El Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción: 7 ideas y una conclusión 

por Julio González García | Jul 11, 2025

Al parecer, un comité de la Cámara de Representantes de EEUU se ha pronunciado a favor de apoyar los esfuerzos del secretario de Estado para alcanzar un compromiso diplomático entre Marruecos y España sobre el futuro de Ceuta y Melilla. Lo de menos es saber qué es exactamente lo que está haciendo ese sujeto. Lo realmente preocupante es que estamos en la antesala de un grave problema, aumentado por la prometida venganza de EEUU por la actitud de España con ocasión de la actual guerra del golfo Pérsico.
Forzoso es comenzar por aceptar que la relación con el reino alauita es aparentemente correcta, pero está plagada de tumores, históricos y presentes, por más que el observador quiera y deba apartar todos los apriorismos negativos que entran en el análisis, pero la realidad es la que es y no ofrece motivos para el optimismo. Hay un primer punto que es obligado destacar: aun aceptando que Trump es un tipejo indeseable, es un grave error buscar el enfrentamiento con él, y, de paso, con USA, con el objetivo prioritario de presentarse ante la izquierda española – y Europea, según delira Sánchez - como máximo adalid del pensamiento progresista y de la gallardía ante el imperialismo belicista.
Las consecuencias son fácilmente previsibles, y ahí tenemos la amenaza de supresión de las bases norteamericanas en España, cosa que la progresía de salón, y algunos más de los socios de Sánchez, consideran una gran noticia, sin reparar en que el gran beneficiado puede ser Marruecos, a cuyo territorio pueden ir a parar las bases con todo lo que eso comporta, lo cual no se limita a la pérdida de unos “inquilinos”, sino que va mucho más allá, alterando gravemente la defensa de los intereses españoles.
Pero Sánchez, agobiado por las encuestas desfavorables, tenía que buscar en el baúl recursos propagandísticos y uno era el del “no a la guerra”, que irá acompañado, de aquí a las elecciones generales, del grito “OTAN no, bases fuera”, que estuvo en boga a comienzos de los 80. La probada frivolidad del actual PSOE y su jefe no detendrá el dislate, pues ningún precio para España es demasiado alto si se trata de los intereses electorales inmediatos.
Me he referido a uno más de los disparates sanchistas, pero el tema de estas notas es la relación con Marruecos. Para la mayoría de los españoles (datos del Real Instituto Elcano) Marruecos es la más grave amenaza exterior de España, muy por encima de Rusia que, en su caso, es un problema que España comparte con toda Europa en tanto que el marroquí es estrictamente español, y si la detección de la opinión se centra en Ceuta o Melilla o, incluso, en Canarias, el nivel de preocupación es mucho mayor.
A la gravedad estratégica de buscar el enfrentamiento con USA ( y con Israel) se suma la baja reacción ante hechos ya acaecidos, como han sido las invasiones incontroladas de inmigrantes ayudados por la Administración marroquí, los apresamientos injustificados de pesqueros españoles, la falta de respeto a las aguas territoriales españolas (determinadas por las Islas Canarias), y la frecuencia con la que diferentes voceros marroquíes se jactan de que el crecimiento demográfico de sus nacionales en España es un arma cargada de futuro, crecimiento que, además, sufraga en buena parte el sistema de seguridad social español.
Mientras que eso sucede, Marruecos anuncia sus proyectos de hacerse con las riquezas que atesora el suelo marino en las aguas cercanas a las Canarias y al Sahara Occidental, al que España ha abandonado a su suerte, indiferente a los intereses de sus habitantes, muchos de los cuales son, además, españoles. La tesis marroquí de que las grandes riquezas minerales que se encuentran en esas aguas le “pertenecen”, pretensión que carece de base tanto geográfica como histórica, es vista con mucha comprensión por USA, que, por supuesto, confía en beneficiarse antes o después de las políticas marroquíes de hechos consumados.
Entre tanto, España se limita a protestar, pero sin dar paso alguno en defensa de sus derechos, ya sea por temor al enfrentamiento abierto con Marruecos, ya por no contrariar al Gran Hermano yanqui, al que, paralelamente, Sánchez se permite chulear de cara a la galería, a la vez que su Gobierno, por boca del impresentable Ministro de Asuntos Exteriores, aumenta la marca de sandeces históricas asegurando que no hay ninguna razón para temer consecuencias negativas derivadas de las prohibiciones de uso de las bases de Rota y Morón. Para troncharse de risa.
Da vértigo la facilidad con la que España parece olvidar cómo las gasta Marruecos, y no por su gallardía bélica, sino por su habilidad para aprovechar los malos momentos hispanos. Hay que recordar la marcha verde sobre el Sahara Occidental durante la agonía de Franco, y el idilio de la administración Trump con Rabat es otro escenario malo para España, si, además, se combina con nuestro actual panorama político. Decir que Marruecos podría intentar apoderarse de un zarpazo de Ceuta o Melilla (por supuesto, con la abierta ayuda de USA) suena a idea fantasiosa carente de base, pero es grave imprudencia no querer contemplar esa posibilidad.
La tolerancia con las exigencias marroquíes alcanzó uno de sus puntos culminantes con la escandalosa decisión de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, con lo que España traicionaba definitivamente a los que en su momento fueron españoles. Sin que antes hubiera un debate en las Cortes, como sería lo adecuado en tema de esa importancia, Sánchez decidió en abril de 2022 dar la razón a Marruecos en el conflicto del Sahara Occidental, aceptando expresamente que la mejor solución sería la de dotar a aquel territorio de un estatuto de autonomía dentro del reino alauita, zanjando definitivamente la obligación de respetar las resoluciones de Naciones Unidas, que en modo alguno comportaban la integración directa en Marruecos.
Las consecuencias no se harían esperar, comenzando por poner al borde de la ruptura las relaciones con Argelia, dislate mayúsculo por muchos motivos, y entre ellos no es el menor el de la dependencia energética de España, necesitada del gas argelino. La torpeza estratégica y diplomática ha dado lugar a que España dependa ahora del gas que le vende EEUU, que además es peor y más caro que el argelino, según dicen los que saben de estas cosas, además de que, conociendo los cambios de humor de Trump, es altamente peligroso confiar en un suministrador que en cualquier momento puede decidir cerrar el grifo.

