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Gobierno corporativo de las sociedades públicas: el caso de Correos

por Javier Monzó Torrecillas | Nov 24, 2019

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Al parecer, un comité de la Cámara de Representantes de EEUU se ha pronunciado a favor de apoyar los esfuerzos del secretario de Estado para alcanzar un compromiso diplomático entre Marruecos y España sobre el futuro de Ceuta y Melilla. Lo de menos es saber qué es exactamente lo que está haciendo ese sujeto. Lo realmente preocupante es que estamos en la antesala de un grave problema, aumentado por la prometida venganza de EEUU por la actitud de España con ocasión de la actual guerra del golfo Pérsico.
Forzoso es comenzar por aceptar que la relación con el reino alauita es aparentemente correcta, pero está plagada de tumores, históricos y presentes, por más que el observador quiera y deba apartar todos los apriorismos negativos que entran en el análisis, pero la realidad es la que es y no ofrece motivos para el optimismo. Hay un primer punto que es obligado destacar: aun aceptando que Trump es un tipejo indeseable, es un grave error buscar el enfrentamiento con él, y, de paso, con USA, con el objetivo prioritario de presentarse ante la izquierda española – y Europea, según delira Sánchez - como máximo adalid del pensamiento progresista y de la gallardía ante el imperialismo belicista.
Las consecuencias son fácilmente previsibles, y ahí tenemos la amenaza de supresión de las bases norteamericanas en España, cosa que la progresía de salón, y algunos más de los socios de Sánchez, consideran una gran noticia, sin reparar en que el gran beneficiado puede ser Marruecos, a cuyo territorio pueden ir a parar las bases con todo lo que eso comporta, lo cual no se limita a la pérdida de unos “inquilinos”, sino que va mucho más allá, alterando gravemente la defensa de los intereses españoles.
Pero Sánchez, agobiado por las encuestas desfavorables, tenía que buscar en el baúl recursos propagandísticos y uno era el del “no a la guerra”, que irá acompañado, de aquí a las elecciones generales, del grito “OTAN no, bases fuera”, que estuvo en boga a comienzos de los 80. La probada frivolidad del actual PSOE y su jefe no detendrá el dislate, pues ningún precio para España es demasiado alto si se trata de los intereses electorales inmediatos.
Me he referido a uno más de los disparates sanchistas, pero el tema de estas notas es la relación con Marruecos. Para la mayoría de los españoles (datos del Real Instituto Elcano) Marruecos es la más grave amenaza exterior de España, muy por encima de Rusia que, en su caso, es un problema que España comparte con toda Europa en tanto que el marroquí es estrictamente español, y si la detección de la opinión se centra en Ceuta o Melilla o, incluso, en Canarias, el nivel de preocupación es mucho mayor.
A la gravedad estratégica de buscar el enfrentamiento con USA ( y con Israel) se suma la baja reacción ante hechos ya acaecidos, como han sido las invasiones incontroladas de inmigrantes ayudados por la Administración marroquí, los apresamientos injustificados de pesqueros españoles, la falta de respeto a las aguas territoriales españolas (determinadas por las Islas Canarias), y la frecuencia con la que diferentes voceros marroquíes se jactan de que el crecimiento demográfico de sus nacionales en España es un arma cargada de futuro, crecimiento que, además, sufraga en buena parte el sistema de seguridad social español.
Mientras que eso sucede, Marruecos anuncia sus proyectos de hacerse con las riquezas que atesora el suelo marino en las aguas cercanas a las Canarias y al Sahara Occidental, al que España ha abandonado a su suerte, indiferente a los intereses de sus habitantes, muchos de los cuales son, además, españoles. La tesis marroquí de que las grandes riquezas minerales que se encuentran en esas aguas le “pertenecen”, pretensión que carece de base tanto geográfica como histórica, es vista con mucha comprensión por USA, que, por supuesto, confía en beneficiarse antes o después de las políticas marroquíes de hechos consumados.
Entre tanto, España se limita a protestar, pero sin dar paso alguno en defensa de sus derechos, ya sea por temor al enfrentamiento abierto con Marruecos, ya por no contrariar al Gran Hermano yanqui, al que, paralelamente, Sánchez se permite chulear de cara a la galería, a la vez que su Gobierno, por boca del impresentable Ministro de Asuntos Exteriores, aumenta la marca de sandeces históricas asegurando que no hay ninguna razón para temer consecuencias negativas derivadas de las prohibiciones de uso de las bases de Rota y Morón. Para troncharse de risa.
Da vértigo la facilidad con la que España parece olvidar cómo las gasta Marruecos, y no por su gallardía bélica, sino por su habilidad para aprovechar los malos momentos hispanos. Hay que recordar la marcha verde sobre el Sahara Occidental durante la agonía de Franco, y el idilio de la administración Trump con Rabat es otro escenario malo para España, si, además, se combina con nuestro actual panorama político. Decir que Marruecos podría intentar apoderarse de un zarpazo de Ceuta o Melilla (por supuesto, con la abierta ayuda de USA) suena a idea fantasiosa carente de base, pero es grave imprudencia no querer contemplar esa posibilidad.
La tolerancia con las exigencias marroquíes alcanzó uno de sus puntos culminantes con la escandalosa decisión de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, con lo que España traicionaba definitivamente a los que en su momento fueron españoles. Sin que antes hubiera un debate en las Cortes, como sería lo adecuado en tema de esa importancia, Sánchez decidió en abril de 2022 dar la razón a Marruecos en el conflicto del Sahara Occidental, aceptando expresamente que la mejor solución sería la de dotar a aquel territorio de un estatuto de autonomía dentro del reino alauita, zanjando definitivamente la obligación de respetar las resoluciones de Naciones Unidas, que en modo alguno comportaban la integración directa en Marruecos.
Las consecuencias no se harían esperar, comenzando por poner al borde de la ruptura las relaciones con Argelia, dislate mayúsculo por muchos motivos, y entre ellos no es el menor el de la dependencia energética de España, necesitada del gas argelino. La torpeza estratégica y diplomática ha dado lugar a que España dependa ahora del gas que le vende EEUU, que además es peor y más caro que el argelino, según dicen los que saben de estas cosas, además de que, conociendo los cambios de humor de Trump, es altamente peligroso confiar en un suministrador que en cualquier momento puede decidir cerrar el grifo.

