¿Podemos derogar el artículo 135 de la Constitución?

por Julio González García | Abr 5, 2014

Al parecer, un comité de la Cámara de Representantes de EEUU se ha pronunciado a favor de apoyar los esfuerzos del secretario de Estado para alcanzar un compromiso diplomático entre Marruecos y España sobre el futuro de Ceuta y Melilla. Lo de menos es saber qué es exactamente lo que está haciendo ese sujeto. Lo realmente preocupante es que estamos en la antesala de un grave problema, aumentado por la prometida venganza de EEUU por la actitud de España con ocasión de la actual guerra del golfo Pérsico.
Forzoso es comenzar por aceptar que la relación con el reino alauita es aparentemente correcta, pero está plagada de tumores, históricos y presentes, por más que el observador quiera y deba apartar todos los apriorismos negativos que entran en el análisis, pero la realidad es la que es y no ofrece motivos para el optimismo. Hay un primer punto que es obligado destacar: aun aceptando que Trump es un tipejo indeseable, es un grave error buscar el enfrentamiento con él, y, de paso, con USA, con el objetivo prioritario de presentarse ante la izquierda española – y Europea, según delira Sánchez - como máximo adalid del pensamiento progresista y de la gallardía ante el imperialismo belicista.
Las consecuencias son fácilmente previsibles, y ahí tenemos la amenaza de supresión de las bases norteamericanas en España, cosa que la progresía de salón, y algunos más de los socios de Sánchez, consideran una gran noticia, sin reparar en que el gran beneficiado puede ser Marruecos, a cuyo territorio pueden ir a parar las bases con todo lo que eso comporta, lo cual no se limita a la pérdida de unos “inquilinos”, sino que va mucho más allá, alterando gravemente la defensa de los intereses españoles.
Pero Sánchez, agobiado por las encuestas desfavorables, tenía que buscar en el baúl recursos propagandísticos y uno era el del “no a la guerra”, que irá acompañado, de aquí a las elecciones generales, del grito “OTAN no, bases fuera”, que estuvo en boga a comienzos de los 80. La probada frivolidad del actual PSOE y su jefe no detendrá el dislate, pues ningún precio para España es demasiado alto si se trata de los intereses electorales inmediatos.
Me he referido a uno más de los disparates sanchistas, pero el tema de estas notas es la relación con Marruecos. Para la mayoría de los españoles (datos del Real Instituto Elcano) Marruecos es la más grave amenaza exterior de España, muy por encima de Rusia que, en su caso, es un problema que España comparte con toda Europa en tanto que el marroquí es estrictamente español, y si la detección de la opinión se centra en Ceuta o Melilla o, incluso, en Canarias, el nivel de preocupación es mucho mayor.
A la gravedad estratégica de buscar el enfrentamiento con USA ( y con Israel) se suma la baja reacción ante hechos ya acaecidos, como han sido las invasiones incontroladas de inmigrantes ayudados por la Administración marroquí, los apresamientos injustificados de pesqueros españoles, la falta de respeto a las aguas territoriales españolas (determinadas por las Islas Canarias), y la frecuencia con la que diferentes voceros marroquíes se jactan de que el crecimiento demográfico de sus nacionales en España es un arma cargada de futuro, crecimiento que, además, sufraga en buena parte el sistema de seguridad social español.
Mientras que eso sucede, Marruecos anuncia sus proyectos de hacerse con las riquezas que atesora el suelo marino en las aguas cercanas a las Canarias y al Sahara Occidental, al que España ha abandonado a su suerte, indiferente a los intereses de sus habitantes, muchos de los cuales son, además, españoles. La tesis marroquí de que las grandes riquezas minerales que se encuentran en esas aguas le “pertenecen”, pretensión que carece de base tanto geográfica como histórica, es vista con mucha comprensión por USA, que, por supuesto, confía en beneficiarse antes o después de las políticas marroquíes de hechos consumados.
Entre tanto, España se limita a protestar, pero sin dar paso alguno en defensa de sus derechos, ya sea por temor al enfrentamiento abierto con Marruecos, ya por no contrariar al Gran Hermano yanqui, al que, paralelamente, Sánchez se permite chulear de cara a la galería, a la vez que su Gobierno, por boca del impresentable Ministro de Asuntos Exteriores, aumenta la marca de sandeces históricas asegurando que no hay ninguna razón para temer consecuencias negativas derivadas de las prohibiciones de uso de las bases de Rota y Morón. Para troncharse de risa.
Da vértigo la facilidad con la que España parece olvidar cómo las gasta Marruecos, y no por su gallardía bélica, sino por su habilidad para aprovechar los malos momentos hispanos. Hay que recordar la marcha verde sobre el Sahara Occidental durante la agonía de Franco, y el idilio de la administración Trump con Rabat es otro escenario malo para España, si, además, se combina con nuestro actual panorama político. Decir que Marruecos podría intentar apoderarse de un zarpazo de Ceuta o Melilla (por supuesto, con la abierta ayuda de USA) suena a idea fantasiosa carente de base, pero es grave imprudencia no querer contemplar esa posibilidad.
La tolerancia con las exigencias marroquíes alcanzó uno de sus puntos culminantes con la escandalosa decisión de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, con lo que España traicionaba definitivamente a los que en su momento fueron españoles. Sin que antes hubiera un debate en las Cortes, como sería lo adecuado en tema de esa importancia, Sánchez decidió en abril de 2022 dar la razón a Marruecos en el conflicto del Sahara Occidental, aceptando expresamente que la mejor solución sería la de dotar a aquel territorio de un estatuto de autonomía dentro del reino alauita, zanjando definitivamente la obligación de respetar las resoluciones de Naciones Unidas, que en modo alguno comportaban la integración directa en Marruecos.
Las consecuencias no se harían esperar, comenzando por poner al borde de la ruptura las relaciones con Argelia, dislate mayúsculo por muchos motivos, y entre ellos no es el menor el de la dependencia energética de España, necesitada del gas argelino. La torpeza estratégica y diplomática ha dado lugar a que España dependa ahora del gas que le vende EEUU, que además es peor y más caro que el argelino, según dicen los que saben de estas cosas, además de que, conociendo los cambios de humor de Trump, es altamente peligroso confiar en un suministrador que en cualquier momento puede decidir cerrar el grifo.

