En los últimos días están apareciendo noticias en los periódicos sobre el próximo rescate que va a pagar la ciudadanía: el de las 9 autopistas de peaje concedidas por el Gobierno de Aznar en los trayectos Madrid-Toledo (AP-41), Radiales 2, 3, 4 y 5, Ocaña-La Roda (AP-36), Cartagena-Vera (AP-7), Alicante-Cartagena, Eje Aeropuerto y la circunvalación de Alicante, hoy en quiebra. 4.000 millones de euros es lo que nos cuesta ahora aquella gestión del Gobierno del PP en los años 90 del siglo pasado y del que formó parte Rajoy. Destinatario: una vez más, la banca que concedió los créditos para construirlas.
Este será el segundo rescate de las autopistas de peajes. Ya a principios de los años 80 hubo que proceder a un rescate porque dos de ellas estaban en quiebra. Esta enseñanza debiera haber aumentado el cuidado en su otorgamiento de concesiones futuras. Por contra, la realidad muestra que el entusiasmo demostrado por el PP es inversamente proporcional al análisis que debieron hacer sobre su conveniencia y clausulado. El coste lo hemos pagado todos y, por lo que parece, lo vamos a volver a pagar.
La Autopista Madrid-Toledo es buen ejemplo de un comportamiento torticero. Iba a constituir el primer fragmento de la autopista Madrid-Toledo-Ciudad Real-Córdoba, que se planificó sin tener presente que había que cruzar espacios de alto valor ambiental. La Evaluación de Impacto Ambiental que se efectuó siendo Ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, demostró lo obvio: que la autopista era “incompatible con el medio ambiente”. Por ello, tuvo que anularse el proyecto Toledo-Córdoba y quedó sólo este fragmento que, lógicamente no ha resultado rentable para el concesionario.
Ahora bien, el problema es que fue aún menos rentable para el erario público. El Tribunal Supremo declaró la responsabilidad del Estado por la anulación del tramo Toledo-Ciudad Real-Córdoba. Primer coste al que se añade el segundo actual del rescate, más el que resulta de ampliar la autovía A-4 a su paso por Despeñaperros, inaugurado en 2011. Sin olvidar los préstamos participativos otorgados al concesionario.
No es este el único ejemplo de la poca planificación ambiental. Ahí tenemos la Cartagena-Vera ejecutada sólo para favorecer el brutal desarrollo de la construcción en el litoral mediterráneo.
A problemas de esta naturaleza se añade el hecho de que las cláusulas de estas concesiones de autopistas otorgadas en los Gobiernos de Aznar reflejan una protección deficiente del interés general. El uso de préstamos participativos y de avales concedidos al concesionario tenían la función de facilitarle a su vez la obtención de préstamos de la banca. Una buena gestión pública hubiera exigido prever las consecuencias de resultados económicos negativos partiendo del principio general recogido en la ley para toda concesión de que el riesgo tiene que asumirlo el concesionario y no el Estado. Aquí ocurrió lo contrario.
Así, los préstamos participativos que otorgó el Estado eran subordinados a todos los demás: recuperaría el dinero si y solo si cobraban los demás prestamistas y los accionistas cobraban dividendos. Por lo tanto, nunca, con lo que a los 4000 millones que al parecer nos va a costar el próximo rescate tendrán que añadirse todos los préstamos participativos que no se recuperarán. El despropósito de la situación es tal que, en algún supuesto, por ejemplo -aunque no es un caso aislado- en la autopista Alicante-Cartagena, la cantidad aportada por el Estado a través de un préstamo participativo es tres veces superior a lo invertido por el concesionario y que al estar los préstamos subordinados -tal como se acaba de indicar-, el Estado queda en peor condición que los propios accionistas que, supuestamente, son los que asumen el riesgo de la operación.
Se nos decía en aquella época que la gran ventaja de estas concesiones era que no computaban para el déficit público porque, teóricamente, el riesgo lo asumía el concesionario. Sin embargo, como estamos exponiendo difícilmente se puede mantener examinando las concesiones otorgadas entonces. Eran los tiempos en los que Eurostat (oficina estadística de la Comisión europea), excitaba la contabilidad de diseño con su Manual sobre el cómputo del SEC95. Conforme a esta norma contable europea, que sigue vigente, el principio de devengo -que imputa el déficit en la anualidad en la que se hacen efectivas las garantías del Estado- conllevará que se incremente el déficit público en 2013. Esperemos que el Gobierno del PP no recurra al lenguaje creativo para encubrir la realidad, como acostumbran. Pero, en todo caso, ¿se atreverán a aplicar más recortes para sufragar este déficit añadido?
Algunas de estas concesiones de autopistas han aparecido en la querella de Izquierda Unida contra dirigentes del Partido Popular por su vinculación con los denominados “papeles de Bárcenas”. De acuerdo con lo afirmado en la querella, hay una vinculación temporal entre el otorgamiento de estas concesiones y los pagos de los concesionarios a la “contabilidad B” del PP. No hace falta recordar quiénes son los beneficiarios de los sobresueldos que publicó EL PAIS. Si se prueba que alguno de los pagos realizados lo fue por la obtención de la concesión de autopista habrá que analizar si aquel Consejo de Ministros cometió algún delito en el otorgamiento. Sería, sin duda, la guinda final en este cúmulo de arbitrariedades de estas concesiones, que afectan tanto en su planificación, como en su otorgamiento, como en las cláusulas que se incluyeron en ellas.
Cabe ya poca duda de que las políticas del suelo e infraestructuras de los dos mandatos de Aznar son causa principal de la crisis económica actual. La liberalización del suelo y la forma de valorar los terrenos nos condujeron a una vorágine de incremento de precios a los que una banca desregulada y sin control público, entre otras razones, suministró combustible suficiente. De nuevo Rajoy se sienta en el Consejo de Ministros, ahora como Presidente del Gobierno, y debería asumir la responsabilidad como miembro del aquel Gobierno; aunque hasta ahora nada ha dicho sobre su responsabilidad en la burbuja inmobiliaria.
Al contrario, frente a este desastre de concesiones su respuesta será la misma que ha proporcionado a los problemas de parte de la banca privada y que están ocasionados por el mismo problema de los créditos mal concedidos: socializar los costes de aquellos desmanes.
Para la ciudadanía sólo queda esperar pacientemente la instrucción penal de los asuntos derivados de “los papeles de Bárcenas”. El daño al erario público parece inevitable.
