Quienes trabajamos cerca de las empresas públicas sabemos que uno de los principales riesgos que deriva de la toma de decisiones es no actuar a tiempo. Los mercados se mueven a gran velocidad en contextos de incertidumbre, por lo que la lentitud provoca una pérdida de valor. La seguridad normativa y la necesidad de aprovechar las posibilidades que ofrece el ordenamiento jurídico han pasado a ser un factor estratégico de primer orden.

Durante años hemos visto repetirse la misma escena. Los proyectos nacen con ambición empresarial, pero acaban chocando con unas prácticas que recuerdan el funcionamiento burocrático de la Administración Pública. El desenlace suele ser conocido: trámites que se alargan, soluciones lideradas por el miedo y la sensación, muy extendida dentro de las organizaciones, de que el Derecho termina frenando lo que la empresa necesita hacer.

De esa experiencia hemos extraído una conclusión incómoda: el problema no está tanto en las normas, como en la forma en que las incorporamos al proceso de toma de decisión.

Cuando el Derecho aparece demasiado tarde

El esquema habitual sigue siendo lineal. Primero se diseña el negocio, después se negocia y, solo al final, se pide opinión jurídica. Para entonces, las alternativas reales ya se han reducido al mínimo y el asesor jurídico solo puede validar o descartar lo que otros han decidido.

Ese modo de trabajar provoca algunos efectos no deseados:

1. Convierte al servicio jurídico en un órgano de veto;
2. No se aprovechan todas las opciones que ofrece el ordenamiento jurídico, por desconocimiento.
3. Desplaza al terreno legal responsabilidades que son de gestión;
4. Empobrece la calidad técnica de la solución final.

El problema no es que haya malos gestores en las empresas públicas, sino que radica en cómo está organizada la toma de decisiones y cuándo entra el asesoramiento legal.

Colocar el criterio jurídico cuando nace el proyecto

Lo que proponemos es algo distinto: incorporar el análisis jurídico desde el origen (legal by design), junto al financiero, al tecnológico y al operativo. No para sustituir al negocio, sino para hacerlo viable con seguridad.

Cuando el asesor participa desde el inicio, el Derecho deja de ser un límite y pasa a ser una herramienta de construcción. Ayuda a elegir la forma jurídica más adecuada, a ordenar la contratación conforme al marco europeo, a proteger activos intangibles, a diseñar la gobernanza de cada proyecto y a prever cómo se verá la decisión ante los órganos de control.

Esto exige asumir una idea esencial para cualquier empresa pública: gestionar el riesgo no es saltarse la ley; es decidir, también, con información jurídica completa en relación con los riesgos y las posibilidades que aporta el derecho.

El Legal Business Case: un punto de encuentro

En el artículo desarrollamos una herramienta práctica para articular el proceso de decisión: el Legal Business Case. No es un informe más, sino un proceso que acompaña al plan de negocio y traduce cuestiones jurídicas complejas en opciones comprensibles para la dirección.

El LBC aborda, entre otros aspectos:

• el encaje real entre las diferentes normas que rigen el funcionamiento y las operaciones de la empresa pública;
• los márgenes de actuación en función de la naturaleza de cada entidad y del tipo de negocio que se quiere implantar;
• el impacto del compliance en la cuenta de resultados;
• la gobernanza del proyecto y la resolución de controversias, especialmente en entornos internacionales.

Su principal valor es sencillo: permite que directivos, financieros y juristas hablen el mismo idioma.

Talento jurídico para empresas que compiten

Las empresas públicas necesitan servicios jurídicos internos sólidos, especializados y transversales. El abogado de empresa pública debe ser investigador, negociador y arquitecto de soluciones, con rigor técnico, pero también con mirada ejecutiva.

Lo hemos visto en la práctica: cuando el asesoramiento se integra a tiempo, las decisiones son más consistentes, los contratos mejores y la relación con los órganos de control más previsible. Cuando el análisis jurídico llega tarde, el coste lo termina asumiendo la organización.

La externalización de servicios jurídicos es perfectamente compatible con el trabajo de las asesorías jurídicas internas, pero planteada cuando responda a momentos excepcionales por razón de la especialización jurídica, o por un aumento puntual del volumen de trabajo.

Una cuestión de gobierno de la organización, no de mero trámite

El debate de fondo es claro: qué papel queremos que juegue el Derecho en la empresa pública. Puede ser un sistema defensivo pensado para evitar reproches, o un instrumento de gobierno que permita competir con integridad y eficacia.

El artículo que presentamos no ofrece recetas mágicas. Propone un método, nacido de la experiencia, para que la asesoría jurídica deje de ser un cuello de botella y se convierta en parte de la solución en el desarrollo de la actividad de la empresa.

En la empresa pública, decidir bien es incluir un sistema de conocimiento amplio, transversal, que permite poner en valor e integrar a todos los departamentos de la empresa, mejorando sus procesos internos y su posicionamiento competitivo.

No hay que olvidar que la empresa pública, aunque cubra servicios esenciales para la ciudadanía a un precio asequible (o incluso sin coste para el usuario), esto no obsta para que, en el ámbito de su actividad, deba impulsar modelos de negocio rentables, que permitan su competencia eficaz en mercados competitivos. El ejemplo de la gestión de La Poste en Francia es un ejemplo que se debería seguir. Porque el beneficio de la empresa pública siempre repercute en el interés general.

Esta entrada es un resumen del artículo «Asesoría jurídica de empresas públicas»; publicado en la Revista General de Derecho de los Sectores Regulados. nº 16 (noviembre 2025).

SUMARIO I. Introducción. II. Las empresas públicas y su asesoramiento jurídico: un problema de Derecho aplicable. III. La cuestión de la autonomía en el funcionamiento de la empresa pública y su proyección a su asesoramiento jurídico. IV. Una cuestión terminológica: sociedad pública no es equivalente a empresa pública. Consecuencias en cuanto a su asesoramiento jurídico. V. Una obligación legal: la extrapolación del artículo 529 octies de la Ley de Sociedades de Capital. VI. Cambio de perspectiva de los servicios jurídicos de las empresas públicas: de trabajar “para” a trabajar “con”. VI.1. El informe como vehículo tradicional: trabajar para las unidades de negocio. VI.2. Otro asesoramiento jurídico in house es posible. VII. Un vehículo para el cambio: Legal Business Case. VI.1 Documentos Jurídicos para un Plan de Negocio. VII.2. La negociación y su impacto jurídico. VII.3. Valoración jurídica a posteriori. VIII. Legal Design thinking: una perspectiva básica para hacer un trabajo individualizado. IX. Privacy by design: la protección de datos como ejemplo. X. Investigación, protocolización y nuevas tecnologías en la actividad jurídica. XI. La organización de los servicios jurídicos: transversalidad y reforma de los procedimientos de acceso al empleo jurídico-público. XII. Reflexiones finales