En otro plano se sitúan las relaciones humanas. Si comenzamos por los datos peores es obligado recordar que entre la población extranjera de las prisiones españolas el porcentaje mayor corresponde a marroquíes, es un mero hecho estadístico, pero puede ser valorado cuando se trata de la integración, pero el tema es, según creo, más grave:
Antes me he referido a la cuestión demográfica, y la abierta invocación que desde Marruecos se hace a la fuerza que suponen los vientres de las mujeres marroquíes inmigrantes, que traen sin cesar nuevos habitantes a España, país al que muchos de ellos nunca tendrán como propio, aunque haya crecientes excepciones que es obligado reconocer. En paralelo, las tasas de natalidad propias no paran de descender. Se trata de una “invasión lenta pero inexorable”, que se conjuga con la nula voluntad de integración de una gran mayoría de los marroquíes, que propenden a relacionarse exclusivamente entre ellos. Se dice, y algo de cierto hay en ello, que España no podría prescindir de la mano de obra extranjera en general y, en particular, marroquí, pero eso no es razón suficiente para no exigir comportamientos más respetuosos con España en tanto que país de acogida.
El tema de la integración ha tenido recientemente un importante momento crítico, provocado por la decisión del alcalde de Lérida de prohibir el velo integral (el burka y el niqab) en los espacios públicos. Su argumento es sencillo y, en mi opinión, contundente: es necesaria esa prohibición para la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres. Las reacciones no se han hecho esperar, comenzando por el propio PSOE, Partido al que, vía PSC, pertenece el alcalde, y, por supuesto, una legión de progres de diferentes pelajes que se han lanzado a la defensa de la libertad de cultos y costumbres. No ha faltado tampoco quien ha acusado a la medida de “discriminatoria y racista”. ¡Cuánta necedad!
Esas reacciones ponen de manifiesto algo mucho más grave, como es la subestimación de lo que es el islamismo radical y lo que puede suponer, error imperdonable, especialmente si se tienen presentes episodios trágicos como los atentados de Atocha o los de las Ramblas de Barcelona. Pero según los defensores de la posición “respetuosa” con la singularidad islámica, una prohibición de esa clase interfiere la libertad de las mujeres musulmanas que decidan ocultar su rostro.
Ese problema se vivió hace años en Francia, donde la población musulmana es mucho más numerosa que en España, dando lugar a grades controversias, que no impidieron que en 2004 se prohibieran los signos religiosos ostensibles en la escuela pública. Unos años después, en 2010, se prohibió el burka con un argumento también simple y tajante: no se puede permitir que nadie circule por las calles enmascarado. La reacción de rechazo del islamismo fue la esperable, poniendo de manifiesto algo que a fuer de evidente no es valorado: las democracias occidentales son laicas, mientras que los Estados islámicos no lo son, y esa diferencia de partida explica la incapacidad islámica para comprender (y respetar) el modo de vida de los países libres.
Ese razonamiento, perfectamente trasportable a España, y va más allá de la cuestión de la supuesta “libertad de elección” de las mujeres (sin entrar en que esa libertad es indemostrable, siendo, en cambio, seguro el ambiente de control y presión en el que viven las musulmanas). Es absurdo invocar las libertades individuales, sin antes pararse a contemplar la cantidad de violencia contra las mujeres que entraña la imposición de vestimentas.
Haríamos bien los españoles en no olvidar que el islamismo (del que participan muchos marroquíes) pretende que sus propias leyes sean respetadas en Estados de Derecho en los que rigen otras, y para lograr ese objetivo no ha dudado en hacer correr la sangre, en España y en otros Estados europeos.
He comenzado hablando de la difícil relación con Marruecos y termino extendiendo el tema a la presencia del islamismo en nuestro país y en nuestra vida cotidiana. El riesgo de violencia existe y ojalá nunca pase de ser solo un riesgo, igual que sucede con el peligro de un indeseable conflicto bélico con Marruecos, que debe evitarse a toda costa, pero sin arrodillar a España.

El Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción: 7 ideas y una conclusión 

 

El caso de corrupción de Abalos, Cerdan y Garcia (entre otros) ha motivado que, en el tumultuoso pleno del pasado día 9, el Presidente Sánchez presentara un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción para luchar contra la corrupción. Un plan que está vertebrado sobre la Agencia Independiente de Integridad Pública y que contempla otra serie de medidas complementarias. El Plan constituye la primera medida global de un Gobierno en España de lucha contra la corrupción y, por ello, merece que se examine con cierto detenimiento.

La corrupción en España tiene una historia fértil, muy bien abonada en el siglo XIX con Isabel II y sus descendientes, cuyos ramalazos los hemos visto todos. Si cogemos la “historia” de la Corrupción en la España democrática, recogiendo el título de un libro clásico en la materia de Alejandro Nieto, podemos ver que se inició con los problemas de financiación de partidos políticos, se pasó al urbanismo, se continuó con los contratos de servicios y en la actualidad parece que este caso nos lleva de nuevo a la contratación de obra pública. No obstante, esta semana ha salido un asunto en relación con las subvenciones de la Comunidad de Madrid, lo cual posiblemente debiera llevar a abrir el foco a otro tipo de acción pública de gasto público.

Partiendo del Plan presentado por el Gobierno, pueden hacerse las siguientes consideraciones generales:

1. La organización contra la corrupción. En España disponemos de muchos órganos y organismos que pueden servir para luchar contra la corrupción. Pero la realidad muestra que ni en prevención ni en descubrimiento han funcionado hasta ahora. Ni uno sólo de los supuestos de corrupción ha sido descubierto por alguno de los órganos e instituciones que se dedican a ello, sino que en la mayor parte de los casos viene por denuncias.

De hecho, se podría señalar que la lucha contra la corrupción no ha sido el elemento central de su actividad. Más aún, si se aprecia el marco de competencias de la Autoridad de Protección del Informante (que se reivindica que tenga un peso mayor en la actualidad), su papel institucional es otro diferente de la lucha contra la corrupción. Y hay otros órganos, como el Tribunal de Cuentas que está evolucionando hacia un órgano de evaluación de políticas públicas, donde compite con la AIREF, por ejemplo. Y tomando lo afirmado por el diario Público “en 2019, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, el órgano encargado de examinar las prohibiciones de contratar, tramitó 718 expedientes, que en 2023, el último año del que existen datos, se han quedado en sólo 56”. Algo pasa.

Más aún, si observamos el entramado organizativo de algunas leyes observamos que es sencillamente diabólico, y puede ser ineficaz. En la Ley de Contratos del Sector Público no sólo tenemos Tribunales de contratos en muchos municipios (con medios muy limitados), sino que tenemos vemos a la Junta Consultiva, la OIRESCON, la Oficina Nacional de Evaluación; cuyo diseño institucional no está bien conseguido.

Por ello, la constitución de la Agencia puede ser un paso adelante si sirve para a) clarificar las competencias en materia de integridad y lucha contra la corrupción; b) dispone de medios suficientes; c) tiene una vinculación importante con la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción y d) tiene a un personal directivo proactivo en el cumplimiento de todas las funciones que recoge el Plan, que son muchas y diversas. 

