen en terceros países que no entren dentro del ámbito de protección de las normas. No es sólo que la legislación de protección de datos personales impida la transferencia internacional de datos personales (y, aunque sean datos de administraciones públicas o empresas, siempre aparecen datos de personas) sino que, además, constituye un elemento esencial para la seguridad de la información. 

En tercer lugar, para determinadas operaciones críticas, y teniendo en cuenta la vinculación del almacenamiento con la computación, hace falta dar un paso más y hacer que que el software que se utiliza en la computación sea soberano. O al menos, que se para los procesos críticos, el mantener el control sobre el código fuente, sus procesos de desarrollo y las actualizaciones de software. El punto de la criticidad deberá ser administrado por el titular del cloud, en colaboración con los centros de seguridad nacional. 

En nuestro caso, si afecta a información sensible de seguridad nacional, debería ser verificado por el CNPIC, dependiente del CNI. Pero, hay que tener presente que si el proveedor de los elementos de almacenamiento no es soberano y no está vinculado legalmente con terceros países, de poco sirve el control de la soberanía del software. 

En cuarto lugar, el cloud soberano requiere la soberanía de la organización, que determine que la organización -sus equipos directivos y su personal-, incluyendo los aspectos que se puedan considerar menores, como su acceso físico y su acceso lógico está configurado de acuerdo con las exigencias de seguridad nacional y que estén protegiendo la soberanía. En particular, todos los niveles de control sobre las capas del framework debe cumplir con dichos niveles de exigencia.

En este sentido, los niveles de complace que debería tener una empresa dedicada al cloud soberana son mucho más altos y exigentes que los que tiene una empresa dedicada a otras actividades económicas. 

 En quinto lugar, la soberanía regulatoria sobre el cloud. Una soberanía regulatoria que no elude las relaciones de cooperación, a diversos niveles con otros ámbitos de soberanía extranjera, sobre todo en relación con organizaciones de seguridad y defensa o de interés económico. Pero la regulación marca la estrategia del país en relación con los datos. 

Todo lo anterior no es algo que se pueda gestionar de la noche a la mañana. Requiere un proceso constante, preciso, y organizado para garantizar la soberanía del dato, la protección del interés interno y una participación activa en un mundo globalizado. Y en este sentido, la generación de una estructura administrativa que sea capaz de gestionarlo, que involucre al menos a todo el sector público de todos los niveles resulta imprescindible. Su materialización será lo que nos ponga en el camino de ser un actor eficaz ante los retos que tenemos delante, especialmente, el de la inteligencia artificial y su impacto en el sector público. Y ni que decir tiene que el gap tecnológico que hoy tiene Europa con respecto a China, Estados Unidos, India o Israel constituyen un factor que debería ser generador de preocupación en los actores. 

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