COVID19: ¿Y si no se prorroga el estado de alarma?

por Julio González García | May 2, 2020

Al parecer, un comité de la Cámara de Representantes de EEUU se ha pronunciado a favor de apoyar los esfuerzos del secretario de Estado para alcanzar un compromiso diplomático entre Marruecos y España sobre el futuro de Ceuta y Melilla. Lo de menos es saber qué es exactamente lo que está haciendo ese sujeto. Lo realmente preocupante es que estamos en la antesala de un grave problema, aumentado por la prometida venganza de EEUU por la actitud de España con ocasión de la actual guerra del golfo Pérsico.
Forzoso es comenzar por aceptar que la relación con el reino alauita es aparentemente correcta, pero está plagada de tumores, históricos y presentes, por más que el observador quiera y deba apartar todos los apriorismos negativos que entran en el análisis, pero la realidad es la que es y no ofrece motivos para el optimismo. Hay un primer punto que es obligado destacar: aun aceptando que Trump es un tipejo indeseable, es un grave error buscar el enfrentamiento con él, y, de paso, con USA, con el objetivo prioritario de presentarse ante la izquierda española – y Europea, según delira Sánchez - como máximo adalid del pensamiento progresista y de la gallardía ante el imperialismo belicista.
Las consecuencias son fácilmente previsibles, y ahí tenemos la amenaza de supresión de las bases norteamericanas en España, cosa que la progresía de salón, y algunos más de los socios de Sánchez, consideran una gran noticia, sin reparar en que el gran beneficiado puede ser Marruecos, a cuyo territorio pueden ir a parar las bases con todo lo que eso comporta, lo cual no se limita a la pérdida de unos “inquilinos”, sino que va mucho más allá, alterando gravemente la defensa de los intereses españoles.
Pero Sánchez, agobiado por las encuestas desfavorables, tenía que buscar en el baúl recursos propagandísticos y uno era el del “no a la guerra”, que irá acompañado, de aquí a las elecciones generales, del grito “OTAN no, bases fuera”, que estuvo en boga a comienzos de los 80. La probada frivolidad del actual PSOE y su jefe no detendrá el dislate, pues ningún precio para España es demasiado alto si se trata de los intereses electorales inmediatos.
Me he referido a uno más de los disparates sanchistas, pero el tema de estas notas es la relación con Marruecos. Para la mayoría de los españoles (datos del Real Instituto Elcano) Marruecos es la más grave amenaza exterior de España, muy por encima de Rusia que, en su caso, es un problema que España comparte con toda Europa en tanto que el marroquí es estrictamente español, y si la detección de la opinión se centra en Ceuta o Melilla o, incluso, en Canarias, el nivel de preocupación es mucho mayor.
A la gravedad estratégica de buscar el enfrentamiento con USA ( y con Israel) se suma la baja reacción ante hechos ya acaecidos, como han sido las invasiones incontroladas de inmigrantes ayudados por la Administración marroquí, los apresamientos injustificados de pesqueros españoles, la falta de respeto a las aguas territoriales españolas (determinadas por las Islas Canarias), y la frecuencia con la que diferentes voceros marroquíes se jactan de que el crecimiento demográfico de sus nacionales en España es un arma cargada de futuro, crecimiento que, además, sufraga en buena parte el sistema de seguridad social español.
Mientras que eso sucede, Marruecos anuncia sus proyectos de hacerse con las riquezas que atesora el suelo marino en las aguas cercanas a las Canarias y al Sahara Occidental, al que España ha abandonado a su suerte, indiferente a los intereses de sus habitantes, muchos de los cuales son, además, españoles. La tesis marroquí de que las grandes riquezas minerales que se encuentran en esas aguas le “pertenecen”, pretensión que carece de base tanto geográfica como histórica, es vista con mucha comprensión por USA, que, por supuesto, confía en beneficiarse antes o después de las políticas marroquíes de hechos consumados.
Entre tanto, España se limita a protestar, pero sin dar paso alguno en defensa de sus derechos, ya sea por temor al enfrentamiento abierto con Marruecos, ya por no contrariar al Gran Hermano yanqui, al que, paralelamente, Sánchez se permite chulear de cara a la galería, a la vez que su Gobierno, por boca del impresentable Ministro de Asuntos Exteriores, aumenta la marca de sandeces históricas asegurando que no hay ninguna razón para temer consecuencias negativas derivadas de las prohibiciones de uso de las bases de Rota y Morón. Para troncharse de risa.
Da vértigo la facilidad con la que España parece olvidar cómo las gasta Marruecos, y no por su gallardía bélica, sino por su habilidad para aprovechar los malos momentos hispanos. Hay que recordar la marcha verde sobre el Sahara Occidental durante la agonía de Franco, y el idilio de la administración Trump con Rabat es otro escenario malo para España, si, además, se combina con nuestro actual panorama político. Decir que Marruecos podría intentar apoderarse de un zarpazo de Ceuta o Melilla (por supuesto, con la abierta ayuda de USA) suena a idea fantasiosa carente de base, pero es grave imprudencia no querer contemplar esa posibilidad.
La tolerancia con las exigencias marroquíes alcanzó uno de sus puntos culminantes con la escandalosa decisión de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, con lo que España traicionaba definitivamente a los que en su momento fueron españoles. Sin que antes hubiera un debate en las Cortes, como sería lo adecuado en tema de esa importancia, Sánchez decidió en abril de 2022 dar la razón a Marruecos en el conflicto del Sahara Occidental, aceptando expresamente que la mejor solución sería la de dotar a aquel territorio de un estatuto de autonomía dentro del reino alauita, zanjando definitivamente la obligación de respetar las resoluciones de Naciones Unidas, que en modo alguno comportaban la integración directa en Marruecos.
Las consecuencias no se harían esperar, comenzando por poner al borde de la ruptura las relaciones con Argelia, dislate mayúsculo por muchos motivos, y entre ellos no es el menor el de la dependencia energética de España, necesitada del gas argelino. La torpeza estratégica y diplomática ha dado lugar a que España dependa ahora del gas que le vende EEUU, que además es peor y más caro que el argelino, según dicen los que saben de estas cosas, además de que, conociendo los cambios de humor de Trump, es altamente peligroso confiar en un suministrador que en cualquier momento puede decidir cerrar el grifo.

