El Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción: 7 ideas y una conclusión
El caso de corrupción de Abalos, Cerdan y Garcia (entre otros) ha motivado que, en el tumultuoso pleno del pasado día 9, el Presidente Sánchez presentara un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción para luchar contra la corrupción. Un plan que está vertebrado sobre la Agencia Independiente de Integridad Pública y que contempla otra serie de medidas complementarias. El Plan constituye la primera medida global de un Gobierno en España de lucha contra la corrupción y, por ello, merece que se examine con cierto detenimiento.
La corrupción en España tiene una historia fértil, muy bien abonada en el siglo XIX con Isabel II y sus descendientes, cuyos ramalazos los hemos visto todos. Si cogemos la “historia” de la Corrupción en la España democrática, recogiendo el título de un libro clásico en la materia de Alejandro Nieto, podemos ver que se inició con los problemas de financiación de partidos políticos, se pasó al urbanismo, se continuó con los contratos de servicios y en la actualidad parece que este caso nos lleva de nuevo a la contratación de obra pública. No obstante, esta semana ha salido un asunto en relación con las subvenciones de la Comunidad de Madrid, lo cual posiblemente debiera llevar a abrir el foco a otro tipo de acción pública de gasto público.
Partiendo del Plan presentado por el Gobierno, pueden hacerse las siguientes consideraciones generales:
1. La organización contra la corrupción. En España disponemos de muchos órganos y organismos que pueden servir para luchar contra la corrupción. Pero la realidad muestra que ni en prevención ni en descubrimiento han funcionado hasta ahora. Ni uno sólo de los supuestos de corrupción ha sido descubierto por alguno de los órganos e instituciones que se dedican a ello, sino que en la mayor parte de los casos viene por denuncias.
De hecho, se podría señalar que la lucha contra la corrupción no ha sido el elemento central de su actividad. Más aún, si se aprecia el marco de competencias de la Autoridad de Protección del Informante (que se reivindica que tenga un peso mayor en la actualidad), su papel institucional es otro diferente de la lucha contra la corrupción. Y hay otros órganos, como el Tribunal de Cuentas que está evolucionando hacia un órgano de evaluación de políticas públicas, donde compite con la AIREF, por ejemplo. Y tomando lo afirmado por el diario Público “en 2019, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, el órgano encargado de examinar las prohibiciones de contratar, tramitó 718 expedientes, que en 2023, el último año del que existen datos, se han quedado en sólo 56”. Algo pasa.
Más aún, si observamos el entramado organizativo de algunas leyes observamos que es sencillamente diabólico, y puede ser ineficaz. En la Ley de Contratos del Sector Público no sólo tenemos Tribunales de contratos en muchos municipios (con medios muy limitados), sino que tenemos vemos a la Junta Consultiva, la OIRESCON, la Oficina Nacional de Evaluación; cuyo diseño institucional no está bien conseguido.
Por ello, la constitución de la Agencia puede ser un paso adelante si sirve para a) clarificar las competencias en materia de integridad y lucha contra la corrupción; b) dispone de medios suficientes; c) tiene una vinculación importante con la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción y d) tiene a un personal directivo proactivo en el cumplimiento de todas las funciones que recoge el Plan, que son muchas y diversas.
2. La lucha contra la corrupción puede precisar ciertas medidas de cambio legislativo pero, sobre todo, requiere un aumento de los medios personales y materiales para la prevención y erradicación. Disponemos de una de las plantillas de personal en la administracion tributaria más pequeña por cada mil habitantes en la zona euro que se dedica a inspección fiscal. La adscripción de personal especializado resulta tanto más importante cuanto que los corruptos recurren a métodos cada vez más refinados para el delito.
No es sólo un problema de número de personas sino del perfil que tienen para la lucha contra la corrupción.
3. Normalmente, se habla de corrupción y se piensa en los políticos. Aquí no podemos olvidar un dato: sin alguien que pague no hay corrupción. Y, por ello, los análisis deben ser muy finos para determinar cómo se produce la corrupción. Luego volveré sobre el corruptor. Pero en el seno de la Administración también hay que extremar los elementos.
