El reciente escándalo del Hospital de Torrejón, en donde se produce el rechazo de una serie de pacientes para el incremento de los beneficios económicos para el gestor del Hospital, Grupo Ribera, nos ha vuelto a poner en la problemática de la privatización de la gestión sanitaria.
La relación contractual que une al Grupo Ribera con la Comunidad de Madrid se encuadra dentro de las modalidades de colaboración público-privada, tan utilizados desde comienzos de los años 2000 para la construcción de hospitales.
Los mecanismos de colaboración público-privada para la gestión sanitaria constituyen un contrato complejo, en el que se ponen a prueba las capacidades de la Administración contratante, tanto en la definición del proyecto, como en las condiciones que se exigen al socio, como en el control de la ejecución del contrato.
Este contrato, en particular, debería contener diversos elementos, que afectan a la construcción del inmueble, la puesta a disposición de las habitaciones en modalidad de pago por disponibilidad, la prestación de servicios sanitarios, recogiendo además, los principios básicos de la sanidad pública en cuanto a la recepción y derivación de pacientes, sin hacer del beneficio económico la causa de tales decisiones. Asimismo, debería disponer de elementos de control de calidad que determina la cuantía de los pagos que recibe el contratista.
Todo lo cual, además, se debía complementar con las medidas de control de la ejecución del contrato, para verificar cómo se están cumpliendo las obligaciones por parte del Grupo Ribera. Desde luego, resulta llamativo que haya ocurrido el problema del rechazo de los pacientes sin que la Comunidad de Madrid hubiera reclamado lo que resulte necesario, de acuerdo con lo previsto en el contrato.
Desde una perspectiva económica, es obvio que el contratista de la Administración, el Grupo Ribera, quiere ganar dinero. En todo caso, cuando aparecen casos como el del Hospital de Torrejón en donde se pretende la maximización de los beneficios, sólo se puede recordar la escena de la que me han hablado esta mañana, de la mítica película Casablanca,, en donde el comisario Renault se pregunta ¿cómo? ¿en este casino se juega?
En el caso que nos ocupa, el plan financiero del proyecto de la colaboración público-privada no debía ser demasiado ajustado, ya que ya ha habido que realizar un “rescate” de la contratista, de acuerdo con la información de EL PAIS. Y esto refleja que las capacidades de la Administración autonómica no han sido los adecuados para la adjudicación y gestión del contrato.
Un conocimiento normal de los mecanismos de CPP sirve para comprobar que, por regla general, a partir de un determinado periodo de tiempo la curva de interés del contratista va decreciendo, derivada de que el coste del mantenimiento se incrementa. Los incrementos de población y de servicios, en este caso, han debido hacer crecer los costes con lo que los beneficios se hacían más difíciles. En esta tesitura el plan terrible es el que se hace público en los últimos días.
En este punto, la naturaleza del socio es relevante. Cuando el Grupo Ribera es propiedad de un fondo, los objetivos varían sustancialmente, por su propia naturaleza. Y desde luego, permitir que la titularidad pase a un fondo es un error capital por parte de la Administración autonómica.
Aquí hay, por tanto, ha habido problemas de previsión en el contrato y de instrumentos de control y de verificación de la ejecución del contrato. Esto es, el mecanismo de colaboración público-privada está mal planificado y gestionado en cuanto a la ejecución del contrato.
Pero el problema posiblemente esté más atrás. La Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, impulsada por el Gobierno de Aznar, fue la que permitió la gestión privada de los servicios sanitarios públicos. La privatización del servicio sanitario tiene un problema de raíz: la voluntad del contratista de obtener beneficios choca con la prestación de un servicio “garantizando y preservando en todo caso su condición de servicio público”, lo que supone, desde la óptica del servicio público la prestación con un nivel de calidad suficiente.
Los problemas que ha habido en Torrejón se han repetido en otros lugares. El modelo valenciano del Hospital de Alzira, que inspira el modelo del Hospital de Torrejón, ha demostrado sus dificultades. En Andalucía, la privatización de servicios sanitarios también ha planteado problemas como se ha apreciado en los últimos meses. Y aquí estamos en el contexto de la protección de la salud.
Posiblemente, lo que hay que progresar es el análisis de la conveniencia de mantener la privatización del servicio público sanitario. Y este es un problema de protección de la salud a la par que un problema de eficiencia en el gasto público. Parece que el Ministerio de Sanidad está en esta línea.
Esta cuestión es abordar el problema global de las transferencias de recursos públicos hacia los grandes grupos sanitarios, en lugar de mejorar la prestación directa por el sector público. Y esto se haría sin necesidad de obtención de beneficio económico, ya que lo que tendría que analizar la Administración es su rentabilidad social.