En otro plano se sitúan las relaciones humanas. Si comenzamos por los datos peores es obligado recordar que entre la población extranjera de las prisiones españolas el porcentaje mayor corresponde a marroquíes, es un mero hecho estadístico, pero puede ser valorado cuando se trata de la integración, pero el tema es, según creo, más grave:
Antes me he referido a la cuestión demográfica, y la abierta invocación que desde Marruecos se hace a la fuerza que suponen los vientres de las mujeres marroquíes inmigrantes, que traen sin cesar nuevos habitantes a España, país al que muchos de ellos nunca tendrán como propio, aunque haya crecientes excepciones que es obligado reconocer. En paralelo, las tasas de natalidad propias no paran de descender. Se trata de una “invasión lenta pero inexorable”, que se conjuga con la nula voluntad de integración de una gran mayoría de los marroquíes, que propenden a relacionarse exclusivamente entre ellos. Se dice, y algo de cierto hay en ello, que España no podría prescindir de la mano de obra extranjera en general y, en particular, marroquí, pero eso no es razón suficiente para no exigir comportamientos más respetuosos con España en tanto que país de acogida.
El tema de la integración ha tenido recientemente un importante momento crítico, provocado por la decisión del alcalde de Lérida de prohibir el velo integral (el burka y el niqab) en los espacios públicos. Su argumento es sencillo y, en mi opinión, contundente: es necesaria esa prohibición para la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres. Las reacciones no se han hecho esperar, comenzando por el propio PSOE, Partido al que, vía PSC, pertenece el alcalde, y, por supuesto, una legión de progres de diferentes pelajes que se han lanzado a la defensa de la libertad de cultos y costumbres. No ha faltado tampoco quien ha acusado a la medida de “discriminatoria y racista”. ¡Cuánta necedad!
Esas reacciones ponen de manifiesto algo mucho más grave, como es la subestimación de lo que es el islamismo radical y lo que puede suponer, error imperdonable, especialmente si se tienen presentes episodios trágicos como los atentados de Atocha o los de las Ramblas de Barcelona. Pero según los defensores de la posición “respetuosa” con la singularidad islámica, una prohibición de esa clase interfiere la libertad de las mujeres musulmanas que decidan ocultar su rostro.
Ese problema se vivió hace años en Francia, donde la población musulmana es mucho más numerosa que en España, dando lugar a grades controversias, que no impidieron que en 2004 se prohibieran los signos religiosos ostensibles en la escuela pública. Unos años después, en 2010, se prohibió el burka con un argumento también simple y tajante: no se puede permitir que nadie circule por las calles enmascarado. La reacción de rechazo del islamismo fue la esperable, poniendo de manifiesto algo que a fuer de evidente no es valorado: las democracias occidentales son laicas, mientras que los Estados islámicos no lo son, y esa diferencia de partida explica la incapacidad islámica para comprender (y respetar) el modo de vida de los países libres.
Ese razonamiento, perfectamente trasportable a España, y va más allá de la cuestión de la supuesta “libertad de elección” de las mujeres (sin entrar en que esa libertad es indemostrable, siendo, en cambio, seguro el ambiente de control y presión en el que viven las musulmanas). Es absurdo invocar las libertades individuales, sin antes pararse a contemplar la cantidad de violencia contra las mujeres que entraña la imposición de vestimentas.
Haríamos bien los españoles en no olvidar que el islamismo (del que participan muchos marroquíes) pretende que sus propias leyes sean respetadas en Estados de Derecho en los que rigen otras, y para lograr ese objetivo no ha dudado en hacer correr la sangre, en España y en otros Estados europeos.
He comenzado hablando de la difícil relación con Marruecos y termino extendiendo el tema a la presencia del islamismo en nuestro país y en nuestra vida cotidiana. El riesgo de violencia existe y ojalá nunca pase de ser solo un riesgo, igual que sucede con el peligro de un indeseable conflicto bélico con Marruecos, que debe evitarse a toda costa, pero sin arrodillar a España.