En otro plano se sitúan las relaciones humanas. Si comenzamos por los datos peores es obligado recordar que entre la población extranjera de las prisiones españolas el porcentaje mayor corresponde a marroquíes, es un mero hecho estadístico, pero puede ser valorado cuando se trata de la integración, pero el tema es, según creo, más grave:
Antes me he referido a la cuestión demográfica, y la abierta invocación que desde Marruecos se hace a la fuerza que suponen los vientres de las mujeres marroquíes inmigrantes, que traen sin cesar nuevos habitantes a España, país al que muchos de ellos nunca tendrán como propio, aunque haya crecientes excepciones que es obligado reconocer. En paralelo, las tasas de natalidad propias no paran de descender. Se trata de una “invasión lenta pero inexorable”, que se conjuga con la nula voluntad de integración de una gran mayoría de los marroquíes, que propenden a relacionarse exclusivamente entre ellos. Se dice, y algo de cierto hay en ello, que España no podría prescindir de la mano de obra extranjera en general y, en particular, marroquí, pero eso no es razón suficiente para no exigir comportamientos más respetuosos con España en tanto que país de acogida.
El tema de la integración ha tenido recientemente un importante momento crítico, provocado por la decisión del alcalde de Lérida de prohibir el velo integral (el burka y el niqab) en los espacios públicos. Su argumento es sencillo y, en mi opinión, contundente: es necesaria esa prohibición para la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres. Las reacciones no se han hecho esperar, comenzando por el propio PSOE, Partido al que, vía PSC, pertenece el alcalde, y, por supuesto, una legión de progres de diferentes pelajes que se han lanzado a la defensa de la libertad de cultos y costumbres. No ha faltado tampoco quien ha acusado a la medida de “discriminatoria y racista”. ¡Cuánta necedad!
Esas reacciones ponen de manifiesto algo mucho más grave, como es la subestimación de lo que es el islamismo radical y lo que puede suponer, error imperdonable, especialmente si se tienen presentes episodios trágicos como los atentados de Atocha o los de las Ramblas de Barcelona. Pero según los defensores de la posición “respetuosa” con la singularidad islámica, una prohibición de esa clase interfiere la libertad de las mujeres musulmanas que decidan ocultar su rostro.
Ese problema se vivió hace años en Francia, donde la población musulmana es mucho más numerosa que en España, dando lugar a grades controversias, que no impidieron que en 2004 se prohibieran los signos religiosos ostensibles en la escuela pública. Unos años después, en 2010, se prohibió el burka con un argumento también simple y tajante: no se puede permitir que nadie circule por las calles enmascarado. La reacción de rechazo del islamismo fue la esperable, poniendo de manifiesto algo que a fuer de evidente no es valorado: las democracias occidentales son laicas, mientras que los Estados islámicos no lo son, y esa diferencia de partida explica la incapacidad islámica para comprender (y respetar) el modo de vida de los países libres.
Ese razonamiento, perfectamente trasportable a España, y va más allá de la cuestión de la supuesta “libertad de elección” de las mujeres (sin entrar en que esa libertad es indemostrable, siendo, en cambio, seguro el ambiente de control y presión en el que viven las musulmanas). Es absurdo invocar las libertades individuales, sin antes pararse a contemplar la cantidad de violencia contra las mujeres que entraña la imposición de vestimentas.
Haríamos bien los españoles en no olvidar que el islamismo (del que participan muchos marroquíes) pretende que sus propias leyes sean respetadas en Estados de Derecho en los que rigen otras, y para lograr ese objetivo no ha dudado en hacer correr la sangre, en España y en otros Estados europeos.
He comenzado hablando de la difícil relación con Marruecos y termino extendiendo el tema a la presencia del islamismo en nuestro país y en nuestra vida cotidiana. El riesgo de violencia existe y ojalá nunca pase de ser solo un riesgo, igual que sucede con el peligro de un indeseable conflicto bélico con Marruecos, que debe evitarse a toda costa, pero sin arrodillar a España.

