Paraísos fiscales y legalidad

por Julio González García | Oct 4, 2021

Al parecer, un comité de la Cámara de Representantes de EEUU se ha pronunciado a favor de apoyar los esfuerzos del secretario de Estado para alcanzar un compromiso diplomático entre Marruecos y España sobre el futuro de Ceuta y Melilla. Lo de menos es saber qué es exactamente lo que está haciendo ese sujeto. Lo realmente preocupante es que estamos en la antesala de un grave problema, aumentado por la prometida venganza de EEUU por la actitud de España con ocasión de la actual guerra del golfo Pérsico.
Forzoso es comenzar por aceptar que la relación con el reino alauita es aparentemente correcta, pero está plagada de tumores, históricos y presentes, por más que el observador quiera y deba apartar todos los apriorismos negativos que entran en el análisis, pero la realidad es la que es y no ofrece motivos para el optimismo. Hay un primer punto que es obligado destacar: aun aceptando que Trump es un tipejo indeseable, es un grave error buscar el enfrentamiento con él, y, de paso, con USA, con el objetivo prioritario de presentarse ante la izquierda española – y Europea, según delira Sánchez - como máximo adalid del pensamiento progresista y de la gallardía ante el imperialismo belicista.
Las consecuencias son fácilmente previsibles, y ahí tenemos la amenaza de supresión de las bases norteamericanas en España, cosa que la progresía de salón, y algunos más de los socios de Sánchez, consideran una gran noticia, sin reparar en que el gran beneficiado puede ser Marruecos, a cuyo territorio pueden ir a parar las bases con todo lo que eso comporta, lo cual no se limita a la pérdida de unos “inquilinos”, sino que va mucho más allá, alterando gravemente la defensa de los intereses españoles.
Pero Sánchez, agobiado por las encuestas desfavorables, tenía que buscar en el baúl recursos propagandísticos y uno era el del “no a la guerra”, que irá acompañado, de aquí a las elecciones generales, del grito “OTAN no, bases fuera”, que estuvo en boga a comienzos de los 80. La probada frivolidad del actual PSOE y su jefe no detendrá el dislate, pues ningún precio para España es demasiado alto si se trata de los intereses electorales inmediatos.
Me he referido a uno más de los disparates sanchistas, pero el tema de estas notas es la relación con Marruecos. Para la mayoría de los españoles (datos del Real Instituto Elcano) Marruecos es la más grave amenaza exterior de España, muy por encima de Rusia que, en su caso, es un problema que España comparte con toda Europa en tanto que el marroquí es estrictamente español, y si la detección de la opinión se centra en Ceuta o Melilla o, incluso, en Canarias, el nivel de preocupación es mucho mayor.
A la gravedad estratégica de buscar el enfrentamiento con USA ( y con Israel) se suma la baja reacción ante hechos ya acaecidos, como han sido las invasiones incontroladas de inmigrantes ayudados por la Administración marroquí, los apresamientos injustificados de pesqueros españoles, la falta de respeto a las aguas territoriales españolas (determinadas por las Islas Canarias), y la frecuencia con la que diferentes voceros marroquíes se jactan de que el crecimiento demográfico de sus nacionales en España es un arma cargada de futuro, crecimiento que, además, sufraga en buena parte el sistema de seguridad social español.
Mientras que eso sucede, Marruecos anuncia sus proyectos de hacerse con las riquezas que atesora el suelo marino en las aguas cercanas a las Canarias y al Sahara Occidental, al que España ha abandonado a su suerte, indiferente a los intereses de sus habitantes, muchos de los cuales son, además, españoles. La tesis marroquí de que las grandes riquezas minerales que se encuentran en esas aguas le “pertenecen”, pretensión que carece de base tanto geográfica como histórica, es vista con mucha comprensión por USA, que, por supuesto, confía en beneficiarse antes o después de las políticas marroquíes de hechos consumados.
Entre tanto, España se limita a protestar, pero sin dar paso alguno en defensa de sus derechos, ya sea por temor al enfrentamiento abierto con Marruecos, ya por no contrariar al Gran Hermano yanqui, al que, paralelamente, Sánchez se permite chulear de cara a la galería, a la vez que su Gobierno, por boca del impresentable Ministro de Asuntos Exteriores, aumenta la marca de sandeces históricas asegurando que no hay ninguna razón para temer consecuencias negativas derivadas de las prohibiciones de uso de las bases de Rota y Morón. Para troncharse de risa.
Da vértigo la facilidad con la que España parece olvidar cómo las gasta Marruecos, y no por su gallardía bélica, sino por su habilidad para aprovechar los malos momentos hispanos. Hay que recordar la marcha verde sobre el Sahara Occidental durante la agonía de Franco, y el idilio de la administración Trump con Rabat es otro escenario malo para España, si, además, se combina con nuestro actual panorama político. Decir que Marruecos podría intentar apoderarse de un zarpazo de Ceuta o Melilla (por supuesto, con la abierta ayuda de USA) suena a idea fantasiosa carente de base, pero es grave imprudencia no querer contemplar esa posibilidad.
La tolerancia con las exigencias marroquíes alcanzó uno de sus puntos culminantes con la escandalosa decisión de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, con lo que España traicionaba definitivamente a los que en su momento fueron españoles. Sin que antes hubiera un debate en las Cortes, como sería lo adecuado en tema de esa importancia, Sánchez decidió en abril de 2022 dar la razón a Marruecos en el conflicto del Sahara Occidental, aceptando expresamente que la mejor solución sería la de dotar a aquel territorio de un estatuto de autonomía dentro del reino alauita, zanjando definitivamente la obligación de respetar las resoluciones de Naciones Unidas, que en modo alguno comportaban la integración directa en Marruecos.
Las consecuencias no se harían esperar, comenzando por poner al borde de la ruptura las relaciones con Argelia, dislate mayúsculo por muchos motivos, y entre ellos no es el menor el de la dependencia energética de España, necesitada del gas argelino. La torpeza estratégica y diplomática ha dado lugar a que España dependa ahora del gas que le vende EEUU, que además es peor y más caro que el argelino, según dicen los que saben de estas cosas, además de que, conociendo los cambios de humor de Trump, es altamente peligroso confiar en un suministrador que en cualquier momento puede decidir cerrar el grifo.