La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos es una sociedad mercantil estatal de capital enteramente público. Su accionista único es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda.

La Sociedad es matriz del Grupo Correos y posee una participación del 100% en las filiales Correos Express Paquetería Urgente, S.A., S.M.E.; Nexea Gestión Documental, S.A., S.M.E.; y Correos Telecom, S.A., S.M.E.  En 2019 ha adquirido participaciones en sociedades logísticas que operan en Portugal y en el sudeste asiático.

Marco Legal

El mercado postal español liberalizado desde enero de 2011, según Ley 43/2010,  del servicio postal universal, derechos de los usuarios y mercado postal,   nombró a Correos como operador designado por el Estado para prestar el Servicio Postal Universal (SPU) en España por un periodo de 15 años.

En el ámbito de la función pública, Correos emplea unos 10.000 funcionarios públicos, consecuencia de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 14/2000 y conservan su régimen estatutario y sus condiciones consolidadas.

Correos está sujeta a los principios generales de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, conforme a la normativa aplicable, principalmente:

  • Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
  • Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
  • Ley 31/2007 sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

En 2018 entraron en vigor nuevas Instrucciones internas de contratación, se implantaron medidas adicionales para mayor transparencia de las licitaciones y se aprobaron nuevas normas patrimoniales que regulan la enajenación, adquisición y gravamen de activos inmobiliarios.

El Grupo publicita las licitaciones y adjudicaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Diario Oficial de la Unión Europea, cuando procede. Periódicamente remite información al Tribunal de Cuentas y al Registro de Contratos del Sector Público.

Los participantes en los procedimientos de contratación deben garantizar los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Los adjudicatarios deben aceptar los principios contenidos en el Código general de conducta.

El Comité de Inversiones y Contratación es el órgano colegiado que informa, aprueba y eleva, en su caso, al Consejo de Administración, las contrataciones previstas en las Instrucciones internas.

Las entidades que constituyen Grupo Correos integran sus presupuestos de explotación y capital en los presupuestos del Grupo SEPI.

Estructura de gobierno corporativo

Los órganos sociales de Correos son la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración. El Presidente del Consejo de Administración es también el primer ejecutivo de Correos y de todos sus órganos de gobierno. Es responsable de las funciones de dirección, gestión y administración, de la representación de dichos órganos, así como de la ejecución de los acuerdos que adopten.