Casi tres años después de la reforma del artículo 135 de la Constitución, se escuchan en algunos grupos de izquierda peticiones de cambio para adaptarlo al Estado social. Ahora bien, ¿qué efecto tendría la derogación del artículo 135 de la Constitución? O incluso ¿podemos hacerlo? Son dos cuestiones imprescindibles en el debate sobre esta cuestión.

Y ello, a pesar de que, recogiendo lo que está en muchos sectores sociales, la actual redacción del artículo se ha considerado, en palabras de Moisés Martín, “una reforma excesiva, precipitada, de dudosa consistencia económica, y con un fuerte significado político que limita en buena medida las posibilidades de construir una política económica diferente en un Estado descentralizado como España. Una reforma que no puede sino considerarse un grave error”.

Aunque la crisis ha reforzado el papel estructural de la estabilidad presupuestaria, las reglas son más antiguas y España las asumió cuando aceptamos la pertenencia a la Unión Económica y Monetaria y entramos en el euro. Hoy constituye un principio estructural de la política europea, como se puede ver en el reciente Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG) en la Unión Económica y Monetaria, firmado en 2012.

¿Qué hemos de tener en cuenta para responder a las dos preguntas iniciales?

1. El artículo 126 -apartados 3 a 11- del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europeas obliga a las instituciones comunitarias a tramitar un Procedimiento de Déficit Excesivo cuando se incumpla el porcentaje de déficit público, que, aplicando las políticas neoliberales europeas, reducirá la capacidad de gasto público.

No sólo se prevé la obligación de abrir este procedimiento sino las sanciones son duras ante el incumplimiento de la resolución. Así, el Consejo europeo podrá:

i) Imponer controles antes de emitir deuda pública. Aunque no esté escrito, el Banco Central Europeo no apoyará para reducir su precio;

ii) Recomendar al Banco Europeo de Inversiones para no conceder préstamos al Estado;

iii) Exigir al incumplidor un depósito hasta que considere que se ha corregido la situación y

iv) Imponer multas dependientes del incumplimiento.

Primera consecuencia: desde Europa, aplicando sólo Derecho europeo, se obligará al Estado que incumpla las reglas de la estabilidad presupuestaria a volver a ella.