En otro plano se sitúan las relaciones humanas. Si comenzamos por los datos peores es obligado recordar que entre la población extranjera de las prisiones españolas el porcentaje mayor corresponde a marroquíes, es un mero hecho estadístico, pero puede ser valorado cuando se trata de la integración, pero el tema es, según creo, más grave:
Antes me he referido a la cuestión demográfica, y la abierta invocación que desde Marruecos se hace a la fuerza que suponen los vientres de las mujeres marroquíes inmigrantes, que traen sin cesar nuevos habitantes a España, país al que muchos de ellos nunca tendrán como propio, aunque haya crecientes excepciones que es obligado reconocer. En paralelo, las tasas de natalidad propias no paran de descender. Se trata de una “invasión lenta pero inexorable”, que se conjuga con la nula voluntad de integración de una gran mayoría de los marroquíes, que propenden a relacionarse exclusivamente entre ellos. Se dice, y algo de cierto hay en ello, que España no podría prescindir de la mano de obra extranjera en general y, en particular, marroquí, pero eso no es razón suficiente para no exigir comportamientos más respetuosos con España en tanto que país de acogida.
El tema de la integración ha tenido recientemente un importante momento crítico, provocado por la decisión del alcalde de Lérida de prohibir el velo integral (el burka y el niqab) en los espacios públicos. Su argumento es sencillo y, en mi opinión, contundente: es necesaria esa prohibición para la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres. Las reacciones no se han hecho esperar, comenzando por el propio PSOE, Partido al que, vía PSC, pertenece el alcalde, y, por supuesto, una legión de progres de diferentes pelajes que se han lanzado a la defensa de la libertad de cultos y costumbres. No ha faltado tampoco quien ha acusado a la medida de “discriminatoria y racista”. ¡Cuánta necedad!
Esas reacciones ponen de manifiesto algo mucho más grave, como es la subestimación de lo que es el islamismo radical y lo que puede suponer, error imperdonable, especialmente si se tienen presentes episodios trágicos como los atentados de Atocha o los de las Ramblas de Barcelona. Pero según los defensores de la posición “respetuosa” con la singularidad islámica, una prohibición de esa clase interfiere la libertad de las mujeres musulmanas que decidan ocultar su rostro.
Ese problema se vivió hace años en Francia, donde la población musulmana es mucho más numerosa que en España, dando lugar a grades controversias, que no impidieron que en 2004 se prohibieran los signos religiosos ostensibles en la escuela pública. Unos años después, en 2010, se prohibió el burka con un argumento también simple y tajante: no se puede permitir que nadie circule por las calles enmascarado. La reacción de rechazo del islamismo fue la esperable, poniendo de manifiesto algo que a fuer de evidente no es valorado: las democracias occidentales son laicas, mientras que los Estados islámicos no lo son, y esa diferencia de partida explica la incapacidad islámica para comprender (y respetar) el modo de vida de los países libres.
Ese razonamiento, perfectamente trasportable a España, y va más allá de la cuestión de la supuesta “libertad de elección” de las mujeres (sin entrar en que esa libertad es indemostrable, siendo, en cambio, seguro el ambiente de control y presión en el que viven las musulmanas). Es absurdo invocar las libertades individuales, sin antes pararse a contemplar la cantidad de violencia contra las mujeres que entraña la imposición de vestimentas.
Haríamos bien los españoles en no olvidar que el islamismo (del que participan muchos marroquíes) pretende que sus propias leyes sean respetadas en Estados de Derecho en los que rigen otras, y para lograr ese objetivo no ha dudado en hacer correr la sangre, en España y en otros Estados europeos.
He comenzado hablando de la difícil relación con Marruecos y termino extendiendo el tema a la presencia del islamismo en nuestro país y en nuestra vida cotidiana. El riesgo de violencia existe y ojalá nunca pase de ser solo un riesgo, igual que sucede con el peligro de un indeseable conflicto bélico con Marruecos, que debe evitarse a toda costa, pero sin arrodillar a España.

