Ante la situación de crisis en el acceso a la vivienda, se reivindican fórmulas de colaboración público-privada. Conociendo los riesgos que plantean, ha de ser exigente para garantizar el derecho a la vivienda digna.
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Los derechos que genera la Ley de vivienda en favor del inquilino, se ven vulnerados a través de una picaresca creciente por parte de las agencias, para conseguir que sigan siendo los inquilinos quienes paguen los costes de agencia y para restringir su derecho a los cinco años de alquiler
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