1. Las dificultades con las que se inició el periodo democrático, en donde se favoreció la gobernabilidad en detrimento de la calidad democrática, han hecho que carezcamos de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas adecuados para evitar y luchar contra la corrupción. Los partidos políticos se han transformado en sitios cerrados, opacos, y han creado un organigrama con entidades satélites que ha favorecido la corrupción. No podemos entrar en el juego del ‘tú, más’, porque esto conduce a un debate absurdo, teniendo en cuenta lo que muestra el mapa político de la corrupción en España.
2. La lucha contra la corrupción puede precisar ciertas medidas de cambio legislativo pero, sobre todo, requiere un aumento de los medios personales y materiales para la prevención y erradicación. Disponemos de la segunda plantilla de personal más pequeña por cada mil habitantes en la zona euro que se dedica a inspección fiscal. Sólo Italia está peor que nosotros. La adscripción de personal especializado resulta tanto más importante cuanto que los corruptos recurren a métodos cada vez más refinados para el delito. Tengamos presente que la sofisticación de los corruptos es cada vez mayor y por ello se requiere una especialización superior de los agentes de lucha contra ella. El mejor pacto contra la corrupción sería el acuerdo de los partidos de poner a disposición de la Fiscalía Anticorrupción, y de los juzgados que están investigando estos delitos, los medios personales y materiales que precisen para extirpar este problema.
3. Las medidas de cambio legislativo se deben articular sobre la transparencia y la responsabilidad. Medidas de publicidad de todos los contratos públicos, así de sus modificaciones, incluyendo los contratos menores, serían muy eficaces. Esto debe incluir a todas las entidades del sector público, incluidas las Fundaciones y las sociedades mercantiles, así como entidades públicas empresariales u organismos autónomos. Y una auditoría de los contratos de concesión de obra pública parece imprescindible: no es admisible que se haya dilapidado dinero público bajo la apariencia de préstamos participativos o de otros instrumentos de apoyo a la concesión que son irrecuperables.
Sería preciso, en esta dirección, que se extendiera la transparencia de los políticos sobre sus bienes publicando el certificado de ingresos de la Hacienda Pública, que incluye también las dietas que se han percibido y que no figuran en las declaraciones de impuesto por no tributar (¿sería la misma la consideración del presidente del Gobierno si aparecieran las dietas percibidas?). Y en relación con los conflictos de intereses manifestados en un control efectivo de su participación, de todo tipo, en sociedades mercantiles. El caso Cañete ante el Parlamento Europeo muestra la poca seriedad con la que se hace en España, debido a que la omisión carece de trascendencia. Casos recientes como el de Pujol o el de Bárcenas muestran, además, la importancia de la familia.
4. De la cárcel se sale, de pobre no. Este dicho popular que tanto se ha oído en algunos ámbitos fortalece en la idea de que han de reforzarse los mecanismos para la recuperación del dinero público obtenido o defraudado por los corruptos. Pero aquí hace falta reforzar los instrumentos de cooperación internacional y de lucha contra los paraísos fiscales, cuya existencia está dificultando la lucha contra la corrupción. Aquí incluyo a los bancos de la Unión Europea que tienen filiales domiciliadas en dichos lugares.
5. La corrupción requiere dos sujetos, corrupto y corrompedor. La batalla se centra en el corrupto, pero debiera ser igual contra los que corrompen. Y a ellos se añaden los cooperadores necesarios. El blanqueo de capitales y las salidas de capital fuera de territorio español requieren la colaboración de diversos agentes a los que habría que examinar también. Y, desde luego, tendrían que reforzarse los mecanismos de colaboración internacional para la obtención de información. El secreto bancario es, en esta línea, el tesoro mejor guardado de los paraísos fiscales.
6. La crisis económica no ha hecho desaparecer la corrupción. Viendo la última operación policial del caso Granados podemos decir que, como la materia, ni aumenta ni disminuye, sólo se transforma. No hay actividad urbanística –y por ello se ha reducido mucho la corrupción en ese ámbito– pero se han incrementado los contratos de servicios como consecuencia de las privatizaciones de servicios públicos. Y esto me lleva a afirmar que los mecanismos de gestión directa de los servicios por los entes públicos limitan esencialmente la corrupción.
7. Pese a que disponemos de un número de instituciones suficientes para la lucha contra la corrupción, la realidad muestra que han resultado ineficaces. Son excepción los supuestos que han sido descubiertos por los órganos que teóricamente debieran servir para ello: el Tribunal de Cuentas (y sus equivalentes autonómicos, donde no se hayan eliminado), la Intervención General de la Administración del Estado, la Fiscalía Anticorrupción o las unidades policiales encargadas de luchar contra la corrupción. Normalmente, los descubrimientos han sido consecuencia de denuncias de particulares.
8. La pluralidad de tipos de entidades del sector público ha generado que se diversifiquen sus formas de control. No basta, en este sentido, decir que están sometidas al Tribunal de Cuentas, por ejemplo, sino que hay que determinar si el tipo de procedimiento de control contable que realizan es eficaz para cumplir la misión que tienen encomendada en relación con el sector público. Y aquí hay mucho por hacer. De hecho, el caso Acuamed nos ha demostrado que hay formas de organización de las entidades públicas que favorecen la corrupción por su falta de control.
9. La persecución de los delitos fiscales constituye un elemento imprescindible en la lucha contra la corrupción. La modificación del plazo de prescripción y el endurecimiento de las sanciones se transforma en imprescindible para que pueda ser efectiva. Pero también habría que mejorar la legislación procesal, que tanto ha favorecido al infractor, o la responsabilidad civil. Y el comportamiento de los administradores de sociedades corrompedoras.
10. Es imprescindible romper la relación entre responsabilidad política y responsabilidad penal que debemos al caso de Juan Guerra. Esta última tiene unas reglas propias, ajenas a la política, que impiden que se pueda establecer una relación entre ambas. ¿Podríamos decir, por ejemplo, que una persona deja de ser políticamente un corrupto porque su delito haya prescrito y, en consecuencia, no se le pueda condenar? Evidentemente, no; pero la falta de persecución penal por causa de prescripción tenía algún ejemplo en el Gobierno que resulta intolerable. O, por citar otro caso reciente, ¿carece de trascendencia política que alguien elija reiteradamente a personas envueltas en corrupción?
Y la conclusión: la lucha contra la corrupción no es sólo un problema de las instituciones. Hasta hace bien poco tiempo, la ciudadanía ha tenido una sensibilidad nula hacia los problemas de corrupción –a pesar del coste económico y social– y la pérdida de la calidad democrática que ello implica. Los resultados electorales de alcaldes procesados que son reelegidos resultan intolerables. Sin cultura democrática contra la corrupción, este problema no tendrá solución. Y las próximas elecciones son en mayo del año que viene.
Una versión inicial de este artículo fue publicado originariamente en EL DIARIO el 29 de octubre de 2014