PLANTEAMIENTO

El Consorcio Internacional de Periodistas ha publicado, de nuevo, un conjunto de documentos en los que pueda que determinados políticos, cantantes y deportistas disponían de vehículos para eludir el pago de impuestos en paraísos fiscales. Tras los Papeles de Panamá y los Papeles del Paraíso, llegan los Papeles de Pandora. Un caso que nos va a permitir pensar sobre el papel de la asesoría jurídica en estas operaciones ilegales.

Es lamentable ver ese elenco de personas que, a pesar de su situación económica, dieron bastantes pasos más para pagar menos impuestos que los que les correspondía. Pese a que resulte imprescindible conocer cuál es la conciencia colectiva de estas personas, a pesar de que ha de aplicarse todo el rigor del ordenamiento jurídico y que desde una perspectiva de transparencia en el funcionamiento colectivo es conveniente conocer  estos datos, no deja de tener, en mi opinión, un planteamiento morboso ya que no aborda numerosos problemas que plantean los paraísos fiscales; en particular los estructurales vinculados a comportamientos empresariales.

Hoy abordaré el referido a la legalidad, pero no quiero dejar de mencionar tres aspectos importantes: 

  1. Cuando hablamos de paraísos fiscales, no debemos pensar en islas caribeñas, sino que es un problema que está asentado en grandes países, como los Estados Unidos o, por tomar algo más cercano, en la Unión Europea que tiene numerosos territorios que podrían recibir este calificativo, como Luxemburgo, Países Bajos, Chipre o Malta.
  2. Cuando hablamos de paraísos fiscales, hemos de pensar, al mismo tiempo, en cómo las compañías utilizan estas formas de tributación para eludir el pago de los impuestos, tal como ocurre con las filiales que tienen las compañías del IBEX en territorios no colaboradores.
  3. Cuando hablamos de paraísos fiscales, no debemos olvidar que las pretensiones de ciertas gobernantes, de no “meter la mano en los bolsillos” con los impuestos supone configurar el primer elemento para configurar un paraíso fiscal. Esto podría ocurrir en Madrid, al igual que pasa en ciertos territorios de la Unión Europea que no tienen el carácter de Estado. Son los denominados, territorios off shore, esto es, aquellos que sin ser paraísos fiscales reducen anormalmente la presión fiscal a los que llevan allá sus rentas