En otro plano se sitúan las relaciones humanas. Si comenzamos por los datos peores es obligado recordar que entre la población extranjera de las prisiones españolas el porcentaje mayor corresponde a marroquíes, es un mero hecho estadístico, pero puede ser valorado cuando se trata de la integración, pero el tema es, según creo, más grave:
Antes me he referido a la cuestión demográfica, y la abierta invocación que desde Marruecos se hace a la fuerza que suponen los vientres de las mujeres marroquíes inmigrantes, que traen sin cesar nuevos habitantes a España, país al que muchos de ellos nunca tendrán como propio, aunque haya crecientes excepciones que es obligado reconocer. En paralelo, las tasas de natalidad propias no paran de descender. Se trata de una “invasión lenta pero inexorable”, que se conjuga con la nula voluntad de integración de una gran mayoría de los marroquíes, que propenden a relacionarse exclusivamente entre ellos. Se dice, y algo de cierto hay en ello, que España no podría prescindir de la mano de obra extranjera en general y, en particular, marroquí, pero eso no es razón suficiente para no exigir comportamientos más respetuosos con España en tanto que país de acogida.
El tema de la integración ha tenido recientemente un importante momento crítico, provocado por la decisión del alcalde de Lérida de prohibir el velo integral (el burka y el niqab) en los espacios públicos. Su argumento es sencillo y, en mi opinión, contundente: es necesaria esa prohibición para la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres. Las reacciones no se han hecho esperar, comenzando por el propio PSOE, Partido al que, vía PSC, pertenece el alcalde, y, por supuesto, una legión de progres de diferentes pelajes que se han lanzado a la defensa de la libertad de cultos y costumbres. No ha faltado tampoco quien ha acusado a la medida de “discriminatoria y racista”. ¡Cuánta necedad!
Esas reacciones ponen de manifiesto algo mucho más grave, como es la subestimación de lo que es el islamismo radical y lo que puede suponer, error imperdonable, especialmente si se tienen presentes episodios trágicos como los atentados de Atocha o los de las Ramblas de Barcelona. Pero según los defensores de la posición “respetuosa” con la singularidad islámica, una prohibición de esa clase interfiere la libertad de las mujeres musulmanas que decidan ocultar su rostro.
Ese problema se vivió hace años en Francia, donde la población musulmana es mucho más numerosa que en España, dando lugar a grades controversias, que no impidieron que en 2004 se prohibieran los signos religiosos ostensibles en la escuela pública. Unos años después, en 2010, se prohibió el burka con un argumento también simple y tajante: no se puede permitir que nadie circule por las calles enmascarado. La reacción de rechazo del islamismo fue la esperable, poniendo de manifiesto algo que a fuer de evidente no es valorado: las democracias occidentales son laicas, mientras que los Estados islámicos no lo son, y esa diferencia de partida explica la incapacidad islámica para comprender (y respetar) el modo de vida de los países libres.
Ese razonamiento, perfectamente trasportable a España, y va más allá de la cuestión de la supuesta “libertad de elección” de las mujeres (sin entrar en que esa libertad es indemostrable, siendo, en cambio, seguro el ambiente de control y presión en el que viven las musulmanas). Es absurdo invocar las libertades individuales, sin antes pararse a contemplar la cantidad de violencia contra las mujeres que entraña la imposición de vestimentas.
Haríamos bien los españoles en no olvidar que el islamismo (del que participan muchos marroquíes) pretende que sus propias leyes sean respetadas en Estados de Derecho en los que rigen otras, y para lograr ese objetivo no ha dudado en hacer correr la sangre, en España y en otros Estados europeos.
He comenzado hablando de la difícil relación con Marruecos y termino extendiendo el tema a la presencia del islamismo en nuestro país y en nuestra vida cotidiana. El riesgo de violencia existe y ojalá nunca pase de ser solo un riesgo, igual que sucede con el peligro de un indeseable conflicto bélico con Marruecos, que debe evitarse a toda costa, pero sin arrodillar a España.

