Los caminos escondidos (y transitados) del iliberalismo

El viejo golpismo, el del golpe militar, no está de moda (lo que no quiere decir que no pueda volverá a estarlo). De hecho, el último episodio de golpismo en las grandes democracias del primer mundo fue ese incalificable asalto al Capitolio impulsado por Donald Trump, que tampoco respondía a la asonada militar.

Ese viejo golpismo deja regueros de sangre, destrucción de familias y alteración total del orden jurídico existente, con lo que deja rastro.  Por ello, en esta sociedad líquida ha dado paso al iliberalismo, como aquella modalidad liberal en la que, más allá del formalismo de las elecciones, el ejercicio del poder es autoritario. Es el caso de Hungria, bajo Viktor Urban -que fue el que popularizó el término iliberalismo, recogiendo lo señalado en un artículo de Zakaria-, que es modelo para Meloni, Abascal, Kaczyński, Bannon o Trump. La internacional gris.

Sería lo que he llamado en otra ocasión neogolpismo, esto es la alteración de los elementos conformadores del Estado democrático y de derecho mediante operaciones más o menos sutiles, que se activan de forma progresiva y con un aparente halo de legitimidad. Esto es lo que lo hace especialmente peligroso. Además, los caminos son similares en todos los casos en los que se ha actuado así.

Estar atento a estos caminos, nos permite ver dónde tenemos que poner el foco a la hora de denunciar la materialización de estos riesgos y de adoptar medidas de evitación y reparación. Es precisamente el problema que tenemos en la actualidad. No basta con la denuncia, sino que hace falta un conjunto de medidas que nos permitan revertir la situación.

El primer mecanismo es el cuestionamiento del proceso electoral y de la formación de Gobierno. De entrada, haciendo ver que el voto por correo o en general todas las manifestaciones del voto a distancia tienen un fraude derivado del funcionamiento de la entidad postal de referencia. En nuestro país, se puso en duda en las últimas elecciones, donde precisamente, el voto por correo se incrementó sustancialmente. Cualquiera que sepa y conozca el funcionamiento de Correos sabe que es manifiestamente imposible alterar el voto. Algo similar ocurrió en Estados Unidos durante las elecciones que perdió Trump y el papel de USPOST en la gestión del voto anticipado.

El proceso electoral no concluye con el recuento y asignación de escaños, sino que tiene el paso siguiente en la conformación de Gobierno. Es una manifestación clara del camino del iliberalismo cuestionar aquellos procedimientos que permitan conformar mayorías para la elección de la Presidencia del Gobierno, sobre todo cuando en su ensamblaje entran fuerzas que no están en el establishment iliberal.

De hecho, cuando después de las últimas elecciones generales se proponía que gobernara la lista más votada; como machaconamente reiteró Feióo, se estaba cuestionando el procedimiento de elección de la Presidencia del Gobierno que recoge el artículo 99 de la Constitución. Y, además, con la agravante de lo que había venido ocurriendo en Comunidades autónomas y Municipios pocos días antes.

Fue ese “de ganador a ganador” de Oscar Puente en la sesión de investidura de Feijoo.

 En estos caminos oscuros de cuestionamiento democrático del iliberalismo, hay que encuadrar los manifiestos de intelectuales con llamamientos a gobiernos técnicos, de expertos, que den una apariencia de superación de una supuesta crisis, que solo se ve en los ojos del que no está satisfecho con el resultado electoral.

Y tampoco conviene dejar caer en saco roto las acciones de estructuras administrativas funcionariales de aparente prestigio, que tienen resortes de poder no percibido y que han visto pasar dictadura y democracia, y que ante acciones de Gobierno del cambio quieren recuperar su papel de guardianes de las esencias.

El segundo conjunto de problemas deriva de una utilización masiva de medios de comunicación para generar una situación de caos. La generación del caos es precisamente el instrumento que permite justificar otra serie de decisiones. Caos que supone airear falsos escándalos, sobreactuar con la importancia de problema o dar una sensación de que el país se cae.

En este punto, la prensa, que tiene la obligación constitucional de proporcionar información veraz de acuerdo con lo que dispone el artículo 20.1 d) de la Constitución, actúa como caja de resonancia del iliberalismo. Lo cual acaba siendo un problema cuando existe una concentración de medios de comunicación como la que hoy hay en España, tanto en el sector audiovisual como escrito y, sobre todo, por su dependencia de la publicidad institucional.

Lo que es un problema cuando los índices de audiencia de la prensa digital son fácilmente manipulables para facilitar el acceso a las subvenciones de los poderes públicos. Lo que es un problema cuando el llamado derecho al olvido digital es de ejercicio restrictivo por parte de aquellos que debieran cumplir con el derecho al honor de las personas. Y lo que es un problema cuando todos los programas de la parrilla se dedican a lo mismo, la propagación de la mentira, de la media verdad o de la verdad desproporcionada. Pese a todo lo anterior, algunos se llevan las manos a la cabeza cuando en EE.UU. se habla de la prensa española como la peor de Europa.