 

También con carácter previo, conviene recordar que la catalogación de un territorio como paraíso fiscal viene por la concurrencia de tres elementos: muy baja tributación, opacidad y residencia virtual. A partir de estos elementos vamos a examinar tres aspectos vinculados a la legalidad de los paraísos fiscales.

LOS PARAÍSOS FISCALES DESDE LA PERSPECTIVA DEL LUGAR DE TRIBUTACIÓN DE LA RIQUEZA

Desde esta perspectiva, no cabe duda que cualquier operación de esta naturaleza es ilegal y que, en consecuencia, los Estados deben adoptar medidas suficientes para la sanción del infractor. Hay, como es conocido, medidas para determinar dónde se ha de tributar en función de determinados criterios, especialmente el domicilio del sujeto pasivo, y a partir de ahí se debe exigir la tributación.

Ahora bien, ante un fenómeno como el de los paraísos fiscales en un contexto de la globalización actual hay que recordar algunos aspectos: 

  1. La liberalización de las inversiones exteriores sin un análisis exhaustivo del origen y destino de lo invertido puede conducir a resultados especialmente extraños: De acuerdo con lo señalado por Oxfam 1 de 4 euros “invertidos” en el exterior de nuestro país tienen por destino un paraíso fiscal y, en un sentido inverso, el 54% de la inversión exterior proviene de un paraíso fiscal.
  2. No se debería progresar en medidas de liberalización del mercado exterior de capitales cuando no se han arbitrado mecanismos internos suficientes para la lucha contra la evasión fiscal: en nuestro país, por ejemplo, la reducción del plazo de prescripción tributaria a cuatro años supone un elemento de dificultad en la lucha contra los paraísos fiscales.
  3. Cuando se analizan aspectos estructurales del comportamiento de las grandes empresas, se puede ver fácilmente que la mayor parte de ellas tienen filiales en paraísos fiscales. ¿Está el país en condiciones, por ejemplo, de asumir que el sector público no contrate con todos aquellos que directa o indirectamente tengan filiales en paraísos fiscales? El debate, por tanto, no es sólo de casos concretos sino que tiene que ser más general, en un contexto general de una reforma fiscal avanzada que luche contra esta lacra.
  4. La catalogación de un territorio como paraíso fiscal no puede ser la consecuencia de opciones políticas. El número anormalmente bajo de los que tienen esta calificación muestra que internamente se realizan muy pocos esfuerzos. El caso de Panamá, constante en los documentos aparecidos en los últimos años, es una prueba clara de que la consideración de paraíso fiscal deriva de otro tipo de consideraciones. Lo mismo se podría decir de Marruecos. 
  5. Sería necesario aprobar una Ley de transparencia económica de las empresas en donde se recogieran, al menos, los siguientes elementos:
    1. La implantación que tiene en cada territorio y la naturaleza de sus actividades;
    2. La cifra de negocios que tiene en cada territorio.
    3. Los efectivos personales con que cuenta (resulta paradójico ver como la banca francesa tiene beneficios en territorios en los que no cuenta con ningún trabajador).
    4. Los beneficios que se han obtenido antes de impuestos -para poder controlar cuál es la presión fiscal real de cada uno de los territorios).
    5. Los impuestos que han pagado.
    6. Las subvenciones y otras ayudas públicas recibidas.
    7. Pero, al mismo tiempo, el sector público debería estar en condiciones de prohibir que empresas radicadas en paraísos fiscales (ya sea directa o indirectamente) puedan ser adjudicatarios de contratos públicos.

Pero hay un dato complementario que es especialmente importante: por último, la escasez de medios que tienen algunas Administraciones tributarias, como la española, consiguen que no se disponga de una posibilidad real de controlar a aquellas personas físicas y jurídicas que tienen tendencia a reubicar sus rentas fuera de sus países de origen. Y esto constituye una delación de funciones por parte del Estado a la hora de recibir los impuestos. 