El tono del debate público en España está agriándose cada vez más. Los sucesos habidos en el recinto ferial IFEMA de Madrid constituyen el último eslabón de una cadena en la que algunos ven la pandemia como el mecanismo para acabar con el Gobierno, de forma poco responsable.

De hecho, el problema puede ocurrir si la semana próxima no hay apoyos suficientes para prorrogar el estado de alarma. El agravamiento de la tensión con el PP, la sombra de cierta controversia con el PNV con el telón de fondo de las elecciones vascas podrían llevar a esta solución. Obviamente, la responsabilidad política está en quienes voten que no.

Pero, desde un punto de vista jurídico, cuáles serían estas consecuencias.

La primera consecuencia sería que, al desaparecer el estado de alarma, todas las medidas contempladas en el Real Decreto 463/2020 y en los siguientes que lo modificaron quedarían sin efecto. Desaparecería el confinamiento, se podría circular libremente por las calles y demás vías públicas, podremos utilizar playas y parques con libertad, los bares y comercios podrían abrir en sus horarios usuales; podríamos utilizar los gimnasios sin restricciones… en definitiva la vuelta ipso facto a la normalidad. No parece lo más conveniente.

Desaparecería la condición de Autoridad competente en relación con el COVID19 del Gobierno de la Nación, la de Autoridad delegada de los Ministros de Transportes, Sanidad, Interior y de la Ministra de Defensa y las Comunidades Autónomas recuperarían toda su capacidad de actuación. Algunos, que ven en la gestión del COVID19 una recentralización, estarán contentos.

