La Comunidad de Madrid ha acrecentado este año su política de recortes al sistema universitario público de la Comunidad. Hay un dato que posiblemente lo resuma todo: el Presupuesto de la UCM es, en términos generales, igual en número de euros al que había en 2010. A partir de aquí sólo toca ver qué aristas tiene el conflicto para saber por dónde debería actuar la Universidad pública madrileña.
Un recordatorio histórico
En el año 2010 la Comunidad de Madrid incumplió el Plan de Inversiones en las Universidades Públicas madrileñas. Ante tal incumplimiento, la Universidad Complutense de Madrid recurrió (inicialmente, en solitario) y abrió la puerta a un conjunto de sentencias favorables que llegaron a todas las demás.
Cuando tomó la decisión de recurrir, el Rector Berzosa era consciente de que no iba a llegar un euro de ese dinero en su mandato, que terminaba en 2011. Institucionalmente no había, sin embargo, otra solución en defensa de la Universidad madrileña, por más que el litigio fuera complejo y a pesar de que enfrente estaba Esperanza Aguirre como Presidenta de la Comunidad de Madrid.
Un problema institucional
Autonomía que significa a los efectos de hoy, disponer de fondos suficientes para funcionar. Y que, si se carece de ellos, se podría obtener un respaldo jurísdiccional. Que la autonomía y las instituciones deban ser respetadas por la Comunidad es claro. Pero que, al mismo tiempo, desde la Universidad se debe hacer lo imposible para ese respeto, también resulta claro.
Cuando ponemos en cuestión a las Universidades, no es sólo su función en el Estado, se pone en tela de juicio el papel que tiene el país en el mundo, como un lugar de investigación e innovación.
Cuando la Comunidad de Madrid podría presumir de que sus Universidades públicas encabezan el ranking de Universidades españolas, los recortes hacen que sólo tengan capacidad de supervivencia. Los recortes (en tiempos de bonanza económica, ademas), están poniendo en discusión es el propio papel que quiere asumir la Comunidad de Madrid en el futuro. Y se ve que ni formación de calidad, ni investigación, ni ciencia, ni innovación. ¿Qué es cara? Pues como decía Bork, el exRector de Harvard, “pruebe con la ignorancia”.
Un problema económico
Retomo el dato que he recogido antes: en valores constantes el presupuesto de la UCM de 2010 es similar al de 2025. Pero no es sólo que la inflación no se haya incorporado a las transferencias de la Comunidad, sino que durante el periodo intermedio entre esos dos años, la situación ha sido aun peor: un dato: Entre 2010 y 2014, el presupuesto de la Universidad Complutense se redujo un 15,1% el de la Universidad de California en Berkeley (pública) subió un 8,5% desde 2009. ¿De que vivieron todo este periodo?
Teniendo en cuenta la estructura de ingresos universitarios, la dependencia de las Comunidades autónomas es brutal. Pero, paradójicamente, el artículo 55 de la LEY Orgánica del Sistema Universitario Español prevé que el 1% del PIB global es lo que se ha de destinar a nuestras Universidades. ¿Cual es el PIB de la Comunidad de Madrid? Pues unos 300.000 millones de euros. ¿Cuál es la aportación a las seis Universidades públicas en los presupuestos de 2025? Unos 1.100 millones. O dicho de otro modo, faltan 1.900 millones de euros anuales aproximadamente. Porque la financiación que corresponde a la Universidad pública madrileña es de 3000 millones de euros anuales.
Un recordatorio: la discusión prenavideña fue por una cantidad que no llegaba ni al 5% de esos 1900 millones anuales que faltan.
Ah, por si alguien piensa que esos 3000 millones de euros se pueden compartir con las Universidades privadas, la LOSU lo configura sólo para las Universidades públicas.
Un problema jurídico
Por mucho que algunos (normalmente, no juristas) digan que la LOSU no es nítida; sí resulta claro que el principio que reconoce la Ley de la autonomía financiera de las Universidades no se cumple si faltan 2/3 aproximadamente de la transferencia autonómica.
No se cumple si estos preceptos de la LOSU no se han empezado a aplicar, ni se ha abierto ningún procedimiento que prevea, por ejemplo, anticipos a cuenta de esos 1900 millones que faltan.
Hay una responsabilidad administrativa de la Comunidad de Madrid, por no prever partidas suficientes para garantizar esa autonomía. Y aquí corresponde que se discurra juridicamente qué camino se ha de seguir para exigirlo jurisdiccionalmente. No nos podemos quedar en la dificultad: habría un procedimiento, aunque sea muy complicado y muy largo. Pero, como se decía en la Sorbona parisina en 1968, soyez realistes demandez l’impossible … que aquí, además, está recogido en una Ley.
