¿Se imaginan que el Gobierno del Partido Popular presentara una propuesta de reforma de la Ley de seguridad ciudadana que permitiera a la Guardia civil controlar los movimientos de todos los ciudadanos, tener los datos sobre las webs que ha visitado, lo que ha adquirido, el café que ha consumido en la última máquina Nespresso conectada y que además tuviera capacidad para tratar esos datos? Se escandalizaría ¿verdad? El mercado global de datos personales hace exactamente esto, constituyendo un gran nicho de negocio.
En efecto, algo parecido a esto está ocurriendo, aunque no lo hace el Gobierno de España sino empresas domiciliadas en los EE.UU. Una práctica para la cual tiene su inestimable cooperación a través de los datos que gratuitamente les estamos cediendo cada vez que encendemos un ordenador, nuestro teléfono móvil o la tableta. No lo hacen, además, por razones de protección del interés general -lo que hipotéticamente podría hacer más entendible la pregunta inicial- sino para comerciar con ellos, lo que se hará de forma creciente en la próxima década. De hecho, John Chambers, Presidente de CISCO hablaba de 14.4 trillones de dólares de negocio en la próxima década como consecuencia del denominado “Internet de las cosas”.
La inteligencia artificial es el gran reto de los años venideros para la protección de los Derechos fundamentales. Fijémonos un poco en lo que en este momento es capaz de hacer cualquiera de los grandes propietarios de nubes para el almacenamiento de información (sí, esa que transmitimos con nuestros correos electrónicos o paseando con nuestro smartphone).
No sólo es capaz de reconocer imágenes y sonidos, no sólo es capaz de determinar las IP desde las que navegamos, sino que puede entrar dentro de lo que se denomina el deep learning a través de la cual puede interpretar los requerimientos de los seres humanos para adaptarse a ellos. El desarrollo por parte de los grandes tecnológicos les permite obtener pingües beneficios. Un dato posiblemente lo exprese muy claramente: los beneficios que obtiene Amazon con su actividad comercial sobre los datos supera lo que obtiene por la venta al por menor en los EE.UU. Hoy, cuando hablamos del “cloud computing” debemos estar pensando tanto en esto como en que es en Utah o Idaho donde se sitúan los servidores que permiten esta actividad lucrativa.
Sin duda nunca hubo un conocimiento tan brutal de la humanidad concentrado en tan pocas personas. Se me podrá decir que el desarrollo tecnológico y la innovación de empresas como Facebook, IBM, Google o Amazon hace que necesiten ingentes cantidades de dinero. Posiblemente sea cierto pero no resulta razonable que el coste que tenga que asumir la humanidad al mismo tiempo sea el del hiperconocimiento por parte de empresas privadas que, además, se permiten el lujo de deslocalizar fiscalmente numerosas actividades. Imaginen por un momento que en otros sectores económicos se produce una concentración similar.
Los beneficios son considerables. Pensemos en su cuenta de Facebook. Proporcionan a sus accionistas 3,62$ por usuario de la red social. Pensemos al mismo tiempo en el beneficio que obtiene Google por ceder “gratuitamente” su infraestructura a una Universidad Pública española proporcionando un correo electrónico institucional y otras herramientas electrónicas a su profesorado, sus estudiantes y su personal de administración y servicios. Por el mero hecho de ser un usuario activo con cuyos datos interactúan. Unos datos que generamos una parte de forma consciente pero que la mayor parte es de forma inconsciente. Y que además, la hiperconectividad de la sociedad actual impide limitar ya que ninguno estará dispuesto, hoy, a cambiar su smartphone por un teléfono móvil de los no smart.