El tercer problema viene dado por la no aplicación de la Constitución; especialmente para la renovación de los órganos constitucionales, particularmente en aquellos casos de órganos de control del poder o de protección de derechos fundamentales. Es el postureo constitucional de aquellos que se autodefinen como constitucionalistas pero no cumplen con preceptos claros de la norma constitucional.

En este momento hay 1 vacante en el Tribunal Constitucional y la renovación del Consejo General del Poder Judicial en su conjunto. Pero durante tiempo estuvieron con miembros en funciones el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas.

La constitución del consenso exige que existan mayorías reforzadas para la provisión de estas vacantes y no hay una situación alternativa al bloqueo. Fue una solución naïf del constituyente. Cuando no se han podido someter a votación las candidaturas hay que buscar procedimientos complementarios de conformación de mayorías, porque el único previsto en la Constitución es la función arbitral del Rey, recogida en su artículo 56 y ya se ha visto en el resultado que no ha funcionado.

Pero también es no aplicar la Constitución cuando se le hace decir aquello que no ha dicho, ni por asomo. Los problemas de la tramitación de la futura Ley de amnistía ejemplifican perfectamente lo que se está señalando.

Y sí, el lawfare es el cuarto gran protagonista. El lawfare es la amenaza o la materialización en la utilización de los procedimientos penales contra los políticos con la finalidad de conseguir un resultado (el cambio en la cabeza del gobierno) o evitar otro, normalmente una política concreta o una acción puntual.

El escándalo que se montó cuando se hizo referencia a esta figura en España, concretamente con el acuerdo del PSOE con los partidos catalanes, refleja bien que en aquel momento se levantó un velo, derivado de la utilización ilegítima de la justicia, justamente aquella que tenía más legitimidad, por mucho que se vieran resoluciones extrañas por su contenido.

Hoy, en general, el gestor público tiene el riesgo de que ante cualquier ilegalidad de un acto administrativo se active la vía penal de la prevaricación. Este es un gran problema de Alcaldes, con voluntad de cambio de normas urbanísticas a favor de la sostenibilidad (recordemos lo ocurrido con la gestora de Marbella después de Jesús Gil o lo del alcalde de Sanlucar de Barrameda por ejemplo).

Pero de lo que estamos hablando es de acciones directas al máximo nivel para conseguir eliminar al adversario político. Y en eso hay jueces y fiscales que no forman parte dei establishment iliberal que también lo han padecido.

Obviamente, para que el lawfare funcione tiene que haber jueces y fiscales propensos a ello. Y la realidad es que existen, que practican el lawfare consciente o inconscientemente; normalmente lo primero, bajo la premisa de que hay que hacer algo para salvar las esencias.

En este punto habría que incidir en las consecuencias de las denuncias falsas, y en la responsabilidad por derecho al honor, incluso de jueces y magistrados. Si se efectúa un análisis de los procedimientos sancionadores por mala praxis que hay en España, se vería que es anormalmente bajo. Y eso da cobertura al lawfare, junto con la falta de renovación del CGPJ (que, obviamente, sólo cabe hacerlo parlamentariamente para que sea democrático, porque nada hay más iliberal que el corporativismo)

Pero también hay que tener en cuenta que los procedimientos actuales de acceso a la judicatura tienen un sesgo económico importante que hace que sea más fácil orientar sus decisiones. Por ello, el cambio en los procedimientos de acceso a la judicatura debiera ser una prioridad. Y tener un Consejo General del Poder Judicial en condiciones, es su complemento necesario.

El iliberalismo tiene, en fin, dos finalidades claras: por un lado, sirve para la generación de un marco moral conforme con los postulados de unos pocos. No hay más que ver algunas de las organizaciones que están detrás de las denuncias falsas presentadas. Pero, al mismo tiempo, no podemos olvidar que tiene unas finalidades económicas claras de protección de ciertos intereses de propietarios y grandes corporaciones, que buscan precisamente la seguridad.

El iliberalismo sólo se combate con un ejercicio claro del patriotismo constitucional. No es razonable el mantenimiento de fundaciones que defienden la figura de Francisco Franco ni el hecho de que determinadas asociaciones campen a sus anchas en nuestro país.  

La defensa de la Constitución es el elemento central, y esto en países como Alemania lo tienen muy claro. Cosas que allí son impensables aquí siguen ocurriendo (como la primera página de un periódico de tirada nacional en la que un familiar de Franco hace apología del franquismo). El recurso a procedimientos formalmente constitucionales para acabar con la esencia de un Estado social y democrático de derecho no resulta admisible.

Y en este empeño de defensa del Estado social y democrático de derecho estamos concernidos todos los demócratas. Y en ese empeño, tenemos que recordar que, como está ocurriendo en Polonia, salir del iliberalismo cuesta mucho, demasiado.

Una versión inicial fue publicada en la Revista Temas para el Debate