El Consejo de Administración, compuesto por Presidente, Secretario, 7 hombres y 7 mujeres, ejercen su cargo durante máximo cinco años, renovables. Se reúne mensualmente para supervisar la gestión de la empresa. El Reglamento, vigente desde 2013, fue actualizado en 2015 para reflejar un compromiso reforzado en buenas prácticas y normas de buen gobierno.

La Comisión de Auditoría y Control integrada por tres miembros especializados del Consejo de Administración, sin funciones ejecutivas se encarga de informar y asesorar a éste en materia económico-financiera, control de riesgos y auditoría interna. En 2018 se reunió en 6 ocasiones.

Las sociedades filiales cuentan con sus propios Consejos de Administración y Comisiones de Auditoría y Control, cuyos miembros no reciben remuneración por su asistencia.

Para su gestión semanal, existe un Comité de Dirección a nivel del Grupo, integrado por 12 miembros.

Entidades de supervisión externa

El Grupo Correos está sometido al control público a través de los mecanismos de control y tutela aplicables a su accionista único (SEPI).  Se materializan, principalmente en las Normas Reguladoras del Sistema de Autorización y Supervisión de Actos y Operaciones del Grupo SEPI. Dichas normas establecen una jerarquía en la aprobación de determinadas operaciones de carácter financiero, laboral, comercial o patrimonial que han de ser revisadas por el Consejo de Administración, el Comité de Dirección o el Comité de Operaciones, según su naturaleza o en base a límites cuantitativos. Adicionalmente regulan un sistema de planificación, seguimiento y control que abarca, entre otros, los procesos de planificación estrategia y de presupuestación anual de sus empresas. Anualmente, se evalúa la gestión global del ejercicio finalizado, valorando la dirección llevada a cabo por los ejecutivos de Correos.

Las funciones de regulación del sector postal recaen en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y en el Ministerio de Fomento. Las competencias inspectoras y cumplimiento corresponden a la Comisión

Correos está sometido al control financiero de la Intervención General del Estado y del Tribunal de Cuentas. Sus cuentas anuales, auditadas externamente, están disponibles en el Registro de cuentas públicas de la IGAE y en el Registro Mercantil.

Por último, Correos está certificada en la ISO 9001 del Sistema de Gestión de Calidad, en la  14001 de Gestión Medioambiental y en la 27001 de Seguridad de la Información, siendo verificadas externamente cada año.

Sistema de Control Interno

Correos tiene implantado un modelo de las Tres Líneas de Defensa, con segregación de funciones y responsabilidades en sus distintos órganos y niveles de gobierno.

A través de la Dirección de Auditoría y Control, Correos verifica internamente el cumplimiento de los principios de integridad y buen gobierno en la actividad ordinaria y la gestión empresarial, con el fin de prevenir, detectar y, en su caso, erradicar prácticas contrarias a la ética empresarial, como la corrupción o el fraude.

El Plan anual de auditoría interna, aprobado por SEPI y de cuyo resultado se le informa trimestralmente a la Comisión de Auditoría y Control, contempló realizar 17 auditorías corporativas. Asimismo, se verificó el seguimiento del grado de implantación de las recomendaciones formuladas en 2018 y ejercicios anteriores, habiéndose implementado 58 en 2019.

En 2018 se efectuaron 1.268 inspecciones financieras y de calidad en oficinas, centros de tratamiento y unidades de distribución.

Las empresas que integran el Grupo Correos disponen de los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones de información fijadas por la Ley 19/2013, de Transparencia y Buen Gobierno. Poseen un portal de transparencia dónde los ciudadanos pueden solicitar información pública.

Correos cuenta con un Programa de prevención de riesgos penales, que incluye el Código general de conducta (publicado en la WEB corporativa), en el que se reflejan los valores de referencia que rigen la actuación de sus empleados.

En 2018, más de 50.000 empleados recibieron formación sobre el compromiso ético contenido en el Código de Conducta y sobre el nuevo Reglamento europeo de protección de datos.

Desde 2014 existe un Comité de Cumplimiento, órgano colegiado presidido por el Vicesecretario general que evalúa los asuntos relativos a esta materia. Informa semestralmente a la Comisión de Auditoría y Control sobre los dictámenes que emite.