2. La lucha contra la corrupción puede precisar ciertas medidas de cambio legislativo pero, sobre todo, requiere un aumento de los medios personales y materiales para la prevención y erradicación. Disponemos de una de las plantillas de personal en la administracion tributaria más pequeña por cada mil habitantes en la zona euro que se dedica a inspección fiscal. La adscripción de personal especializado resulta tanto más importante cuanto que los corruptos recurren a métodos cada vez más refinados para el delito. 

No es sólo un problema de número de personas sino del perfil que tienen para la lucha contra la corrupción.

3.  Normalmente, se habla de corrupción y se piensa en los políticos. Aquí no podemos olvidar un dato: sin alguien que pague no hay corrupción. Y, por ello, los análisis deben ser muy finos para determinar cómo se produce la corrupción. Luego volveré sobre el corruptor. Pero en el seno de la Administración también hay que extremar los elementos. 

¿Somos conscientes, por ejemplo, de que las adjudicaciones de la trama de los últimos días tiene un informe coincidente de la Mesa de Contratacion y que ésta se basa en otros informes de los servicios administrativos que son coincidentes con la adjudicación? ¿Hasta dónde llega la mala praxis? En el reciente Seminario de Contratación Pública de Panticosa se nos ofreció una panorámica completa y compleja de hasta donde llegan las garras de las tramas de corrupción. 

Por ello, es importante la articulación de una política de complace en el sector público, tal como recoge el Plan, que sirva para la detección de comportamientos irregulares.

4. La Plataforma de Contratos y la Base de Datos de Subvenciones (de la que no nos podemos olvidar) disponen de un volumen de información brutal para la lucha contra la corrupción que no está siendo aprovechada en la actualidad. Por ello, son importantes las medidas que se preven de adaptación y, sobre todo, de utilización de la tecnología para extraer datos que nos permitan limitar comportamientos irregulares.

De igual manera, la utilización de mecanismos Forensic de trabajo resulta importante para que se puedan eliminar ciertas prácticas.

5. El corruptor. A mi juicio, es la figura más relevante de toda esta historia. Sin la cual no hay corrupción. Por ello, hay que ser extremadamente duros en las consecuencias de sus conductas. Por ello, hay que extremar el régimen de prohibición para contratar y las prohibiciones para ser beneficiario de subvenciones. La conexión entre la condena penal y la imposibilidad de ser contratista o beneficiario puede provocar que comportamientos claramente irregulares queden fuera de las consecuencias jurídicas de no ser contratista en el futuro. Y aquí habría que examinar medidas de carácter cautelar se deberían establecer en garantía del interés público. Si no, el Derecho actúa en contra de la lucha contra la corrupcion. 

De igual manera, habría que abordar el problema en relación con los grupos de sociedades.

Hago dos preguntas ¿qué conexión existe en la actualidad entre el registro de morosos y las bases de datos de contratos y subvenciones? ¿Por qué no es público el listado de empresas con prohibición de contratar?

6. Es muy importante la incidencia que hace el Plan anticorrupción en el decomiso y la recuperación de bienes de los corruptos. De la cárcel se sale, de pobre no. Este dicho popular que tanto se ha oído en algunos ámbitos fortalece en la idea de que han de reforzarse los mecanismos para la recuperación del dinero público obtenido o defraudado por los corruptos.

Un proceso complejo, en el que habría de hacer cambios en diversos ámbitos, comenzando por el Registro Mercantil y el registro de la Propiedad para que afloren las titularidades reales. Un aspecto que también está recogido en el Plan

7. Formación y transparencia. Posiblemente sea lo más relevante para profesionalizar la actividad pública contra la corrupción. Una formación que tiene que llegar a todos los empleados públicos para que haya una adecuada prevención y denuncia, para que también la investigación y el castigo sea adecuado. 

Todo lo anterior se debe reforzar, tal como insiste el Plan en medidas de transparencia de situaciones patrimoniales, de procesos de toma de decisión, de negociaciones con terceros, de participación de grupos de interés en asuntos públicos, de documentación que llega a las plataformas públicas. 

La insistencia que hace el plan, que habrá de materializarse en el futuro, con medidas concretas, es un buen punto de partida. 

Conclusión final

La lucha contra la corrupción no es sólo un problema de las instituciones. Hasta hace bien poco tiempo, la ciudadanía ha tenido una sensibilidad nula hacia los problemas de corrupción –a pesar del coste económico y social– y la pérdida de la calidad democrática que ello implica. Los resultados electorales de alcaldes procesados que son reelegidos resultan intolerables. Aún hoy, se sigue viendo la insensibilidad social en esta materia. Y es un hecho que penaliza políticamente más a la izquierda que a la derecha. 

Sin cultura democrática contra la corrupción, este problema no tendrá solución.

Autor

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