Las consecuencias sanitarias serían otra cuestión.

La segunda consecuencia es la desaparición de todas las medidas que están vinculadas a la situación del estado de alarma. Es preciso tener presente que hay medidas cuyo enganche con el ordenamiento jurídico derivan no del propio COVID sino que, por su intensidad, están vinculadas al propio estado de alarma. Pongo algunos ejemplos: la Orden SND/296/2020 por la que se establecen medidas excepcionales para el traslado de cadáveres ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19 quedaría sin efectos, dado que su vigencia está vinculada al estado de alarma y sus prórrogas. De forma similar la Orden SND/321/2020, de 3 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el uso de bioetanol en la fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de manos con ocasión de las crisis sanitaria ocasionada por el COVID19 también quedaría sin efecto. La Orden INT/237/2020 en relación con las medidas que se adoptan en el ámbito de Instituciones Penitenciarias también quedaría sin efecto. La lista podría ser interminable.

La tercera consecuencia, socialmente la más relevante, es el comienzo del plazo de treinta días que está recogido en numerosas disposiciones para que dejen de estar en vigor. Medidas especialmente del ámbito social. No obstante, las que están recogidas en el Real Decreto Ley 8/2020 de protección frente al desempleo se mantienen durante toda la situación derivada del COVID19, “pudiéndose prorrogar por el Gobierno mediante Real-Decreto Ley”, tal como dispone la Disposición Final 10ª de dicha disposición.

La desaparición del estado de alarma, la no aceptación de la prórroga que será solicitada del Gobierno sería un golpe considerable para el ejecutivo de Pedro Sánchez, al que se empezaría a señalar como un presidente que ha perdido la confianza de la cámara. Una pérdida de confianza que se produciría sin la utilización del procedimiento real de la moción de censura, sin que se exteriorice la nueva mayoría y sin que haya un candidato a Presidente del Gobierno ratificado. Vamos, una moción de censura vergonzante.

Lo más grave, sin embargo, sería que el Gobierno carecería de bastantes instrumentos para gestionar la crisis del COVID19. Obviamente, habría algunas que se podrían reconfigurar a través de otras habilitaciones constitucionales, pero el esfuerzo que habría que hacer sería la antítesis de la eficacia y eficiencia que hay que tener en las condiciones actuales.

Sería un caso extraño en la práctica política europea en donde se mantiene un Gobierno (es aparentemente imposible que haya una mayoría alternativa que pueda derrotarle en una moción de censura, en la que se exige la mayoría absoluta), no se podrían convocar elecciones y, sin embargo, no se podría recurrir al instrumento más adecuado para la gestión de la pandemia, el estado de alarma, más allá de las molestias que ocasione. Sería, al mismo tiempo, paradójico, que mientras la pandemia seguirá ahí, las consecuencias de la misma se podrían imputar a un Gobierno que carece de todos los instrumentos necesarios para gestionarlo.

El estado de alarma, por ejemplo, es la única vía para limitar con carácter general los movimientos en las circunstancias actuales. No se dan los presupuestos para ninguno de los otros dos y no se puede gestionar el estado actual de la pandemia sin adoptar medidas extraordinarias.

Este es el problema. Que la pandemia sigue ahí. Nos guste o no, seguirá tiempo entre nosotros y que, por consiguiente, seguimos necesitando utilizar un medio extraordinario como el estado de alarma. Que sin medidas excepcionales se producirá un repunte de los casos y los fallecimientos. Que se potenciará la sensación de caos que están dando algunas Comunidades Autónomas y que pareceremos un estado fallido, tal como se empieza a decir ahora de los Estados Unidos de América.

Pero esto entra dentro de la responsabilidad de cada integrante del Congreso de los Diputados. Si lo que querían es ser responsables y ejercer el poder, es su oportunidad. Si lo que quieren es ejercer el patriotismo constitucional, la solución debe ser otra.

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