El Boletín Oficial del Estado de hoy publica el Convenio entre el Ministerio de Fomento y la Sociedad Estatal de las Infraestructuras de los Transportes Terrestres (dependiente del mismo Ministerio) por el que se encomienda la gestión de las autopistas de peaje que están en proceso de rescate. Es un paso más en un proceso largo que pretende dar carpetazo (con cargo al erario público) del proceso peor planificado de construcción de infraestructuras de la historia de España; un proceso en el que se inyectó mucho dinero público en la construcción y ahora en el rescate de las autopistas. A ello me referí en otro momento, cuando analicé los elementos esenciales de este rescate de autopistas.
El convenio de gestión de la gestión de las autopistas rescatadas merece los siguientes comentarios:
1. De entrada, sorprende su celeridad cuando todavía no se ha producido el rescate y las informaciones de prensa señalan que se han producido retrasos sustanciales debido a los recursos que se han ido interponiendo por las partes. Sorpresa que es aún mayor cuando se señala que el derecho aplicable a la relación será la actual Ley de Contratos del Sector Público a pesar de que el Parlamento aprobará próximamente un texto que lo sustituya.
2. El convenio de gestión de las autopistas rescatadas prevé que sea una sociedad dependiente del Ministerio de Fomento el que se encargue de la gestión de las autopistas. Solución que tiene una única finalidad que es la de pretender evitar el cómputo en contabilidad nacional del coste de la asunción de las autopistas por el Estado, lo que se refuerza con el dato de que todo el proceso se pretende que se realice dentro de una anualidad, 2018. La solución no es la mejor ni desde el punto de vista contable ni del económico.
No parece que, desde una perspectiva económica, resulte lo más conveniente licitar todas las concesiones en una única anualidad, cuando, además, se pretende la privatización total de AENA. Recordemos la penosa gestión de la parte ya realizada, con un precio de salida de 56€, cuando hoy, dos años después, está por encima de 160.
Desde una perspectiva contable, los criterios que está aplicando Bruselas conducen a una solución distinta a la pretendida por el Gobierno. Pero, más allá de este dato, afloren o no contablemente estas operaciones la realidad es que hay que pagarla. Y esto saldrá de los presupuestos del estado.
3. Los plazos que prevé el convenio de gestión de las autopistas rescatadas son extraordinariamente breves, 2018, para la ejecución de un conjunto amplio de actividades: elaborar el estudio de viabilidad; redactar los anteproyectos de construcción y explotación, elaborar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas y elaborar un informe sobre la valoración de las ofertas. Pero las consecuencias no están claras, por ejemplo, en el supuesto de que alguna de las autopistas no obtengan un estudio de viabilidad positivo.
4. El convenio prevé un beneficio de explotación de cerca de 35 millones de euros que se depositarán en el Ministerio de Fomento. La SEITT asumirá, por el contrario, todas las pérdidas con lo que se espera que no haya sanción para España en Bruselas. Algo que, a la vista de alguna resolución, como la de MINTRA, parece complicado que se produzca. Y teniendo en cuenta que se ha reforzado el control contable en Europa y su adscripción a la Administración matriz resulta aún más dificultoso.
5. Nada dice el convenio sobre los cerca de 5000 millones de euros que tendrá que pagar el Estado por el rescate de las autopistas en concepto de responsabilidad. Una cantidad que, evidentemente, tendrá que pagar el Estado (ya sea de forma directa, ya sea mediante un aumento de capital a la sociedad). En uno y otro caso, ambas operaciones computan en el déficit público. De hecho, en todos los retrasos que está habiendo, no podemos obviar que han sido los bancos, sobre todo la banca extranjera, los primeros interesados en impedir una solución “convenida” a la crisis de las concesionarias con el fin de activar la liquidación y el pago de la RPA.
6. La estimación de crecimiento de tráfico es del 7,5% y de las tarifas es del 2%. Se trata de un crecimiento superior al de 2016 (7,2%). Es complicado mantener este nivel de crecimiento teniendo en cuenta que la activación económica es inferior al 3% y las elevaciones de tráfico relevante se han producido en 2016 y 2017. El suelo para el cálculo es especialmente alto ahora.
7. El recurso a una sociedad como la SEITT en el convenio de gestión de las autopistas rescatadas tiene sus problemas en cuanto a un adecuado control del gasto público, algo que resulta especialmente peligroso cuando hacemos referencia a una operación de la magnitud económica de la que estamos hablando. No hay control previo de gasto, no hay control financiero y la auditoría es mucho más laxa. Con este convenio, el Gobierno privatiza el régimen jurídico de la gestión de las autopistas a pesar de que utilizan dinero público y elimina las salvaguardas más básicas de control.
De hecho, conviene recordar aquí la recomendación que se hizo en el Congreso de los Diputados el 9 de diciembre de 2014 el Presidente del Tribunal de Cuentas en el sentido de que “sería recomendable que se valorara la necesidad de seguir manteniendo esta modalidad de instrumentos de gestión, en particular si se tiene en cuenta que estas Sociedades se encuentran sometidas en un grado significativamente menor que la Administración General del Estado a las normas del derecho presupuestario y administrativo”
8. La tramitación en el Parlamento de la nueva Ley de Contratos del Sector Público ha permitido, pese a la enmienda en contrario del Grupo Socialista, que se mantenga una figura que ha sido especialmente dañina en estas autopistas de peaje, los préstamos participativos que otorgó el Estado en su momento y que no se van a recuperar en este proceso. Se aprecia que no se aprende de los errores cometidos en la gestión pública.
Como se puede apreciar, son muchos los aspectos negativos de este convenio. Pero cuando se inició, en la época del Gobierno de Aznar, con un proceso que no resultaba razonable revertir la situación requiere un plus de imaginación que este Gobierno parece no tener.
