Ahora sí. Después de más de un mes desde la celebración de las elecciones el Colegio Electoral de los EE.UU. ha designado a Donald Trump como presidente. Una elección que ha sido sorprendente en la medida en que, sobre los electores elegidos en noviembre, siete han cambiado el sentido del voto: cinco de los supuestos votantes de Clinton han votado, respectivamente, tres a Collin Powell secretario de Estado con Bush, uno a Bernie Sanders y un quinto a un líder de los herederos de la población nativa, Faith Spotted Eagle. Por su parte, de los dos que supuestamente iban a votar a Trump, uno dio su voto al gobernador de Ohio, John Kasich, y el otro al conocido congresista Paul Ryan. Una situación inusual, ya que la última ocasión en que un elector cambió el sentido del voto fue en 1972, cuando un representante por Virginia votó al candidato libertario John Hospers en lugar de votar a su supuesto representante, Richard Nixon.
La polémica que ha habido en los últimos días en Estados Unidos refleja las debilidades del sistema electoral estadounidense. Unas debilidades que se pueden ver desde tres puntos de vista:
- La propia existencia del Colegio Electoral, configurado en el siglo XIX para evitar los riesgos del voto directo a la Presidencia. Esta situación sólo ahora forma parte de la preocupación social, posiblemente por el hecho de que Clinton ha ganado las elecciones con una sustancial diferencia, casi tres millones de votos. La propia existencia del Colegio no ha sido puesta en duda hasta ahora porque sólo cinco presidentes Hayes (1876), Adams (1824), Harrison (1888), Bush (2000) y Trump (2016) tuvieron menos votos populares que su oponente.
- La organización electoral depende de cada uno de los estados. Es un factor relevante porque, aunque se elija la Presidencia del país, tanto las condiciones para poder votar como las papeletas, la forma de realizar el recuento y la estructura de representantes en el Colegio electoral varían en función de cada Estado. Es una consecuencia de la denominada soberanía dual que existe en los EEUU.
- El alto número de personas que no pudo ejercer el derecho de voto, que se puede pensar que perjudica a los que no son votantes blancos. Así, tenemos la novedosa exigencia de disponer de un carnet de identidad con foto (que la mayor parte de los negros no tienen), la restricción a los antiguos condenados por delitos graves (aproximadamente, seis millones) y, por encima de todo, la necesidad de inscribirse para poder ejercer el derecho de voto, que históricamente ha afectado más a asiáticos e hispanos.
El próximo 20 de enero tendrá lugar la toma de posesión de Trump. Será una Presidencia peculiar por múltiples factores que merecerán un artículo próximamente, pero sí podemos avanzar que será la de los conflictos de interés; que puede, incluso, afectar a su propia legitimidad y legalidad y condicionar su mantenimiento en el cargo durante los cuatro años.
De entrada, del propio Trump: todo su emporio empresarial tiene que quedar fuera de su ámbito de poder. Los conflictos de interés se refieren, además, a los préstamos que tiene concedidos por el Gobierno de la República Popular China o por el de Arabia Saudi. Al mismo tiempo, muchos representantes extranjeros utilizan sus hoteles, con lo que se producen una serie de pagos al presidente electo. El conflicto de interés se manifiesta, asimismo, en el hecho de que sus hijos van a desempeñar puestos de relevancia en la Administración estadounidense.
Hay, por todo ello, cierta controversia sobre los efectos que tendría la aplicación de la ‘cláusula de emolumentos’ de la Constitución estadounidense, en virtud de la cual “ninguna persona que ocupe un empleo remunerado u honorífico que dependa de ellos aceptará ningún regalo, emolumento, empleo o título, sea de la clase que fuere, de cualquier monarca, príncipe o Estado extranjero, sin consentimiento del Congreso”.
Es un debate que está abierto en la actualidad en EE.UU., donde los simpatizantes de Trump pretenden que no le sea de aplicación. Leyendo el Memorando que permitió que Obama aceptara el Premio Nobel de la Paz (por sus emolumentos económicos), o la relativa al otorgamiento de la nacionalidad irlandesa a Kennedy, parece complicado señalar que esta cláusula no es de aplicación a Trump ni que éste se encuentre en una situación de conflicto con la Constitución. En un país con tanto respeto a la tradición, viendo los casos anteriores (incluida la polémica con George Washington y los regalos que le dio el embajador francés), tendría que haber una resolución en este sentido.
De hecho, la situación que afronta Estados Unidos ha hecho que alguno de los más prestigiosos constitucionalistas estadounidenses, como Tribe, lleve denunciando desde el primer momento en que se produjo la victoria del magnate que las soluciones que se han propuesto (cesión a sus hijos) no son adecuadas por la vinculación que existe entre Trump y sus empresas, de las que aquél es un imán de atracción económica. Y no podemos olvidar que el riesgo de impeachment está a la vuelta de la esquina. Sólo la desinversión que se está proponiendo desde algunos sectores parece una solución adecuada.
En todo caso, resulta destacable la cláusula que tiene la Constitución estadounidense y lo aparentemente serio que resulta su aplicación. Hay, además, cláusulas equivalentes para los parlamentarios. Acaso ahora que hablamos de reforma constitucional, podría ser conveniente pensar en introducir algo parecido a nuestro sistema; aunque el sistema de incompatibilidades no basta que esté en la norma, sino que ha de ser aplicado adecuadamente.
