Erdogan fue elegido Presidente de Turquía a través de un procedimiento legal y que parecía cumplir con los estándares democráticos. Posteriormente, los resultados electorales de noviembre pasado (en elecciones legislativas) fueron excepcionales para el AKP, el Partido de Erdogan, tras un periodo de inestabilidad.
Recep Tayyip Erdoğan disponía, aparentemente, de la legitimidad de origen para el ejercicio del poder. Pero ¿lo ocurrido en los últimos tiempos se la ha quitado? Aquí no es un problema del respeto a la ley formal, caso de que se respete, sino al respeto a los principios democráticos. De hecho, en un ataque de demagogia populista, Erdogan ha señalado que la incorporación de la pena de muerte es petición popular. La ley se cambia. ¿Vale cualquier cosa?
Empecemos por el ¿golpe de Estado? Si, en interrogación. Tiempo hacía que no se veía un golpe de Estado tan mal planificado y ejecutado. Los interrogantes sobre si fue un auto golpe surgieron poco después de su derrota. Incluso se podría pensar que ha sido un golpe consentido para tener argumentos que permitan hacer una depuración de la oposición sin precedentes. La situación de Turquía alimenta las dudas ¿es factible un golpe de Estado dentro de un Estado miembro de la OTAN sin que nadie se entere? ¿Realmente en las bases estadounidenses en Turquía no llegó ninguna información al respecto y ésta no se comunicó a Erdogan? Dudo mucho que el espionaje de los EE.UU. esté en tan mal estado.
Dejando la duda que será irresoluble por mucho tiempo y aceptando, por tanto el pulpo como animal de compañía, o sea que el golpe ha sido real, pasemos a las consecuencias, ¿realmente ha habido tiempo suficiente para obtener las listas de supuestos defensores del golpe que ha supuesto la depuración de decenas de miles de policías, militares, funcionarios y maestros? ¿O era un listado que lo tenía con anterioridad y que sólo ha esperado el momento propicio para utilizarla? Y, paralelamente ¿qué garantías del procedimiento se han seguido para la revocación de su nombramiento como empleados públicos y para su encarcelamiento?
Para concretar, desde el viernes han sido destituidos cerca de 55.000 trabajadores y detenidas unas 11.000 personas, este último dato proporcionado por el propio Erdogan. Recordemos que se ha retirado la licencia a 21.000 profesores o maestros en instituciones de enseñanza privadas y ha decretado el cierre de 626 instituciones educativas. Muchos de ellos están siendo interrogados a causa de su ideología política. Y que Erdogan ha cerrado 130 medios de comunicación.
Incluso a los propios actores del golpe. Resulta inaudito ver las fotografías de los tratos inhumanos o degradantes que se exteriorizaban a través de los moratones.
Erdogan, a renglón seguido, quiere reinstaurar la pena de muerte. Federica Moreghini ha puesto el grito en el cielo recordando que ningún país en el que se pueda aplicar la pena de muerte puede ser miembro de la Unión Europea. ¿Es este nuestro listón? El respeto a los principios democráticos y al Estado de derecho que está en el Tratado de la Unión Europea sólo sirve para eliminar los supuestos de pena de muerte? ¿Nada se extiende a las garantías de un proceso justo o a los principios de respeto a la democracia? Al mismo tiempo ¿sigue estando de aplicación el vergonzoso acuerdo sobre los refugiados -a cambio de una fuerte contraprestación económica- a pesar de todo lo ocurrido? Porque se supone que a la política exterior de la Unión y a la elección de los socios preferentes también le afecta el carácter más o menos democrático del Estado.
Ahora Erdogan suspende provisionalmente la aplicación del Convenio de Roma de 1950 de derechos fundamentales. Esta institución ha estado en el más vergonzoso de los silencios después de los sucesos de los últimos días. Ha tenido que ser Turquía la que, de forma interesada, haya suspendido la aplicación del convenio, precisamente para evitar que las garantías mínimas de una sociedad democrática se puedan aplicar a los represaliados por Erdogan.
Desde luego lo ocurrido en la última semana cuestiona que Erdogan pueda mantener la legitimidad de ejercicio en la Presidencia de Turquía. Pero ¿la tenía realmente antes? No podemos olvidar lo ocurrido con la comunidad kurda, cuyas condiciones no son mucho mejores que las que tenía bajo el Iraq de Sadam Huseim. No debemos pensar que fue sólo la represión de los años noventa del siglo pasado, sino que es algo que está ocurriendo en la actualidad.
La consideración de Turquía como país seguro para los refugiados ha sido puesta en duda. Recordemos que ser “tercer país seguro” exige como requisito garantizar que “su vida o su libertad (del demandante de asilo) no están amenazadas por razón de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política”. Lo cual ni antes -y de ahí vienen las críticas al vergonzoso acuerdo sobre los refugiados de- ni menos aún ahora puede afirmarse.
Pero cuando examinamos el curriculum de Erdogan no podemos obviar que retiró la inmunidad parlamentario a los opositores ni dejar de recordar la carta suscrita por un número considerable de jueces que en el mes de marzo se sentían amenazados por la actuación del Presidente. Como también es importante tener presente el número de periodistas en la cárcel.
Hoy la respuesta de Erdogan a las críticas remite a lo ocurrido en Guantánamo o al Estado de emergencia en Francia. No han sido especialmente severas porque, pese a las disensiones actuales con EE.UU., sigue siendo un buen cliente adquirente de armas y es “uno de los nuestros”, un aliado en la OTAN. Razones que son absolutamente insuficientes para mirar para otro lado.
Cuando las instituciones no hacen un ejercicio diario de defensa de los valores fundacionales; las violaciones de los principios democráticos toman carta de naturaleza. La Unión Europea falló en la defensa de los valores democráticos con el acuerdo del Brexit (con cláusulas que iban contra las libertades comunitarias), con el Acuerdo sobre los refugiados o con la complacencia hacia el presidente húngaro Viktor Urban. La NATO debería haber extraído alguna consecuencia de que uno de sus principios fundacionales es la protección de la libertad y la democracia. El Consejo de Europa debería haber actuado antes de que Turquía suspendiera la aplicación del Convenio de Roma. Si no se dice nada, ocurrirá lo que en el poema de Niemöller, que no habrá nadie que pueda protestar.
