Social score. La revista Wired publica este mes un par de artículos extremadamente interesantes sobre un fenómeno poco tratado en España, el social score o la consideración social de la ciudadanía. Una consideración social que se traduce en una especie de puntuación social que determinará aspectos básicos de su vida, desde su crédito a incluso la reputación social. Cuando empiece la lectura del artículo, su primer pensamiento será “es en China, ¿qué se puede esperar?”.
Es cierto, el Gobierno chino pretende establecer un índice de reputación social de las personas en función de su comportamiento cívico de acuerdo con los parámetros que pueda determinar la autoridad. 2020 es el año en que empezará a desarrollarse. Pero el Gobierno chino va por detrás de lo que ya están haciendo operadores económicos nacidos en el contexto del capitalismo tan peculiar que se practica en aquel país.
Está hoy muy extendido, en el mismo país, el uso de puntuaciones sociales que miden la credibilidad económica que permite examinar incluso a las amistades (en red social) que pueda tener cada sujeto. Un operador de redes sociales como We Chat está ayudando a ello y, de hecho, te invita a que formes parte “voluntaria” de este examen colectivo. Esta credibilidad económica hará que el acceso a los mercados de bienes y servicios se realice en condiciones diferentes. Esa tendencia que tienen algunos a devolver muchos productos adquiridos online será fuertemente penalizada, exactamente igual que no quererse someter a este examen.
La realidad de la que tenemos que partir es que no es un intento imaginado por parte de las autoridades chinas de controlar a la población. Ni siquiera de sus operadores económicos. En los Estados Unidos de América fue donde se inventaron estas calificaciones sociales en 1956. Hoy existen numerosos índices similares que permiten controlar a la ciudadanía. De hecho, las propias autoridades estadounidenses solicitan, hoy de forma voluntaria, información sobre los perfiles que tengan los extranjeros en redes sociales. EN los Tribunales se aplica el índice COMPAS para determinar el grado de riesgo de Reincidencia.
Las autoridades británicas, a través del Snooper Act ha desarrollado un mecanismo de control de transacciones que permite tener un perfil más o menos. En España existen índices similares que utiliza la banca. Pero ¿somos conscientes de qué hace Facebook o Google o Amazon con nuestros datos? ¿Somos conscientes de que todo aquello que hemos pagado con nuestra tarjeta de crédito está en manos de los bancos y que pueden usarlo para sus hipotéticos índices sociales? ¿Hemos revisado las cláusulas y comprobado que no puede haber ninguna cesión a terceros de ningún tipo? ¿Cómo podemos controlarlo?
Las ¨puntuaciones sociales¨ parten de un primer problema. La imposibilidad que tiene el sujeto de controlar los datos que se manejan de él y qué transcendencia pueda tener cada actividad que se realice o el modo en que se ejecute. Más aún, la imposibilidad de modificar o eliminar los elementos que afecten negativamente a su puntuación social. Y es, al mismo tiempo, un factor de inseguridad del individuo ante la posibilidad de que sus datos sean robados. Y no es ciencia ficción: los datos y las puntuaciones de 145 millones de personas fueron hackeadas de Equifax, la entidad que gestiona los rankings de crédito de los ciudadanos estadounidenses.
En segundo lugar, constituyen un mecanismo de control social. No podemos dejar de lado el índice de responsabilidad social del individuo que impulsan las autoridades chinas y que pretende dirigir el comportamiento del individuo. Las posibilidades que existen hoy a través de la inteligencia artificial de controlar el comportamiento de los ciudadanos en las redes sociales no es sino otra vertiente del mismo problema. Y ello con la agravante de que la consideración social sobre los comportamientos es muy variable y atravesamos un periodo con tendencias dispersas, en donde lo mismo se proporciona libertad en unos ámbitos que se restringe en la otra. En este sentido, conviene recordar que una red como Facebook patentó en 2012 un algoritmo para crear un crédito social en la red… que permitiría examinar cuál es la subida y bajada de nuestros contactos. En EEUU, hay un índice que determina cuánto debería destinar cada persona a obras de caridad.
En tercer lugar, son datos que en su mayor parte poseen, gestionan y tramitan operadores privados cuya finalidad escapa por completo a los fines legítimos que puedan tener las Administraciones públicas, aunque estos últimos no sean queridos por el ciudadano. Y ello con independencia de que el plan que se ha conocido del gobierno chino resulte la manifestación más acabada de un gran hermano y, por ende, resulte inaceptable.
Hoy, por ejemplo, encontramos mecanismos de control social en Facebook, en donde lo que no es “políticamente correcto” queda fuera de los muros. El problema, obvio, es qué se considera de este modo. No podemos olvidar que hoy, como ya señalé en otra ocasión, Google dispone de información al minuto sobre donde nos encontramos, ya sea un sex shop o una biblioteca pública.
En cuarto lugar, la utilización de algoritmos plantea los riesgos de cuál sea su formulación y qué consecuencias se extraigan. El índice COMPaS, por ejemplo, presupone no solo que hay mayor índice de reincidencia en negros que en blancos. En población sin reincidencia, los negros corrieron más riesgos que los blancos de cambios en su situación jurídica. Esto abre la exigencia de su regulación.
En quinto lugar,el intercambio internacional impulsado por la globalización, hará que todos estos datos constituyan una mercancía que esté en el comercio global. Dentro de poco no ocurrirá como en el artículo de Wired en donde la frontera hace que el ciudadano se pueda poner de nuevo con el contador a cero.
Pero lo más grave, en sexto lugar, es la situación de desamparo ante la que nos encontramos. Lejos quedan ya los tiempos en donde el Tribunal Constitucional hablaba del derecho constitucional a los datos personales como una manifestación de la personalidad del individuo. Aquella excelente sentencia fue de 1998, cuando internet no tenía la presencia que tiene hoy en nuestras vidas. No es un problema porque haya dejado de existir esta perspectiva constitucional de los datos personales, sino que no hay instancia jurídica en la que se pueda materializar debido al desconocimiento sobre el tráfico sobre nuestros datos personales. Las facilidades que proporciona la globalización para el escape de los operadores que disponen de los datos hará que no habrá posibilidad alguna de control.