¿Somos conscientes, por ejemplo, de que las adjudicaciones de la trama de los últimos días tiene un informe coincidente de la Mesa de Contratacion y que ésta se basa en otros informes de los servicios administrativos que son coincidentes con la adjudicación? ¿Hasta dónde llega la mala praxis? En el reciente Seminario de Contratación Pública de Panticosa se nos ofreció una panorámica completa y compleja de hasta donde llegan las garras de las tramas de corrupción.
Por ello, es importante la articulación de una política de complace en el sector público, tal como recoge el Plan, que sirva para la detección de comportamientos irregulares.
4. La Plataforma de Contratos y la Base de Datos de Subvenciones (de la que no nos podemos olvidar) disponen de un volumen de información brutal para la lucha contra la corrupción que no está siendo aprovechada en la actualidad. Por ello, son importantes las medidas que se preven de adaptación y, sobre todo, de utilización de la tecnología para extraer datos que nos permitan limitar comportamientos irregulares.
De igual manera, la utilización de mecanismos Forensic de trabajo resulta importante para que se puedan eliminar ciertas prácticas.
5. El corruptor. A mi juicio, es la figura más relevante de toda esta historia. Sin la cual no hay corrupción. Por ello, hay que ser extremadamente duros en las consecuencias de sus conductas. Por ello, hay que extremar el régimen de prohibición para contratar y las prohibiciones para ser beneficiario de subvenciones. La conexión entre la condena penal y la imposibilidad de ser contratista o beneficiario puede provocar que comportamientos claramente irregulares queden fuera de las consecuencias jurídicas de no ser contratista en el futuro. Y aquí habría que examinar medidas de carácter cautelar se deberían establecer en garantía del interés público. Si no, el Derecho actúa en contra de la lucha contra la corrupcion.
De igual manera, habría que abordar el problema en relación con los grupos de sociedades.
Hago dos preguntas ¿qué conexión existe en la actualidad entre el registro de morosos y las bases de datos de contratos y subvenciones? ¿Por qué no es público el listado de empresas con prohibición de contratar?
6. Es muy importante la incidencia que hace el Plan anticorrupción en el decomiso y la recuperación de bienes de los corruptos. De la cárcel se sale, de pobre no. Este dicho popular que tanto se ha oído en algunos ámbitos fortalece en la idea de que han de reforzarse los mecanismos para la recuperación del dinero público obtenido o defraudado por los corruptos.
Un proceso complejo, en el que habría de hacer cambios en diversos ámbitos, comenzando por el Registro Mercantil y el registro de la Propiedad para que afloren las titularidades reales. Un aspecto que también está recogido en el Plan
7. Formación y transparencia. Posiblemente sea lo más relevante para profesionalizar la actividad pública contra la corrupción. Una formación que tiene que llegar a todos los empleados públicos para que haya una adecuada prevención y denuncia, para que también la investigación y el castigo sea adecuado.
Todo lo anterior se debe reforzar, tal como insiste el Plan en medidas de transparencia de situaciones patrimoniales, de procesos de toma de decisión, de negociaciones con terceros, de participación de grupos de interés en asuntos públicos, de documentación que llega a las plataformas públicas.
La insistencia que hace el plan, que habrá de materializarse en el futuro, con medidas concretas, es un buen punto de partida.
Conclusión final
La lucha contra la corrupción no es sólo un problema de las instituciones. Hasta hace bien poco tiempo, la ciudadanía ha tenido una sensibilidad nula hacia los problemas de corrupción –a pesar del coste económico y social– y la pérdida de la calidad democrática que ello implica. Los resultados electorales de alcaldes procesados que son reelegidos resultan intolerables. Aún hoy, se sigue viendo la insensibilidad social en esta materia. Y es un hecho que penaliza políticamente más a la izquierda que a la derecha.
Sin cultura democrática contra la corrupción, este problema no tendrá solución.
