Los informes que proporcionan los expertos científicos sobre los efectos del cambio climático sobre el litoral son demoledores: se prevé que en Cataluña se pierda una parte relevante de su anchura por un aumento del nivel del agua que oscilaría, de acuerdo con las proyecciones del grupo de expertos del cambio climático, entre 50 y 90 centímetros.
Este dato es uno más, posiblemente el más relevante, de las consecuencias del cambio climático sobre el que se hablará en París en la Cumbre del Clima y, sin embargo, la política ambiental no es un eje sobre los que gira la próxima campaña electoral. Ni los problemas del litoral, ni del mar y sus recursos naturales. A pesar de que el artículo 132 de la Constitución les proporciona la máxima protección jurídica, que deriva de ser un bien escaso, sensible, difícilmente recuperable y esencial para la vida.
Ni está ni ha estado. Los informes previos a la Ley de costas de 1988 ya indicaban una conexión directa entre la perdida de anchura del litoral y la acción humana: el agente directo era la acción edificadora que impedía el aporte de áridos desde el interior. Usando el único resquicio que tuvo esa disposición, entre 1988 y 2015 hemos visto una acción continuada de construcción que ha reducido sustancialmente la anchura de nuestras playas, ha obligado a operaciones periódicas de regeneración y ha alterado los fondos marinos. Salvo periodos muy concretos, (como el mandato de Cristina Narbona como Ministra de Medio Ambiente entre 2004 y 2008) no ha habido una política suficientemente activa protegiendo el litoral. La última respuesta del legislador, la Ley de costas de 2013, ha sido aumentar las posibilidades constructivas en el litoral.
El reto actual es parecido al de 1988, aunque de mayor importancia. El problema está descrito, las causas son conocidas y la solución es sabida: hay que reducir las emisiones de CO2. Pues bien, ¿qué políticas de reducción de emisiones tienen los 4 partidos que parece que están en disposición de ser mayoritarios? ¿se va a recuperar, por ejemplo, una regulación que favorezca la producción y utilización de energías no contaminantes? O, yendo a un problema concreto ¿qué se espera que hagan en relación con las emisiones de los vehículos, después del escándalo de falsificación de datos en Volkswagen? Y subiendo un escalón, ¿cómo se va a concienciar a la ciudadanía y se va a impulsar el cambio del sistema productivo hacia una economía ambientalmente sostenible?
Las preguntas anteriores son muy pertinentes cuando hablamos de la franja litoral. El problema ambiental llevará de la mano un gravísimo impacto social debido a la gran población que habita en sus proximidades. A lo que se añadirá una cuestión económica esencial, teniendo en cuenta que el turismo, el turismo litoral, es la parte esencial de nuestra actividad económica. Aunque sea egoístamente ¿somos conscientes de todo ello?
Más allá de propuestas concretas que algunos partidos tienen en su programa, una acción política consecuente con la gravedad del reto que tiene planteada la humanidad debería llevar al primer plano del debate la pregunta de qué va a hacer el país frente al cambio climático. No todo es el corto plazo, hay que pensar más allá, sobre todo si el resultado puede ser dramático.