2. El segundo aspecto afecta a la soberanía económica de los Estados, que se perdería por el artículo 5 del TECG. dispone que quien sea objeto de un procedimiento de déficit excesivo establecerá un “programa de colaboración presupuestaria y económica en el que incluya una descripción pormenorizada de las reformas estructurales que se deberán adoptar y aplicar a fin de garantizar una corrección efectiva y duradera de su déficit excesivo”.

Con ello, Bruselas adoptará las decisiones esenciales de reducción de gasto público que implementará el Estado cuando su presupuesto haya sido verificado en Europa. Restricción de soberanía económica de la que hoy los países se congratulan.

Segunda consecuencia: desde Europa, aplicando sólo Derecho europeo, se perderá más soberanía económica por tenerla monitorizada por las autoridades europeas.

3. La razón jurídica que nos impide modificar el artículo 135 deriva del artículo 3.2 del TECG, ya que impone que sus principios estén en “disposiciones que tengan fuerza vinculante y sean de carácter permanente, preferentemente de rango constitucional, o cuyo respeto y cumplimiento estén de otro modo plenamente garantizados a lo largo de los procedimientos presupuestarios nacionales” (artículo 3.2). Dicho de otro modo, se contiene, i) una preferencia clara por una disposición de este carácter, lo que obliga a justificar el optar por otro tipo; ii) si no es constitucional debe tener fortaleza equivalente y iii) serán los órganos europeos los que controlarán si la norma es suficientemente obligatoria. Esto es, la libertad sobre el tipo de norma es muy limitada.

Tercera consecuencia: desde Europa, aplicando sólo Derecho europeo, se decretaría el incumplimiento del Estado; lo que según el artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea podría acarrear sanciones al Estado por no introducir la regla de la estabilidad en la Constitución y en el Derecho nacional.

La reforma del artículo 135 estaría rodeada de problemas. O desde Bruselas nos imponen las mismas reglas o nos impiden cambiarlo. Recordemos que el Tratado firmado por Rajoy en 2012 tiene entre sus fines “obligar a tal Estado miembro a reducir el déficit que pueda haberse detectado”.

Por ello, ¿qué valor tendría una vuelta atrás al artículo 135 de la Constitución si el Derecho europeo adopta medidas de efecto equivalente a las que hipotéticamente se eliminarían? Nulos o casi nulos.

Más aún, si el control de los cambios constitucionales se hará por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y asumido que el deseo central es la reducción del déficit público ¿podría modificarse realmente el precepto? Si, y sólo si, disponemos de una norma equivalente equivalente.

Desde la perspectiva de los resultados para la ciudadanía ¿estamos realmente en condiciones de salirnos del sistema? Porque evidentemente sin el artículo 135 de la Constitución, incumpliendo el Derecho comunitario, tendríamos la sanción económica de que las condiciones de acceso a los mercados de deuda serían otras mucho peores. ¿Cuál sería el coste social cuando en 2013 nos endeudamos en 76.000 millones de euros? ¿Podríamos pagarla al valor de mercado sin la intervención del Banco Central Europeo?

El problema proviene de la ausencia de un discurso alternativo de la izquierda cuando se hicieron las reformas de los Tratados, que planteara una construcción europea distinta, más social, sostenible y democrática. Al tiempo, esta falta de modelo alternativo abrió una autopista al pensamiento conservador que moduló los Tratados a su conveniencia.

Las elecciones europeas de 2014 deberían ser el momento para llevar a la agenda pública europea la cuestión de las políticas europeas y, en particular, las reglas de estabilidad presupuestaria y sus consecuencias.

De hecho, en 2017, dentro de esta legislatura europea, habrá que revisar la aplicación de estas medidas ya que así lo señala el TEGC. Por ello, es el momento a partir del cual desde la izquierda se debería plantear una estructuración distinta de los principios y las políticas económico-financieras de la Unión Europea. Lo cual no se ve en el debate público.

Last but not least, si las reglas europeas son tan estrictas, nos estamos cuestionando la articulación democrática de Europa. O dicho de otro modo ¿podemos hacer política de izquierda con los Tratados europeos actuales? Porque conviene recordar que, en esto, no rige el principio matemático de la solución única.

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