La reciente imputación de 18 personas vinculadas al Ministerio de Medio Ambiente ha puesto de nuevo los focos en el Proyecto Castor, una compleja operación técnica, que la sismografía ha hecho en jurídicamente peculiar y económicamente onerosa por el coste de más de 1300 millones de euros. De este cóctel no dejan de plantearse dudas sobre la bondad de lo actuado por el Gobierno. Es un rescate más de concesiones, al igual que las de obras públicas que estamos a la espera de conocer la fórmula que utilizará el Gobierno. Para enmarcar el problema, Castor es un almacenamiento estratégico de gas natural liquado que se ubica en el Mediterráneo, que se concedió por concesión en el año 2008 a la empresa ESCAL UGS, S.L (participada por ACS en un 67%, esto es, la empresa dirigida por Florentino Pérez, y la canadiense CLP en un 33%) y que hubo de ser cerrado una vez realizada la inversión ya que cada inyección de gas provocaba temblores de tierra en la costa de Castellón y Tarragona. Sobre este hecho se abren muchos interrogantes que, aunque pueden parecer netamente jurídicas, cuestionan que la gestión del proyecto por el Gobierno en 2014 haya sido la mejor para los intereses generales.
- Es cierto que la zona en la que se ubica el almacenamiento tiene problemas sísmicos. Más allá de la responsabilidad del Estado, cuando el concesionario presenta la candidatura para la concesión, ¿no ha valorado los riesgos que presenta? ¿cómo ha ponderado el Estado este riesgo en la indemnización? ¿o entiende el Gobierno que el riesgo del concesionario lo asume también el Gobierno?
- La concesión se otorgó por un periodo de 30 años. ¿Por qué considera el Estado en el año 1 que va a ser imposible ejecutar el proyecto? Nótese que es imposible saber hoy si la evolución tecnológica permitirá poner en uso la instalación
- El Gobierno suspendió el año pasado la concesión y en el concesionario renunció a la misma en el otoño pasado. ¿por qué aceptó el gobierno la renuncia y no le impuso la obligación de conservar la instalación en condiciones de uso?
- La concesión se suspendió el año pasado y este año se crea un régimen jurídico especial a través de una norma con rango de ley. ¿qué justifica este uso de la ley? ¿Impedir que hubiera recursos ante los Tribunales? ¿proporcionar al concesionario un régimen privilegiado, manifestado en el abono íntegro de la indemnización por la inversión ahora?
- Aún siendo consciente del abuso que hace este gobierno de esta forma jurídica ¿qué razones de extraordinaria y urgente necesidad justifican la utilización del Real Decreto Ley para rescatar una concesión que lleva hibernada un año? Por cierto, la “hibernación” no es un recurso literario del autor del artículo sino una manifestación del metalenguaje que usa frecuentemente el Gobierno para que las cosas no parezcan lo que son.
- En el mes de diciembre se pagó una indemnización de 1.350 millones de euros que cubre la totalidad de la inversión. Es lo que el concesionario esperaba recuperar a lo largo de la vida de la concesión, esto es en los próximos 30 años. ¿por qué se paga ahora y no se va pagando anualmente de acuerdo con el régimen normal de las concesiones de hidrocarburos? La situación es tanto más paradójica que no se conoce la evolución del mercado del gas en los próximos 30 años y no se puede conocer, en consecuencia si explotado el proyecto en condiciones normales hubiera habido uso suficiente del mismo.
- La concesión se adjudica de forma obligatoria por ley a ENAGAS TRANSPORTE, que actúa aquí como financiador de la operación ¿por qué se hace de este modo y no recurre a un procedimiento público y competitivo? La falta de queja de esta empresa muestra que se trata de una adjudicación pactada, y que debe resultar rentable para ella, previsiblemente con el rendimiento financiero que obtendrá debido a que ENAGA?S sera? titular de un derecho de cobro que se abonará durante 30 años con independencia de que subsista o no la hibernación.
- Vinculado a lo anterior, ¿por qué se le atribuye este papel de financiador a ENAGAS en lugar de recurrir a entidades financieras que son las que, de acuerdo con la normativa general tienen atribuido este papel?
- Y, por último, ¿qué efecto va a tener esos 1350 millones de euros en la factura del gas?