LOS PARAÍSOS FISCALES DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS LUGARES DONDE LLEGA EL DINERO

A diferencia de lo que ocurre en el supuesto anterior, los paraísos fiscales son, desde su propia perspectiva perfectamente legales. Resulta risible ver cómo algunos de los afectados señalan que su comportamiento se adecúa a la legislación vigente en el lugar en que está radicado el instrumento para la evasión fiscal. 

De esto han vivido numerosos Estados durante mucho tiempo. Para ellos, tributar un 0,5% del impuesto de sociedades constituye un ingreso que si no fuera por estos vehículos, no tendrían. Es una nueva modalidad de piratería adaptada a los tiempos de la globalización económica sin freno. 

Pero no podemos olvidar ciertos elementos:

  1. Existen medidas de coerción económica que se podrían aplicar contra determinados territorios pero que, sin embargo, no se llevan a la práctica.
  2. En la actualidad, para la Unión Europea, que aplica los criterios sobre paraísos fiscales de forma laxa y política, sólo tienen esta naturaleza: Samoa Americana, Anguila, Dominica (nuevo), Fiyi, Guam, Palaos, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Vanuatu y Seychelles. Es conveniente compararlo con el Corporate Tax Haven Index; que tiene entre los diez primeros a Países Bajos, Suiza, Luxemburgo, Hong Kong o los Emiratos Arabes y en el que ocupamos un poco honroso 22º puesto.
  3. Muchos de los territorios que son materialmente paraísos fiscales dependen de potencias que dicen luchar contra los paraísos: el Reino Unido o los Países Bajos se llevan la palma
  4. La presión política impide que se apliquen medidas a determinados territorios que no proporcionan la misma información que están requiriendo de terceros países. Es lo que ocurre con los Estados Unidos, que se ha transformado en un país no colaborador a la hora de entregar información fiscal sobre las operaciones radicadas allí. Lo que está ocurriendo en un momento en que muchos de los Estados están adoptando una fiscalizad anormalmente baja.
  5. La Unión Europea no está adoptando ninguna actuación contra los países miembros que manifiestamente son paraísos fiscales. De hecho, se debe afirmar que la Unión Europea tiene un gran problema con los territorios que actúan como paraísos fiscales internos. Aunque sea por su comportamiento anticompetitivo. Es lo que debería hacer contra Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Irlanda, Chipre y Austria. 
  6. Ni siquiera el acuerdo sobre la fiscalidad mínima adoptado últimamente proporciona armas suficientes en la medida en que no se prevén medidas suficientes contra todos los países que deben ser considerados paraísos fiscales. 

LOS DESPACHOS DE ABOGADOS Y LOS PARAÍSOS FISCALES

Transferir dinero y constituir un vehículo para la ilusión fiscal en los paraísos fiscales no es algo sencillo. Hace falta recurrir a mecanismos de ingeniería jurídico-financiera para que obtengan el resultado buscado. Mecanismos que varían en función del país, para adaptar la organización interna o incluso el domicilio fiscal para lograr la defraudación. 

La utilización masiva de sociedades pantalla o fideicomisos o la figura anglosajona de los trust radicadas en terceros países contribuye a que la presión fiscal no recaiga en el lugar donde debiera, el del domicilio del contribuyente. Aquí el caso de las sociedades que reciben los derechos de imagen de algunos deportistas profesionales o los supuestos de los precios de transferencia entre sociedades del mismo grupo pueden servir como ejemplo de lo que está ocurriendo.

Precisamente por ello, son despachos de abogados los que están detrás de estas operaciones. Si en los papeles de panamá fue Mossack Fonseca, en esta ocasión son Alcogal y Baker&McKenzie los que aparecen en las informaciones de prensa como que han proporcionado sustento jurídico a los defraudadores.

 Y aquí de nuevo ha de preguntarse ¿estas empresas carecen de responsabilidad en la articulación de estos instrumentos de evasión fiscal?

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