La venta de Telefónica a los saudíes: un riesgo o una oportunidad

Saudi Telecom Company (STC Group), la compañía de telecomunicaciones saudí, ha adquirido el 9,9% de Telefónica, a la espera del proceso de autorización. Un paso de extraordinaria importancia que afecta a una compañía estratégica española, con ramificaciones en America Latina y Europa, y que gestiona las comunicaciones y los datos personales de un numero considerable de clientes y con una especial significación en el ámbito de la ciberseguridad. Ya tenemos dos antiguas compañías del Estado español que caen íntegramente en manos extranjeras, tras lo ocurrido con Endesa (hoy en manos de la italiana Enel) y Retevisión (hoy, Orange, del Estado francés) y aquí nos encontraríamos ante una posición significativa de un tercer Estado.

Este hecho es una consecuencia más del desastroso proceso de privatización de la época de Aznar. Recordemos que en uno de sus primeros Consejos de Ministros aprobó un Plan de privatizaciones que fue exagerado por la intensidad y el modo en que se hizo. Telefónica, Red Eléctrica, Repsol, Aceralia, Gas Natural, Enagas, Endesa, Indra, Iberia, Argentaria, Transmediterránea, Aldeasa fueron algunas de las 52 empersas que dejaron de tener presencia pública significativa. Como señaló Vázquez Montalbán en aquellos días, “la única idea fija y común que tiene el plural pastiche ideológico de la derecha del siglo XXI es la de privatizar, privatizar, privatizar, y no procede estrictamente de la ideología política sino de la economicista, la madre de todas las ideologías exhibidas en las grandes superficies comerciales del espíritu”.

Decía antes que el problema no sólo estaba en la privatización sino en el modo en que se había realizado. Su objetivo era maquillar las cuentas públicas para poder entrar en el euro, sin darse cuenta de que el rendimiento de la venta es un ingreso que afecta a un resultado económico, mientras que los beneficios de dichas empresas eran una constante. Más aún, no se hizo ninguna previsión para el caso de los beneficios fueran extraordinarios. Y, por último, se configuró un núcleo de poder económico estable mediante el mantenimiento de los antiguos gestores nombrados por el PP. Es ese IBEX paralelo que diseñó el Gobierno.
Incluso, se podría afirmar que el mal llamado «milagro económico» de Aznar era sólo un saneamiento de cuentas a través de la venta de activos, hecho sin límites ni una valoración global de todas las consecuencias que tenía.

Se podría decir que el proceso de privatización se inició en la época de González Márquez. Es cierto. Pero había dos diferencias: a) se vendieron empresas que no eran rentables y que ocasionaban un lastre a las cuentas públicas y b) siempre que se vendió una parte del capital de las empresas rentables se mantuvo un porcentaje significativo de presencia en las empresas. Y no se produjo en un periodo tan breve ni la valoración de las empresas planteaba tantas dudas. Dicho lo cual, tampoco estoy a favor de aquel proceso.

Lo anterior es historia. Una historia cuyas consecuencias las seguimos padeciendo ahora. Pero hay que mirar al futuro.

La pregunta esencial no es, pese a lo que pueda padecer, si se otorga la autorización a la compañía saudí teniendo en cuenta el peso que tiene Telefónica en la ciberseguridad. Es una cuestión menor, aunque sea de extraordinaria importancia. 

Para mí, como país, la pregunta de futuro es ¿resulta admisible la testimonial presencia publica en los sectores estratégicos de la economía? Y, en la misma línea ¿es normal la restricción que hay para el desarrollo de las actividades y la gestión en la empresa pública española?

No, no es normal que el Estado carezca de presencia en los sectores estratégicos de la economía. No es ni siquiera usual en los Estados de la Unión Europea, gobierne quien gobierne. No lo es porque esos sectores estratégicos constituyen un elemento básico para la realización de política económica con transcendencia en la vida de la gente. Sirven para una mejor protección del consumidor en aspectos básicos de la vida como las telecomunicaciones o la energía. Y constituyen un elemento esencial para la consecución de objetivos de política general  -y para ello, nos falta una banca pública- y de seguridad. Y, además, constituye un instrumento para la redistribución de la riqueza vía la socialización de los beneficios que tengan estas compañías, en lugar de regar a los accionistas de ENEL en Italia o al Estado francés, en el caso de Orange. Elimina la debilidad que exhibe el Estado en muchas ocasiones frente a los poderes económicos, cuyos objetivos no son los de protección del interés general. Y constituye un instrumento para incrementar la presencia internacional del Estado, como hacen otros países europeos.

No sólo es que no tengamos interiorizado que la empresa pública es un instrumento básico de la acción pública sino que, en los casos en los que existen, actúan con notables dificultades en su funcionamiento, fruto de un régimen jurídico que es sencillamente desastroso. Su derecho les coloca en una posición deficiente competitivamente frente a las empresas privadas (o públicas de otros países) que compiten en el mismo mercado.
Me podría fijar en muchos ámbitos pero hay dos que son llamativos: el del sometimiento a las reglas de las Administraciones públicas en empleo público y el estar sometidos a la ley de contratos del sector público, cuando las Directivas europeas no lo exigen y lastran el día a día. Podría continuar con los problemas que hay en la Ley 40/2015 en cuanto a su creación y funcionamiento. Se trata de preceptos redactados fuera de una visión moderna de la empresa (pública o privada) y que la ven más como una manifestación de la Administración Pública, lo que dista mucho de ser. Por cierto, las normas básicas del régimen de la empresa pública son todas de la época del Partido Popular.

Lo que quiere significar todo lo anterior es que es el momento adecuado para abrir un debate público sobre la empresa pública. Un debate que debería contemplar al menos a) la aprobación de una Ley de la Empresa Pública, b) la recuperación de adscripción administrativa en un Ministerio más funcional, tal como estaba recogida en 1996 y c) la superación la visión hacendística que tiene en la actualidad por otra que se fije esencialmente en sus aspectos funcionales y de generación de riqueza. Esto es, un cambio de orientación en el funcionamiento de la empresa pública, que supere los complejos actuales. Y, por qué no decirlo, examinar si el Estado debe recuperar participaciones públicas en los sectores estratégicos. 

Porque del neoliberalismo también se sale. Un reto para el futuro Gobierno de coalición.