La reciente publicación de los denominados Papeles de Pandora trae de nuevo a la primera página de los medios de comunicación el problema de los paraísos fiscales. Una realidad articulada sobre tres elementos (opacidad a la hora de compartir información, presión fiscal anormalmente baja y ciudadanía virtual) a la que no se acaba de proporcionar una respuesta que vaya en la línea de la eliminación de sus efectos perniciosos, analizados desde la perspectiva de los países productores de la riqueza. A este efecto negativo sobre los ingresos públicos, no debe olvidarse que es un foco de blanqueo de capitales para el terrorismo, narcotráfico y otras actividades ilegales.
La Unión Europea es uno de los territorios más afectados desde el punto de vista fiscal. Los datos de la Unión Europea nos hacen ver que el montante total de lo evadido es digno de un tratamiento contundente a la hora de abordar la cuestión.
Sin embargo, si analizamos lo ocurrido con la política de la Unión Europea en relación con los paraísos fiscales, nos encontramos con tres grandes cuestiones sin respuesta:
PARAISOS FISCALES INTRACOMUNITARIOS
- La Unión Europea tiene territorios en su interior que deben ser considerados paraísos fiscales (Luxemburgo, Malta, Chipre, Irlanda, Bélgica, Austria, Países Bajos…). Hasta ahora no se ha aprobado ninguna normativa de armonización fiscal de obligaciones de comunicación intracomunitaria ni de adopción de un tipo mínimo del Impuesto de Sociedades o equivalente. De hecho, siguen existiendo países con prácticas absolutamente contrarias a una fiscalidad leal entre los países de la Unión. Y a ello se unen los países de Ultramar vinculados a Estados miembros de la Unión. Una vez que la OCDE ha aprobado la Declaración sobre la solución de dos pilares para abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía (muy insuficiente, por cierto), ¿va a adoptar la Unión Europea una política de armonización fiscal intracomunitaria que persiga los paraísos fiscales en el interior de la Unión Europea?
INSUFICIENTE POLÍTICA SOBRE EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
- Uno de los socios de referencia de la Unión Europea es los Estados Unidos de América. Un país en el que se está produciendo una rebaja a niveles anormalmente bajos de la fiscalidad en un número creciente de Estados y en el que, a pesar de que exige información a la Unión Europea en el marco de la normativa FACTA, no proporciona un nivel equivalente de datos a la Unión Europea. ¿Qué medidas va a adoptar la Unión Europea en relación con los Estados Unidos de América para lograr un tratamiento equivalente de la fiscalidad y del intercambio de información en materia fiscal?
REDUCCIÓN DE LOS ESTADOS QUE ESTÁN EN LA LISTA DE PAÍSES NO COLABORADORES
- Pocos días después de aparecer los Papeles de Pandora en los medios de comunicación, la Unión Europea adaptó la lista de territorios que son considerados paraísos fiscales. Frente a lo que pueda parecer, no supuso ni un endurecimiento de los requisitos para estar fuera de esta lista ni aumentó el número de Estados que lo componían. De hecho, han dejado de estar incluidos Anguila, Dominica y Seychelles; alguno de los cuales con numerosos casos en los Papeles de Pandora. En la actualidad, sólo Samoa Americana, Fiyi, Guam, Palaos, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Vanuatu forman parte de la lista negra europea; una decisión tomada, entre otros, por el ministro de Finanzas de los Países Bajos, Wopke Hoekstra, quien según los Papeles de Pandora tenía inversiones a través de una sociedad domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas. Teniendo en cuenta este contexto, comprobado el escaso impacto que tiene la ordenación actual para eliminar los paraísos fiscales ¿Cuándo piensa cambiar la metodología y la forma de aplicarlo, de tal manera que los grandes países que favorecen la evasión fiscal y el blanqueo de capitales figuren en la lista?
Como se puede apreciar los aspectos que habría que revisar en el ámbito comunitario son de extrema importancia y nos permitirían comprobar que, más allá de las declaraciones en los medios de comunicación, hay una voluntad clara de disponer de una fiscalidad leal, que tribute en función del lugar de producción de la renta, que permita el sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica de las empresas y los particulares.
Este artículo ha sido publicado previamente en Infolibre