El Comité cuenta con un Canal de Comunicación y Denuncia. En 2018 el Comité analizó 182 comunicaciones de validación, 56 consultas y 8 denuncias sobre posibles incumplimientos normativos.

Respecto a las obligaciones derivadas de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales, Correos dispone de un manual de prevención, que regula la existencia de una Comisión de Control interno. Audita anualmente el área de prevención de blanqueo de capitales y controla continuamente la aplicación de las medidas de diligencia debida, al gestionar diariamente operaciones de giro.

Finalmente, el nuevo Reglamento europeo de protección de datos estableció nuevos mecanismos para la protección de los datos personales. En cumplimiento de esta normativa, Correos designó una Delegada de Protección de Datos (DPO), que gestiona y asesora al Grupo, y evalúa los riesgos inherentes en el tratamiento de este tipo de información.

La nueva normativa implicó la adaptación de los sistemas y tecnologías de la información, para incrementar el control y seguridad sobre el uso de los datos personales de clientes y empleados.

Divulgación de Información no  financiera

La Ley 11/2018, de 28 de diciembre, transpone definitivamente en nuestro ordenamiento jurídico la Directiva sobre divulgación de información no financiera y diversidad de las grandes empresas. La información no financiera y relacionada con la responsabilidad social contribuye a medir el rendimiento de las empresas y su impacto en la Sociedad.

Correos, en sus más de 300 años de historia, ha sido un referente de compromiso en estos ámbitos, ampliamente reconocido por la sociedad española. Desde el 2010 se presentan informes de RSC, hoy integrados en los Informes de Gobierno Corporativo.

La vocación de Correos es seguir siendo referencia en compromiso social, sostenibilidad, cumplimiento legal y ético y el buen gobierno corporativo, al identificarse como una gran empresa pública y de los mayores empleadores de nuestro tejido empresarial. Esta doble alma, servicio público y operador de mercado, sirve para responder a ambos estándares con transparencia y calidad.

Correos emplea a 53.000 trabajadores, siendo más de la mitad mujeres, habiendo ampliado la plantilla en 2018. Cuenta con un Plan de Igualdad de oportunidades, y con un Plan de diversidad e inclusión, ocupando a más de 900 personas con discapacidad.

La gestión de riesgos medioambientales se articula a través del Plan de Sostenibilidad, con objetivos específicos para 2020 en tres ámbitos prioritarios: la reducción de emisiones, la eficiencia energética y la gestión de residuos, a través de la ISO 14001. Correos cuenta con la mayor flota sostenible del sector, con más de 600 vehículos eléctricos.

La contribución social, se sustancia principalmente en la prestación del SPU, contribuyendo decisivamente a la cohesión social y la economía en el ámbito rural. Adicionalmente colabora con fundaciones y ONGs en proyectos solidarios.

El compromiso ético y la transparencia son, asimismo, aspectos clave del buen gobierno corporativo que se presupone a una compañía 100% estatal.

En definitiva, el Estado de Información no Financiera consolidado de Correos, aprobado el 28 de febrero por el Consejo de Administración, disponible en la web corporativa, pretende responder, en el marco del modelo de reporting GRC (Global Reporting Iniciative), a las legítimas demandas de información no financiera de la sociedad y sobre la calidad del servicio público que presta al ciudadano.

Correos, empresa firmante del Pacto Mundial de las Nacionales Unidas desde hace tres lustros, recientemente ha asumido una alineación estratégica con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

Este informe, elaborado en sólo dos meses desde la publicación de la Ley, ha sido verificado por AENOR, externo independiente de reconocido prestigio.

 

A lo largo de este post, se han ido desgranando diversos aspectos relacionados con el buen gobierno que en los últimos años se han ido abordando en Correos, en un enfoque de mejora continua. No se trata sino de la exploración constante de fórmulas eficaces para alinearse con las legítimas expectativas de la Sociedad sobre las empresas (en este caso pública) y la ejemplaridad de sus responsables, con un espíritu de transparencia y mejora continua de sus sistemas de gestión.

*Extracto del Capítulo 10 que el autor ha escrito en el libro Claves Practicas. El Buen Gobierno Corporativo en España: claves prácticas para su implementación y seguimiento. Francis Lefebvre.

CORREOS | Sociedades Estatales

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