Frente a esta realidad, es claro que no existe en la actualidad un debate público sobre las consecuencias políticas de esta concentración empresarial. No la hay en la mayor parte de los países de Europa, donde sólo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está dando algunos pasos, ni la hay tampoco en los EE.UU. donde ni siquiera las personas más a la izquierda del Partido Demócrata, Elisabeth Warren o Bernie Sanders están llevando al primer plano de la agenda pública la acumulación de poder por parte de estas compañías. Ni menos aún se arbitran mecanismos para redefinir los términos de la relación. Posiblemente detrás de todo ello esté el respeto reverencial que siempre han tenido los demócratas hacia la innovación que venía de Silicon Valley, a pesar de que es claramente demostrable que detrás de la innovación hay una actividad por lo menos dudosa desde el punto de vista social, ambiental y tributario. Pero más allá de todo ello, está el propio favorecimiento por parte del Estado de esta actividad, como muestra la denominada “Start-Up de Obama”.
En Francia, por el contrario, se está empezando a desarrollar un debate público en relación con esta cuestión, aunque se quede en la cuestión fiscal. Se ha hablado, de este modo, de arbitrar un mecanismo de cobro de impuestos por el beneficio obtenido por el trabajo gratuito de los internautas. En esta línea, se empieza a abrir el debate en este país sobre la vinculación de los datos personales a la cuestión de la soberanía digital de los países; lo que sirve, entre otras cosas, para arbitrar mecanismos de cese en su acceso con carácter lucrativo. De hecho, no podemos olvidar el dato de que ingentes cantidades de información de todo tipo está siendo traspasada desde Europa a los EE.UU., ya que las 5 grandes empresas que he citado con anterioridad está domiciliadas en aquél país.
Como habitualmente, el debate público en nuestro país no ha entrado en estas cuestiones. No hay por parte de los partidos de izquierda un planteamiento sobre cómo analizar la creación, gestión, tráfico y almacenamiento de los datos personales, a pesar de la existencia de filiales de algunas de las cinco grandes compañías que cité al comienzo de este artículo. De los partidos de derecha, que son más propensos a un aprovechamiento de toda posible riqueza lo espero menos. Las Agencias de Protección de Datos no han tenido hasta ahora la fortaleza para abrir un debate público sobre estas cuestiones que, sin duda, nos atañen muy inmediatamente.
No es sólo un problema de apropiación por parte de las empresas de lo producido por nosotros, los datos (lo cual recuerda bastante a las formas de acumulación del capital a que se refería Marx en “El Capital”) sino a la cuestión de la protección de los derechos fundamentales. Con todo lo anterior no se está sino vulnerando el contenido esencial del derecho a la intimidad y a la vida privada.
La pregunta que surge inmediatamente es sencilla ¿se puede hacer algo? Hasta ahora no se ha planteado en demasiadas ocasiones una opción que se aplicó en los EEUU en 1982 con ATT o en el siglo XIX con Standard Oil: desmantelarla en su configuración actual. De hecho, el Parlamento europeo ya planteó en su momento que era la opción más razonable ante el tamaño que había adquirido Google, separando la actividad de búsqueda de información de las demás. Acaso el Parlamento europeo se quedó corto ;en la medida en que sólo adoptó dicha decisión desde la perspectiva de protección del consumidor y no proporcionando una respuesta integrada de protección de los derechos fundamentales.Un aspecto importante que, desde luego, no forma parte de las negociaciones sobre el TTIP y que sería el único sitio en el que se podría articular algún mecanismo de prevención frente a estas prácticas.
Edward Snowden nos alertó en 2013 sobre el uso masivo de esta información por las autoridades de los EE.UU. La semana pasada las autoridades estadounidenses autorizaron el control de todos aquellos que usen VPN o el navegador Tor que permite acceder al Deep Internet. En aquél país parece cada vez más claro lo que señaló Tzodorov “My name is America and I’m a dataholic”. Desde Europa debemos ser mucho más exigentes frente a la laxitud estadounidense. El Mercado Unico Digital es el mecanismo para lograr dar algunos pasos. Pero en Internet cada vez debiera ser más claro que sin colaboración global pocos pasos serán efectivos.
